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18ene09
La increíble ruta de los $ 54 millones
El caso de los 54 millones de pesos desviados desde el Ministerio de Economía parece un manual de lavado de dinero.
Empresas fantasma, ventas de créditos millonarios a precios irrisorios, transferencias internacionales en tiempo relámpago, larguísimas cadenas de cesiones que terminan en las mismas manos de donde salieron, y en el origen de la historia, una estafa. Los investigadores coinciden en que a esta trama no le faltó nada.
Y los actores son aún más insólitos que sus operaciones. Un excéntrico croata del jetset de Punta del Este está acusado de haber sido el cerebro de la maniobra; la Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio, de haber funcionado como una financiera por donde pasarón un millón de pesos, y un ignoto empleado del Ministerio de Economía, que declaró ser dueño de una de las mayores fortunas del Gobierno, de haber autorizado el fraude.
El es Juan Cayetano Intelisano. El Gobierno lo señala, desde hace más de un año, como el principal sospechoso de la estafa, pero sólo lo suspendió la semana pasada, cuando el caso se hizo público. Hasta entonces, estaba al frente de la Dirección de Administración, que maneja las licitaciones del ministerio. El 25 de octubre de 2007, Intelisano firmó la resolución 200, que reconoció un crédito a Accolade Pool de 53.963.112 pesos y ordenó que se pagara. Era por una supuesta deuda contraída 30 años antes por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que la justicia argentina se había negado a reconocer.
Pero cuando Intelisano estampó su firma, el crédito ya había iniciado su intrincado circuito de cesiones.
La primera fue un año antes de la resolución 200, no bien Yolanda Eggink, otra de las acusadas, emitió un dictamen en favor del pago. Accolade Pool transfirió entonces el 27% de su crédito, por el que esperaba cobrar 15 millones de pesos, al empresario croata Ivan Holjevac. A cambio, no pidió ni un centavo.
En esa operación, Holjevac designó como apoderado a Jorge Enrique Rodríguez y, casi de inmediato, vendió el crédito, que circuló por 20 empresas hasta volver, al final del recorrido, a manos de Rodríguez. El primero de esos cesionarios fue Aquamarine, una sociedad de las Islas Vírgenes que en una escritura firmada en Panamá designó como delegado a Walter Bonavera, calificado como "de alto riesgo crediticio" por el HSBC y American Express, según pruebas de la causa. Además, el fiscal Manuel Garrido advirtió sobre "un vínculo familiar" entre Bonavera y la mujer de Holjevac.
Del 27% que tenía el croata, el 17% lo transfirió a Aquamarine y el 10% restante, a Superbe. En teoría, ambas empresas nada tenían que ver, pero el representante de Superbe declaró el mismo domicilio que Bonavera.
El 3 de septiembre de 2007, Aquamarine y Superbe cedieron sus créditos a dos empresas uruguayas, Donatel y Avincor, respectivamente. Avincor tiene su domicilio en Avenida 18 de Julio 1417, apartamento 201, de Montevideo. Igual que Holjevac.
Ninguna de estas compañías quería aparecer como cobradoras, sospechan los investigadores. Por eso -y gracias a que sabían lo que pasaba en Economía-, un día antes de que se aprobara el pago transfirieron sus créditos. Donatel, a Rodríguez (apoderado de Holjevac); Avincor, a Darío Morresi. Rodríguez cobró 9 millones de pesos; Morresi, 5, y en menos de un mes emitieron cheques que repartieron entre 12 empresas. A cambio, recibieron el valor de esos papeles en efectivo.
Las sociedades Transportes del Alba, Pago Rural, Cerealera Azul; la Asociación Mutual Ferroviarios Unidos y la de los Panaderos del Tercer Milenio son algunas de las entidades que oficiaron de financieras, según lo denunciado. Todas tienen una causa abierta por lavado de dinero. Las acusó el fiscal general Raúl Pleé y la Justicia acaba de congelar sus cuentas.
Mientras tanto, el 73% restante del crédito llegó más rápido a Uruguay. Se mantuvo en poder de Accolade, que justo antes de la resolución de Intelisano designó apoderado a Jorge Pallaviccino. Con los $39 millones que cobró, éste compró títulos que una sociedad bursátil depositó en Uruguay y cambió a dólares en el día. Aunque había pactado una comisión, Pallaviccino nunca la reclamó.
"Que se haya recurrido a estas operaciones confusas, cuando el dinero estaba perfectamente disponible por vías más transparentes y expeditas, permite concluir que lo buscado fue separar los montos de su origen delictivo, obstaculizando su detección y seguimiento", afirmó Garrido. "Es un caso de lavado de dinero de pizarrón", dijo, más directo, otro investigador.
Garrido sospecha que el beneficiario de todo fue Holjevac. Pero ni su investigación ni la de Pleé dilucidaron qué vínculos tenía con el Ministerio de Economía ni adónde fueron a parar los 54 millones.
[Fuente: La Nación, Bs As, 18ene09]
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