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La explicación de la anulación de la "Semana de la Memoria" en Entre Ríos es, una vez más, la fina tela de araña de la impunidad política y social.
Por Daniel Enz
Desde 1997, cada escuela de Entre Ríos tenía que dictar clases recordatorias de lo que fue el golpe de Estado de 1976, durante una semana. Era la forma de no obviar el terrorismo de Estado que, en esta provincia, asesinó a más de
100 militantes. Este año iba a ser diferente para los docentes, porque se conmemoraban 25 años del desembarco de Jorge Videla y su junta militar, para iniciar el proceso más oscuro del país. Sin embargo, no pudieron desarrollar lo que pensaban.
Cuando desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) preguntaron a las autoridades educativas de la provincia por qué en el programa del año 2001 no figuraba el esquema previsto desde 1997, para la concreción de la "Semana de la memoria" en las aulas, nadie supo responder.
Pero cuando insistieron se enteraron. Fue cuando se encontraron con el decreto número 726, fechado el 15 de marzo y firmado en el más absoluto silencio por el gobernador Sergio Montiel (Alianza), por el cual se dejó sin efecto el decreto anterior, bajo el concepto de "la necesidad de colaborar en los procesos de pacificación del país". Así se echó por tierra el decreto 538, dictado el 21 de marzo de 1997 por el entonces gobernador justicialista y actual diputado nacional, Jorge Busti, lo que impuso la "Semana de la Memoria" en las escuelas e instituciones dependientes del Consejo General de Educación.
El objetivo -lo que se concretó en las distintas actividades extracurriculares que se desarrollaron, como charlas con miembros de entidades de derechos humanos, exhibición de películas y posteriores debates- era "fortalecer la democracia y recuperar para la memoria el esfuerzo que muchos argentinos realizaron para consolidar nuestras instituciones democráticas".
En 1988, en el primer gobierno bustista, se incorporó la cátedra Derechos Humanos a la provincia, en todos los institutos superiores, pero en febrero de 1999 -es decir, la segunda gestión de Busti- se intentó eliminarla, aunque la fuerza gremial determinó que no ocurriera.
El nuevo decreto, además de Montiel, lleva la firma del ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Enrique Carbó y el secretario general de la Gobernación, Gabriel Ferro, no así del presidente del Consejo General de Educación -que tiene rango ministerial-, Celomar Argachá.
"Los fundamentos del decreto de Montiel se igualan con lo que pudieran decir cualesquiera de los dictados por las fuerzas armadas, cuando se hablaba desde la teoría de los dos demonios", dijo al matutino El Diario la secretaria general de AGMER, Beatriz Montaldo, quien repudió el hecho, al igual que diferentes organizaciones de derechos humanos.
En realidad, Montiel aplicó una medida coherente con su pensamiento. Hijo de un general, hermano de dos generales retirados, el actual mandatario entrerriano siempre mantuvo estrechas relaciones con las fuerzas militares y especialmente con el Ejército, que fue quien hizo más atrocidades en Entre Ríos en tiempos de la dictadura, en que Montiel fue asesor de varios municipios de esta provincia. Uno de sus hermanos, Juan Montiel Forzano, fue un estrecho colaborador del genocida Domingo Bussi en Tucumán y un activo dirigente del partido que fundó el destituido diputado nacional.
"Esta es otra de las vendettas contra Busti", indicó una alta fuente, en diálogo con Data54. Busti fue uno de los legisladores que integró la comisión que investigó a Bussi, tras lo cual se terminó la carrera política del general tucumano. Montiel, más allá de anular el decreto del anterior gobernador, nunca dejó de perseguir a Busti en lo que va del mandato y nadie duda que "se la tiene jurada, hasta verlo preso". De hecho, ya son varias las denuncias penales que existen contra el ex gobernador y varios de sus más directos ex funcionarios.
Tal situación provocó incluso que Busti ordenara a los legisladores de ambas cámaras -la gran mayoría se encuentra enrolado en su línea-, que no hicieran lugar al pedido de Montiel de llevar adelante la reforma constitucional, lo que es un viejo sueño del caudillo radical.
Además del repudio gremios y organizaciones, Rubén Pagliotto, fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), un organismo creado por Montiel para combatir los hechos de corrupción fundamentalmente, sorprendió al señalar que "si no se toman las medidas correctivas del caso (su derogación) amerita hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tome cartas en el asunto".
El abogado argumentó que "aunque esto aparezca como un simple decreto, se trata con cuatro palabras de borrar todo lo que pasó, de imposibilitar que los jóvenes conozcan la verdad sobre la parte más negra y terrorífica de la historia argentina".
Pero quienes conocen a Montiel saben que no retrocederá; que su decisión fue "una cuestión de coherencia". Con su historia y su acción.
La impunidad como destino necesario.
A Sergio Montiel nunca le interesó demasiado la idea del candidato Raúl Alfonsín, que en 1983 fustigaba duramente a los militares de la dictadura y prometía castigo a los culpables. Ni ese 19 de octubre, en que Alfonsín llegó a Paraná -a pocos días de las elecciones- y llenó la Plaza de Mayo y sus inmediaciones, se preocupó demasiado por seguir la línea del líder nacional. Esa noche, Montiel optó por repasar la trayectoria del radicalismo, ponderó la honestidad de sus dirigentes, y sostuvo que "los hombres de la agrupación no necesitan andar acompañados por matones a sueldo".
Remarcó que había que "recuperar la república", cuestionó la situación de la provincia, cuyo deterioro, a su entender venía "de 1945" y anticipó que el Banco de Entre Ríos iba a estar "al servicio de los productores". Dijo que el jefe de policía iba a ser un civil "o una persona surgida de esas filas, pero no un militar". Recordó que entre 1943 y 1944 "fueron otros los que persiguieron a los maestros judíos" y aseveró que el radicalismo "no compra conciencias con asados". Fue el acto de cierre de campaña, donde no hizo mención alguna a lo que había sucedido en Entre Ríos en tiempos de la dictadura. Pero nadie se preguntó en esos días por qué tanto silencio al respecto.
Solamente los dirigentes mayores sabían que en la sangre de Montiel siempre existió una gran pasión por la vida militar, lo que comenzó a mamar de pequeño, junto a su padre, el teniente coronel Lino H. Montiel. El militar murió el 20 de julio de 1931, cuando era jefe del Regimiento 9 de Infantería de Corrientes y apoyaba al gobierno del general José Félix Uriburu, que derrocó a Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930.
Fue consecuencia del levantamiento revolucionario de julio de 1931, contra Uriburu, que gestó el general Severo Toranzo Montero, pero que luego quedó en manos del general Agustín Pedro Justo y, entre otros, apoyado por Marcelo T. de Alvear.
El teniente coronel Gregorio Pomar, a quien Yrigoyen había nombrado edecán presidencial, comprometió su participación. Esa situación llevó a Pomar a ser trasladado de una unidad a otra, hasta que fue designado en el Comando de la Tercera División del Ejército, con sede en Paraná, aunque siempre bajo un estricto control y vigilancia. Justo los traicionó y Pomar quedó al frente del levantamiento.
Días de lucha
La revolución estaba prevista para el 20 de julio a las 2 de la tarde. Ese día, en horas de la mañana, el teniente coronel Lino Montiel recibió una llamada del interventor federal en Corrientes, Atilio Dell'Oro Maine, quien lo alertó sobre el movimiento militar. Pomar se enteró de esa advertencia, llegó al casino de oficiales del Regimiento 9 de Infantería, ordenó varias detenciones y, entre ellas, dispuso la de Montiel. Su hijo, Sergio Alberto -quien tenía no más de 4 años-, concurría asiduamente al batallón, pero ese día le reclamó a su padre que quería quedarse a jugar con su pequeño caballo y el coronel accedió al pedido, según pudo determinar el semanario Análisis de Paraná.
Pomar interceptó a Montiel en el "Cuarto de la Bandera", acompañado de dos oficiales: el teniente primero Villafañe y el teniente Hugo De Rosa. "Tengo que hablarle. Su regimiento está sublevado", le indicó Pomar, de acuerdo a lo publicado en el libro "El levantamiento del 20 de julio de 1931", realizado por Jorge Raúl y Jorge Oscar Ezcurra.
Montiel lo invitó a pasar al despacho, donde se produjo una fuerte discusión, presenciada por los oficiales. Montiel le pegó un fuerte golpe de puño a Pomar, en el hombro izquierdo. El líder de la revolución cayó contra la puerta de vidrio de una vitrina y se lastimó la mano. Cuando Montiel intentaba sacar su pistola reglamentaria, Pomar extrajo su revólver y le efectuó un disparo que dio en la cabeza de Montiel, quien murió a los pocos minutos.
Pomar tuvo que permanecer prófugo, fuera del país, durante más de 10 años, ya que el gobierno militar lo acusó de haber asesinado por la espalda a Montiel, como consecuencia de una bala que había ingresado por la nuca del teniente coronel. Sin embargo, los informes médicos, firmados por los doctores Máximo Dramazaigus, Juan Francisco Torrent, Antonio Maróttoli y Alberto Rogelio Uniña, que se ocultaron durante más de 15 años, señalaban lo contrario. Decían: "En la región maseterina derecha se encuentra un orificio circular de siete milímetros de diámetro, producido por un proyectil de arma de fuego. Este orificio está circundado por una zona de tatuaje de pólvora de forma circular, que mide 5 centímetros de diámetro. Este orificio se encuentra situado a 1 centímetro del lóbulo de la oreja derecha, a 3 centímetros por debajo del trago; a 14 centímetros del surco mentoniano y a un ? centímetro del vértice de la nariz. Esta lesión, por sus características, es el orificio de entrada. En el ángulo superior izquierdo de la región izquierda de la nuca encuéntrese un orificio de 1 centímetro de diámetro de bordes desgarrados, que se encuentra situado a 7 centímetros del lóbulo de la oreja, a 4 centímetros del vértice de la apófisis mastoidea, a 20 centímetros del mentón y a 22 centímetros de la punta de la nariz. Esta lesión, por sus características, es el orificio de salida. El trayecto del proyectil indica que ha interesado órganos vitales, cuyas lesiones fueron causantes de su muerte".
El segundo informe, firmado por los médicos E. Perrens y V. Castillo Odena, que efectuaron un peritaje médico por disposición del juez federal Amado Sosa, establecía que el orificio de entrada del proyectil se encontraba "adelante y debajo de la oreja derecha" y tenía "salida arriba y detrás de la izquierda".
El 22 de julio de 1931, ya fracasada la revolución, la Intervención de Corrientes rindió honores fúnebres al teniente coronel Lino Montiel, donde se repudiaba el "bárbaro asesinato" y se disponía la realización de una placa de bronce. El texto de la placa, que se colocó en el cuartel, decía: "En su puesto y por cumplir con su deber, cayó asesinado un gran jefe y varón dignísimo, el teniente coronel Lino H. Montiel, comandante del 9 de Infantería, el día 20 de julio de 1931. En nombre de la provincia dedica este homenaje a su gran recuerdo la Intervención Nacional en Corrientes".
Pomar se exilió en Montevideo y fue dado de baja el 11 de agosto de 1931. El 15 de septiembre de 1941 solicitó ser amnistiado, de acuerdo a lo que establecía la Ley de Amnistía número 12.673, lo que se le otorgó en mayo de 1942, en un dictamen del Auditor General de Guerra y Marina, compartido por el Procurador General de la Nación, por lo cual pudo regresar al país. Recién en septiembre de 1942, por el decreto 13.501 del Poder Ejecutivo Nacional, fue reincorporado al Ejército, aunque en situación de retiro.
Años más tarde, el jefe del Regimiento 9 de Infantería solicitó ante las autoridades militar la modificación del texto de la placa, al considerar que no eran exactos. La superioridad militar analizó el caso y autorizó la modificación en el año 1967. Desde esos días no se lee más la frase "cayó asesinado", sino que dice: "fue muerto". Actualmente, los restos de Lino H. Montiel se encuentran depositados en el cementerio de San Benito.
Una marca a fuego.
Sergio Montiel nunca olvidó que a su padre se lo arrebató la muerte siendo muy pequeño. Sus hermanos, tampoco. La familia se trasladó a Paraná, donde residían los familiares de Cándida Forzano, esposa del fallecido Lino Montiel. El mayor de los hermanos, Juan José Montiel Forzano fue oficial de Ejército hasta 1964, en que decidió pasar a retiro. Transitó por diversas guarniciones: Campo de Mayo, Paraná, Gualeguay, Concordia y Curuzú Cuatiá. En esta última se puso al frente de los postulados de la Revolución Libertadora que derrocara a Juan Perón en 1955. Estaba de jefe del destacamento correntino cuando la Libertadora llegó al mando del país. Fue quien sublevó su unidad y dispuso la detención de casi todos los jefes y segundos jefes. Luego se transformó en agregado militar en Asunción, Paraguay. En esos días, Sergio Montiel pasó a ser subsecretario de Justicia de Entre Ríos.
El otro hermano también hizo una carrera militar exitosa. En diciembre de 1977 y siendo general de brigada, Lino Montiel Forzano fue quien reemplazó a Antonio Domingo Bussi en la Gobernación de Tucumán. Asumió el 6 de diciembre de ese año, después que el dictador Jorge Rafael Videla, en persona, le ofreciera el cargo. Buena parte de la familia Montiel concurrió al acto desarrollado en la Casa de Gobierno de Tucumán, encabezado por el presidente de facto. El ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, fue quien le tomó juramento. Al poco tiempo, Sergio Alberto Montiel aceptó ser asesor de la comuna de la localidad de Hernandarias, por un pedido expreso de un amigo radical de la zona. Mientras tanto, su hermano Lino pasó luego -en 1981- a desempeñarse como director ejecutivo del ente binacional Yacyretá.
Su historia de relaciones con el poder militar puede resultar demostrativos para entender por qué firmó, el 15 de marzo, el decreto número 726, por el cual echó por tierra el 538, dictado el 21 de marzo de 1997, firmado por Jorge Busti, que impuso la "Semana de la Memoria" en las escuelas e instituciones dependientes del Consejo General de Educación. Ese mismo Busti, como diputado nacional, fue el que, el año pasado, junto a Jorge Rivas (Frepaso-Buenos Aires), sustentaron el rechazo al diploma de Bussi en el dictamen de la Comisión de Petición, Poderes y Reglamento que se basó en los artículos 64, 75 y 36 de la Constitución. Esto es que cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros, que los tratados internacionales gozan de rango constitucional y que los responsables de interrumpir el orden institucional están inhabilitados de cumplir cargos públicos.
Bussi nunca pudo asumir; o sea, el mismo general genocida y con varias cuentas en Suiza que nunca pudo justificar, a su vez amigo de los hermanos del gobernador Montiel.
El nuevo decreto, además de Montiel, lleva la firma del ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Enrique Carbó y el secretario general de la Gobernación, Gabriel Ferro, no así del presidente del Consejo General de Educación, Celomar Argachá. Y, simplemente, habla de "la necesidad de colaborar en los procesos de pacificación del país".
Montiel fue fiel a su vida, lejos de los reclamos por las violaciones a los derechos humanos y muy cerca del uniforme militar que, de pequeño, observó orgulloso en su casa de Concepción del Uruguay o Corrientes. No tenía necesidad de pensar en el terrorismo de Estado, ni en las madres de desaparecidos que aún buscan a sus hijos por cementerios del país, ni en los chicos apropiados que aún buscan su identidad. Pensó en "la pacificación".
Se acordó, seguramente, de su padre, de sus hermanos y de ese día glorioso de 1977, en la Casa de Gobierno de Tucumán, donde Jorge Videla y Antonio Domingo Bussi saludaban a la gente, rodeados del calor popular. Y fue suficiente.
[Fuente: Daniel Enz, desde Paraná, Argentina, 9 y 16abr01]
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