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17sep17
En 11 años se relevó la mitad de las comunidades indígenas
La ley nacional que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas se sancionó en 2006 y cumplió 11 años, como paraguas que las protegió de desalojos, con sucesivas prórrogas. La última, aprobada en 2013, vence el próximo 23 de noviembre.
A medida que se acerca esa fecha y con cerca de 200 conflictos abiertos en todo el país, crecen las presiones ante el Congreso por una nueva extensión de plazos que permita completar los relevamientos pendientes en distintas regiones.
Salta, la provincia con mayor cantidad de etnias y lenguas habladas, concentra la mayor parte de las comunidades originarias a las que la Constitución argentina reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que habitan.
Ese derecho, sin embargo, pende en buena medida de los relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales que la ley 26.160 ordenó cumplimentar en un plazo de cuatro años.
Más de una década después de su sanción, el 51% de las 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci) sigue en la incertidumbre.
Según Amnistía Internacional, en once años los procesos de relevamiento alcanzaron a 759 de las comunidades inscriptas. Solo 456 cuentan con resoluciones en las que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) les reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de las tierras, lo que no le asegura el acceso a los títulos de propiedad comunitaria.
Hasta fin de año, en distintos puntos del país, se relevarían otras 150 comunidades, lo que dejaría a la deriva a 303 comunidades con procesos sin resolución y a 623 en las que los procedimientos aún no se iniciaron.
El pasado 7 de septiembre, senadores de los bloques de la izquierda y del FPV-PJ propusieron debatir la nueva prórroga sobre tablas, pero la Cámara Alta nacional, con mayoría de votos, decidió tratarla en la sesión del próximo 27 de septiembre.
Desmanejo de fondos
Para cubrir los gastos de los relevamientos y programas de regularización dominial de los primeros tres años -2007, 2008 y 2009- se creó un fondo especial de $30 millones. En 2012, con solo el 12,5% de los censos catastrales finalizados, la Auditoría General de la Nación (AGN) marcó serias observaciones sobre el uso de los recursos administrados por el INAI.
En el caso puntual de Salta, la AGN advirtió que se liberaron en 2009 más de $2,5 millones y solo se entregaron seis carpetas técnicas que fueron observadas por serios errores metodológicos en su confección.
Con las sucesivas prórrogas se asignaron $10 millones adicionales por cada año. En la provincia, no obstante, el equipo central del INAI solo hizo cuatro relevamientos durante el primer semestre de 2011.
En enero último, ante una presentación de Amnistía Internacional, el organismo informó que se ejecutaron $72.883.793, en 12 provincias, a través del sistema de relevamientos descentralizados. Hasta hoy se desconoce el monto y destino de los fondos gastados con la modalidad centralizada hasta fines de 2015.
Justamente, el sistema de ejecución central, en el que los propios técnicos del INAI realizaron relevamientos sin la participación de la Provincia, propició conflictos como los que repercutieron desde Embarcación, La Poma, Cachi, Molinos y Payogasta, en medios locales y nacionales, con fuertes cuestionamientos a la autorreconocida filiación étnica de algunos caciques y comuneros.
Con la modalidad de coejecución, en la que intervienen organismos provinciales (el Ministerio de Derechos Humanos en su momento y el de Asuntos Indígenas ahora) y el Consejo de Participación Indígena (CPI), se unificaron los criterios de registro y relevamiento de las comunidades originarias.
Los relevamientos en Salta
Según datos oficiales, en Salta ya fueron relevadas 272 de las cerca de 400 comunidades originarias identificadas hasta el momento en la provincia. El ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almarás, señaló que el equipo técnico operativo (ETO) tiene planeado llegar hasta fin de año a 320 (el 80% del total).
El funcionario aclaró que la ley 26.160 y las normas que prorrogaron su vigencia amparan tanto a las poblaciones indígenas que tienen personería jurídica como a las que no cuentan con ella. También remarcó que los relevamientos no implican la entrega del título de propiedad comunitaria.
En Los Andes, La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos, Cafayate y La Caldera los relevamientos alcanzaron a comunidades de las etnias kolla, diaguita calchaquí, atacama y tastil. En Santa Victoria, Iruya y Orán, abarcaron a los pueblos kolla, guaraní y wichi. En San Martín, se realizaron en comunidades wichi, guaraní, chané, chorote, chulupí, tapiete y toba. En Rivadavia y Anta, se ejecutaron en asentamientos wichi y chorote.
Desde 2001, cuando comenzó a funcionar el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), están integradas en su seno nueve etnias: wichi, toba, chorote, chulupí, chané, tapiete, guaraní, kolla y diaguita calchaquí. En los tiempos del Instituto Provincial del Aborigen (IPA), las dos últimas no contaban con representación.
En años más recientes, en medio de conflictos territoriales, familias campesinas se asumieron como descendientes de otras culturas precolombinas y conformaron comunidades atacama, tastil y lule.
La provincia con mayor diversidad étnica
En el censo poblacional de 2010, a la par de las encuestas directas en comunidades indígenas con ocupación tradicional de territorios, el gobierno nacional habilitó la posibilidad de que cualquier ciudadano se autorreconociera como descendiente de alguna de las culturas nativas.
Por esa encuesta general, la más reciente, se tiene que un 6,5% de la población de Salta -79.204 personas sobre un total de 1.214.44- es indígena. El porcentaje casi triplica a la media nacional (2,4%).
El 24,9% de esos 79.204 habitantes de la provincia fue registrado o se autorreconoció como perteneciente al pueblo wichi; el 21,6%, al kolla; el 13,7%, al guaraní, y el 13,5%, al ava guaraní. En menor proporción, aparecieron censados diaguitas calchaquíes, tobas, chanés, chorotes, tapietes, chulupíes, lules, atacamas y tastiles.
Como dato obvio, la encuesta reflejó que el 57,4% de la población indígena de la provincia de Salta vive en áreas urbanas y el 42,6% en áreas rurales. Entre una y otra franja existen brechas abismales en los indicadores de exclusión social, mortalidad infantil y necesidades básicas insatisfechas.
Más allá de la paja que aparece mezclada con el trigo en las estadísticas del Indec, Salta es la provincia con mayor número y diversidad de comunidades originarias. Es también la que mayor cantidad de lenguas indígenas atesora: wichi, guaraní, chané, tapiete, chorote, chulupí, toba, quechua y -por migración- también aimara.
[Fuente: Por Antonio Oieni, El Tribuno, Salta, 17sep17]
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