20may04

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Carta de Amnistía Internacional al Gobernador de Mendoza sobre la situación en la carcelaria.

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Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza
Sr. Julio Cobos - Casa de Gobierno
Barrio Cívico - 5500 Mendoza
Argentina

Sr. Gobernador:

Amnistía Internacional se dirige al Sr. Gobernador y a todas las autoridades provinciales para presentar su extrema preocupación sobre los últimos incidentes registrados en varias cárceles y centros de reclusión en la provincia. Amnistía Internacional desea enfatizar que las preocupaciones que se incluyen en esta comunicación han sido en su mayoría expresadas en varias ocasiones a las autoridades provinciales.

Según la información recibida el día 1 de mayo de 2004, cinco reclusos fallecieron y otros seis resultaron con heridas de diferente consideración y dos policías fueron lesionados en la Granja Penal de Gustavo Andrá, “Juan Bautista Vitale Nocera” localizada a 70 kilómetros de la ciudad de Mendoza. El desarrollo de los incidentes, según la información del diario de Mendoza Los Andes, transcrita en el recurso de Acción Popular presentado por los abogados de los familiares de las víctimas ante el Juez de Instrucción local, la pelea de dos reclusos se generalizó entre varios internos coincidiendo con el horario de visitas de familiares. Las autoridades carcelarias finalizaron la visita y castigaron a seis de los involucrados en el Pabellón C en donde los internos prendieron fuego a un colchón. El fuego se extendido al pabellón D en donde se alojaban cerca de 16 detenidos. Encerrados y sin tener vía de salida los reclusos pidieron auxilio. La dotación de rescate de bomberos llegó cuando el fuego ya había alcanzado el techo de los pabellones. Cuatro reclusos murieron dentro de los pabellones y un quinto falleció en el Hospital Sícole.

Los muertos han sido identificados como Carlos Marcelo Villarroel, Mario Guillermo Andrada, Josá Alejo Falcón y Javier Antonio Gualpa, muertos por asfixia y Sergio Darío Reynoso quien, según la información, murió a raíz de varias lesiones corta punzantes. Otros seis reclusos resultaron con quemaduras y síntomas de asfixia y uno de ellos con heridas corta punzantes. Dos guardias sufrieron problemas respiratorios. Todos fueron trasladados a hospitales locales.

La Granja Penal de Gustavo Andrá, “Juan Bautista Vitale Nocera” aloja reclusos que están en la etapa final de su sentencia a punto de quedar en libertad, en un rágimen semiabierto sin muros perimetrales. La granja Penal tiene un sistema conocido como autodisciplina y los reclusos cuentan con actividades laborales.

Los familiares de las victimas y sus abogados han solicitado al juez encargado del caso una investigación sobre las causas de la tragedia para llegar a la ‘verdad real’ de lo sucedido, haciendo hincapiá en la continua preocupante situación carcelaria en la provincia. Amnistía Internacional hace eco a esa petición ante las autoridades provinciales y federales reiterando sus preocupaciones al respecto que han sido presentadas a las autoridades provinciales en diferentes comunicaciones.

Nos permitimos referirnos a la más reciente del 17 de febrero de 2004 dirigida al Sr. Gobernador, al Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Mendoza y con copia a los Ministros de Interior y Relaciones Exteriores de la Nación y al Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Adjuntamos copia de esa comunicación sobre la cual la organización no ha recibido respuesta.

Amnistía Internacional considera vital que en incidentes semejantes a los ocurridos en la Granja Penal de Gustavo Andrá la investigación sea inmediata, independiente y exhaustiva, que se den a conocer los mátodos de la investigación y que sus resultados se hagan públicos.

La situación carcelaria de la provincia ha sido motivo de preocupación internacional por un largo periodo, debido a las denuncias sobre el hacinamiento, las serias deficiencias en los servicios sanitarios y de atención mádica y la dilación en la aplicación de beneficios que ha conducido a motines y huelgas de hambre. Incidentes recientes en la Penitenciaria provincial de Boulogne Sur Mer, el 8 y el 15 de mayo pasados en los que se han registrado más de 16 reclusos heridos a raíz de quema de colchones y peleas entre los internos y la reciente huelga iniciada por los reclusos de la Cárcel de Mendoza en protesta por la falta de cumplimiento por parte de las autoridades del acuerdo sobre mejoras carcelarias incluyendo el hacinamiento y la lentitud en la adjudicación de beneficios, parecería reflejar el alto nivel de tensión que se registra en las cárceles.

En este contexto, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria durante su misión a la República Argentina entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre de 2003, visitó recintos carcelarios en varias provincias, entre ellas la Provincia de Mendoza. En su Informe de diciembre de 2003, el Grupo de Trabajo concluyó que: “[ha podido observar] el hacinamiento y las malas condiciones de seguridad, salud, nutrición, vestimenta y sanitarias en la mayoría de los centros de detención visitados. Estas malas condiciones, que se señalan como de larga data, pueden limitar, y de hecho limitan, el derecho a una adecuada defensa en juicio de los privados de libertad. Si bien el Grupo es consciente que la inseguridad ciudadana es un problema de preocupación principal en el país, el descuido y la desatención de los derechos de los detenidos no constituyen un medio efectivo para luchar contra ese problema, sino que, al contrario, lo agrava.”

En el mismo informe, en sus recomendaciones el Grupo de Trabajo señala: “Deben adoptarse urgentes medidas respecto al número de la población carcelaria, dado que la sobrepoblación de los establecimientos penales y de las comisarías de policía está en la base de los problemas detectados en las condiciones de detención.[…] Debe estudiarse la posibilidad de aumentar la capacidad del sistema penitenciario o de disminuir la sobrepoblación a travás de medidas alternativas tales como liberación anticipada; liberación bajo caución, liberación bajo palabra, arresto domiciliario, prisión nocturna, prisión diurna, permisos de salida, etc.”

Amnistía Internacional presenta a las autoridades la preocupación de la organización y la información recibida sobre los incidentes descritos en esta comunicación con el ánimo de conocer las políticas provinciales respecto a la solución de la situación carcelaria y la información sobre la iniciación de investigaciones sobre denuncias presentadas y el progreso o resultado de dichas investigaciones.

Amnistía Internacional agradecería conocer las medidas que las autoridades provinciales han tomado para implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Igualmente, la organización agradece al Sr. Gobernador y a las autoridades de la Provincia de Mendoza la información que nos suministre sobre las preocupaciones de la organización sobre este importante tema. Copias de esta comunicación están siendo enviadas a los Sres. Ministros de Interior y de Relaciones Exteriores de la Nación. La organización se permite informarle que hará público el texto de esta comunicación.

Atentamente,

Londres, 20 de mayo de 2004

Guadalupe Marengo, Directora Regional Adjunta
Programa Regional para Amárica

DDHH en Argentina

Este documento ha sido publicado el 01ago04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights