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28dic07
El Gobierno investigará al grupo especial que integró Rico
El gobierno de Celso Jaque anunció ayer que abrirá los archivos policiales para conocer los movimientos del Grupo Especial para el Mundial '78 que en ese tiempo integró el actual subsecretario de Seguridad y comisario retirado, Carlos Rico. La decisión se conoció casi al mismo tiempo que se concretó la denuncia penal de parte de organizaciones civiles contra todos los integrantes de ese cuerpo policial.
La demanda la radicó la abogada del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) y la hizo sumándola a la causa que investiga la desaparición de una decena de personas durante mayo de 1978, cuando ya actuaba ese equipo especial de la Policía (ver aparte).
En el Ejecutivo se notó la conmoción interna por la polémica desatada en torno a los antecedentes de Rico, pero al mismo tiempo se evidenció la estudiada movilidad del gobernador Jaque para enfocar la agenda hacia otras áreas de su gestión.
Así, mientras se producía el encuentro entre los representantes de los organismos de Derechos Humanos con el subsecretario de Justicia, Diego Lavado, y el coordinador del área, Pablo Salinas, en el tercer piso de Casa de Gobierno, un nivel más arriba el mandatario convocó a la prensa para anunciar la adjudicación de obras de Irrigación por 104 millones de pesos. En horas de la tarde, junto a Lavado y Salinas, recorrió la cárcel de Boulogne Sur Mer sin hablar del caso Rico (ver aparte).
La reunión entre los referentes sociales y los funcionarios se extendió por más de una hora y tuvo dos posiciones bien diferenciadas. Por un lado, los organismos sociales reclamaron la destitución de Rico como un gesto político del Gobernador.
Y por otro, la posición oficial fue no "condenar" al funcionario de Seguridad por su antigua pertenencia a un grupo antisubversivo, sino revisar su accionar individual en ese tiempo.
Los más vehementes fueron David Blanco, de la Asociación de ex presos políticos, y Mariú Carreras, por Familiares de desaparecidos, que endurecieron sus posturas argumentando que "un hombre formado en un Estado terrorista no puede formar parte de un Estado democrático".
En cambio, Lavado sostuvo que a Rico le tocó actuar en un marco de ilegalidad total y que su integración al GE 78 fue una forma de blanquear parte del aparato represor que había actuado en la clandestinidad hasta ese momento.
Lo cierto es que por lo menos uno de los que integró ese cuerpo especial está detenido por delitos de lesa humanidad. Se trata del ex oficial Eduardo Smaha, reconocido por las víctimas de la represión como uno de los principales torturadores de los años de plomo.
La salida consensuada por los representantes sociales con Lavado y Salinas fue el inicio de una investigación desde el mismo Ministerio de Gobierno que apuntará a revisar los archivos policiales de la época en cuestión para conocer las operaciones del GE 78, sin decirlo, buscando especialmente las actitudes de Rico como comando especializado de la Policía.
Lo curioso fue ver a Lavado y Salinas -reconocidos abogados defensores en causas de violaciones de los derechos civiles-, atendiendo como funcionarios los reclamos de quienes hasta hace unas semanas eran sus patrocinados.
La idea finalmente acordada es que los organismos también sumen la información que puedan recopilar por su lado, partiendo de los informes periodísticos de Los Andes que generaron el debate actual, si bien los datos sobre Rico y el GE 78 ya habían sido publicados en junio de 2000 por el entonces Semanario El Sol.
[Fuente: Los Andes, Mendoza, Arg, 28dic07]
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