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23jun16
Corrupción: votan el decomiso sin condena
En medio del escándalo de José López y sus nueve millones de dólares, la Cámara de Diputados buscará darle hoy media sanción a un proyecto de ley que instaura una nueva institución legal, que permitirá al Estado quedarse con los bienes de una persona acusada de delitos complejos -como narcotráfico o corrupción- antes de que se dicte una condena penal.
La iniciativa fue propuesta por Sergio Massa y Graciela Camaño (Frente Renovador) y contó con el respaldo de Cambiemos, del GEN de Margarita Stolbizer y del PJ de Diego Bossio. El kirchnerista (FPV) tildó la ley como "inconstitucional".
Ayer, tres comisiones de la cámara dieron dictamen favorable a la ley, denomina de "extinción de dominio". Hoy será tratada junto a la ley del "arrepentido", que también tuvo despacho con amplio consenso. A estos proyectos se sumará una iniciativa del PRO para permitirle a la Justicia allanar el domicilio de Julio De Vido.
La autora de la ley de extinción de dominio, Camaño, explicó que los bienes que se recuperen irán al Estado, que, se supone, usará los recursos que obtenga con la administración de esos bienes para financiar programas sociales.
Si la ley es novedosa es porque separa la acción penal que va contra una persona acusada de un delito "complejo", de la acción civil por la cual un juez federal en lo Civil y Comercial podrá dictar la extinción de dominio sobre los bienes cuyo origen lícito no pueda ser acreditado.
Para el kirchnerismo, se viola la Constitución porque se avanza sobre el derecho de propiedad, la presunción de inocencia y el debido proceso. Por eso el dictamen del FPV establece que la extinción de dominio sólo podrá dictarla el juez penal una vez que procese al acusado, cuando haya semipruebas de que es culpable.
El radical Luis Petri desalentó las sospechas de inconstitucionalidad. "Los procesos de extinción de dominio también se llaman decomiso sin condena. Es un proceso administrativo que trasciende al proceso penal. Se dirige contra cosas, mientras que el proceso penal apunta a las personas. El titular de la cosa, con un vicio de origen, debe demostrar su licitud. Si no lo logra, el juez dicta la extinción de dominio", explicó. Además, dijo que como es un proceso civil, no se aplica el principio de inocencia, que es penal. "Por eso esto es constitucional", añadió.
Camaño también debió salir a hacer aclaraciones. Explicó que si un juez civil primero dicta la extinción de dominio sobre los bienes de una persona pero luego un juez penal la declara inocente, la decisión penal no invalida la civil, por lo tanto el Estado no deberá devolver los bienes. "El juez civil no avanza sobre los bienes porque sí; debe tener fundamentos", dijo.
Atendiendo a un reclamo general de algunos opositores como Bossio y de oficialistas como el radical cordobés Diego Mestre, el dictamen que llegará al recinto delimitó los delitos a los que se podrá aplicar la extinción de dominio, que son los mismos sobre los que se aplicará la ley del "arrepentido".
Se trata de: corrupción, asociación ilícita, narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil, terrorismo, secuestros extorsivos y lavado de activos.
Ley del arrepentido
La ley se votará hoy y limita quiénes pueden arrepentirse.
Qué es. Instaura la figura del "arrepentido" y el "colaborador eficaz" para todos los delitos complejos, incluyendo los relativos a la corrupción. El FPV pidió cambios y lo respalda.
Quiénes. Los imputados en causas conexas que aporten información fidedigna para desbaratar redes podrán aspirar a una reducción de la pena de entre un tercio de la mínima y la mitad de la máxima. No llega a la eximición de prisión.
Ojo. Se pena con 4 a 10 años a quien aporte datos falsos, el "arrepentido falaz".
Excluidos. Presidente, ministros y jueces de la Corte, no pueden ser "arrepentidos".
A favor y en contra
Luis Petri UCR-Cambiemos. "El Estado no puede ser cómplice de los delincuentes. Esta medida permite el decomiso anticipado y avanzar sobre la economía del delito".
Luis Cicogna FPV. "Estamos de acuerdo con el fin perseguido, creemos que se debe combatir el crimen organizado, pero debe hacérselo respetando la Constitución. Los jueces dictarán la inconstitucionalidad".
[Fuente: Por Mario Fiore, La Voz del Interior, Córdoba, 23jun16]
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