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08nov14
El aumento de las demandas de los buitres pone en alerta a la Argentina
El abogado del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que defiende a Argentina en el conflicto con los fondos buitre, Carmine Boccuzzi, envió una carta al juez Thomas Griesa recordándole los efectos de su fallo y advirtiendo sobre la incorporación de los nuevos pedidos de los propios fondos buitre en el litigio. Según explicó el especialista, "la carta del abogado Robert Cohen dice que además de los U$S 1600 millones en demanda, los litigantes buscarían cobrar con dos pedidos idénticos nuevos reclamos por un total de U$S 4400 millones".
En un comunicado, el Ministerio de Economía se refirió a la carta presentada por el abogado defensor de la Argentina. Según el texto, la carta "demuestra los desastrosos efectos de las órdenes pari passu que han generado más litigios contra la república" y explica que "existen 102 nuevos demandantes -con o sin sentencia en sus respectivas causas iniciadas- que solicitarán medidas pari passu".
Sin embargo, el conflicto no se remonta sólo a los buitres implicados en el juicio. En la carta, Boccuzzi explicó que "desde el 16 de junio, 25 nuevos reclamos fueron recibidos en conexión con demandas por aproximadamente U$S 1800 millones y juicios que se aproximan a los U$S 4700 millones".
Por ello, el ministerio consideró que "esta escalada de acciones judiciales iniciada por los demandantes no sólo demuestra que las órdenes del juez Griesa son de imposible cumplimiento", sosteniendo así la postura oficial de que "tal como lo viene afirmando la república, la solución al conflicto debe comprender a la totalidad de los bonistas que no entraron a los canjes -7,6% del total-, en condiciones justas, legales, equitativas y sustentables".
Por otro lado, la demanda del magnate George Soros y otros fondos como Knighthead Capital de Kyle Bass en Inglaterra ha tenido avances. La justicia inglesa emitió una opinión preliminar que resulta desfavorable al Bank of New York Mellon, quien ha retenido los fondos para pagar a los bonistas del canje. Por ello, Soros envió una carta a Griesa repitiendo los dichos del juez, quien consideró que el fallo es "desafortunado" dado que "es difícil entenderlo a los ojos de la justicia inglesa, y los títulos en cuestión están gobernados bajo ley inglesa". Por ello, el magistrado pidió que el dinero "sea mantenido en un fideicomiso para los bonos denominados en euros". A pedido del juez Justice Newey, habrá una segunda audiencia en Londres el 17, el 18 o el 19 de diciembre para resolver este conflicto.
Robert Cohen, el abogado del estudio Dechert que defiende al fondo buitre Elliott Management, dio una breve respuesta a la carta de Boccuzzi, según informó el portal de noticias Bloomberg. "A partir de junio, cuando la Corte Suprema negó la posibilidad de una apelación, el gobierno de Argentina ha dicho que quiere resolver la disputa por la deuda con todos sus acreedores. Las mociones que enviamos al juez Griesa proveen un vehículo constructivo para alcanzar esa resolución."
La carta de los abogados de la Argentina no escatimó críticas al fallo de Griesa. "El impacto de las órdenes es claro", sostuvo Boccuzzi, "no terminaron el litigio como decían los demandantes ni permitieron avanzar hacia una resolución de estas disputas, dadas las restricciones legales y financieras de la República y el descomunal peso que estas órdenes sin precedentes le dieron a los fondos litigantes". Por ello, el abogado concluyó que "sólo tuvieron efecto negativo: crearon mayores litigios, y por cuatro meses se prohibió que bonistas que son terceras partes reciban sus pagos". Por ello, el especialista tildó de "ineficientes" las acciones de Griesa y las acusó de "poner a la República en una situación imposible".
Boccuzzi, por lo tanto, defendió la postura de la Argentina ante la negociación con los buitres. "Hay miles de millones de dólares que todavía se deben sumar al reclamo. No puede haber una base equitativa en obligar a la República a hacer lo imposible para pagar la totalidad a los holdouts", sentenció el abogado, recordando que "la deuda fue comprada con un gran descuento en los mercados secundarios para extraer mejores términos que los de la vasta mayoría de los acreedores por medio de los litigios".
Cuando la Corte Suprema de EE UU rechazó el pedido de apelación, muchos referentes políticos y económicos se aprestaron a exigirle al gobierno el pago de los U$S 1600 millones. Por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opinó que "hay que hacer lo que dice el juez Griesa. Cualquier cosa que no sea al contado será mejor. Pero si hay que pagar al contado, habrá que pagar al contado". El ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, quien se declaró miembro del massismo, opinó en su momento que la Argentina "debería pagar, aunque primero debería pedir una reconsideración para ganar tiempo".
Sin embargo, el gobierno advirtió desde el principio que un pago a los buitres traería una fuerte escalada de reclamos del resto de los holdouts, lo cual dejaría a Argentina en la misma posición de antes de pagarle a los buitres. Esta teoría se vio confirmada por el ingreso de múltiples reclamos (52 en total, según Boccuzzi) de acreedores en default que buscan llegar a un acuerdo con Argentina.
Griesa se había manifestado reacio hasta entonces a permitir que los reclamos fueran aceptados con el resto. Sin embargo, ahora parece haber cambiado de opinión ante las demandas de dos grandes fondos buitre: el primero, Elliott Management, de Paul Singer, que ya formaba parte del litigio principal pero tenía alrededor de U$S 1200 millones más en demandas, y el fondo EM, de Kenneth Dart, aliado de Singer en causas previas contra el país, que exige el pago de U$S 1100 millones.
El abogado también criticó algunos aspectos legales de las medidas tomadas por Griesa. Boccuzzi insinuó que no sería posible que los nuevos reclamos (llamados "me too") puedan incorporarse después del juicio porque "violaría la Ley de Inmunidad Soberana", algo que no sucedería si los mismos se hubiesen incorporado antes de la sentencia.
El principal impedimento del Estado Argentino para llegar a un acuerdo con los fondos buitre es la cláusula RUFO de los bonos del canje, que hacen extensiva al total de los acreedores cualquier oferta en mejores términos que los de las reestructuraciones 2005-2010. En caso de arribar a un acuerdo, el monto de deuda se podría incrementar en unos U$S 500 mil millones, según el abogado Marcelo Etchebarne, del estudio Cabanellas, Etchebarne y Kelly.
Esta cláusula vence en diciembre de este año, por lo que, tal como expresó el ministro de Economía, Axel Kicillof, "es posible alcanzar un acuerdo con los holdouts". El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, también se refirió al litigio con los holdouts. "La posición de la Argentina siempre fue la misma. Pretendemos condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas", concluyó.
[Fuente: Por Alejandro Robba, Tiempo Argentino, Bs As, 08nov14]
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