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06may06
Defensa pide a la Justicia que mande a los militares a cárceles comunes.
El Ministerio de Defensa pedirá a los jueces federales que los militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura sean alojados en cárceles comunes, no más en bases navales y regimientos del Ejército, como sucede en algunos casos.
La ministra Nilda Garré firmó ayer una resolución en este sentido, basada —según se informó oficialmente— en que los delitos que se imputan no se enmarcan en el Código Militar, sino en el Penal, y en que mantener a los militares bajo la custodia de sus camaradas implicaría concederles "un régimen privilegiado".
Mediante la resolución 444/06, Garré instruyó a la dirección de Asuntos Jurídicos de su ministerio para que "inste las presentaciones que correspondan ante las autoridades jurisdiccionales (jueces) y del Ministerio Público (fiscales)". Pero como la cartera de Defensa no es parte en estos expedientes, una solicitud así tendrá el valor de una mera recomendación no vinculante, que de todos modos es suficiente para caer mal en sectores castrenses.
Los militares detenidos en distintos edificios del Ejército y la Armada son unos 20, entre los aproximadamente 220 que están presos en todo el país por crímenes de lesa humanidad. El resto, por ser mayores de 70 años, goza de prisión domiciliaria.
El caso más cuestionado es el del ex capitán Alfredo Astiz, procesado por homicidios, desapariciones y torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). A pesar de que se le quitó —por decreto— su condición de militar, está alojado en una base naval de Zárate. Esta semana, se supo que la Cámara Federal porteña dispuso que Astiz deje de ser custodiado por otros marinos y que de su cuidado se ocupe el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del ministerio de Justicia.
La Sala II de la Cámara entendió que lo contrario significaría "una improcedente asignación de tareas", porque la función de los militares no es controlar presos, ni esta misión está enumerada en la ley de Seguridad Interior. Sin embargo, los camaristas rechazaron el pedido de los familiares de las víctimas para que —por la misma razón— Astiz y otros marinos dejen de estar presos en lugares que tampoco fueron ideados para ese fin.
En la megacausa ESMA, a cargo del juez Sergio Torres, hay nueve casos como el de Astiz. En la del Primer Cuerpo del Ejército, que lleva Daniel Rafecas, sólo uno; lo mismo en la de la contraofensiva montonera de 1980, del juzgado de Ariel Lijo. Los demás militares presos en regimientos se reparten en Córdoba, donde se investigan los crímenes del Tercer Cuerpo, y Chaco, por la masacre de Margarita Belén.
En Tribunales, argumentan que si trasladaran a personajes como Astiz a cárceles comunes, pondrían en riesgo su integridad física teniendo en cuenta posibles represalias de otros presos. "Nuestra misión es preparar la causa íntegra para que el juicio se pueda hacer normalmente", sostuvo ayer uno de los jueces consultados por Clarín.
Este diario reveló el año pasado que el Gobierno planea abrir una sección para militares en la cárcel de Marcos Paz. Pero el proyecto está lejos de concretarse.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 06may06]
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