EQUIPO NIZKOR |
|
20dic04
Una visita sin comprensión oficial.
La semana política local estuvo marcada por la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la provincia. Los delegados, el salvadoreño Florentín Meléndez, el argentino Santiago Cantón y la norteamericana Elizabeth Abi-Mershed vinieron a constatar "in loco" las graves denuncias recibidas durante todo el 2004 por los abogados Carlos Varela Alvarez, Diego lavado, Pablo Salinas y Alfredo Guevara padre e hijo, que colocaron a Mendoza en el primer plano internacional en materia de violaciones a los derechos humanos. Además, el organismo internacional que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) vino a comprobar con sus propios ojos el cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales ordenadas para resguardo de la vida y la seguridad de los presos y las personas que trabajan en la cárcel. La claridad en los objetivos de la Comisión chocaron con el desconcierto del Gobierno de Mendoza que reaccionó con argumentos cercanos al chauvinismo, como si aquel soldado francés que dio origen al término se hubiera sentado a la mesa con la Comisión para defender la política penitenciaria local, ante la evidencia irreprochable de 16 internos muertos en lo que va del año.
"Esta no es la peor cárcel de Argentina, ni de América Latina", llegó a decir, casi fuera de si, el Vicegobernador Juan Carlos Jaliff mientras mostraba en un papel los 11 millones de inversión que el Gobierno ha realizado en la Penitenciaría desde el 99 hasta la fecha. Además de fustigar a los abogados denunciantes, Jaliff agregó que "hemos hecho más que nadie en la historia de Mendoza con el sistema carcelario", aunque no pronunció una palabra sobre las 16 muertes que se han producido.
Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema, Jorge Nanclares, no tuvo mejor idea que esperar al Jefe de la misión internacional con los datos carcelarios de El Salvador, país de origen de Meléndez, queriendo demostrar con esto que acá no estamos tan mal. Algo así como "fíjese en su propio país cómo tratan a los presos, antes de venir a criticarnos". Florentín Meléndez había dicho el día previo al cónclave con la Corte que los presos sufren abandono de justicia. Algo tan conocido como poco admitido. La verdad es más dura cuando la dice un visitante.
Ambas actitudes, tanto la del Poder Ejecutivo como la del Poder Judicial, marcan una cosa: el desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos que tiene rango constitucional por iniciativa de la Argentina.
Dentro de la cronología de errores locales en el manejo de la visita internacional merecen un lugar destacado las declaraciones del Defensor General de la Nación, Miguel Angel Romero, hechas justo el día que arribaba la CIDH a Mendoza. Este funcionario riojano llegado al cargo durante la gestión presidencial de Carlos Menem intentó una evidente operación de intoxicación cuando quiso responsabilizar a la familia por el brutal crimen de Sergio Salinas, descuartizado en el Pabellón 7 el sábado 4 de diciembre.
Romero, avalado por el Ministro de Justicia y Seguridad Roberto Grillo, llegó a decir textualmente que "acá querían sacar al muerto en pedacitos para hacer un desaparecido más. No sólo hay que ver una intención criminal, que es alevosa, sino una segunda intención: un reclamo de alguna institución, de algún abogado que puede hacer una demanda contra el Estado, algo muy común en este país". La familia de Salinas anunció en una carta entregada a la CIDH que "debido a la actitud canallesca y cínica" del Defensor General de la Nación iniciarían las acciones legales para promover la destitución del cargo que ostenta Romero.
Quizás por desconocimiento o falta de cintura política, el Gobierno provincial no midió la magnitud de la visita. Al menos así lo demuestran los desaciertos cometidos.
No hubo funcionarios de Mendoza esperando a los miembros de la Comisión en el Aeropuerto Internacional ni tampoco hubo recepción oficial por parte del gobernador. Este último desplante provocó un fuerte malestar que al trascender, se saldó a las apuradas en el mismo aeropuerto Francisco Gabrielli cuando Meléndez y los suyos se iban. Recién ahí los visitantes pudieron intercambiar algunas palabras con el Gobernador Julio Cobos.
Un periodista que cubría la reunión inquirió al Jefe del Gobierno: "¿Qué cosa tan importante tenía que hacer en Buenos Aires como para no estar en Mendoza?". El Gobernador se ofuscó tanto que cortó el diálogo. Un reflejo más de la incomprensión oficial.
Un informe lapidario.
Luego de dos días de visitas a las distintas unidades carcelarias y reuniones con diversos poderes del Estado mendocino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brindó un contundente informe sobre la situación de la Penitenciaría. En conferencia de prensa, el relator para Argentina, Florentín Meléndez dijo en tono severo aunque diplomático que las medidas tomadas hasta el momento por el Gobierno "no son idóneas ni suficientes". Casi una respuesta lineal a los argumentos del Vicegobernador Jaliff quien había defendido con pasión el "éxito" de la política penitencia. Meléndez también agregó que las condiciones infrahumanas de vida vulneran los compromisos internacionales adquiridos por la Argentina en materia de derechos humanos. Y enumeró el rosario de denuncias recogidas en la recorrida por los pabellones 10, 7, 1 y 12. A saber: falta de atención médica, condiciones inaceptables de tratamiento judicial y demora en los beneficios, lo que constituye al entender de la CIDH "abandono de la justicia". Menores adultos en sitios que no corresponden; adultos mayores que deberían gozar de algunos beneficios de excarcelación, etc, etc, etc.
Para sorpresa oficial, la Comisión no puso énfasis en la falta de un nuevo penal sino en el alto nivel de ociosidad de los internos. Meléndez y compañía se asombraron de la carencia absoluta de actividades recreativas y laborales indispensables para la rehabilitación. Función principal de cualquier sistema de reclusión y de cualquier política penitenciaria, a entender de la CIDH.
El Gobierno reaccionó algo tarde. Una hora antes de leer las conclusiones del informe, Meléndez recibió en mano una propuesta de 19 puntos elaborados por el flamante director de la Penitenciaría, Sergio Miranda. Algo que ayudó a mitigar un poco la sensación de indiferencia y autismo que mostraron los funcionarios locales durante casi tres días. La CIDH recibió con entusiasmo algunas de esas propuestas y entendió en el gesto un cambio de actitud de las autoridades, aunque éste se haya producido minutos antes de que embarcaran para abandonar la provincia.
Argentina y sus compromisos internacionales.
La Argentina es uno de los Estados que ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a diferencia de Cuba y Estado Unidos. Ese es el motivo por el que está legalmente comprometida a observar y respetar los derechos contenidos en la Convención. Derechos que además tienen rango constitucional desde 1994.
Tal como se dijo, la CIDH había visitado nuestro país una sola vez. Fue en 1979 en plena dictadura militar, la que concluyó con 30 mil desaparecidos y miles de detenidos y exiliados políticos. Veinticinco años después, una nueva delegación llegó a la Argentina, pero esta vez específicamente a Mendoza.
En pocos días el Gobierno Nacional deberá elevar un nuevo informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las medidas que ha tomado para evitar más muertes en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Casi al mismo tiempo la Corte recibirá las conclusiones de la visita "in loco" que hicieron Meléndez y su comitiva. Se espera una dura sanción. Aunque Meléndez más diplomático que realista haya dicho al despedirse de Mendoza que la Argentina no se merece un castigo internacional. Pero eso dejará de ser una expresión de deseos si las condiciones infrahumanas y las violaciones de los derechos humanos que sufren los internos en la penitenciaría, no cesan.
Un lugar que no debería estar habilitado ni para animales.
[Fuente: Por Rodrigo Sepúlveda, Cuyo Noticias, Cuyo, 20dic04]
 | This document has been published on 20Dic04 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |