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19sep10
Piden al Tribunal Superior archivos de la dictadura
La Justicia Federal quiere que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia abra sus archivos para determinar si se conservan en ese ámbito antecedentes sobre hábeas corpus presentados por familiares de las víctimas de la represión en Córdoba durante la dictadura militar.
La petición ha sido elevada por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano al juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena. Ambos tramitan la llamada "causa de los magistrados", que investiga la presunta connivencia de funcionarios judiciales con los represores.
En ese expediente están imputados el ex juez Miguel Ángel Puga, y los ex fiscales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo, todos del fuero federal. Además, otros ex y actuales jueces y agentes judiciales han quedado en una situación incómoda en función de los testimonios que han dejado algunos de los procesados en el juicio que se ventila en Córdoba con Jorge Rafael Videla.
Vidal Lascano comentó que por ahora se intenta hurgar archivos referidos a las 31 víctimas que tiene este juicio por los crímenes en la Cárcel Penitenciaria de barrio San Martín (UP1); pero luego se ampliará el rastreo sobre otros expedientes.
¿Qué se busca que pueda esclarecer el pasado y, a la vez, complicar a funcionarios judiciales de la provincia durante los años de plomo? En particular hábeas corpus presentados en aquella época por parte de los familiares de los presos políticos, que recurrían, casi siempre sin éxito, a distintos organismos judiciales para buscar información sobre sus seres queridos.
"Los hábeas corpus se presentaban tanto en la Justicia Federal como en la provincial, y queremos saber si existen y qué se hizo; por eso se ha pedido al juez de La Rioja que solicite esa información al Tribunal Superior", comentó un colaborador de Vidal Lascano.
Herramienta legal. El hábeas corpus es una herramienta jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, "con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias". Se basa en la "obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto", señala la normativa.
Por los casos de arrestos y secuestros que se operaban durante la dictadura se cree que se presentaron amparos en oficinas federales y de la Justicia provincial. Cuando se desconoce el paradero de un individuo, el juez que tramita el hábeas corpus tiene la obligación de librar un oficio a organismos competentes, como policías y fuerzas de seguridad.
"En Tribunales provinciales hay muchos hábeas corpus por estas causas. Hay que ver qué jueces los recibieron y qué se hizo", dijo una fuente judicial.
Cautela en el TSJ. Desde el Tribunal Superior, un vocero precisó que no han recibido aún la petición de Herrera Piedrabuena, pero que cuando ello suceda "será respondida oficialmente". Sin embargo recordó que existe una acordada del alto tribunal que regula el acceso a los archivos judiciales a organismos de derechos humanos; y mencionó al respecto investigaciones que viene haciendo la agrupación Hijos.
Comentó que "no se han destruido archivos" de la dictadura y que la documentación sobre hábeas corpus también puede estar clasificada junto a documentación de la época.
[Fuente: Por Carlos Paillet, La Voz del Interior, Córdoba, 19sep10]
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