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21oct12
El gobierno ordenó evacuar a la tripulación de la Fragata Libertad
La presidenta Cristina Fernández ordenó ayer la evacuación de la Fragata Libertad, retenida desde el 2 de octubre en Ghana por un juez que atendió un reclamo de fondos buitre. Sólo quedarán a bordo el capitán y una pequeña comisión. La decisión se tomó porque el magistrado impidió la provisión de combustible a la embarcación, lo que impide el funcionamiento de sus generadores de energía y deja sin efecto el sistema de lucha contra incendios; y recomendó la negociación con los fondos que hicieron la presentación. El canciller Héctor Timerman anunció que, por indicación de la jefa de Estado, el próximo lunes, a las diez de la mañana, se reunirá con el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (que este mes está encabezado por Guatemala).
La detención de la Fragata Libertad ya generó dos frentes de conflicto. Por un lado, las responsabilidades internas: que se cobraron bajas en la cúpula de la Armada. Por el otro, el frente externo: el gobierno intentó empujar al gobierno ghanés a que tomara el asunto en sus manos (y desautorizara al juez). Pero no hubo caso.
El canciller, que 24 horas antes había responsabilizado al gobierno africano y advertido de la posibilidad de apelar a la ONU, leyó ayer por la tarde el comunicado en Casa Rosada. "El fallo de la justicia de Ghana que ordena la detención de la Fragata Libertad no sólo es violatorio de los Tratados Internacionales que obligan a la República de Ghana a garantizar la inmunidad de los buques de guerra sino que además ha colocado en riesgo los Derechos Humanos de los 326 tripulantes que se encuentran a bordo, entre ellos ciudadanos de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Sudáfrica", indicó el ministro de Relaciones Exteriores.
Y, acto seguido, detalló que, en su sentencia, el juez prohibió la provisión de combustible a la fragata. "Esta prohibición impediría el funcionamiento de los generadores de energía que a su vez abastecen la cocina, cámaras frigoríficas que preservan los alimentos, baños, duchas, agua corriente y luz eléctrica. Aún más grave es que el desabastecimiento de combustible dejaría sin efecto el sistema de lucha contra incendios, las bombas de achique si se inunda el barco e impide el control de averías", denunció.
Timerman también señaló al juez como responsable de haber viabilizado un acto de piratería por parte de los fondos buitre. "La única respuesta del juez ante el pedido argentino que contemple las posibilidades de una tragedia y la imposibilidad de contar con los elementos básicos de todo ser humano fue que lleguemos a un acuerdo con el fondo buitre que ha presentado la demanda.
Queda claro, entonces, la intención del magistrado de obligar a un país soberano a negociar con una entidad dedicada a la piratería financiera desde su guarida fiscal en el Caribe. Esa opción, como se dijo ayer, es la única inaceptable para la Argentina", lo acusó.
Para el gobierno argentino, la actitud del Poder Judicial de Ghana deja en evidencia "el verdadero trasfondo de la operación". "Un acto que prima facie" parecía un embargo comercial, se le ha caído la careta y deja ver el verdadero rostro del poder de los fondos buitre que desde sus guaridas fiscales organizan un ataque que no es ni más ni menos que un secuestro, una extorsión y un acto de piratería contra un país soberano, miembro fundador de las Naciones Unidas y de reconocida participación en innumerables misiones de paz en los cinco continentes", dijo Timerman.
La decisión de la presidenta, ante ese panorama, fue evacuar a la totalidad de los tripulantes a fin de preservar su integridad y dignidad, a excepción del Capitán y una dotación mínima para atender a la Fragata mientras permanezca detenida en el puerto. A su vez, el gobierno argentino anunció que "hace responsable al gobierno ghanés de todo y cada uno de los daños que sufra la Fragata Libertad hasta su liberación y de todos los perjuicios ocasionados".
Cristina Fernández también definió la apelación ante las Naciones Unidas, primero ante el Consejo de Seguridad, pero también ante "todas aquellas comisiones que tratan las violaciones a los derechos humanos, los tratados internacionales y los delitos financieros".
[Fuente: Tiempo Argentino, Bs As, 21oct12]
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