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04ene08
Dictan prisión preventiva a dos prefectos por homicidio en el Caso Febres y amenazan a la jueza del caso
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, impuso anoche prisión preventiva a los prefectos Angel Volpi, quien ayer pidió ser indagado, y Rubén Iglesias por el "homicidio triplemente agravado por concurso de dos o más personas" del ex represor de la ESMA Héctor Febres, que se produjo el 10 de diciembre. En tanto, la jueza procesó por "encubrimiento agravado" a la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, y a los hijos Héctor Ariel y Sonia Marcela, pero recuperarán su libertad , tras haber estado presos desde el hallazgo del cuerpo del represor en dependencias de la Prefectura Naval, donde estaba preso por violaciones a los derechos humanos.
Así lo informaron a medianoche voceros judiciales que precisaron que la demora de la jueza se debió a la sorpresiva decisión de Volpi de ser indagado ayer por la tarde. El planteo fue hecho por quien estaba a cargo de la custodia de Febres, Angel Volpi, ante la jueza Arroyo Salgado.
La magistrada había hecho trasladar a los cinco detenidos (dos prefectos y tres familiares de Febres) para comunicarles si los procesaba o no por la muerte del represor. Ayer le vencía el plazo para definir la situación procesal de todos ellos.
Luego de esperar casi dos horas la audiencia con la jueza, una vez frente a ella, Volpi pidió declarar, algo que hasta ahora no había hecho en la causa. Esa fue la primera sorpresa. Pero luego hubo otra. Puso como condición que le llevaran un médico del Cuerpo Médico Forense porque es diabético y cardíaco y temía sufrir algún tipo de descompensación por los nervios. El pedido obligó a demorar la lectura de la resolución de la magistrada. Volpi era justamente el detenido que en peores condiciones llegaba a esta instancia. No sólo porque era el encargado directo de la custodia del represor sino porque fue quien cenó con él la noche previa al hallazgo de su cadáver.
Febres apareció muerto la mañana del 10 de diciembre. La autopsia reveló que había ingerido cianuro. El viernes 14 de diciembre Febres debía escuchar el veredicto de la Justicia en la primera causa que llegó a juicio por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) tras la anulación de las "leyes del perdón". Y se descontaba que sería condenado por secuestros y torturas.
La jueza se topó en la investigación del crimen con diversas irregularidades en las condiciones en las que Febres cumplía su prisión preventiva en la sede de la Zona Delta de Prefectura, en el Tigre. Al parecer, esas pruebas alcanzaron –tal como adelantó ayer Clarín – para procesar a los prefectos con el cargo de homicidio triplemente agravado por concurso de dos o más personas.
La viuda y sus hijos quedaron libres, pero procesados con el cargo de encubrimiento agravado por el vínculo.
Amenazaron a la jueza
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que investiga la muerte del ex represor Héctor Febres, recibió una carta intimidatoria en la que la amenazaban con iniciarle un juicio político para destituirla y que contenía epítetos agraviantes contra su persona.
La nota, escrita a máquina, había sido enviada desde La Plata y está firmada con el nombre de un empresario bodeguero mendocino, que, según se comprobó, es ajeno a la intimidación. A raíz del incidente, se abrió una causa en el juzgado a cargo de Conrado Bergesio, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales.
En la carta se mencionaba su pasado como defensora oficial, se descalificaba su actuación judicial y se la amenazaba con hacer lo posible para destituirla.
Esta es la segunda intimidación a la magistrada, que el año pasado recibió en su despacho una caja con un pájaro muerto en su interior.
[Fuente: Clarin y La Nación, Bs As, Arg, 04ene08]
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