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09may07
El Cels envía cartas al Gobernador de Mendoza, a los legisladores provinciales y al presidente de la Nación.
El CELS manifestó su preocupación por las amenazas a defensores de derechos humanos, la posible sanción de leyes que limitarían las excarcelaciones y los discursos de seguridad autoritarios sostenidos por el Gobernador y por funcionarios públicos en la provincia de Mendoza
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), manifestó mediante sendas cartas al presidente de la Nación, Néstor Kirchner, al gobernador de la provincia de Mendoza, Julio Cobos y al conjunto de los legisladores mendocinos su profunda preocupación por las amenazas que han sufrido en la provincia los defensores de derechos humanos Pablo Salinas y Alfredo Guevara, por el impulso del gobierno provincial a proyectos de reforma legislativa que limitarían las excarcelaciones, y por las reiteradas declaraciones del gobernador y de funcionarios provinciales que presentan a los derechos como obstáculos a sus políticas de seguridad. El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y su director ejecutivo, Gastón Chillier, exigen "que el Gobierno de la provincia de Mendoza instrumente las medidas correspondientes para la protección de los defensores de derechos humanos, y revierta las acciones e iniciativas en materia de seguridad que incentivan las violaciones a los derechos humanos y la falta de control de las instituciones de seguridad y justicia".
En su carta al gobernador, el CELS solicita que "frente a las amenazas que han sufrido en los últimos días defensores de derechos humanos en Mendoza, se dispongan las medidas necesarias para el resguardo de los defensores de derechos humanos y para el esclarecimiento de los distintos hechos de intimidación".
En relación con la posible sanción de legislación restrictiva respecto de las excarcelaciones, el CELS advierte que "implicaría el agravamiento de la situación de los derechos humanos en la provincia, y el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las penitenciarías de Mendoza y de las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Por otra parte, el CELS señala que "el aumento de las restricciones a las excarcelaciones no sólo ha demostrado, en diferentes momentos y en distintas jurisdicciones, su fracaso como política orientada a reducir los niveles de delito, sino que ha agravado la vulneración de derechos de la ciudadanía".
Respecto del perfil que asumió el discurso del gobierno sobre seguridad en los últimos días, el CELS señala que "resulta contrario a un entendimiento democrático de las problemáticas en torno al delito" y destaca que "las recientes declaraciones del Gobernador Julio Cobos y de su Ministro de Seguridad -difundidas por los medios de comunicación locales- en pos de una mayor discrecionalidad de las instituciones de seguridad y de la reducción de los controles judiciales y el manifiesto menosprecio por las garantías individuales son particularmente graves si se tienen en cuenta los casos de violencia policial ocurridos en Mendoza en los últimos años". En este sentido, el CELS solicitó al Gobernador que -en su calidad de responsable último por la actuación de las instituciones de seguridad- "preserve en un marco democrático el debate sobre delito y seguridad y evite cualquier declaración que pueda entenderse como un incentivo a la violación de la ley por parte de sus funcionarios o que asocie la labor de los defensores de derechos humanos con la criminalidad".
Finalmente, como la situación de los defensores y la posible sanción de las restricciones a las excarcelaciones pueden acarrear responsabilidad internacional al Estado argentino, el CELS decidió además alertar de esta situación al Gobierno Nacional y pedirle que instrumente las medidas correspondientes a fin prevenir violaciones a los derechos humanos.
El gobernador de Mendoza molesto con carta del CELS
El lunes el subsecretario de Justicia, Gustavo Castiñeira de Dios, dijo que el Gobierno le respondería por escrito al Centro de Estudios y anteayer aseguró a UNO que la carta aún no había sido enviada, que tenía que analizarla con el ministro de Gobierno y Cobos, pero que no sería en tono confrontativo "porque el CELS es un organismo muy serio y merece todo nuestro respeto y consideración".
Ayer sucedió todo lo contrario. Enfático, molesto, el gobernador les pidió a los profesionales del CELS que incluyan en su análisis todos los aspectos de la seguridad, "pero no a la distancia", sino que vengan a Mendoza a conocer lo hecho por el Gobierno para sacar desde aquí sus propias conclusiones.
Además dijo que los proyectos enviados a la Legislatura apuntan a que la ley se cumpla para que no estén libres quienes deben estar presos y que él tiene un concepto más amplio de derechos humanos, "donde se respeten también el derecho a la educación, la salud y la seguridad, el derecho a vivir tranquilamente, pero también dar las condiciones para que las personas que delinquen puedan rehabilitarse en cárceles dignas".
[Fuente: Diario Uno, Mendoza, 10may07 y CELS, Bs As, 09may07]
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