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01may07
Carta dirigida al Grupo Uno por un abogado cordobés
Estimados señores
Daniel Vila, Ricardo Funez, Manuel de Paz y Fabián Sevilla:Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de manifestarles mi preocupación por el énfasis puesto en los insultos y cuestionamientos a abogados de derechos humanos en ciertas notas referidas al brutal crimen cometido contra una vecina de vuestra provincia.
Tal énfasis podría ser sólo un fiel reflejo de la indignación de vecinos y amigos de la señora asesinada. Sin embargo, me resulta preocupante que vuestros medios no hayan acompañado en la nota las reacciones o manifestaciones de distintos abogados de derechos humanos, ya que se los mencionó de esa forma. Tampoco hacen constar ustedes que estos abogados hayan declinado hacer declaraciones.
Es ciertamente equivocada, desde un punto de vista jurídico, la postura señalada por el señor M. de Paz en una de sus columnas, donde señala su perplejidad porque los abogados de derechos humanos no hayan acudido en defensa de la familia de la vecina asesinada. Según el razonamiento de este señor Paz, el derecho a la vida es un derecho humano, la señora atacada fue privada de su vida, por lo tanto se violaron sus derechos humanos. Por lo tanto, los abogados de derechos humanos deberían haber ofrecido sus servicios.
El razonamiento está equivocado. Por supuesto, la vida es un derecho humano. Su protección está a cargo del Estado, que se ha comprometido a velar por su ejercicio efectivo e integral al firmar, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica. También se ha obligado a velar por otros derechos igualmente constitucionales, tales como la vivienda digna, el derecho de huelga, el derecho a una jubilación móvil, a un salario justo, entre otros (Constitución Nacional, art. 14 bis).
Cuando personas privadas violan esos derechos, ahí está el Estado para protegerlo. En este caso, para detener, juzgar y -de corresponder- condenar a quienes mataron a la mujer. Igualmente, también cuando un empleador no respeta el derecho de huelga, es el Estado quien se acerca para hacerlo respetar.
Pero, ¿qué pasa cuando el Estado viola el derecho a la vida? ¿o cuando restringe y destruye el derecho de huelga? ¿o cuando aniquila la jubilación digna? ¿Quién protege esos derechos?
La respuesta no es fácil, claro. Pero la actividad de los abogados de derechos humanos se centra en esos casos. Acuden a la justicia, a los medios, a la comunidad, a los organismos internacionales (que nuestro Estado integra por propia voluntad). Allí piden que se restauren los derechos violentados.
A eso se debe que un abogado de derechos humanos no salga corriendo detrás de un carterista. Porque para eso está el Estado. Cuando el Estado no protege a la gente, cuando viola sus derechos, cuando los acorrala, los arroja al mar, los tortura, les secuestra sus hijos y los regala a los amigos, bueno... en esos casos, la abogacía de derechos humanos tiene una función.
Sería bueno que vuestros medios otorguen un espacio suficiente para que los abogados de derechos humanos de Mendoza puedan ofrecer su punto de vista frente a los intensos cuestionamientos que vuestras páginas publican. La necesidad es mucho mayor, claro, cuando uno de ellos ha sido cobardemente amenazado, sin que nada se haya sabido hasta ahora de los responsables.
Gracias por su tiempo.
Atentamente,
Córdoba, 01 de mayo de 2007
Horacio Javier Etchichury
Abogado. Master of Laws, Yale University
Docente, Derecho Constitucional, Universidad Nacional de Córdoba
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