EQUIPO NIZKOR |
|
14sep07
Hay demoras en 800 causas sobre derechos humanos.
Reabrir las causas de derechos humanos fue una decisión política y judicial de fuerte repercusión. Pero la realidad demuestra que la intención no ha sido fácil de concretar: las falencias del sistema judicial dificultan el trámite y hasta paralizan unas 800 causas en todo el país, en las que 300 militares y ex oficiales están procesados y 250, detenidos.
El tema fue el eje del último acuerdo de ministros de la Corte, que preside Ricardo Lorenzetti, y también de varias conversaciones con el procurador general de la Nación, Esteban Righi.
El problema no tiene raíz política, como alguna vez les recriminó el presidente Néstor Kirchner a algunos jueces, a los que acusó de ser morosos en el trámite de esos expedientes. La cuestión es operativa y pone de relieve las muchas falencias del sistema judicial, desbordado por la complejidad de la organización que requiere la sustanciación de esos expedientes.
Esta semana, Righi le hizo llegar a la Corte un detallado informe sobre este problema, que afecta tanto a tribunales orales como a los juzgados federales, principalmente del interior del país.
A eso se suma que el 45 por ciento de los ex militares no están en cárceles comunes, sino en dependencias militares o de la Gendarmería.
Esta semana, Righi hizo llegar a la Corte un informe, al que tuvo acceso La Nación, que es una verdadera radiografía y un diagnóstico del problema.
El alto tribunal, presidido por Ricardo Lorenzetti, se ocupó de este asunto durante buena parte del acuerdo del martes último y se están buscando distintas soluciones.
En 2001, el entonces juez de primera instancia Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida; dos años después, el Congreso sancionó la ley 25.779, que dispuso la nulidad de esa norma y, finalmente, en 2005, la Corte, en el fallo Simón, declaró la inconstitucionalidad de esa norma.
Esos tres hitos produjeron una verdadera avalancha de juicios contra ex represores: de los 300 oficiales y civiles que trabajaron para las fuerzas militares y de seguridad que están procesados -de ellos, se dijo, 250 están detenidos-, muchos están procesados en varios expedientes, por hechos distintos.
El problema alcanza a todo el país. En la Capital Federal, donde hay 95 detenidos, y el Gran Buenos Aires, el asunto pasa por la concentración de causas. Aquí se produjeron el 40 por ciento de las violaciones de derechos humanos y muchos expedientes están abarrotando los tribunales orales. En definitiva, 8 de las 11 causas elevadas a juicio tramitan en este distrito (las otras tres, en La Plata, Mar del Plata y Corrientes). Eso llevó a que el Tribunal Oral Federal número 5 concentrara la mayoría de ellas. Pero en el interior del país, el problema tiene otros matices.
Los problemas
El informe de la Procuración General, que fue concluido el 24 de agosto, revela cuáles son los problemas:
Jueces que se excusan o son recusados porque conocen a los imputados y que deben ser reemplazados por subrogantes. Esto ocurre, sobre todo, en las ciudades del interior. Por ejemplo, luego de la recusación del juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, 12 abogados se negaron sucesivamente a intervenir como juez. La enorme cantidad de testigos involucrados en cada caso, que requiere un importante despliegue de recursos para citarlos, interrogarlos y brindarles protección. Los juzgados dicen que necesitan más personal y recursos. Demoras en los procesos. En algunos casos los jueces dictaron los procesamientos de los imputados en 2002, pero los expedientes todavía siguen en esa etapa primaria de instrucción. Por ejemplo, en la causa ESMA, Jorge Acosta fue procesado por 70 casos y la Cámara Federal confirmó la decisión en 2004, pero aún no pudo ser elevada a juicio. En Córdoba, La Plata, Rosario y Tucumán hay casos similares. En otros casos, afirma la Procuración, el retraso se produce en las cámaras de apelaciones o en la Cámara Nacional de Casación Penal.
Por otra parte, si bien los muchos recursos presentados por los defensores no deben interrumpir el trámite de las causas, eso es lo que en la práctica ocurre en muchos juzgados.
La dispersión de las investigaciones en 850 expedientes responde a que los jueces se consideran competentes según distintos criterios: en algunos casos, intervienen los del lugar del centro clandestino de detención -aunque, a veces, los imputados pasaron por varios centros-; en otros, los jueces del lugar donde fue secuestrada o torturada la persona, o los jueces del lugar donde operaba la unidad del arma interviniente. Una respuesta sencilla sería unificar los casos en pocas manos. Pero no es tan simple, porque no es sencillo sustraer las causas de sus jueces naturales; porque algunos magistrados no se quieren desprender de ellas o porque otros nos las quieren absorber.
En la Corte y en la Procuración dicen que la solución no será sencilla. Por un lado, es necesario que el Congreso avance con algunas reformas penales, lo que no es fácil de conseguir. Por otro, la Corte y la Procuración intentan ponerse de acuerdo sobre algunos criterios para asignar la competencia de los jueces intervinientes, de modo de poder unificar las investigaciones. Pero como cada juez es independiente tampoco es sencillo convencerlos.
Por ahora, en la Corte, donde funciona desde hace tiempo una unidad especial para hacer el seguimiento de estos casos, a cargo de José Luis Mandalunis, planean mantener una reunión con Righi.
[Fuente: Por Adrián Ventura, La Nación, Bs As, Arg, 14sep07]
 | This document has been published on 01Oct07 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |