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19feb08
Un testigo clave de delitos contra la humanidad amenazado de muerte
El ex suboficial de la Policía Federal, Carmelo Cirella Paredes, que había denunciado a varios efectivos de la Delegación Mendoza como responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Isabel Perón y la última dictadura militar, sorpresivamente se desdijo.
En el marco de la desaparición del testigo clave en el juicio al Comisario (R) Etchecolatz, Jorge Julio López, y con la sombra aún presente del crimen del prefecto Héctor Febrés, Cirella cambió su declaración ante la justicia federal de Mendoza.
Esto porque tanto él como su familia están amenazados de muerte desde el mismo instante en el que las personas que denunció están presas.
Cirella, quien también participó de la represión ilegal, recibió la primera "advertencia" para que reviera sus declaraciones cuando era trasladado desde la Unidad 32 donde quedó detenido en un primer a momento al pabellón sanitario del Hospital Lagomaggiore. Allí, mientras caminaba por los pasillos, alguien le dijo: "estás muerto".
Una vez internado en recuperación por dificultades respiratorias severas, asistido por un tubo de oxígeno, recibió la segunda advertencia: "cuando llegués al penal te van a matar, conseguite una chuza", le dijo alguien con contactos en el interior de la Penitenciaría de Bolougne Sur Mer. La cantidad de muertes ocurridas en la cárcel no hizo más que confirmarle la certeza de que la el mensaje se haría efectivo.
Carmelo Cirella me contó sobre las amenazas en dos ocasiones en las que lo fui a visitar al pabellón judicial del Hospital Lagomaggiore. En su desesperación me entregó una nota escrita de puño y letra dirigida al juez Federal Walter Bento el 4 de enero de 2008. En el escrito pide que "por razones de salud y seguridad personal" se lo "traslade a la alcaldía de Tunuyán". Y aclara que este pedido tiene como "objetivo también el acercamiento familiar por falta de recursos de mis seres queridos para visitarme en el lugar donde me encuentro detenido". Él y su familia viven prácticamente en la indigencia.
En la nota, Cirella le "ruega" a Bento que "tenga en cuenta mi pedido ya que a más de veinte años de haber hecho la primera denuncia ante la CONADEP y la justicia, siempre mantuve el mismo domicilio y nunca intente evadirla (la justicia)". En el texto no hay ni un rastro que indique el cambio de sus afirmaciones, sostenidas durante más de dos décadas.
Un mes más tarde de este pedido, por miedo a que lo mataran a él, a su mujer o a sus hijos, Carmelo Cirella cambió su declaración. Esto, "curiosamente", a días de que la Cámara Federal de Mendoza se defina sobre los pedidos de excarcelación planteados por las personas que denunció y están detenidas. Estos son Marcelo León, Rodolfo Cardello y José Luis Mirotta.
Cirella está atormentado. Es un ex suboficial de la Policía Federal que participó de la represión ilegal pero, a diferencia de sus denunciados, vive en la extrema pobreza. Después de su detención, su mujer y su hijo fueron amenazados de muerte en Tunuyán. Sin comprender la situación, su esposa cayó en un estado que derivó en una internación en un instituto psiquiátrico. Por esto, su cuñada debió hacerse cargo de sus hijos, sin contar con recursos para poder siquiera darles de comer.
Soportando toda esta presión, el represor y testigo clave Carmelo Cirella Paredes cambió la declaración, aquella que dio por primera vez hace más de 23 años.
A poco del regreso de la democracia, primero ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) y más tarde a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza, Cirella denunció el accionar ilegal de los efectivos de la Policía Federal entre 1974 y 1977. Atentados con bombas, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones fueron parte del rosario de delitos.
En los documentos que se conformaron con su declaración, no sólo dio detalles precisos del secuestro y asesinato de Víctor Romano Rivamar ocurrido en abril de 1976, sino que también sostuvo que fue Oscar Fenocchio, Jefe de la Delegación, quien lo ejecutó de un escopetazo por la espalda en un paraje de Papagallos. Incluso el propio Cirella se involucró en el crimen al confesar que él había sido el chofer de uno de los autos que usó la patota.
En su testimonio ante estos organismos, Cirella también dio detalles del secuestro y asesinato del estudiante peruano de periodismo, Amadeo Sánchez Andía ocurrido el 6 de junio de 1975. Amadeo, quien estaba herido, fue "chupado" por una patota del Hospital Regional de San Martín y ejecutado en Canota de varios disparos.
Todos los que formaron parte de la delegación de la CONADEP (entre los que se encontraba el actual legislador Sergio Bruni) y los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías que se entrevistaron con Carmelo Cirella, creyeron en su testimonio.
El entonces diputado justicialista Clemente Montaña dijo que "en la reconstrucción del crimen de Rivamar sorprendió la forma y la manera en que Cirella reconocía y recordaba lugares". Además, Montaña agregó: "la forma en que Cirella relató el secuestro de Romano Rivamar coincide con el de la madre de éste".
En las conclusiones de la Comisión legislativa que integraba Montaña se dejó establecido textualmente lo siguiente: "Por la investigación realizada, queda prácticamente esclarecido el asesinato de Romano Rivamar, cuya responsabilidad es atribuible a la Policía Federal de Mza".
Tanto en el crimen de Rivamar como en el de Sánchez, Carmelo Cirella dio los nombres de las personas involucradas. Mencionó al Jefe de la Delegación Mendoza Oscar Fenocchio, al Jefe de Inteligencia Ricardo Aleks, a Rodolfo Cardello, Marcelo León, Juan Carlos Zuccaro, José Luis Mirotta, Oscar Duarte, Humberto Panonti y Pedro Barrozo.
Dio detalles del funcionamiento de la Policía Federal en los años de plomo, incluyendo otros operativos de secuestro, tortura y desaparición. En estas denuncias mencionó también al médico Dalmiro Podestá como uno de los que "atendía" a los secuestrados mientras eran sometidos a la picana eléctrica en la sede de la Delegación de la Policía Federal.
Cirella sostuvo su declaración durante más de 23 años, hasta que la semana pasada la cambió argumentando que todo lo que había denunciado era por venganza contra sus ex compañeros. Y además, que lo relatado en el documental de mi autoría 7746 Legajo Conadep había sido a cambio del pago de 2.000 mil pesos.
El documental se realizó con el aporte de la Universidad Nacional de Cuyo (fue declarado de interés) y la colaboración de un equipo importante de personas que pusieron dinero, su trabajo y capacidad al servicio de la necesidad de dejar constancia de los hechos relatados por Cirella.
En dos ocasiones fuimos a charlar con él para manifestarle nuestro interés de contar con su participación en el audiovisual. Jamás nos pidió y jamás ofrecimos dinero a cambio de su testimonio. Aceptó participar como una colaboración para llegar a la verdad y lograr justicia a sabiendas de los riesgos que corría: quedar preso, como finalmente pasó.
La justicia debe tomar en cuenta todos estos antecedentes antes de dejar en libertad a un grupo de personas que están acusadas de ser responsables de los delitos más aberrantes que pueda imaginar la conciencia humana. Si lo hace, los que amenazaron de muerte a Cirella y su familia habrán logrado su objetivo, acallarlo.
La justicia seguirá, entonces, en deuda con los familiares de las víctimas y sobre todo con Víctor Romano Rivamar y Amadeo Sánchez Andía. Y nosotros, los que realizamos el documental y la comunidad en general, estaremos en peligro.
Mendoza, 19 de febrero de 2008
Rodrigo Sepúlveda
Periodista. Director
Documental 7746 Legajo Conadep
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