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02oct06
La dictadura de Santa Elena adeuda respuestas: persecuciones, muertes dudosas, robo y pobreza endémica
La situación del periodista Carlos Furman es insostenible. Pero se trata sólo de una muestra de lo que se vive en la ciudad entrerriana. Las entrevistas con dirigentes de entidades sociales deja al descubierto el accionar mafioso.
En la ciudad de Santa Elena, un periodista que ejerce su trabajo, que rechaza el dinero circulante para la compra de conciencias, que no apela a los golpes bajos de la difamación, que considera a su espacio mediático como canal para los sectores que no tienen cabida en medios paraoficiales, vive en Libertad.
Libertad es el nombre del hotel en el que ese periodista gasta sus horas encerrado para su propia seguridad. Es que en Santa Elena, el grotesco se permite dejar lugar a la paradoja, a la cruel ironía. Y la ironía va de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba: en el glosario urbano, por caso, shopping se le llama al volcadero que provee de basura orgánica y putrefacta con la que muchas familias hacen la parodia del almuerzo y la cena, llevándose los desperdicios al estómago. El envenenamiento silencioso y prolongado evita a muchos morir de hambre.
La reiterada situación de hostigamiento, golpizas y atentados diversos hacia el periodista Carlos Furman, ha motivado la atención de colegas de la capital provincial, que el viernes último viajaron hacia Santa Elena. Paralelamente, la delegada entrerriana del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Cristina Ponce, tuvo el mismo destino y mantenía las mismas entrevistas destinadas a conocer el trasfondo del problema.
La situación de Furman –varias veces denunciada en este y otros medios de la provincia– no es más (ni menos) que una muestra puntual de una situación política y social que colisiona de lleno contra el estado de derecho. En Santa Elena se vive una dictadura.
En un país que tiene el dramático antecedente de la tiranía en su historia reciente, con 30 mil desaparecidos, torturados, expoliados, robados y un Estado puesto de rodillas para hacerle más fácil el tiro de gracia al menemismo posterior, no es poca cosa hablar de dictadura. Llamar así a lo que no alcance esa categoría podría generar una situación rayana en la imprudencia, está claro.
¿Pero cómo se debe denominar a lo que se vive en Santa Elena? Para repasar: el intendente de esa ciudad está condenado por robar dineros públicos en su paso por el cargo de vicegobernador y por quedarse con dineros privados gestionados para campañas políticas. Sin embargo, Domingo Daniel Rossi sigue en su cargo, persiguiendo a quien no quiera digerir la historia oficial que se inventó para justificar su permanencia.
En Santa Elena, todo está atravesado por punteros políticos que Rossi utiliza para su provecho pagando con dineros públicos. El Estado se llama Domingo Daniel Rossi, y quien no quiera entenderlo, no podrá ir al hospital, no podrá pensar en ocupar un cargo en la administración municipal ni provincial, no podrá caminar por las calles, como le pasa a Furman.
A los regímenes militares y fascistas le costó un poco más de creatividad la tarea encarada al momento de generar la propaganda desorientadora puesta al servicio del crimen. En Santa Elena basta con que un matón amenace por radio, que desparrame injurias de la gente para lograr quebrar su dignidad apelando a palabras viles, soeces, repugnantes. Detrás de eso está el condenado Domingo Daniel Rossi, a quien la Justicia le ordenó que devuelva el dinero robado cuando fue vicegobernador en la segunda gestión de Jorge Busti.
En el extremo más reciente de una larga cadena de hechos, Furman fue objeto de hostigamiento mediante un anónimo que se encargaron de tirar en el breve recorrido que se le permite hacer diariamente. "Año Nuevo Judío: muerte a Carlos Furman. Andate hijo de puta", dicen los anónimos en los que aparece dibujada una cruz esvástica.
Antes, fue un par de golpizas por parte de punteros del intendente condenado, y tres balazos contra la vivienda que alquilaba. A eso debe sumársele la permanente ofensiva verbal que recibe por parte de la patota oficial, que no se siente amedrentada por la custodia policial que sigue a todos lados al periodista.
Para emparentar más aún a un sistema dictatorial con miedos omnipresentes, quienes simpatizan con el periodista deben tomar sus recaudos. Los saludos en la vía pública son camuflados con un leve movimiento de cabeza, y los mensajes de adhesión son tan crípticos que hay que saber entender las entrelíneas. En medio de insultos que se canalizan a micrófono abierto, no faltan quienes se solidarizan con el conductor radial en el más absoluto anonimato y con voz disfrazada. ¡Si eso no es una dictadura!
La jornada para un periodista amenazado
Cuando Furman no se encuentra encerrado en el hotel Libertad, está en la radio o en lo que él llama con familiaridad el corralón. O bien está de camino hacia esos lugares, siempre con la custodia policial.
Algunas veces se traslada en patrullero; otras, caminando con el uniformado inseparable o en la moto particular del custodio. Si el periodista quisiera salir de su habitación –en la que se refugia antes de que desaparezca el sol– para transitar sin custodia, se arriesga al reto propio de quien transgrede una norma. La misma Policía se encarga de localizarlo y reprenderlo, con el pretendido derecho que otorga que le hayan dado en custodia la vida del periodista.
Resulta conmocionante escuchar a Furman explicar qué es eso del corralón. "Es el lugar donde puedo esparcirme", dice con naturalidad. Allí el hombre se siente libre, en un espacio descubierto pero encerrado, sin policías y con alguna extensión que le permite caminar. Es como el recreo del preso.
La situación sostenida ha afectado la vida cotidiana de Furman, mucho más allá de su libertad. Hoy, no puede ir al hospital público sin ser objeto de amenazas y atropellos, porque eso también es dominio de Rossi. Allí, el superintendente del establecimiento es el mismo que difama con lengua envenenada y mentalidad putrefacta.
Es que en la pauperizada Santa Elena sobra mano de obra de personas a las que se les ha negado la condición de ciudadanos, dispuestas a llevar a cada recodo del Estado el ojo vigilante del mandamás y sus amenazas.
El grupo de periodistas que viajó este viernes hasta Santa Elena –entre los que se encontraban Antonio Tardelli y el corresponsal de La Nación, Tirso Fiorotto, además de quien esto escribe–, pudo escuchar directamente de una docena de dirigentes de entidades una descripción que habla de un verdadero drama donde Furman es sólo una más de las víctimas. Se recogieron testimonios de docentes, trabajadores estatales, municipales, dirigentes barriales, pastageros, cooperativistas, militantes políticos. Todos, sin excepción, hablaron de que el periodista ejerce su profesión y por eso es víctima de la persecución. Que su espacio radial –con el inmenso apoyo de los propietarios del medio– es un lugar donde se pueden canalizar las inquietudes sociales.
Hubo, ante la pregunta directa de los periodistas paranaenses, un respaldo a Furman, y estamos hablando de una docena de entidades representantivas que sueñan con el día de recuperar la soberanía de sus vidas.
Un trasfondo con historias negras
El diálogo con esos dirigentes de un arco multisectorial permitió mucho más que confirmar la situación del periodista amenazado. También fue el ámbito donde fluyeron historias verdaderamente impresionantes.
Se habló de muertes dudosas, de desapariciones de dirigentes que manifestaron su oposición al régimen de Rossi. De las dudas que dejó sembrada en la silenciada sociedad santaelenense la muerte de un detenido al que se le habría negado atención hospitalaria. Del miedo que generó el extraño deceso, en medio del río, de una persona que era mal vista por los ojos oficiales. ¡De esto se habla por lo bajo en Santa Elena!
El despido de personal en los tres principales establecimientos públicos de salud es una consecuencia directa de que los tentáculos del intendente están dispuestos a marcar como zona propia los espacios públicos, aunque sean de la órbita provincial.
Al fin y al cabo, en la lógica de un intendente condenado por corrupción quizás esté la idea de legitimación de poder, a juzgar por hechos recientes. Cada día que pasa en su cargo, Rossi es blanqueado por el poder provincial (llámese político, judicial, legislativo).
Rossi ganó cuando hizo una interpretación ridícula del fallo que lo condena por enriquecimiento ilícito y decidió continuar en su cargo.
Rossi ganó cuando logró que el oficialismo provincial adecuara la Ley 3.001 (que rige el funcionamiento de los municipios entrerrianos) para que pueda seguir en el cargo pese a estar condenado. Hasta entonces no podía seguir siendo intendente aun si sólo estuviera procesado.
Rossi ganó cuando vio el modo en que su allegado Emilio Castrillón se convirtió en las últimas horas en juez del Superior Tribunal de Justicia. Este diputado que encabeza la bancada oficial –que en su momento se sumó al pedido de impunidad de Rossi para que lo desprocesen– está a horas de jurar como vocal del máximo tribunal judicial entrerriano.
Rossi ganó cuando consiguió que el oficialismo acogiera su respaldo al candidato oficial y se sumara al proyecto político ideado por el actual gobernador Jorge Busti para 2007.
Rossi ganó cuando hizo posible que el empresario Sergio Taselli prolongara el proceso de expoliación de los bienes públicos del ex frigorífico Santa Elena, traficando con la ilusión de los desocupados y dejando a la deriva los proyectos cooperativos, para lo cual recibió el respaldo de la Provincia y la Nación.
En fin, a Rossi le cuesta poco ganar incluso una elección a partir de haber logrado saltar los límites que impone la legalidad. Manejando los recursos y la discrecionalidad para utilizarlos como castigo o premio, quebrantando las voluntades, negando derechos de ciudadanos. Todo eso permitido a partir de que Santa Elena pasó de ser una ciudad fabril –modelo en Latinoamérica– a ser la meca de los bolsones y planes asistenciales que la dirigencia política moderna reinventó para otorgar graciosamente, siempre a cambio de que la gente renuncie a su condición de sujeto de derechos.
Fue en Santa Elena donde Carlos Menem prometió que faltarían brazos para trabajar, como cínico preludio de la desocupación y sus consecuencias: delincuencia, promiscuidad, prostitución infantil, desnutrición. Y Rossi estaba en el palco, aplaudiendo.
El 30 de noviembre de 1993 fue la última jornada laboral en ese frigorífico que daba trabajo a todo el pueblo. El 3 de septiembre del año anterior se había producido la última faena. Hubo reparto de millones de dólares de propiedad pública a empresarios que nunca cumplieron su promesa de reabrir la fábrica y que, en cambio, se llevaron bienes y cuota Hilton a otras firmas suyas, lejos de esta provincia.
Entre Ríos perdía una usina generadora de puestos laborales directos e indirectos, pero la mafia ganaba un territorio abonado donde enriquecerse y conseguir votos para sostenerse en lo que entienden por poder. Es decir en la impunidad.
[Fuente: Por Jorge Riani, Cronista Digital, Paraná, Entre Ríos, Arg, 02oct06]
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