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04oct12
El gobierno revirtió los descuentos, y abrió un canal de negociación
El conflicto más grave que vivió el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández ingresó ayer en su segundo día sin atisbos de resolución a pesar de dos fuertes decisiones anunciadas por la Casa Rosada. Primero fue el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el tercer hombre más importante del Ejecutivo, quien intentó tranquilizar a los efectivos de Gendarmería y Prefectura asegurándoles que en septiembre cobrarán "lo mismo que el mes anterior". Abal Medina cargó las culpas sobre la conducción de la Prefectura, a la que responsabilizó por graves errores en la liquidación de haberes y una aplicación "desastrosa" del Decreto 1307/2012. "Habrá por única vez un pago compensatorio para los que cobren menos de 12.500 pesos, es decir, el 90% de la fuerza", adelantó Abal Medina.
También informó que, tras este episodio, la tarea de liquidar los sueldos del personal de las fuerzas estará a cargo del Ministerio de Economía. El otro anuncio del Ejecutivo, anticipado por Tiempo Argentino, fue la remoción de las jefaturas de Gendarmería y Prefectura, el pase a retiro de diez oficiales jerárquicos por fuerza y el remplazo por nuevas autoridades.
El relevo de las cúpulas fue informado en rueda de prensa por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, acompañada por el secretario de la cartera, Sergio Berni. En Gendarmería, el comandante general Enrique Zach fue designado en remplazo de Héctor Schenone. En Prefectura, el prefecto Luis Alberto Heiler remplazó a Oscar Arce. Los jefes salientes fueron pasados a retiro junto a otros oficiales superiores de cada fuerza.
Por la noche, después de las 22 y tras varias horas de reunión con sus subordinados, el flamante comandante general de Gendarmería pareció arribar a un primer acuerdo. Las negociaciones se prolongaron hasta la medianoche, cuando los jefes Heiler y Zach lograron el primer acercamiento con un grupo mixto de prefectos y gendarmes. El Ministerio de Seguridad seguía con atención esa reunión conjunta, celebrada en el Edificio Guardacostas, aunque aconsejaba ser prudentes para no crear falsas expecativas. Igualmente era un primer paso.
Desde el Ministerio de Seguridad dedicaron la mayor parte del día a identificar interlocutores válidos con los que se pudiera negociar y confiar en que los acuerdos que se lograran serían aceptados por sus camaradas.
La actuación de los altos mandos de las dos instituciones en este conflicto fue observada con atención: Abal Medina dijo que la Casa Rosada investigará si hubo "un problema administrativo" o si se buscó "generar un caos usando a los (agentes) de abajo para que los de más arriba mantengan sus privilegios". "No sabemos si ese mecanismo (el Decreto 1307) tuvo algún error en su aplicación o si se usó a los de más abajo como carne de maniobra de quienes quieren cobrar salarios de 80 mil o 90 mil pesos", subrayó el jefe de Gabinete en la primera conferencia de prensa de la jornada, en la que estuvo acompañado por Garré y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Además, precisó que para restituir los recortes salariales se aplicará por única vez "un pago compensatorio para los que cobren menos de 12.500 pesos, es decir, el 90% de la fuerza". Luego, agregó, se revisará cada caso en forma individual, para hacer las correcciones que sean necesarias.
La decisión de mantener la protesta a pesar del anuncio oficial de Abal Medina alimentó las voces de alarma del oficialismo. A media tarde, mientras seguían las concentraciones en los edificios Centinela y Guardacostas, en el Ministerio de Seguridad decían que la falta de líderes representativos hacía difícil abrir una instancia de negociación con los sublevados. En relación al nuevo petitorio, los funcionarios reconocían que se trataba de malestares acumulados desde hace tiempo, que deberán ser analizados. Pero al mismo tiempo se quejaban porque los altos mandos de ambas fuerzas -tanto Gendarmería como Prefectura- no habían advertido a las autoridades civiles sobre la complejidad de las demandas.
El descontento con la jefatura de ambas fuerzas, a la que atribuyen la "desastrosa liquidación" de los haberes de septiembre, explica por qué una de las primeras decisiones fue desafectar a 20 oficiales jerárquicos de Prefectura y Gendarmería. Las dos cúpulas en forma completa.
Mientras la protesta no daba señales de ceder -y sumaba a otros sectores, como un grupo de suboficiales de la Armada- desde casi todos los sectores políticos vinculados al oficialismo y a la oposición se reclamó a los gendarmes y prefectos subordinación a las autoridades democráticas y apego a la Constitución Nacional.
Pasadas las 19, los gendarmes mantenían la protesta sin ningún atisbo de que fueran a regresar al servicio para que la negociación siguiera por otros carriles. En una improvisada asamblea en el acceso al edificio Centinela, uno de los oradores -que se identificó como "cabo Ateneo" -se animó a poner un ultimátum a Garré y a la propia jefa de Estado. "Le damos a la presidenta de la Nación y a la ministra de Seguridad dos horas para que alguien se presente acá y dé una solución. Si no vienen en dos horas, tomaremos otras medidas. Siempre pacíficas, pero no vamos a esperar más", advirtió.
Un grupo de efectivos logró sumar el apoyo de Hugo Moyano, de la CGT Azopardo. El camionero los recibió en secreto por la tarde en el edificio de la central obrera, les transmitió su solidaridad y cargó duro contra la presidenta. "Esto demuestra la descomposición en todos los órdenes que está ocurriendo en el país", atizó Moyano.
Por el contrario, el flamante titular de la CGT, Antonio Caló, y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, justificaron los reclamos salariales pero cuestionaron el método de reclamo de los efectivos de ambas fuerzas.
Ya entrada la noche, los gendarmes seguían intransigentes con los siete puntos del nuevo petitorio. El reclamo consistía en un salario básico de 7000 pesos en mano; el establecimiento de un nuevo escalafón que contemple las jerarquías; incorporación a una ART; libre elección de la obra social; garantías de que no habrá represalias para los participantes en la protesta, y -en un punto que contradice un fallo de la Corte Suprema, la resolución de la causa "Zanotti"- el mantenimiento de las medidas cautelares que benefician al personal en actividad, retirados y pensionados.
Al cierre de esta edición, como resultado de la reunión conjunta que se realizaba en el Edificio Guardacostas, se estaba cerca de un acuerdo que incluyera la creación de una comisión de suboficiales para dialogar con los altos mandos y el compromiso de que no habrá represalias con los que participaron de la protesta.
[Fuente: Tiempo Argentino, Bs As, 04oct12]
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