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19oct13
En medio de fuertes sospechas, oficializan pagos a un fondo buitre
En forma inesperada la Casa Rosada aprobó ayer el pago de deudas a cinco empresas internacionales que reclamaban juicios pendientes en el CIADI. La decisión la formalizó, con su firma, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina a través de una simple resolución administrativa que modifica partidas presupuestarias y en donde se reconocen las nuevas obligaciones de la Argentina que hasta ahora no eran admitidas por el Gobierno.
Esta salida se adoptó a pesar de la fuerte polémica que existe sobre la secreta negociación que llevó adelante el ministro Hernán Lorenzino para cerrar los acuerdos, que benefician a fondos de inversión internacionales y consultoras que la Justicia investiga para determinar si están o no vinculados al actual vicepresidente a cargo del Ejecutivo, Amado Boudou.
También el convenio reconoce la jurisdicción legal de Estados Unidos y contradice el relato oficial de que sólo se iban a reconocer reclamos del CIADI si intervenía además la Justicia argentina.
La convalidación de los acuerdos le genera fuertes ganancias a los fondos de inversión que participaron en las transacción. Los acreedores recibirán bonos Boden 2015 y Bonar 17 por el equivalente a 500 millones de dólares. Y se comprometieron a invertir al menos 50 millones en bonos Baade.
Habrían comprado esas deudas con descuentos del 65%.
A pesar de ello la resolución se adoptó sin dar explicaciones de los acuerdos, sin comunicación oficial del Gobierno y sin siquiera abrir la información a legisladores del propio Frente para la Victoria.
La medida implica el reconocimiento de una nueva deuda externa y esto obligaría a la Casa Rosada a darle participación en algún momento al Congreso.
También, porque el reconocimiento de estos cinco fallos del CIADI, habilita nuevos reclamos de 30 juicios pendientes por un total de 13.600 millones dólares y le otorga un fuerte argumento en sus reclamos a Repsol por 10.000 millones de dólares.
Clarín anticipo ayer el impacto de los acuerdos, pero la negociación se mantiene en secreto y no se informó por qué se avanzó en un convenio que convalida fuertes ganancias a inversores ajenos a los juicios, pero que adquirieron -con la prácticas de fondos buitre- las acreencias que tenían firmas que litigaban contra la Argentina.
Entre ellos se encuentran Blue Ridge Investment, el CC-WB Holdings LLC, y NG-UN Holdings. También las deudas por los contratos de Vivendi Universal, Aguas de Aconquija y Azurix.
Según fuentes de Washington, detrás de estos convenios y estas compañías se encontrarían subsidiarias de Gramercy Funds Management, el fondo de inversión que tiene fuertes vínculos con Amado Boudou. (ver aparte).
Este fondo sería uno de los que compró los juicios, con fuertes descuentos y ahora obtendría excelentes ganancias con la decisión del Gobierno. Gramercy actuó como un fondo buitre en la negociación del canje que llevo adelante Néstor Kirchner en el 2004. No participó y boicoteó el acuerdo Pero cambió de actitud y su participación fue clave para que no fracasara la reapertura del canje del 2010 que llevó adelante Boudou cuando fue ministro de Economía. Gramercy se acercó en aquel momento a Boudou a través de la firma Arcadia que lidera el influyente abogado Marcelo Etchebarne.
Ahora la intermediación de Arcadia y la gestión de Amado Boudou son investigadas por la Justicia federal por presunto "tráfico de influencias".
También en la causa se investiga si Arcadia fue utilizada como "una pantalla" para que Boudou cobrara comisiones ilegales en la refinanciación de la deuda externa.
La denuncia judicial fue realizada por los diputados Pino Solanas y Claudio Lozano y en junio el fiscal Jorge Di Lello activó la investigación.
Arcadia dijo que no tuvo nada que ver en la negociación por estos acuerdos en el marco del CIADI.
El contacto de Boudou con Gramercy también se dio a través del Banco Barclays, que fue el agente financiero de la negociación externa. Su representante Gustavo Ferraro asesoró para la facilitar la participación de Gramercy y ahora es un importante operador de Gramercy.
El Gobierno pretende dar por cerrada la cuestión con estos provisorios instrumentos legales que aprobó ayer. Y tal vez replicarlos en otros juicios.
Pero la cuestión también levanta inquietud en la oposición, por una concreta razón: el Gobierno compromete financieramente al próximo presidente y su gestión, porque financia los pago de los juicios con bonos que vencen en el 2015 y en el 2016.
[Fuente: Por Marcelo Bonelli, Clarín, Bs As, 19oct13]
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