EQUIPO NIZKOR |
|
17ene08
Una resolución judicial obliga a Macri a reincorporar a los 2360 cesanteados
Las acciones que días atrás se interpretaron como pasos firmes del oficialismo porteño, una a una fueron tropezando en el terreno judicial, y con una protagonista excluyente: la jueza Elena Liberatori de Aramburu. Ayer, la magistrada le ordenó al Gobierno porteño reincorporar en sus puestos a los 2.300 trabajadores cuyos contratos habían vencido a fin del año pasado y no fueron renovados. Mauricio Macri calificó de "disparate" al nuevo fallo y anunció que apelará la medida y recusará a la jueza. "Ahora esperamos que Macri sea respetuoso de los demás poderes del Estado", replicó, Rodolfo Arrechea, dirigente gremial de ATE.
"El fallo es un disparate y es impracticable", afirmó Macri ayer, en una conferencia de prensa convocada para aludir al nuevo revés judicial del su gobierno a manos de Liberatori de Aramburu. Dos veces nombró Macri a la jueza, casi deletreando su apellido para que quede claro a quién se refería. El jefe de Gobierno dijo que la magistrada había incurrido en "abuso de poder".
Sin embargo, el procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, jefe de los abogados del Gobierno, admitió que el fallo será respetado: "Vamos a acatar la medida cautelar de la jueza hasta tanto logremos que se revoque".
El martes, la misma jueza, había fallado por segunda vez contra la intervención de la obra social de los estatales porteños.
Esta vez, el fallo de Liberatori de Aramburu obedeció a una presentación realizada por ATE, gremio que cuenta con afiliados entre los estatales porteños.
En su dictamen, la jueza ordena "el mantenimiento de la prestación de servicios del personal contratado de la Ciudad de Buenos Aires —en sus diversas modalidades— al 31/12/07, con la asignación de idénticas tareas normales y habituales que ese personal realizaba hasta esa fecha y el correspondiente pago de las remuneraciones pertinentes, hasta tanto se resuelva en (forma) definitiva" su situación.
"Una jueza no puede decirle al Poder Ejecutivo, a quiénes contratar y a quiénes no. Es una grave intromisión del Poder Judicial", criticó Gabriela Michetti, vicejefa de gobierno.
La medida judicial, dijo Macri, "es impracticable ya que pretende renovar contratos que vencieron a fin de año sin siquiera aclarar cuáles, ni porqué". Ayer, en el Gobierno había desconcierto sobre el impacto real del fallo de la jueza. ¿Hoy se presentarán a trabajar los 2.300 contratados?.
"Nunca pudimos conocer a la mayoría de esos contratados; no estaban en sus puestos cuando asumimos, no sabemos quiénes son", agregó Michetti.
En su fallo, la jueza ordenó que los 2.300 contratados deben ser incluidos "en el Censo" a realizarse en marzo próximo sobre todo el personal del gobierno.
La realización de un censo a los estatales porteños fue acordado a principios de la semana pasada por funcionarios del Gobierno y representantes gremiales del Sutecba. En ese acta, figura "la revisión de los contratos vigentes". Para el Gobierno, los 2.300 contratos no renovados a fin de año no se incluían en la revisión. "Es una medida que no se revisa", afirmó en su momento, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete de Macri. Para el sindicato, los 2.300 contratos estaban incluidos en la revisión.
Ayer, en las filas macristas crecía ayer la antipatía con la figura de la jueza Liberatori de Aramburu. "El tercer fallo de la jueza es una evidente intromisión del Poder Judicial en la decisiones del Poder Ejecutivo. Hay una acumulación de disposiciones que la llevan imperiosamente al juicio político", expresó Oscar Moscariello, titular del bloque PRO de legisladores porteños. Michetti habló de "posibilidad", cuando se le preguntó por el juicio político a la jueza.
"Es un mal precedente que el jefe de Gobierno vulnere la Constitución de la Ciudad atacando a los jueces cuando no es de su agrado un fallo. Lo correcto es apelar, no apretar a jueces", opinó el legislador Diego Kravetz, presidente del bloque K.
[Fuente: Clarín, Buenos Aires, 17ene08]
 | This document has been published on 10Feb07 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |