Equipo Nizkor - Advierten que no se reconoce la propiedad comunitaria indígena.

El miércoles de la semana pasada, más de 300 personas, que reclaman viviendas para sus familias, quisieron tomar por la fuerza parte de las tierras donde vive la comunidad originaria Lules de finca Las Costas, en la zona oeste de la ciudad. Por orden judicial, el lunes los manifestantes debieron retirarse del lugar.

Desde hace diez días, los aborígenes están intranquilos. Muchos dejaron sus casas y armaron un refugio cerca de la zona del conflicto para proteger su territorio.

A raíz de esta situación, el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la Provincia, Ariel Sánchez, expresó a El Tribuno que las tierras que se intentó tomar son fiscales, con protecciones especiales: "La propiedad es de la Provincia, que tiene instrumentos jurídicos por la reserva (de finca Las Cosas); a su vez, hay un reconocimiento a la comunidad aborigen Lules, que tiene una protección jurídica, amparada en la Ley 26.160". Esta norma, de 2006, declaró "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país".

Sánchez comentó que este territorio fue relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), lo que le otorgó a Lules el derecho a protegerlo, pero no la propiedad. Comentó que debería sancionarse una ley nacional de propiedad comunitaria para regularizar este asunto.

"El objetivo es que se avance en el futuro en una ley de propiedad comunitaria, que indique cómo se van a regularizar esas tierras. Llegado el momento, habrá que poner sobre la mesa la normativa vigente", planteó el funcionario. Mencionó que está ley "sería el marco normativo complementario al relevamiento; mientras tanto, (los aborígenes) gozan de esa protección jurídica para repeler los desalojos y los intentos de usurpaciones".

La abogada de derechos humanos, de comunidades originarias y de organizaciones sociales Mara Puntano cuestionó el argumento de Sánchez y aseguró que el Gobierno de Salta incumple la normativa vigente con respecto a este tema. "Desde el año 1994 hay un reconocimiento en la Constitución nacional argentina de la preexistencia de los pueblos originarios. Lo mismo pasa en la Constitución de la Provincia de Salta. La legislación existente, con el Código Civil reformado, acepta la propiedad comunitaria. Sin embargo, el Gobierno incumple toda esa legislación y no reglamenta".

Puntano explicó que en la Dirección General de Inmuebles ignoran la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Señaló que la administración del organismo, que sigue con la legislación del Código anterior, que solo reconocía la propiedad privada, debe adaptarse para incorporar la propiedad comunitaria y la reglamentación necesaria para inscribir la propiedad de una tierra a nombre de una comunidad. "La Provincia de Salta está en falta y en violación de los derechos de los pueblos originarios", expresó.

La letrada mencionó que la Provincia también tiene que actualizar la ley sobre el Ippis (Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta), que solo reconoce a algunas etnias, pero no a todas las existentes, entre ellas, Lules.

Puntano aseguró que esta comunidad tiene todos los pasos cumplidos para acceder a la propiedad comunitaria: personería jurídica y relevamiento territorial realizado, finalizado y comunicado a Inmuebles.

En 2006, los aborígenes inscribieron su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. En 2014, el artículo segundo de la Resolución 1.020 del INAI, reconoció "la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad indígena Lules de finca Las Costas".

Puntano advirtió que en Salta hay "muchísimas" comunidades en la misma situación que Lules: estimó que más de 300 tienen personería jurídica y que unas 900 aún no lograron la inscripción y, por lo tanto, tampoco tienen el relevamiento territorial.

La abogada reconoció que, en este contexto, la comunidad Lules es una privilegiada: "Ha cumplido todos los pasos. Por eso, ordenaron el desalojo de los usurpadores. Si no lo hubiéramos podido demostrar, seguro no habrían hecho nada la Fiscalía ni la Policía".

"La tierra es valiosa"

Puntano evaluó que los funcionarios y los gobiernos demoran los trámites para reconocer derechos a las comunidades, "porque la tierra es lo que más valor tiene en este sistema y en cualquier sistema político de cualquier parte del mundo".

"Como la tierra es valiosa, se aprovechan de eso los terratenientes -y los gobernantes de turno no escapan a esos intereses inmobiliarios-. En la provincia de Salta tenemos casos paradigmáticos. Hay familias enteras que utilizaron el poder y los gobiernos como botines de guerra: tanto el Poder Ejecutivo y el Legislativo como el Judicial. La democracia en Salta es todavía declamatoria, pero en la práctica todavía falta mucho", analizó.

Puntano consideró que el problema más grave que existe en la Argentina es la entrega legal de las tierras a los pueblos originarios: "Por eso hay tantos intentos de desalojo y estafas inmobiliarias, porque en la práctica todavía no se reconoce lo más importante a los pueblos, que es la inscripción del título comunitario de sus propiedades".

Esta semana, la abogada fue notificada de un juicio ganado de la comunidad kolla-guaraní de Río Blanco Banda Norte, en Orán, que inició en 2005. Hace 14 años, una empresa denunció y demandó a un comunero por una supuesta usurpación de tierras: "Recién ahora nos llega la sentencia rechazando la denuncia de usurpación y la demanda civil. Todo eso es provocado por el mismo Estado, que no toma el toro por las astas, que es aplicar la legislación vigente".

"Un cambio de sistema"

Puntano analizó que, si se aplicaran las constituciones nacional y provincial, que dicen que los pueblos originarios son preexistentes a los Estados, no habría problemas para entregar las tierras: "Pasan los gobiernos de distintos colores y no toman esa decisión política, porque implica la distribución de la tierra y la tierra para el que la trabaja. Es un cambio total de sistema y no quieren eso". Cuando hubiera títulos certeros de propiedad, debería expropiarse, pero advirtió que no siempre es así: "Hay mucho fraude inmobiliario y las estructuras gubernamentales se prestan para eso; más, la mora que existe en ir a constatar mediante el relevamiento quiénes viven y cómo viven. Así se provocan estos intentos de desalojo de quienes dicen tener título, contra las comunidades".

29jul19

Advierten que no se reconoce la propiedad comunitaria indígena

[Fuente: Por Bernardita Ponce Mora, El Tribuno, Salta, 29jul19]

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