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30ago11
Los crímenes cometidos en El Chalet
La mayor parte de los responsables de la cadena de mandos de los crímenes cometidos en el Hospital Posadas murió sin condena. Es el caso del coronel médico Julio Esteves o de Juan Máximo Coptelesa, hombre de Inteligencia y de la patota parapolicial, emblemático por su sadismo, que murió en julio pasado. La lista suma además al primer interventor del hospital, el coronel Abatino di Benedetto, que está eximido por insania. En esas condiciones, de todos modos, comenzará el primer tramo del juicio oral por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el Posadas durante la dictadura. Un juicio que para los familiares y sobrevivientes es histórico, porque esperan reconstruir su funcionamiento y el del centro clandestino. El juicio volverá a sentar en el banco de los acusados al dictador Reynaldo Bignone. “Nos hubiese encantado y teníamos todo para que se los juzgara antes”, dice a Página/12 Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, una de las víctimas. “A diferencia de otros procesos, tuvimos establecida la cadena de represión desde el ’84, pero esta estafa de la Justicia que tantas veces retrasó el juicio hizo que muchos de ellos murieran sin condenas.”
Quizá ésa sea una de las características del juicio que, después de ser postergado una vez, tiene fecha de inicio el 21 de septiembre: como la patota actuó a cara descubierta desde el hospital, la mayoría de los autores directos de los crímenes pudo ser identificada. Con Bignone, serán juzgados Hipólito Rafael Mariani, Luis Muiña y Argentino Ríos, los únicos dos sobrevivientes de la patota parapolicial que se organizó bajo el nombre de Swat, integrada por unas diez personas, la mayor parte policías exonerados de la fuerza. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado hasta ahora por Jorge Alberto Tassara, María Garrigos de Rébori y Pablo Bertuzzi. Hay previstos unos 70 testigos en un debate que se calcula durará tres meses.
El Posadas, que estuvo bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército y en junio de 1976 quedó en la órbita de la Fuerza Aérea, cobijó un centro clandestino. El Chalet funcionó en la antigua casa del director del hospital. La causa judicial articula responsabilidades no sólo del Ejército y la Fuerza Aérea, también de la Marina. En el juicio se reconstruirán los casos de 21 víctimas, seis de las cuales permanecen desaparecidas. Las imputaciones incluyen privación ilegal de la libertad y tormentos, pero no hay imputaciones por homicidios. Los fiscales –Javier de Luca y Guillermo Silva– tendrán el desafío de poder probar al menos dos de ellos: el caso del padre de Zulema, Jacobo Chester, y el de Jorge Roitman, pese a la ausencia de cuerpos.
Los casos
La historia represiva del Posadas está dividida en dos. La primera etapa comenzó el 28 de marzo de 1976 con la intervención de Di Benedetto, más tarde trasladado a la dirección del Hospital Militar de Campo de Mayo. La segunda etapa comenzó con Esteves, fue la más cruda de la represión y se profundizó en noviembre de 1976, cuando se supone que empezó a funcionar El Chalet como centro clandestino.
En el primer momento no hubo desaparecidos. Los detenidos eran trabajadores del hospital que pasaron por Coordinación Federal y entraron en el proceso de blanqueo en las cárceles de Olmos y Devoto. Ese período también tuvo dos momentos. El primero abarca los días 28 y 29 de marzo cuando Bignone interviene el Posadas como delegado de la Junta del Ministerio de Bienestar Social, un cargo que la Marina asume días después. Dentro del segundo momento, el período más oscuro se abrió cuando Esteves empieza a reclutar a la patota para organizar grupos armados que acelera las persecuciones en noviembre. “Esteves organiza la custodia con un grupo armado para defender el hospital de posibles actos subversivos”, dice Zulema. “Secuestran a ocho trabajadores en el hospital y a otros tres que detuvieron en sus casas o en otras instituciones.” La selección de mano de obra la hizo Esteves desde el hospital, dice en este caso Silva. “Reincorpora despedidos y suma a Argentino Ríos, que hasta ese momento trabajaba en seguridad desde la portería.” El grupo Swat existió hasta enero del 1977, cuando dejó de actuar aparentemente por un enfrentamiento con la Fuerza Aérea. Los integrantes quedaron detenidos en la Base Aérea de El Palomar. Esteves los rescata y luego renuncia. Según los testimonios que se escucharán durante el juicio, actuaron en coordinación con la Fuerza Aérea e integraron las patotas que secuestraron a las víctimas.
Jacobo Chester era técnico en estadísticas y secretario administrativo de la Guardia del Posadas cada fin de semana. Lo secuestraron el 27 de noviembre de 1976. No tenía militancia orgánica, pero a partir del golpe de Estado se sumó a quienes empezaron a organizarse. “No estaban agremiados –dice Zulema–, pero se dieron una organización espontánea para acercarse a las casas de las familias, intentaban armar alguna colecta para llevarles dinero. Todos reconocimos que en los secuestros participó gente que trabajaba en el hospital.” Esa comisión hacía reclamos, denunció malos tratos del grupo parapolicial a pacientes y profesionales. Hubo cruces y enfrentamientos directos entre algunas de las víctimas y miembros de la patota, lo que habilita ahora la hipótesis de que muchas de esas desapariciones corrieron por cuenta de Esteves y su grupo, que con cierta autonomía buscaban venganza.
Jacobo al parecer estuvo secuestrado en El Chalet. Su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata el 2 de diciembre, cinco días después del secuestro. La familia no lo supo hasta 1977, cuando recibió un certificado de defunción. Primero como NN y luego una autopsia ordenada por el ex juez de la dictadura Lucio Somoza estableció su identidad. “Certificó que el cuerpo era de mi papá, pero nunca nos dieron el cuerpo. Nos dieron el número de una tumba en Chacarita donde había varios cuerpos, una especie de fosa común, pero nunca nos permitieron abrirla ni recuperarlo. Cuando en democracia fuimos a rescatar algo al osario común, no había ya dónde hacerlo.”
La misma noche de la caída de Jacobo, cayó otra empleada del hospital y luego se produjeron las otras desapariciones hasta enero. Como el cuerpo de Jacobo no apareció, la causa llegó sin la imputación por su homicidio. La fiscalía recurrirá ahora a los certificados y a la autopsia y a los testigos para poder incorporarla. Lo mismo sucederá en el caso de Roitman, de cuyo asesinato dan cuenta otros testigos.
[Fuente: Por Alejandra Dandan, Pag12, Bs As, 30ago11]
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