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14may07
Analizan los antecedentes de los jefes de agencias de seguridad.
Vigiladores privados y policías deberían comenzar a trabajar desde hoy de manera conjunta si todo hubiera salido como se planificó originalmente. Pero a último momento el Gobierno frenó el comienzo de ese plan para cambiar algunos aspectos de la metodología que se usará. Entre otras cosas el Ministerio de Seguridad exigió a todas las agencias que renueven sus certificados de buena conducta y antecedentes, tanto provinciales como federales, luego de la serie de cuestionamientos que surgieron por la actividad de algunos referentes del sector durante la dictadura.
La intención es "depurar" esa fuerza, que formará parte de la seguridad pública, y actualizar los datos de las agencias para evitar nuevos dolores de cabeza. Si alguno de esos directivos tiene causas pendientes en la Justicia, no puede ejercer, según la ley que regula la actividad.
La puesta en marcha del SIUS significará que los vigiladores privados tomen más poder al tener contacto directo con el comando radioeléctrico para denunciar delitos y situaciones sospechosas. De la misma manera deberán colaborar cuando la policía los requiera, incluso con vehículos.
Las agencias estaban listas para comenzar hoy, pero Alfredo Cornejo, ministro de Seguridad, decidió frenar todo para revisar la normativa que regirá la convivencia entre policías y guardias privados.
La intención del Gobierno es sumar "ojos" a la vigilancia pública. Hoy los vigiladores de agencias privadas forman una "fuerza paralela", que iguala en cantidad a los policías. Según el Repriv, hay 5.500 vigiladores. Ante la escasez de policías la filosofía es que "quien pueda, que pague por seguridad". Incluso se analiza la idea de dar más poder a los vigiladores.
Las empresas no sólo custodian. Muchas tienen capacidad para hacer inteligencia y manejan información de más de 1.800 empresas (son las que contratan sus servicios). La ley reserva el cargo de Director Técnico de las agencias a ex miembros de la policía y fuerzas de seguridad. Allí es donde se detectaron algunos ex policías que están involucrados en actuaciones ilegales durante la última dictadura militar. La actual conducción de la Cámara que nuclea a las agencias, busca despegarse de esos antecedentes. Por eso comenzaron a emitir un Certificado de Confiabilidad, con el cual intentan identificar a las firmas que están en regla. Actualmente sólo 25 de las 89 empresas registradas en el Repriv tienen esa certificación. Por otro lado se pidió, a través de una circular, a todos los directores técnicos de las empresas, que renueven los certificados de antecedentes provincial y de reincidencia nacional.
"Queremos limpiar la imagen de las empresas de seguridad. Por eso emitimos un certificado de calidad. El requisito indispensable es que sus integrantes tengan una trayectoria intachable", aseguró Carlos Quiroga, presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones de Mendoza.
El sistema comenzó a idearse en 2005, durante la primera gestión de Alfredo Cornejo en Seguridad. En ese momento se modificó la ley que regula la vigilancia privada y se los incorporó como parte del sistema de seguridad pública. Durante los últimos 2 años se realizó una especie de "purga" de agencias y vigiladores, cuando quedaron clausuradas 20 firmas. Pero aún hay, según los propios empresarios, algunas que operan sin cumplir todos los requisitos.
Los empresarios apuntan también a incrementar su negocio. Hoy hay entre 800 y 1.000 policías que son usados para realizar servicios especiales, lugares que podrían ser ocupados por ellos.
[Fuente: Los Andes, Mendoza, 14may07]
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