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01abr18
"Las cárceles de Tucumán están entre las peores del país"
"Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que con el pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice". Graciela Dubrez, presidenta de la Sección Argentina del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), anda con el artículo 18 de la Constitución Nacional en la mano. En Tucumán lo necesita más que en otras jurisdicciones -donde siempre viene bien recordarlo-. "Las cárceles de esta provincia compiten codo a codo con el desastre del conurbano bonaerense: se asemejan entre sí, lo que ya es decir muchísimo", dispara. Por si quedara alguna duda, añade: "las cárceles tucumanas están entre las peores del país".
La degradación inadjetivable quedó expuesta, según Dubrez, en diciembre, cuando ocurrió el homicidio de Sebastián Medina, preso y testigo protegido de la red de tráfico de drogas de Villa Urquiza. Ese crimen explica la presencia de la activista de derechos humanos en esta ciudad. "Volví para presentar una denuncia (en la Legislatura) contra Roberto Guyot, el juez de Ejecución en lo Penal que debía velar porque Medina tuviera condiciones adecuadas de detención. Además, hemos solicitado la investigación del fiscal federal N°2, Pablo Camuña, y del juez federal N°1, Daniel Bejas, que se habían comprometido a proteger al preso que estaba dispuesto a brindar información sobre la comercialización de estupefacientes en el penal", informa.
El apuñalamiento de Medina revela la magnitud del colapso que Dubrez dice haber detectado hace un año, cuando recorrió las cárceles de San Miguel de Tucumán y de Concepción. "Hicimos contacto con Érica Brunotto (secretaria de Derechos Humanos) con la intención de que su Gobierno comprenda que había que tomar medidas de fondo para corregir el estado calamitoso de las prisiones", explica.
Entonces murió Medina y la OIP, una organización no gubernamental originaria de Francia, cambió el enfoque para el caso de Tucumán: los buenos oficios son insuficientes, también hay que evaluar las responsabilidades de quienes deben controlar el sistema penitenciario. Dubrez considera que esa tragedia sucedió, entre otras razones, porque el Juzgado de Ejecución en lo Penal de la capital no está donde debe estar: la propia cárcel. "Fue creado para eso, para controlar la ejecución de la pena en el lugar donde esta debe ser cumplida. Pero luego se desvirtuó y, para ser justos, no sólo en Tucumán. Los jueces comenzaron a estar más cómodos en un despacho de los Tribunales (Guyot se instaló al frente de Villa Urquiza). Nosotros insistimos en que esto es un error", evalúa.
[Fuente: La Gaceta, Tucumán, 01abr18]
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