 | Este documento ha sido publicado el 09ago04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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08oct03
Margarita Belén, por el camino de la exhumación.
Lo ratificó al Juzgado Federal de Resistencia un testigo. Dijo que vio cuerpos apilados a la vera de la ruta 11. La investigación avanza y aparecen nuevos testimonios.
El camino a la exhumación de los cuerpos de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén avanza a pasos agigantados, gracias a una investigación particular, seria y meticulosa que encuentra nuevas pistas a cada paso.
Esa investigación permitió acercar un nuevo testimonio al Juzgado Federal de Resistencia: el de un trabajador que, acompañado de una escolta militar, tuvo que atravesar forzosamente la escena de la matanza, a la vera de la ruta 11, cerca de Margarita Belén.
Allí pudo observar los cuerpos de algunas de las víctimas de la Masacre, apiladas una alado de la otra, luego de los fusilamientos perpetrados por militares, policías y civiles al servicio de la SIDE.
También pudo reconocer a dos conocidos torturadores, ex miembros de la patota de la Brigada de Investigaciones: Carlos Thomas y Wenceslao Ceniquel, quienes ya estuvieron presos acusados de cometer torturas antes de 1976.
La orden de habilitar la exhumación de los cuerpos, dada por el juez Carlos Skidelsky, llegó a Buenos Aires. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara Baja del Congreso, Hugo Perié; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; y el es subsecretario general de la Presidencia de la Nación, Carlos Kunkel, ya conocen detalles del proceso que terminará con la búsqueda de los cadáveres.
Entre los avances significativos, se puede mencionar que surgieron nuevos relatos y el aporte de más pistas y posibles testigos, para determinar exactamente dónde comenzarán las exhumaciones.
La investigación, metodológica y seria, está encabezada por Amanda Mayor, madre de Fernando Piérola -una de las víctimas de la Masacre- y Juan Carlos Goya, ex preso político.
El juez Carlos Skidelsky ya convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que encuentren e identifiquen los cadáveres de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén.
Fuentes consultadas por este medio, esperan que el EAAF llegue al Chaco en una semana a más tardar.
El cementerio San Francisco Solano será otro de los escenarios de las exhumaciones, además del campo ubicado cerca del monumento en homenaje a las víctimas de la Masacre y de Margarita Belén. Así quedó confirmado ayer.
Los fusilados el 13 de diciembre de 1976 fueron enterrados por lo menos en dos lugares, uno en el cementerio -que ya fue descripto por distintos testigos a el DIARIO de la Región y corroborado en el Juzgado Federal- y en un campo cerca de Margarita Belén.
Un nuevo -y tal vez decisivo- giro tomó la causa abierta en la Justicia Federal chaqueña por la Masacre de Margarita Belén: familiares de las víctimas presentaron un pedido de exhumación para recuperar la identidad de los 22 desaparecidos el 13 de diciembre de 1976 -o por lo menos de algunos de ellos-.
Los organismos de derechos humanos de Resistencia esperan la llegada de la entrerriana Amanda Mayor, madre de Fernando Gabriel Piérola, uno de los fusilados y desaparecidos en la Masacre.
El antecedente inmediato y -exitoso- sucedió en el cementerio San Vicente, Córdoba, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró recuperar la identidad de varios cadáveres de desaparecidos y enterrados en fosas comunes.
La idea no es nueva, ya en vísperas del 27º aniversario de la Masacre de Margarita Belén, familiares de las víctimas, ex presos políticos, miembros de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silenico) y de otros organismos de derechos humanos comenzaron a conversar sobre la posibilidad de pedir la exhumación.
La paralización total de la causa para diciembre del año pasado era tan patente como los es hoy. Esa fue una de las razones de pensar en las exhumaciones el año pasado. Y sigue siéndolo en 2004, cuando se hará la presentación ante la Justicia Federal.
En julio del año pasado, en un escandaloso fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, se hizo lugar a una hábeas corpus y se liberó a diez de los militares que participaron del "convoy de la muerte", en ese pantomima de traslado de la alcaidía de Resistencia a una cárcel de Formosa, que fue una simple escusa para fusilar a 22 presos políticos en el camino.
Para frustrar más cualquier intento de avanzar en la justicia y castigo a los genocidas, volvió a enredarse la competencia que había peleado y ganado el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Carlos Skidelsky, quien puso preso menos de 45 días a los represores.
El pedido de exhumaciones puede abrir una nueva brecha en la investigación y en el proceso judicial mismo, opinan quienes conocen de cerca del proceso cordobés.
Los militares se opusieron a entregar los cadáveres de las víctimas a sus familiares, incluso llegaron a ocultar las muertes. A los pocos que devolvieron los cuerpos, lo hicieron a ataud cerrado y con la prohibición expresa de abrirlos.
En el informe final de la Legislatura chaqueña, elaborado en los '80, hay una pista clara sobre dónde buscar: el 13 de diciembre de 1973 el intendente de la dictadura "capitán Schenone, ordenó la apertura de tumbas (en el cementerio San Francisco Solano. Ese mismo día se hacen presentes en el cementerio tropas del ejército y policía, que luego de desocupar las dependencias, proceden a sepultar 10 cadáveres". Hay un lugar por dónde comenzar a buscar.
Así como el dato de "Chengo" Alimirón, correntino exiliado en Alemania, ratificó que en el Regimiento 9, de la vecina provincia, hubo un centro clandestino de detención y tortura, en el Chaco, la base militar sobre avenida 9 de Julio también habría tenido el mismo fin.
Así lo revelaría un testigo clave que es buscado para que declare ante la Justicia. Sucede que en lo que hoy es la Base de Apoyo Logístico, en los '70 habría habido detenidos ilegales -incluso un ciudadano europeo-.
También se revelaría que en la Masacre de Margarita Belén hubo más fusilados que el número oficial que se maneja hasta ahora. El testigo sería de peso y podría complicar la situación de los genocidas del 13 de diciembre de 1976.
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), exhumar significa desenterrar un cadáver o restos humanos, definición fría para un trabajo antropológico que va mucho más allá.
Ese otro trabajo también encuentra definición en el diccionario de la REA: Sacar a luz lo olvidado. En este caso, que un desaparecido recupere su identidad, es "reaparecerlo" de los confines del horror, es devolverlo a su familia. En definitiva, reconstruir el pasado para poder construir el futuro.
"En el año 403 a.C., en Atenas, después de una larga guerra civil, los demócratas suceden a los oligarcas en el gobierno del país. Proclaman una amnistía y una reconciliación generales. Por decreto, cada ciudadano debe jurar olvidar las desgracias del período prescedente".
Con este texto comienza Tierra de Avellaneda, un documental realizado en la década del ´90 por Daniele Incalcaterra, que muestra a través de un caso particular, el trabajo de reconstrucción del pasado para poder construir en el futuro que lleva a cabo desde hace 19 años, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El EAAF es una organización científica no gubernamental, sin fines de lucro, que desde 1984 trabaja aplicando las ciencias forenses, particularmente la antropología, en la investigación de violaciones a los derechos humanos en todo el mundo, para poder establecer la causa de la muerte de las víctimas e identificar los restos óseos.
La antropología forense es un instrumento científico fundamental tanto para la recolección de evidencia ante las cortes judiciales en casos que involucren la violación de los derechos humanos como para el proceso de reconstrucción de la verdad sobre lo ocurrido en el pasado reciente.
Pero este trabajo científico no solo permite reconstruír la historia y sumar pruebas judiciales, cumple también con una tarea humana básica, que es la restitución de los restos de las víctimas a sus familiares.
En diciembre de 2002 la jueza federal cordobesa Cristina Garzón de Lascano ordenó la exhumación del cementerio de San Vicente (Córdoba), en el marco de la causa "Averiguación de enterramientos clandestinos" durante la última dictadura militar.
El trabajo encargado al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio sus primeros resultados al año siguiente, en julio de 2003, el primero de los cadáveres cuya identidad logró ser establecida corresponde a un joven de 18 años, Mario Osatinsky, quien, como otros, fue ultimado a balazos en el cráneo el 25 de marzo de 1976, un día después del golpe de Estado.
El segundo cuerpo encontrado pertenece a Liliana Sofía Barrios, argentina, nacida el 7 de junio de 1955 en la Capital Federal, quien murió el 7 de abril de 1976 como consecuencia de politraumatismo torácico y abdominal causado por "múltiples impactos de proyectiles de armas de fuego".
La tercera identificación del cuerpo de un desaparecido corresponde a Horacio Pietragalla, un dirigente montonero asesinado en 1975 por la Triple A. La trama completa una historia paradigmática de lo que hizo el terrorismo de Estado en la Argentina en la década del '70: tras el crimen de Pietragalla, las fuerzas de seguridad secuestraron a su mujer, Liliana Corti, y le robaron a un hijo que luego fue entregado a un militar. El joven recobró su identidad en 2003 y viajó a Córdoba a recuperar los restos de su padre, que dejó de ser un NN.
La cuarta identidad recuperada es la de Gustavo Gabriel Olmedo, acribillado a balazos junto a sus amigos José Luis Nicola y Vilma Ethel Ortiz en marzo de 1976 por grupos de tareas del Tercer Cuerpo de Ejército. La resolución establece que ingresó en la morgue judicial el 26 de marzo de 1976, luego de ser asesinado con tres disparos en la cabeza y el tórax.
[Fuente: Por Marcos Salomon de El Diario, Chaco, Arg, 25abr04 y 09ago04 vía Mirta Clara]
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