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16dic07
Los familiares de Febres rechazaron ante la justicia las acusaciones por el envenenamiento
La viuda y los hijos del subprefecto acusado de crímenes durante la dictadura Héctor Febres, que el lunes último fue hallado sin vida en su celda, negaron ayer ante la Justicia cualquier participación en su muerte. En tanto, el Gobierno vinculó el episodio con "un mensaje para que no se hable".
Después de varias demoras, al cierre de esta edición declaraban la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, y sus hijos, Héctor Ariel y Sonia Marcela, quienes, según habían adelantado sus abogados, iban a negar cualquier participación en la muerte del subprefecto.
Los tres fueron detenidos anteayer por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación. La magistrada busca saber si alguno de ellos le suministró a Febres el cianuro que, según el peritaje forense, le produjo una muerte repentina por envenenamiento.
Por la misma sospecha también están detenidos el oficial responsable de su custodia y el jefe de la Prefectura Naval de la Zona Delta, prefecto mayor Rubén Amado Iglesias.
Fueron las últimas personas que vieron con vida a Febres el fin de semana antes de su deceso, y la Justicia procura determinar si alguno de ellos le dio el veneno o colaboró para que lo ingiriera.
La voz oficial
Mientras la causa sigue su marcha, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo ayer que su muerte es un mensaje para frenar los procesos abiertos en tribunales por crímenes cometidos durante la dictadura.
"Tengo claro que es un mensaje para que no se hable, que no se sepa y que no se juzgue", dijo Fernández en declaraciones radiales. Y agregó que el hecho "evidencia que hay una Argentina que no tolera la revisión del pasado y el castigo a los responsables" de los delitos cometidos en ese período.
Fernández expresó sus sospechas porque Febres apareció muerto en su celda 4 días antes de conocerse la sentencia en el juicio que lo investigaba por presuntos secuestros y torturas a prisioneros en la Escuela de Mecánica de la Armada. Iba a ser el primer detenido que recibiera una condena por los hechos ocurridos en ese centro clandestino de detención.
Fernández pidió además que se investigara por qué "fallaron los controles" en el destacamento de la Prefectura Naval de Tigre, donde Febres estaba detenido desde 1998, y advirtió que el Gobierno está "prestando mucha atención" en torno de la investigación.
Mientras tanto, los abogados de la familia Febres se quejaron por la detención de sus defendidos y por la demora en las indagatorias.
Si bien la declaración estaba pautada para las 10 de la mañana, se pasó a las 15 y finalmente comenzó cerca de las 20, según detalló a LA NACION Martín Orozco, uno de los letrados de los Febres. El otro abogado de la familia, Claudio Casio, señaló que "es inverosímil" que sus defendidos hayan participado en la muerte de Febres, y adelantó su pedido de excarcelación.
Los Febres fueron apresados el viernes en sus domicilios y trasladados incomunicados al Palacio de Tribunales, tras determinarse que habían cenado con el subprefecto horas antes de que falleciera. Casio se quejó porque, según él, los Febres fueron detenidos e incomunicados apenas hallado el cadáver de Héctor Febres, "sin siquiera poder hacer el luto y sin entender por qué", a causa del secreto de sumario.
El abogado Rodolfo Yanzón, querellante en la causa por violaciones de los derechos humanos y en la investigación por la muerte de febres, advirtió que "hay una responsabilidad institucional, porque es imposible que se le haya dado muerte sin la venia de la Prefectura Naval y también de la Armada".
Además, ratificó que le pedirá a la presidenta Cristina Kirchner colaboración del Gobierno en el esclarecimiento del caso, y solicitará al juez federal porteño Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, el "traslado a cárceles comunes de los imputados".
[Fuente: La Naciòn, Bs As, Arg, 16dic07]
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