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05ago11
Rafecas calificó de “verosímil” la prueba contra Magnetto y Mitre
En un dictamen de 66 páginas, el juez declaró nuevamente “inescindible” el despojo a los Graiver en beneficio de Clarín y La Nación de las violaciones a los Derechos Humanos. Otra vez, cedió la competencia a la Justicia Federal de la Plata.
En una resolución de 66 páginas, el juez federal Daniel Rafecas calificó de “importante” y “verosímil” la prueba reunida contra los accionistas de Clarín y La Nación, en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el despojo accionario de Papel Prensa, en sociedad con Videla y Martínez de Hoz. Al mismo tiempo, volvió a declarar “inescindible” la operatoria empresaria con aval de la dictadura de las violaciones a los Derechos Humanos que se investigan en el juzgado federal platense de Arnaldo Corazza, en el expediente conocido como “Circuito Camps”, a quien nuevamente le cedió la competencia.
Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre fueron imputados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los integrantes de la familia Graiver, quienes bajo presión y torturas fueron despojados de las acciones de Papel Prensa en beneficio de los diarios Clarín, La Nación y La Prensa, por orden de Videla y Martínez de Hoz.
Tal como publicó Tiempo Argentino hace un año, en la página 38 de su dictamen el juez recordó que el interrogador de los Graiver designado por la dictadura, Oscar Bartolomé Gallino, se reunió con Mitre, Patricio Peralta Ramos y Magnetto. Escribió Rafecas: “Llamativamente Gallino habría recibido ‘a los directores y asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo Fundador de Papel Prensa S.A.”
Gallino era un subordinado del comandante del 1º Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. El objetivo: los bienes de los Graiver y su relación con los fondos de la guerrilla de extracción peronista Montoneros.
En este sentido, a Rafecas le llamó la atención que pese a ese objetivo, “la única reunión que habría mantenido Gallino con personas que no fueran funcionarios del Estado –nótese que todos ellos eran de la provincia de Buenos Aires– fue con los integrantes de los adquirentes de las acciones clase A de Papel Prensa SA, a través de Fapel SA, y con el motivo explícito de la adquisición de tales acciones”.
Y no sólo eso. Existe prueba documental publicada por este diario en septiembre de 2010, en la que Gallino dejó constancia de la primera reunión –el 7 de abril de 1977– con los directivos de los tres diarios, donde se prepararon los interrogatorios del 11 de abril, y precisamente ese mismo día se presentó ante Lidia Papaleo en el campo de tortura para preguntarle sobre Papel Prensa y el resto de las empresas de Graiver.
Gallino había sido preciso: “A las 8:40 concurren a producir sendos informes el señor secretario de Industria, doctor (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón (…) En la misma fecha, a las 20 horas se preparan los interrogatorios a tomar el 11 de abril.” La duda sobre quiénes eran los representantes de los diarios quedó despejada por una consulta al Boletín Oficial. Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos tenían ese cargo. Los documentos secretos que Tiempo reveló después de décadas de ocultamiento lo aclaran: el represor quería interrogar a Lidia sobre los bienes que se habían declarado en la sucesión por la muerte de su marido, estaba obsesionado con el emporio económico Graiver, los encuentros que había mantenido la mujer desde su llegada a la Argentina, y a nombre de quiénes estaban las acciones de Papel Prensa.
Gallino era impiadoso. Interrogó a Lidia por dos días. La viuda de David había sido brutalmente torturada con picana eléctrica. Entre los diplomas del general de brigada se destacaban la cacería de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que habían intentado copar el cuartel de arsenales Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo; y su cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno, en la fábrica militar de Campo de Mayo.
Para colmo, los diarios Clarín, La Nación y La Razón reconocieron en una editorial que toda la operatoria se hizo por medio de la gestión de la Junta y que fue el propio Gallino el que señaló la forma de pago. Los abogados dirían “a confesión de parte relevo de prueba”.
El poder de facto logró cometer semejante barbarie con el argumento de que la empresa era estratégica para el Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. Por eso debía quedar, según las palabras de los represores, en manos de empresarios “argentinos, no judíos”.
Para quebrar a los Graiver decidieron demoler el poder económico del grupo acosándolo con notas negativas publicadas en la tapa de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, antes de lograr el traspaso de acciones con un primer pago irrisorio de 7200 dólares en efectivo.
En la página 35 de su dictamen, Rafecas completa lo que podría entenderse como una traducción judicial de lo publicado por este diario desde junio de 2010. “La detención de Lidia Papaleo con posterioridad a la suscripción de los convenios de transmisión del paquete accionario de Papel Prensa SA en poder del Grupo Graiver, adquiere significados concordantes con la plataforma acusatoria si se advierte que la nombrada –afirma Rafecas– no sólo fue una de las firmantes de aquellos contratos, sino que también era la administradora judicial de la sucesión de David Graiver (…). Recordemos que a su vez, Lidia Papaleo había iniciado el proceso sucesorio con el patrocinio letrado del Jorge Rubinstein que, como vimos, habría sido la mano derecha de Graiver, y luego también fue secuestrado y habría fallecido durante su cautiverio a causa de las torturas que le fueron infringidas.”
En los fundamentos, Rafecas insistió con que la causa debe seguir tramitándose en el Fuero Federal de La Plata, ya que allí operaba el represor Camps bajo las órdenes de Suárez Mason. Para el magistrado hubo “aspectos de simultaneidad y estrecha vinculación entre los acontecimientos, que han sido, como se vio, invocados por los acusadores y no han sido desvirtuados, hasta el momento, a lo largo de la instrucción”.
“Nótese que en fecha 9 de marzo de 1977, Lidia Papaleo de Graiver, solicitó al juez de la sucesión de David Graiver autorización de las ventas de acciones clase ‘C’ y ‘E’ efectuada el 2 de noviembre de 1976 ad referéndum de la aprobación judicial”, afirmó Rafecas y advirtió que “en esa ocasión, la operación pudo realizarse porque el paquete de las acciones se vendió simultáneamente con un importante paquete de acciones Clase A (cinco votos) que hicieron los mismos compradores al señor Rafael Ianover y Galería Da Vinci SA. Esta venta total representaba para los compradores (Clarín, La Nación y La Razón) prácticamente el control de la Sociedad.”
“Apenas cinco días después, Lidia Papaleo fue detenida –remarcó Rafecas– y trasladada a Puesto Vasco, sitio en el que recordemos fue interrogada sobre la operatoria del Grupo Graiver.”
Diez días después de su detención a manos de la patota de Miguel Etchecolatz, el 24 de marzo de 1977, el asesor de menores César Hernán Cozzi Gainza pidió “recabar mayores elementos de juicio que permitan apreciar la equidad de dicha operación”. El punto es que la hija de Lidia y Graiver, María Sol, era una beba de dos meses y la viuda estaba a cargo del trámite sucesorio y los bienes de su marido muerto misteriosamente en un accidente en México.
La dictadura y sus socios civiles no pararon de acosar a sus víctimas. Había mucho dinero y poder mediático en juego. “Mientras tanto –señaló Rafecas en la página 37– conforme surge de su declaración en fecha 3 de julio de 1986 ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en fecha 4 de abril de 1977, Lidia Papaleo fue trasladada desde Puesto Vasco al Pozo de Banfield donde fue interrogada por el general Gallino”.
Gallino fue el nexo uniformado de Magnetto y Mitre en el caso Papel Prensa.
El Ceo de Clarín ya no lo puede negar. No lo dicen los periodistas. Lo dice la justicia que investiga un delito cuya pena es la cárcel.
[Fuente: Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso, Tiempo Argentino, Bs As, 05ago11]
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