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25feb08
Se presenta por primera vez una querella por crímenes contra la humanidad en nombre de la Provincia de Mendoza
El subsecretario de Justicia, Diego Lavado, y el coordinador de DDHH, Pablo Salinas se presentaron hoy en el despacho del juez Walter Bento para constituirse –en nombre del Estado- como querellantes en la causa donde se investiga el secuestro y asesinato de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar, ocurridos en los años 1975 y 1976, respectivamente, durante la última dictadura militar.
Es la primera vez que el Estado se constituye como querellante en una causa referida a delitos de lesa humanidad, y esto significa que la Provincia podrá aportar y presentar pruebas a la investigación.
"Mendoza es la segunda provincia del país que se constituye en querellante en este tipo de causas, después de Buenos Aires", indicó Salinas a la salida del despacho de Bento. Asimismo destacó que la presentación se hace para acompañar al periodista y director del documental "7746 Legajo Conadep" , Rodrigo Sepúlveda, quien el martes se presentó ante la Justicia Federal denunciando que un testigo clave de la causa cambió sospechosamente su declaración porque ha sido amenazado de muerte. "Nos constituímos al ver que hay una vida en peligro y que esto ha originado que el testigo cambie su declaración", acotó Salinas.
En tanto, según trascendió, hoy la Justicia Federal podría confirmar los procesamientos para el ex suboficial de la Policía Federa, Carmelo Cirella, Marcelo León, Rodolfo Cardello y José Luis Mirotta, quienes se encuentran detenidos.
Las últimas novedades de la causa
El martes, Sepúlveda fue citado por la Justicia Federal, donde declaró por más de tres horas.
En su declaración, Sepúlveda denunció que "el ex suboficial de la Policía Federal, Carmelo Cirella Paredes, que había denunciado a varios efectivos de la Delegación Mendoza como responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Isabel Perón y la última dictadura militar, sorpresivamente se desdijo", cambiando su declaración ante la Justicia Federal de Mendoza.
De acuerdo a lo manifestado por el director del documental, el cambio sorpresivo de declaración se debe a que tanto Cirella –quien también participó de la represión ilegal- como su familia "están amenazados de muerte desde el mismo instante en el que las personas que denunció están presas".
"Carmelo Cirella me contó sobre las amenazas en dos ocasiones en las que lo fui a visitar al pabellón judicial del Hospital Lagomaggiore. En su desesperación me entregó una nota escrita de puño y letra dirigida al juez Federal Walter Bento el 4 de enero de 2008. En el escrito pide que ‘por razones de salud y seguridad personal’ se lo ‘traslade a la alcaldía de Tunuyán’", sostuvo Sepúlveda, quien indicó que –de acuerdo a Cirella- el pedido también tiene como objetivo la posibilidad de estar más cerca de su familia para que puedan visitarlo en donde se encuentre detenido. "Él y su familia viven prácticamente en la indigencia", aclaró Sepúlveda.
"Un mes más tarde de este pedido, por miedo a que lo mataran a él, a su mujer o a sus hijos, Carmelo Cirella cambió su declaración. Esto, curiosamente, a días de que la Cámara Federal de Mendoza se defina sobre los pedidos de excarcelación planteados por las personas que denunció y están detenidas -León, Cardello y Mirotta-. Cirella está atormentado. Es un ex suboficial de la Policía Federal que participó de la represión ilegal pero, a diferencia de sus denunciados, vive en la extrema pobreza. Después de su detención, su mujer y su hijo fueron amenazados de muerte en Tunuyán. Sin comprender la situación, su esposa cayó en un estado que derivó en una internación en un instituto psiquiátrico. Por esto, su cuñada debió hacerse cargo de sus hijos, sin contar con recursos para poder siquiera darles de comer. Soportando toda esta presión, el represor y testigo clave Carmelo Cirella Paredes cambió la declaración, aquella que dio por primera vez hace más de 23 años", se explayó Sepúlveda en su declaración del martes pasado, explicando la precaria situación del testigo y su familia.
Con la vuelta de la democracia, Cirella denunció ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) y en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza, el accionar ilegal de los efectivos de la Policía Federal entre 1974 y 1977, en el que se destacan atentados con bombas, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, según las palabras del ex suboficial.
En los documentos que se conformaron con su declaración, Cirella dio detalles precisos del secuestro y asesinato de Víctor Romano Rivamar -ocurrido en abril de 1976- e incluso sostuvo que fue Oscar Fenocchio, jefe de la Delegación, quien lo ejecutó de un escopetazo por la espalda en un paraje de Papagallos. El propio Cirella se involucró en el crimen al confesar que él había sido el chofer de uno de los autos que usó la patota.
En su testimonio ante estos organismos, Cirella también dio detalles del secuestro y asesinato del estudiante peruano de periodismo, Amadeo Sánchez Andía ocurrido el 6 de junio de 1975. Sánchez Andía, quien estaba herido, fue "chupado" por una patota del Hospital Regional de San Martín y ejecutado en Canota de varios disparos.
[Fuente: Por Ignacio de la Rosa, Mdz online, Mendoza, 25feb08]
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