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15dic04
El Gobierno de Mendoza quiere que los presos realicen trabajos para el Estado.
Al cumplir una semana al frente de la cárcel y coincidentemente con la llegada de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sergio Miranda adelantó uno de los principales propósitos de su gestión y aseguró que lo aplicará el año próximo: quiere que los presos realicen trabajos públicos.
El funcionario lo mostró como uno de sus principales objetivos más allá de la coyuntura que discutió con los diputados de la Comisión de Derechos y Garantías ayer en la Legislatura, ante la inquietante llegada -para el Gobierno- de los observadores internacionales que a partir de hoy comenzarán a conocer la realidad carcelaria en Mendoza (ver aparte).
Ahora bien, al despliegue de ampliación edilicia dentro del predio de Boulogne Sur Mer que el Gobierno alardea cada vez que tiene que justificar su política penitenciaria; Miranda esgrimió argumentos para encarar sistemas de resocialización una de las patas flojas en el derruido esquema penal.
Entre estas posibilidades se encuentra la realización de tareas públicas como construcción de caminos, y limpieza o acondicionamiento de cauces de riego y tareas municipales.
"Ya lo he hablado con funcionarios del área de Recursos Humanos de Vialidad, espero en estos días tratar el tema con el intendente de la Capital (Eduardo Cicchitti) que ya conoce mi intención y lo mismo voy a hacer con Irrigación", advirtió el director penitenciario.
En realidad, además de los convenios que espera firmar con estos organismos, Miranda precisa de una ley que contenga este nuevo instrumento. "Entiendo que hace falta de una ley para que se defina el sistema y las condiciones laborales", remarcó ante los legisladores.
En líneas generales, desde el Gobierno entienden que el tan reclamado tratamiento de reinserción social para los internos, tendrá como base las actividades en la Colonia Penal de Gustavo André en Lavalle.
Por eso está claro que de allí saldrá la mano de obra para los emprendimientos viales y de mantenimiento de cauces. Es decir que a este sistema sólo podrán acceder los reclusos penados y que están en fase de confianza. O sea en la última etapa del cumplimiento de la condena.
"Además deberán contar con un dictamen psicológico favorable que le permita al interno hacer estos trabajos", señaló Miranda.
Los planes oficiales señalan que quienes sean beneficiados con este tipo de trabajos supervisados por los equipos de Vialidad, el Municipio de Capital o de Irrigación, serán remunerados y esos haberes serán depositados en una cuenta especial llamada "fondo de reserva", que podrán utilizar una vez que cumplan con la pena.
Los organismos se verán favorecidos porque tendrán un ahorro en el costo de personal para esta tareas.
Miranda explicó que se ha autoimpuesto un plazo para ordenar la emergencia "para luego empezar con estas acciones hacia adelante que serán progresivas". Esa nueva etapa dentro de la gestión de Miranda febrero de 2005.
Hablando de plazos, en una semana el director interino deberá presentarle al Gobernador Julio Cobos el plan de política de penitenciaria. Según advirtió, su impronta tendrá tres ejes: personal penitenciario, relación con la Justicia y reinserción social.
Justamente en el cónclave que los diputados mantuvieron a puertas cerradas con Miranda se acordó que los legisladores gestionarán un encuentro entre el funcionario penitenciario y la Corte de Justicia local. La idea es reclamar que se instale un juez de ejecución penal más y un ayudante de fiscal en la cárcel.
"La Argentina no ha cumplido"
Ya está en Mendoza la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encabezada por el salvadoreño Florentín Meléndez para observar la situación carcelaria.
Pero simultáneamente al desembarco de la misión se conoció un duro informe posterior a la muerte del preso descuartizado Sergio Salinas, que este mismo organismo le envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que analiza el caso carcelario mendocino por el cual la Nación puede terminar sancionada por violar los derechos humanos.
"El brutal homicidio de Sergio Salinas evidencia que el Estado Argentino no ha dado pleno cumplimiento a su obligación de prevenir los ataques contra la vida y la integridad personal de los internos de la penitenciaría y que no ha adoptado las medidas indispensables para impedir nuevos incidentes de violencia al interior de los recintos penitenciarios", afirma el documento oficial.
Ese es el diagnóstico con el que arribó Meléndez ayer a la tarde. "Venimos a corroborar que tipo de medidas se están implementando para evitar en el futuro más muertes en el interior de los centros presidiarios a cargo del Estado" avisó el comisionado.
Al mismo tiempo una carta de Amnistía Internacional fijaba su posición crítica al caso carcelario con una carta al gobernador con el mismo tenor de la CIDH.
Junto a Meléndez llegaron Santiago Cantón secretario ejecutivo de la CIDH y funcionarios de Cancillería como Jorge Cardozo. También desembarcaron asesores jurídicos del organismo internacional.
En la prisión se encontrarán con una huelga de hambre pacífica dentro del pabellón donde ocurrió el asesinato que terminó con el cuerpo de Salinas despedazado. "Lo hacen en protesta porque hemos trasladado a 10 hombres peligrosos después del asesinato", remarcó Miranda. El director admitió que hay inquietud interna por la llegada de la misión.
Los veedores se quedarán hasta el jueves y además de recorrer la sede de Boulogne Sur Mer y la Granja Penal de Lavalle se entrevistarán con familiares de las 16 persona asesinadas entre los muros carcelarios mendocinos.
Dentro de la agenda también habrá encuentros con organizaciones sociales críticas a la conducción gubernamental.
Para hoy está previsto que Meléndez se entreviste como primera actividad con el vicegobernador Juan Carlos Jaliff, ya que Cobos se encuentra en Capital Federal.
Derecho y obligación.
Por Juan Carlos Aguinaga Senador provincial (Partido Demócrata).La ley Penitenciaria Nacional, a la que ha adherido Mendoza, establece el trabajo de los penados no sólo como un derecho sino también como una obligación; aunque no se los puede forzar si no quieren trabajar, el no hacerlo perjudica su concepto y conducta. Es obviamente una de las bases del tratamiento. Debe ser remunerado y se deben respetar las disposiciones laborales y previsionales vigentes. En la ley 24660 se ocupa de esta parte en los arts. 106 a 113.
En casi todos los países del mundo el trabajo es considerado como un importante elemento de rehabilitación y así se lo emplea. En los EEUU existen en los diferentes estados los mas variados programas de trabajo y en algunos casos el trabajo y sobre todo los trabajos pesados y la contracción al mismo, es un elemento a considerar para la rebaja de penas, dentro del sistema progresivo y de modificación de la misma por las juntas de disciplinas o jueces de ejecución.
Lavalle recurriría a la Corte nacional y De Marchi quiere que decida una asamblea.
La Municipalidad de Lavalle analiza recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un recurso de queja, ante el fallo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia, referido a la ampliación de la granja penal de Gustavo André. Así lo anticipó ayer el intendente de esa comuna Roberto Righi..
El jefe comunal recordó que, en su momento, las obras del penal fueron paralizadas por la comuna por razones edilicias y por la falta del estudio de impacto ambiental. "Entendíamos que era una obra delicada en la que serían alojados internos a los que había que garantizar la seguridad como a los vecinos de la zona", indicó Righi.
La Provincia no permitió el ingreso de los inspectores municipales y luego planteó un conflicto de poderes, llegándose a la instancia en la que la Corte considera que las obras se pueden continuar, respetándose la reglamentación comunal.
Righi afirmó que no está de acuerdo con el fallo, si bien le da la razón en materia edilicia pero es contrario a la posición del municipio en materia de impacto ambiental.
"Para el tipo de obra que requiere una colonia penal se deben cumplir con todas las leyes. El predio fue construido para 40 internos y la provincia pretende ocupar con 240, sin sistema de cloacas, agua potable ni gas", expresó.
En Luján.
En Luján, durante una reunión prevista para que la Municipalidad de Luján destacara la labor de dirigentes vecinales, inesperadamente el tema de la cárcel en Cacheuta tomó inusitada vigencia.
Es que el intendente Omar De Marchi, que intentó que el encuentro no saliera del marco de una despedida de fin de año, anunció que la semana próxima se convocará a una asamblea "para que ustedes, los vecinos, indiquen los pasos a seguir con el tema de la Penitenciaría". Esto lo dijo luego de afirmar que "algunos nos reprochan que hacemos política con este tema y bueno...si hacer política es defender el pedacito nuestro de todos los días, entonces vamos a hacer política".
Afirmó a renglón seguido que "independientemente del resultado judicial y de la presión que le han metido a la Suprema Corte de Justicia, porque no hay un solo funcionario que no se refiera en los últimos veinte días al máximo tribunal, y como el Poder Judicial es a veces vulnerable, no siempre, pero si muchas veces, yo estoy descontando que vamos a tener un fallo adverso. Sin embargo, seguiremos peleando porque tenemos instancias hacia arriba y ahí vamos a demostrar que no es un capricho sino que tenemos una clara convicción para oponernos a esta radicación de la cárcel y más cuando ofrecimos otros terrenos".
Finalmente anunció que la semana próxima y a través de una asamblea, "se fijarán cuáles son los pasos a seguir; yo no voy a dar un solo paso que no tenga el aval de la inmensa mayoría de ustedes".
[Fuente: Los Andes, Mendoza, Arg, 15dic04]
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