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07jun11
Bahía de la impunidad
En el año 2007, un tribunal español condenó al capitán de corbeta Adolfo Scilingo a la pena de 1.084 años de prisión al considerarle autor de crímenes contra la humanidad cometidos bajo la jurisdicción de la Marina y cumpliendo las órdenes que impartía el Comando de Operaciones Navales con sede en Puerto Belgrano, Bahía Blanca.
Scilingo es el único marino de esa zona que resultó condenado por decisión de un tribunal extranjero.
En Bahía Blanca hay alrededor de 80 procesados y ningún condenado. Están en libertad o ya murieron los demás participantes de los crímenes por los que fue condenado Scilingo, quien fue apenas un eslabón secundario.
Bahía Blanca es históricamente un fuerte bastión del fascismo y una de las jurisdicciones donde la complicidad civil y mediática realizaron el mayor acompañamiento al genocidio, incluyendo su planificación.
Desde Puerto Belgrano, se comandaba la represión que ejecutaba la Marina en todas las regiones del país, especialmente en aquellos lugares donde se tenía jurisdicción exclusiva y que eran las zonas portuarias, marítimas, fluviales y sus áreas circundantes, también ejercía un dominio pleno sobre áreas de gobierno que la Armada había reclamado como propias: los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores.
Desde el Comando de Operaciones Navales con sede en Puerto Belgrano se impulsaron los planes de contrainsurgencia de la Armada, llamados PLAN CINTARA/72 y luego el siniestro PLAN CINTARA/75, un conjunto de directivas e instrucciones que basándose en la interpretación literal de los decretos firmados por Italo Luder e Isabel Perón instrumentaron el “aniquilamiento” de quienes ellos consideraban sus enemigos, inventando como método de extermino los vuelos de la muerte, cuya autoría intelectual se adjudica al entonces Comandante de Operaciones Navales Luis María Mendía, quien murió impune en el año 2007 en su propio domicilio.
Cuando se concibe la desaparición de personas arrojándolas al mar se requirió el apoyo moral de la Iglesia para salvar algunas reticencias de la oficialidad. Los escasos cuestionamientos de conciencia fueron superados con la bendición eclesiástica y la caracterización de “guerra santa” del genocidio. La intervención de la Iglesia propició que las víctimas fueran adormecidas antes de ser arrojadas al mar y tuvieran así una muerte “humanitaria”.
La responsabilidad del Comando de Operaciones Navales de Puerto Belgrano en la planificación y ejecución del genocidio ha sido totalmente diluida en los juicios por los crímenes de lesa humanidad donde las responsabilidades de la Marina se desviaron deliberadamente hacia la ESMA, una estrategia para esconder el principal centro operativo y, lo que es más grave, dejar a salvo la reserva ideológica del genocidio que hasta nuestros días reside en Bahía Blanca.
Con referencia al juicio realizado a los represores en nuestra Provincia, el mismo enmarcó en las responsabilidades adjudicadas a la subzona 1.4 del Primer Cuerpo de Ejército. Sin embargo a partir de los testimonios más elocuentes brindados por las víctimas, ha quedado comprobado que la mayoría de las acciones se impulsaron desde Bahía Blanca y que las restantes fuerzas armadas, de seguridad y policiales sólo colaboraban en forma secundaria, aunque coordinada.
Si se considera que la represión en La Pampa tuvo su centro operativo y directivo en Bahía Blanca y no en el Primer Cuerpo de Ejército, las responsabilidades también se modifican y es evidente que las vinculaciones de los delatores pampeanos encabezados por Carlos Aragonés con Fito Ponce y de éste con la Marina, adquieren nueva relevancia y sugieren que esas delaciones y complicidades sellaron el destino de las víctimas pampeanas.
Este razonamiento se ve confirmado si observamos el direccionamiento de la represión en La Pampa donde las principales acciones se relacionan justamente con las áreas sensibles para la Marina: Colegios y Universidades, en efecto, la mayoría de las víctimas fueron estudiantes de la UTN, docentes de distintos colegios y de la Universidad de La Pampa y es paradigmática la relación de Bahía Blanca con los sucesos de Jacinto Aráuz.
En este escenario de responsabilidades, también adquiere otra significación la comprobada participación de la Marina en el asesinato de Sergio Julio García, donde el mismo Comando de Operaciones Navales de Puerto Belgrano, se responsabilizó a través de un comunicado de los procedimientos “antisubversivos” realizados esos días en La Plata.
La vinculación de los delatores pampeanos con el área operativa de Bahía Blanca, los intereses políticos y gremiales en juego en la Provincia de La Pampa durante el gobierno de Isabel y la relación de TODOS ELLOS con la Triple “A”, nos señalan que en nuestro propio medio hay un extenso ámbito de responsabilidades que goza de total impunidad, donde los genocidas y sus cómplices civiles van muriendo ¿tranquilos? en sus propios domicilios, a excepción del ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo, un eslabón roto y de cuarta categoría, que aunque confesó los crímenes en su calidad de “arrepentido” fue condenado a 1084 años de cárcel.
Un milenio es una condena internacional elocuente para un partícipe secundario y creo que pone en evidencia las deudas de la justicia argentina que todavía mantiene en la impunidad a muchos genocidas en nuestro propio territorio.
Desde lejanos tribunales, el Derecho Humanitario Internacional logró una mínima aproximación sobre uno de los centros operativos más inexpugnables para la Justicia argentina que es Puerto Belgrano, con sede en Bahía Blanca, donde la misma IMPUNIDAD mantiene VIVA Y LATENTE, tal vez para un oscuro mañana, la reserva de ideólogos, apologistas y cómplices del genocidio.
[Fuente: Por Stella Marys García, La Pampa, 07jun11]
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