 | Este documento ha sido publicado el 05ago04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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05ago04
Por primera vez en Argentina la CIDH intima a regularizar la situación de los presos en las cárceles mendocinas.
Una grave denuncia ha sido tenida en cuenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tiene que ver con las condiciones de detención producidas por el hacinamiento que padece desde hace años el sistema penitenciario de Mendoza.
Se trata de un hecho inédito en el país: nunca antes un gobierno (ni el nacional ni ninguno provincial) había sido intimado en estos términos al menos en un tema de este tipo.
Ayer se dio a conocer que la CIDH, con sede en Washington, hizo lugar a la medida de tipo cautelar que presentara la semana pasada un grupo de abogados en relación a las condiciones de detención de los presos en la Penitenciaría local.
Con esto, el gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Justicia, deberá asegurar las condiciones de seguridad de los presos (doce de ellos han muerto en este año y en la Comisión están al tanto de este dato), garantizar la higiene y la salud en el Penal y separar a los detenidos procesados de los que tienen prisión preventiva.
La medida tiene carácter de obligatoria y el lapso para que todo el orden comience a restablecerse en las cárceles mendocinas es de quince días: bastante poco si se tiene en cuenta la situación actual de los centros de detención en la provincia. Asimismo, el organismo internacional informó que también cada quince días y durante seis meses, el Gobierno Nacional (representado en este caso por el de Mendoza) deberá hacer los informes por escrito e informar acerca de los avances que se lleven a cabo.
La noticia fue dada a conocer ayer por el grupo de abogados afines de los Derechos Humanos y compuesto por Pablo Salinas, Diego Lavado, Carlos Varela Álvarez, Alfredo Guevara y Alfredo Guevara Escayola en una conferencia de prensa hecha en un estudio jurídico del centro. Para ellos, se trata de "un gran avance en materia de derechos humanos en lo que hace a las condiciones de detención a las que están sometidos los presos en Mendoza", según dijeron en la ronda de prensa.
Por otro lado, se hizo saber que una medida de este tipo es inédita en la provincia; por lo que se ha creado expectativa acerca de los mecanismos que implementará el Gobierno para hacerle frente a esta exigencia internacional.
Se supo, por caso, que el Ministro de Gobierno, Alfredo Cornejo, sería el encargado de manejar el problema una vez que el pedido llegue de manera formal a su despacho de Casa de Gobierno.
Aunque el ministro deslizó que para que lo que le piden se lleve a cabo, "necesitamos de una ayuda desde el Poder Judicial como así también de las autoridades municipales". De todos modos, el caso será manejado por el subsecretario de Justicia, Eduardo Orozco, hoy el responsable más directo en cuanto a lo que sucede en las cárceles de la provincia.
La medida.
La denominada medida cautelar es un mecanismo contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica (a la que la Argentina adhiere) y hace referencia a un pedido de intervención urgente cuando se tiene una fuerte sospecha que los derechos humanos en algún sitio corren serios riesgos de ser violados.
En estos casos, es la Comisión Interamericana quien tiene el poder de chequear la denuncia y luego expedirse ante el Estado denunciado. Acá, el denunciado es el Gobierno Argentino, que mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, le avisó al Estado provincial (Mendoza) de la existencia del problema.
Cornejo, por su parte, dijo que "hasta ahora (por anoche) no hemos sido notificado oficialmente, pero estamos al tanto del asunto. Una vez que tengamos el papel en la mano veremos cuáles son los pasos a seguir".
"A nadie le gusta que lo intimen".
"Si bien a ningún gobierno le gusta que lo intimen, creemos que los pedidos que nos hacen son razonables. Pero también debo decir que estamos trabajando en consecuencia", soltó el Ministro de Gobierno, Alfredo Cornejo en comunicación telefónica con este diario.
Del mismo modo, el funcionario aprovechó la intimación para recordar a la Suprema Corte de Justicia que apure su decisión en cuanto al campo Cacheuta (donde se piensa hacer el nuevo penal) y a las autoridades municipales de Lavalle, "quienes ponen restricciones para el traslado de detenidos a ese departamento".
En cuanto a anuncios, Cornejo refrescó que están avanzadas las obras para la unidad penal de El Borbollón, donde piensan trasladar la cárcel de mujeres.
[Fuente: Los Andes, Mendoza, Arg, 05ago04]
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