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25jun06
Piden la anulación del indulto que beneficia a Martínez de Hoz.
Primero fue un pedido expreso de Néstor Kirchner, que, en su discurso por el trigésimo aniversario del último golpe de Estado, le reclamó "a la Justicia" que se pusiera a trabajar en el asunto. A las dos semanas, en la misma línea, desde la Procuración General se sugirió que había causas sobre violaciones a los derechos humanos que marchaban demasiado lento. Y ahora, el Gobierno tradujo su ofensiva en una presentación concreta: por primera vez planteó en una causa judicial que se declaren inconstitucionales tres de los indultos dictados por Carlos Menem.
Son los que favorecieron al ex dictador Jorge Rafael Videla; a su primer ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y al de Interior, Albano Eduardo Harguindeguy. Los tres estuvieron procesados por el secuestro de dos empresarios entre 1976 y 1977. Pero la investigación en su contra se frenó en 1990, con los respectivos decretos de perdón.
El pedido del Gobierno se materializó con un extenso escrito presentado en el mismo juzgado donde tramitó esa causa: el federal número 5 de la Capital Federal, entonces a cargo de Martín Irurzun y hoy, de Norberto Oyarbide. La presentación se realizó el jueves último con la firma del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, según confirmaron fuentes judiciales.
El sumario -"Martínez de Hoz, José y otros s/art. 170 CP"- estuvo archivado por 16 años. Como ya adelantó Clarín, dos organismos de derechos humanos le solicitaron al juez a fines de abril que lo reabriera y siguiera investigando a Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy. Antes de resolver, Oyarbide está pidiendo opiniones a las partes. El Gobierno pudo decir lo suyo porque la secretaría de Derechos Humanos fue admitida como querellante.
El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, había instruido a Duhalde en ese sentido el 5 de junio. "Queda justificado plenamente atento la magnitud del plan criminal" de la dictadura, escribió. La secretaría también fue admitida como parte en otros casos, en varios puntos del país.
Kirchner ha tomado los derechos humanos como un eje de su gestión. La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dispuesta por el Congreso en 2003, permitió que se reactivaran todos los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. En cambio, después de varias idas y vueltas, el Gobierno evitó impulsar una norma similar respecto de los indultos, lo mismo que derogarlos con nuevos decretos.
Prefirió dejarle esa tarea a los jueces, como se encargó de recordar Kirchner en su discurso del Colegio Militar, el 24 de marzo pasado. Jueces de primera instancia y Cámaras Federales ya los declararon inconstitucionales; falta que lo haga la Cámara Nacional de Casación para que la Corte Suprema pueda dar su palabra definitiva. El criterio que prima es que estos delitos son imprescriptibles y, en consecuencia, no admiten disculpa de ninguna naturaleza.
El expediente que el Gobierno eligió para volver a la carga con su mensaje tiene por protagonistas a los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim, padre e hijo. En 1976, ambos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo para obligarlos a que su empresa -productora de algodón- cumpliera con un contrato de exportación que le permitiría a Martínez de Hoz hacer un negocio con Hong Kong.
En 1988, el ministro que cuadruplicó la deuda externa y destrozó la industria nacional llegó a estar preso 77 días por este episodio; para Videla, dos fiscales alcanzaron a pedir 10 años de prisión. Sin embargo, mediante sendos decretos, los tres fueron perdonados por Menem.
El fiscal al que le tocó intervenir, Federico Delgado, opinó que la causa "Martínez de Hoz" no debe reabrirse porque, si se hiciera, se violaría un principio penal que manda que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, coincidió respecto de Videla, porque ya fue acusado, pero pidió avanzar sobre Martínez de Hoz y Harguindeguy.
El Gobierno fue a fondo. En coincidencia con la Asociación de ex Desaparecidos y la Liga por los Derechos del Hombre, los primeros en exigir la reapertura del caso, Duhalde le pidió a Oyarbide que dejara sin efectos los tres indultos, sin distinciones.
Esta semana, fijarán su posición las defensas. Videla y Harguindeguy ya están presos por el robo de bebés de hijos de desaparecidos; Martínez de Hoz aún permanece libre. El juez declararía las inconstitucionalidades antes de la feria de julio.
El caso Gutheim.
Federico Gutheim y su hijo, Miguel Ernesto, fueron arrestados a disposición del Poder Ejecutivo el 5 de noviembre de 1976. El decreto correspondiente llevó el número 2.840. Lo firmaron el entonces presidente de facto, Jorge Videla, y sus ministros José Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy. Los considerandos son una muestra de cómo razonaba la dictadura: hablaron de "una primordial responsabilidad de Gobierno consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República".
En nombre de esos intereses, los Gutheim fueron detenidos por fuerzas del Ejército. Pasaron 5 meses cautivos. Eran dueños de la algodonera Sadeco SA; se pretendía que la firma cumpliera unos contratos en Hong Kong para que el ministerio de Economía pudiera avanzar sobre esos mercados.
De acuerdo a constancias del expediente judicial, el juzgado federal número 2 rechazó los hábeas corpus que se presentaron en su favor de los Gutheim. Padre e hijo pasaron por la alcaidía del Departamento de Policía y por la cárcel de Caseros. Aun presos, tuvieron reuniones con funcionarios que trataron de convencerlos de que cerraran ese negocio. El 6 de abril de 1977, los dejaron en libertad: otro decreto.
A los tres ex funcionarios de la dictadura se les dictó la prisión preventiva por este hecho. Videla y Harguindeguy ya estaban detenidos; para Martínez de Hoz —que nunca sufrió persecuciones penales— fue la primera vez.
En marzo de 1990, el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, pidió 10 años de cárcel para Videla, lo mismo que la fiscal Livia Pombo por el delito de secuestro extorsivo. Ese año los Gutheim consiguieron una indemnización del Estado por 80 millones de australes. Y en diciembre, Carlos Menem los indultó a los tres.
Martínez de Hoz, de 80 años, el mes pasado sufrió un escrache en su casa. Harguindeguy (78) era su compañero de safaris en el Africa. Igual que Videla (81), goza de arresto domiciliario.
En la Corte ya hay consenso para anular los indultos.
Aunque los planteos por la validez de los indultos están en la Cámara de Casación penal, entre los jueces de la Corte Suprema ya hay consenso para confirmar que son inconstitucionales —como dispusieron instancias anteriores— en los casos en los que el indulto haya beneficiado a responsables de delitos de lesa humanidad. Es decir, que involucren a ex miembros del Estado autores de genocidio.
La Corte había evitado pronunciarse el año pasado, porque entendió que debía ser la Cámara de Casación penal la que se opinara primero sobre la validez de los indultos. Lo dispuso en causas donde se cuestionaba el decreto 1002/89, firmado por el ex presidente Carlos Menem, que benefició al general Santiago Omar Riveros y a otros ex militares de la dictadura.
Aunque los tiempos de la Justicia son más lentos, la definición que el 24 de marzo reclamó el presidente Kirchner, en el 30 aniversario del golpe, avanza sobre un terreno seguro. Es porque en la Corte ya resolvieron que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y quedan al margen de los indultos.
Estos preceptos figuran en la mayoría de los votos de los siete jueces que, en junio pasado, firmaron el "caso Simón", un represor de los años 70 que había sido beneficiado por las leyes del perdón. A excepción de Antonio Boggiano, quien fue destituido aunque su caso está a estudio de una Corte de conjueces, los otros seis están en la Corte: Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, y los cuatro designados por el presidente Kirchner: Eugenio Zaffaroni, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay.
En 2004, la Corte ya había declarado imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad en la causa por el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats, en 1974.
Este camino que transitó la Corte en el ámbito de los derechos humanos le puso un marco de tranquilidad a una inquietud del Gobierno: que el tribunal dispusiera la nulidad completa de los decretos de Menem, incluyendo a los civiles que estuvieron involucrados en causas judiciales por hechos violentos de aquellos años. Es el caso del diputado Miguel Bonasso y Graciela Daleo.
En estos días, la Corte discute sobre el alcance de los delitos de lesa humanidad pero en otro caso: el del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires. Ocurre que el 17 de marzo del año que viene se cumplen 15 años desde el ataque terrorista —atribuido a la organización proiraní Hezbollah— y la causa podría prescribir. Por eso desde algunos sectores se llegó a insinuar que el ataque a la Embajada podía ser considerado imprescriptible. En la Corte, según fuentes del tribunal, algunos jueces fueron categóricos: la calificación de "lesa humanidad" sólo corresponde a delitos cometidos por miembros del Estado.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 25jun06]
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