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08sep12
La Justicia rechazó trasladar a los presos de la cárcel de Encausados
A través de una resolución de la Cámara de Acusación, la Justicia respondió al Gobierno de la Provincia que no está en su competencia definir el traslado de los detenidos en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA). Minutos antes, el ministro de Seguridad Alejo Paredes había anunciado el cierre del penal de barrio Güemes y que el Poder Judicial debería definir a dónde serían trasladados los internos.
En conferencia de prensa, el comisario general y ministro delasotista brindó detalles del anuncio y anticipó que en 10 días el inmueble estará vacío. Luego amplió que su área no tenía precisiones de lo que se haría con el inmueble histórico y declinó opinar si será demolido o vendido.
También sostuvo que el procurador General de la Provincia había presentado un escrito en la Cámara de Acusación (Tribunales II) para comunicar la novedad al Poder Judicial. El escrito, presentado en la mañana de ayer, sostenía lo mismo que luego anunció Paredes, en el sentido de que el lugar de destino de los 121 detenidos de la UCA debía definirlo la Justicia.
La razón de esta presentación se debe a que Acusación tramita un amparo presentado en 2007 a favor de los presos por quien era defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Esa cámara había corrido vista al Gobierno para que hiciera su descargo de la situación actual, luego de varios fallos para que se cierre la UCA. Ayer, el Ejecutivo se presentó para comunicar que el penal se cierra.
"No" judicial.
Pero, inmediatamente, mientras hablaba Paredes, se constituyó el tribunal de la cámara con Carlos Salazar, Gabriel Pérez Barberá y Graciela Bordoy de Pizzicari. Los vocales respondieron con un lacónico "no" a la pretensión de que sea la Justicia la que ordene y decida el traslado.
En el auto 373, Acusación sostiene: "Adoptar la decisión sobre el preciso lugar de destino de cada uno de los internos que deben ser trasladados escapa a la competencia no sólo de este tribunal sino también de cualquier otro del Poder Judicial". Luego, rematan los vocales: "Evidentemente se trata de una decisión de índole ejecutiva que debe adoptar el órgano administrativo que corresponda". Por si hacía falta aclararlo, una fuente allegada a la cámara indicó a este diario que los penales dependen del Servicio Penitenciario y éste del Ejecutivo.
Para más, tras notificarse del cierre de la UCA y rechazar el segundo punto del petitum de la Provincia, los jueces ordenan al Ejecutivo que "una vez cumplimentado el traslado de los internos alojados en el establecimiento de referencia y su cierre total, deberá informar a este tribunal esta última circunstancia".
Apelaciones y dilaciones.
En realidad, la historia del cierre de la UCA tiene más de cuatro años y aún no se ha concretado. Tras el amparo en octubre de 2007, se produjo un motín en febrero de 2008 que motivó que días más tarde el juez de Control 2 Gustavo Reinaldi ordenara el cierre de la cárcel en 60 días.
La Provincia apeló la medida. Luego de su estudio, la Cámara de Acusación confirmó lo actuado por Reinaldi, pero fijó un nuevo plazo para el cierre.
Pero el Ejecutivo volvió a recurrir el fallo. Fue en casación ante el Tribunal Superior de Justicia que en agosto de 2009 volvió a confirmar la decisión de Reinaldi. El TSJ reiteró el cierre, pero fijó otro plazo: "La ex Cárcel de Encausados deberá estar cerrada definitivamente en marzo de 2010".
Hubo no pocas dilaciones y, mientras el amparo se gestiona en la Cámara de Acusación, la cárcel siguió operando, al 10 por ciento de su capacidad original. Allí se alojan mayormente contraventores (al Código de Faltas) y otros que están de paso tras ser detenidos por delitos hasta que el fiscal defina su destino.
Este diario intentó una consulta con Paredes sobre la respuesta de la Justicia, pero no fue posible ubicar al ministro.
[Fuente: Por Francisco Guillermo Panero, La Voz del Interior, Córdoba, 08sep12]
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