EQUIPO NIZKOR |
|
07ago06
Avanza un proyecto para indemnizar a exiliados políticos.
Es posible que pronto Felisa Miceli se vea intimada a balancear sus aires setentistas, comparables a los del presidente Néstor Kirchner, con su reconocido apego al control del Tesoro público.
Si prospera el apuro de los diputados oficialistas por convertir en ley la reparación monetaria de los exiliados por razones políticas en los 70, Economía deberá desembolsar en breve una suma considerable e indefinida: oscilaría entre los 2.000 y los 3.000 millones de pesos, según quien haga el cálculo.
La Comisión de Derechos Humanos dictaminó el martes, con amplia mayoría K, en favor del proyecto sancionado por el Senado en marzo del año pasado. Contempla un beneficio de 107,50 pesos por cada día de exilio forzado entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983. Podrían acceder al beneficio unas diez mil personas —por un máximo de 350 mil pesos—, siempre que prueben la persecución.
Dos solitarias voces opositoras, las de Marcela Rodríguez, del ARI, y de la radical Alicia Tate, objetaron que el resarcimiento sea equivalente a los ya otorgados a los presos políticos y los secuestrados en centros clandestinos, víctimas directas de la última dictadura. Y presentaron una contrapropuesta —avalada por sus bancadas— para que la Justicia evalúe el daño en cada caso, incluyendo al exilio interior. Es decir, los que no pudieron fugar por falta de medios. El macrismo se acoplaría a la postura.
Esas son sólo algunas aristas de la tormentosa polémica que amenaza con dispararse cuando el tema aterrice en el recinto, previo paso por la Comisión de Presupuesto, el principal obstáculo que tiene delante. De hecho, una ampliación acrítica de las reparaciones a los afectados por la represión —y que el proyecto extiende a sus hijos— provocaría irremediables desigualdades.
Podría darse que un grupo aventajado por sus contactos internacionales califique como exiliado político —exhibiendo status de asilado o refugiado— y que parte de sus beneficios sean solventados vía impuestos por una mayoría de perseguidos imposibilitados de reunir pruebas. Sin contar al resto que se quedó en el país y fue privado de derechos civiles, políticos y sociales.
Curiosamente, el plazo de vigencia del beneficio no da comienzo con el golpe militar, sino que se remonta al día en que el gobierno democrático encabezado por Isabel Perón decretó el estado de sitio.
La organización armada Montoneros —peronista— ya había pasado a la clandestinidad, alzada contra las autoridades legítimas al igual que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de orientación marxista. La ley beneficiará a los conductores de ambas guerrillas —Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Enrique Gorriarán Merlo, entre ellos— tal como a los que debieron irse por defender sus ideas por medios legales.
Otra curiosidad: el proyecto presentado por el senador salteño Marcelo López Arias, con aval del Gobierno, no encontró resistencias en la Cámara alta. Se aprobó sin debate con 38 votos a favor y la única abstención del radical Rodolfo Terragno, quien se excusó para no votar una ley que lo beneficia por haber estado en el exilio. ¿Adoptarán la misma actitud los diputados que en los años de plomo se refugiaron en el exterior?
Los abanderados del proyecto —entre ellos Remo Carlotto, hijo de la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo— muestran en su favor los cinco fallos de la Corte Suprema que equiparan al exilio forzado con el arresto en cárceles de la dictadura.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 07ago06]
 | This document has been published on 11ago06 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |