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abr16
Situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penal Argentino - Año 2015
Ir al inicioCONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
La situación descripta en el informe del año 2014, en relación al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia (en adelante CSJN) sigue sin resolverse. En efecto, tras las elecciones generales presidenciales y luego del balotaje del 22 de noviembre, el Ministro de la Corte Dr. Carlos Fayt, que había anunciado su renuncia el 15 de Septiembre, la hizo efectiva el 11 de Diciembre, luego que asumiera la presidencia el Ing. Mauricio Macri el día 10. La CSJN pasó tener 3 Ministros. Frente a esta situación el 15 de Diciembre el presidente electo, Ing. Macri, mediante un Decreto de necesidad y urgencia (DNU) nombró en comisión a los Dres. Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti hasta tanto el Senado reanude las sesiones ordinarias y apruebe los pliegos. Para ejecutar la designación, el Ing. Macri apeló al artículo 99, inciso 99, de la Constitución Nacional, que establece que el titular del Poder Ejecutivo "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". Juristas, abogados, y dirigentes opositores protestaron frente a la designación por decreto de las dos vacantes de jueces de la CSJN. Uno de los constitucionalistas que hizo contundentes objeciones fue el Dr. Daniel Sabsay: "El inciso 19 del artículo 99, cuando dice que se puede designar en comisión empleos que requieren acuerdo del Senado, habla de empleos del Poder Ejecutivo como embajadores o altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca, de ninguna manera, es la cabeza de otro poder (del Estado). ¿Qué grado de independencia pueden tener personas que solo dependen del dedo del Poder Ejecutivo?" |1|
Frente a la oposición férrea, el Presidente de la Nación anuló el DNU y quedará para las sesiones ordinaria del 2016 el estudio de los pliegos de los candidatos a cubrir la vacancia.
Se publicó en el Boletín Oficial del 9 de febrero la sanción y la promulgación de la Ley 27.080, que creó en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que reemplazará al Patronato de Liberados. La Dirección funcionará como auxiliar de la justicia federal y de la justicia nacional, cuya supervisión será ejercida por una Comisión conformada por los presidentes de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal |2| Es a partir de esta ley que, El Dr. Alejandro Marambio (ex director del SPF) intenta postularse para ocupar el cargo de "Director". El OIP envió una nota al Sr. Presidente de la CSJN a fin de manifestar su oposición debido a los antecedentes del postulante de marras.
El 28 de Mayo el plenario del Consejo de la magistratura se reunió para tratar, entre otros, el Expte. 158/2011 en el que varias organizaciones de DD. HH y de la sociedad civil, entre los que se encuentra el OIP, objetaba la presentación del Dr. Alejandro Marambio Avaria como candidato para cubrir el cargo de Juez de Ejecución Penal. Bajo dictamen Nº 17/2015, recomienda declarar abstracta la presentación toda vez que el candidato de marras, no se presentó al examen para cubrir dicha vacancia.
A mitad de año fueron removidos dos jueces federales en el Consejo de la Magistratura, el bahiense Santiago Martínez (que investigaba usinas de facturas apócrifas que supuestamente proveían al empresario Lázaro Báez amigo del gobierno de la Sra. Kischner) y el camarista Luis Cabral (quien debía votar sobre la constitucionalidad del memorándum firmado con Irán por la investigación del atentado a la mutual judía AMIA) levantaron fuertes críticas desde sectores académicos y de la oposición, al punto de considerarlas un nuevo avance del poder político sobre la Justicia.
La Defensoría del Pueblo de la Nación sigue sin tener un titular electo por la Comisión bicameral del Congreso de la Nación. El actual titular es el letrado a cargo de la sección "legales", Carlos Guillermo Haquim. El OIP tiene varias actuaciones abiertas y estas fueron derivadas a los defensores provinciales, tal es el caso de la Provincia de Santa Fe Actuación Nº 2641/13 que aún carece de dictamen. Igual destino tiene la actuación abierta sobre el caso Corrientes, sobre el penal Nº1 de Corrientes Capital.
En la República Argentina existen varios organismo de control acerca del desempeño del Estado en la tutela, vigencia y efectivo goce de los Derechos Humanos (en adelante DD. HH) sin embargo, están anulados por la decidida voluntad política del gobierno saliente, ya sea dejándolos acéfalos, ya sea nombrando al frente del organismo a personas cuya filiación política es la misma del oficialismo. El caso de la Defensoría del Pueblo de la Nación no es único. A pesar que desde los organismos internacionales reprochan la mora de Argentina en constituir el Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y/o Degradantes, el gobierno saliente se empeñó en primer lugar en sacar la Ley 26.827, que si bien formalmente guarda relación con el Protocolo de la Convención contra la Tortura (que es garantía constitucional en Argentina), la composición del Comité anula toda posibilidad de autonomía y libertad de criterio en relación al oficialismo de turno. Esta cuestión que fue reconocida por el oficialismo saliente y se comprometió a corregir mediante otra ley, no ocurrió.
En cuanto al Código Procesal Penal (CPP), que fue promulgado con la publicación en el boletín oficial del decreto 2321. Ley 27063 (cuestión que figura en el informe del OIP de 2014), la Ley establece la implementación, en forma progresiva, del CPP de la Nación. La fecha de su entrada en vigencia es el 1 de marzo de 2016. Se asignan nuevas funciones a la Comisión Bilateral de Monitoreo e Implementación; se determina la nueva denominación, integración y distribución de los órganos del Fuero Penal; se establece la forma de sustanciación de las causas que se encontraran en trámite; se crean las Oficinas de Gestión; se regulan los derechos, traspasos, funciones y cargos de los funcionarios y empleados del Poder Judicial que se vieran afectados por la implementación del nuevo CPP y se instituye una serie de disposiciones transitorias que abarcan desde programas de capacitación hasta distribución de casos en la Justicia Penal. Sin embargo, el gobierno electo el 22 de Noviembre, presidido por el Sr. Presidente, Ing. Mauricio Macri, a través del flamante Ministro de Justicia Dr. Germán Garavano, anunció que mediante un DNU, suspenderán la aplicación del Código Procesal de la Nación |3| A pesar de la suspensión, Garavano ratificó que el sistema acusatorio para establecer el nuevo Código es una política judicial que el Gobierno llevará adelante |4| El ministro también adelantó que en el DNU se harán "correcciones en contrataciones" y en la organización del Ministerio Público Fiscal que encabeza la procuradora Alejandra Gils Carbó. En la misma reunión con la prensa, el Ministro de Justicia anunció otro DNU: Suspenderá la aplicación del Código Procesal de la Nación; el otro determinará que las escuchas judiciales ya no estarán bajo la órbita de la Procuración General, sino de la Corte Suprema |5| Las escuchas judiciales pasaron por ley aprobada por el Congreso, de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la Procuración General, que creó el Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (DICOM), a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, para llevar adelante las intervenciones telefónicas. El ministro señaló que el traspaso de las escuchas ya le fue anunciado al presidente de la CSJN.
La primera semana del mes de Junio, el OIP recibió de parte de una asistente social, la solicitud de gestión ante el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de San Martín a fin de evitar el traslado de un interno con domicilio familiar en la Ciudad de Caseros, Pdo. De Tres de Febrero, cumpliendo condena en el Complejo Penitenciario de Florencio Varela, al penal de Barker. Como puede advertirse, la distancia lo alejaría de su familia, de modo tal que sería imposible visitarlo, ya era bastante dificultoso visitarlo en el Completo Varela. En este entendimiento, el OIP, intentó durante una semana enviar un fax a la titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 sin éxito. Cada vez que se obtenía tono para enviar la nota, el mismo se cortaba. Por lo que se solicitó un correo electrónico confiable para realizar el envío. Se le comunicó a la institución que no se podía facilitar, que se enviara la nota por correo común. Frente a esta situación, la representante del OIP se apersonó en el Juzgado de E. Penal llevando la nota y solicitando una explicación. La respuesta fue que el OIP no forma parte de organismo estatal alguno, por lo que no se podía facilitar el correo del Juzgado. Frente a esta situación, la Comisión directiva del OIP decidió denunciar ante la Sra. Procuradora de la Provincia de Buenos Aires la situación |6| El caso quedó en manos de la Subsecretaria de Control disciplinario del STPBA, la representante del OIP, ratificó la denuncia en la Subsecretaria y a la fecha de la elaboración del presente informe no había novedades del caso.
El año 2015 se ha caracterizado una extensa agenda electoral. En efecto, a partir del mes de Junio y hasta el 22 de Diciembre, hubo distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concurrieron tres veces a las urnas para elegir tanto el Jefe de Gobierno local como el Presidente de la nación en el ballotage. Es así que el OIP tuvo intenso trabajo para coordinar y participar como acompañante cívico del voto de los detenidos.
La República Argentina carece de estadísticas confiables, sin embargo el Ministerio de Justicia de la Nación, ha hecho público una cifra sobre la cantidad de personas privadas de su libertad hasta fines de 2014 que parece poco ajustada a la realidad: 69.900 personas. No discrimina entre personas en situación de prisión preventiva, condenados, menores, inimputables o detenidos en comisarias. El OIP advierte sobre la "cifra negra" de detenidos en comisarías por largo tiempo que no figuran es las estadísticas porque se toman en cuenta sólo los detenidos en cárceles y alcaidías. Por otra parte durante el presente año 2015, es notorio el incremento de personas privadas de libertad. El OIP sostiene que el total de las personas en situación de encierro ronda la cifra de 82.000 personas.
Hay situaciones de judicialización que ponen a las personas en un limbo jurídico, como el caso de Meijuan Z. quién llegó a la Argentina en el año 2007 para trabajar en un súper mercado chino, pero en 2010 padeció una descompensación y la encerraron en el neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Tras más de 4 años de institucionalización, a los 30 años, el Ministerio Público de la Defensa se ocupó de rescatarla |7| Este caso (que no es único) pone en evidencia la lentitud burocrática para poner una persona a derecho, lo que concluye con la conculcación de los mismos. Otra arista del caso es: ¿Cómo es posible proporcionar tratamiento psiquiátrico y psicológico cuando media la barrera idiomática y cultural tan dura? Más que atender su padecimiento mental, lo que se ha hecho es aumentar su aislamiento y padecimiento.
Parece atinente subrayar que de acuerdo a los casos recogidos por el OIP y la situación institucional y jurídica del sistema penal, parece muy claro que se ha abandonado todo intento de socialización, limitándose a atender al ritual de las formas sin cumplir con el fondo de la cuestión: el cumplimiento cabal de la manda constitucional.
Situación de los menores de veintiún años en el Sistema Penal Argentino
La situación de contradicción entre las prácticas, el discurso y garantías constitucionales sigue vigente. En el congreso de la Nación, siguen en danza varios proyectos |8|a fin de tener una Ley de responsabilidad penal juvenil actualizada y respetuosa de las garantías constitucionales. Como puede advertirse, algunas perdieron estado parlamentario a fines del presente año y los proyectos centran su debate más duro en la edad de la imputabilidad. El OIP no puede menos que manifestar su disidencia frente a la pobreza del debate. En efecto, mientras los niños en conflicto penal, son materia de menoscabo público en los medios masivos de comunicación, los jueces del sistema penal juvenil suelen acusar de un delito, declarar la inimputabilidad |9|
y entregar al niño/a y/o adolescente a las mismas personas que los tenían a cargo sin medida tutelar alguna, (esperando que tenga la edad para imputación) como por ejemplo: observación constante del ambiente donde se desarrolla el menor, tratamiento psicológico, terapia familiar y medidas socioeducativas. El menor regresa a un ambiente lesivo para su desarrollo sano aumentando la conflictividad.
Situación de los Menores en conflicto con la ley penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El primer informe realizado por profesionales de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentaron en el Palacio de Tribunales el primer informe sobre "Sistematización de la Información de la Base de Datos de niños, niñas y adolescentes institucionalizados", que analiza los datos de 2013 y 2014 aportados por los juzgados y tribunales orales de menores de la justicia nacional de la Capital Federal. Los registros incluyen todas las "internaciones" (los encierros) y traslados en materia penal dispuestos sobre niños, niñas y adolescentes en esa jurisdicción. Desde la perspectiva de la violencia institucional, el relevamiento constituye un foco de interés en relación al seguimiento de los índices de institucionalización de jóvenes, la temporalidad de las medidas y otros datos de relevancia. El informe revela que durante 2013 fueron un total de 500 los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, mientras que en 2014 sumaron 511. El OIP está en condiciones de informar que la cifra se incrementó durante el 2015. El estudio por variables permitió determinar que nueve de cada diez internados son varones; que ocho de cada diez internaciones finalizaron en el transcurso del mismo año en que se iniciaron; y que ocho de cada diez no superan los seis meses de duración. "En promedio, en 2013 las internaciones duraron 102 días, y en el 2014, 93 días", indica el informe.
La sistematización de los datos del fuero de menores de la justicia nacional también indica que el 50% de las internaciones culminan en alguna institución de régimen cerrado, que un 30% de ellas transitan en regímenes abiertos y que un diez por ciento lo hacen en una comunidad terapéutica. El restante 10%, con otras modalidades. En cuanto a las edades, la mayoría (un 68%) está integrado por adolescentes de entre 16 y 17 años; el 29% tienen 14 y 15; mientras que el resto tiene entre 11 y 13 años de edad.
El OIP ha observado que fue nulo el avance durante el año 2015 en materia de resguardo de derechos en relación a los niños, niñas y/o adolescentes en conflicto con la Ley penal y/o su resguardo y cuidado cuando están en situación de vulnerabilidad.
El 16 de marzo una Comitiva del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles integrada por el juez Gustavo M. Hornos, el fiscal Abel Córdoba (titular de la Procuvin), Roberto Cipriano García, y otros miembros del equipo de dicha dependencia, concurrió, sin previo aviso, al Centro de Régimen Cerrado "Dr. Manuel Rocca" a fin de efectuar una completa inspección. En carácter de actuaria asistió la secretaria de Cámara Lucía Gallagher. Luego de haber recorrido todo el Centro, inmediatamente requirieron el realojamiento de tres jóvenes que se encontraban en un sector denominado "Enfermería Planta Baja" en razón de la situación de encierro, falta de ventilación y luz adecuadas y el hacinamiento que presentaba el lugar. Como resultado de ese monitoreo se formularon una serie de señalamientos al director a cargo y a las autoridades de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; especialmente se le señaló la imperiosa necesidad de flexibilizar el régimen y condiciones de privación de libertad de los adolescentes alojados en el Centro, debiendo asegurarse el acceso libre de los jóvenes a las instalaciones sanitarias durante las 24 horas. Toda vez que especialmente durante el horario nocturno pasan más de 9 horas diarias sin acceso a baños. Además y ante la especial situación de brote de parotiditis por la que atraviesa el Centro, el Sistema señaló que se deberá efectuar una inminente consulta especializada a fin de establecer la posibilidad de reanudar las actividades educativas, culturales y físicas.
El martes 7 de abril a la madrugada por un equipo de PROCUVIN que buscaba elementos de tortura como los denunciados por la víctima (un adolescente) y se encuentran en un cofre 42,2 gramos de cocaína fraccionada en 125 envoltorios, dos piedras de 65,9 gramos de marihuana, en otros cajones encontraron más de 100 DNI, ocho tarjetas de crédito, y demás documentación. El joven que denuncia las torturas, había sido detenido por gendarmes para "averiguación de antecedentes", es trasladado al puesto sito en autopista Cámpora en Villa Soldati, allí lo golpearon en rostro y estómago, estaba con sus manos esposadas en la espalda, lo amenazaron con inventarle una causa para lo cual le mostraron drogas, luego lo picanearon para luego trasladarlo mientras lo golpeaban al hospital Piñeyro.
El 24 de Julio se produce un hecho que por sus características ilustra el grado de estancamiento en la praxis con los chicos institucionalizados y la violación a sus derechos. Lucas Simone (17 años) estaba internado en el Instituto Manuel Rocca. Perdió la vida como consecuencia de un incendio. Diego Brizuela, otro adolescente internado, fue hospitalizado en estado crítico |10|
En el Instituto de Menores no había matafuegos, ni luz de emergencia, ni un generador de energía. Tampoco un médico. Los colchones eran de goma espuma y no ignífugos, como se recomienda en lugares de encierro. El faltante ya se les había advertido a las autoridades. En las semanas previas a la muerte de Lucas, en el Rocca hubo al menos dos intentos de quema de colchones. Pero nadie se ocupó del estado de las instalaciones. Habían comprado los colchones ignífugos antes del incendio y aún con los chicos quemados, el 8 de agosto (casi un mes después) todavía no los habían distribuido.
El Instituto cerrado Luis Agote, ubicado en el barrio de Palermo presenta las mismas deficiencias que las señaladas en el informe del año 2014, donde un chico encerrado en el subsuelo, en celda de aislamiento, falleció con el 80 % del cuerpo quemado en diciembre del año pasado. Los institutos Centro de Régimen Cerrado General San Martín, Manuel Belgrano, Manuel Rocca, Úrsula Llona Inchausti e Instituto Dr. Luis Agote son las instituciones dependientes de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) cuya gestión está seriamente cuestionada por varias oficinas de control estatal.
En cuanto al abuso policiaco, ilustraremos con tres casos que no hubo mejoría en las prácticas de la fuerza de seguridad de la ciudad quienes con el fin de proceder a reprimir conductas antisociales violan las garantías individuales y a veces hasta cuestan vidas.
Según números confiables, hay una veintena de casos registrados protagonizados por integrantes de la fuerza local. A fines de mayo, un efectivo de la Metropolitana recibió una condena a prisión perpetua por haber fusilado a un joven de 26 años, en 2011 |11|
La madrugada del 7 de febrero Roberto Autero de 16 años murió en la esquina del Parque Rivadavia, en la intersección de las calles Rosario y Viel, a causa del disparo del policía de la Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres. Los legisladores de la oposición presentaron un pedido de informes para indagar en el episodio, además de presentar el caso en conferencia de prensa el 12 de mayo. El joven era alumno del Centro Educativo Isauro Arancibia desde los 10 años, cuando llegó desde una institución donde estaba alojado. Su vida transcurría entre hogares estatales y la calle |12|
El 10 de marzo un joven de 17 años fue abusado por el oficial Torres de la policía federal frente a la estación Caballito del ferrocarril Sarmiento. Cuando el joven desciende del tren aproximadamente a las 12 de la noche, es interceptado por el oficial Torres quien le practica un registro encontrándole un cigarrillo de marihuana. Ante esto le manifiesta que debe trasladarlo a la comisaría, lo que el joven acepta |13|
Luego de haberse postergado en al menos tres oportunidades, 27 de Octubre comenzó el juicio contras seis policías de la Federal y un agente del Servicio Penitenciario Federal que están acusados de haber abusado sexualmente por varios años de dos hermanas que estaban en situación de calle. Las chicas, que entonces eran menores, eran llevadas a dependencias policiales en las que eran violadas y forzadas a prostituirse. Los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17, en una medida al menos cuestionable, resolvió que el debate se realizara a puertas cerradas para preservar la identidad de las víctimas y la de los acusados |14|
El 18 de Noviembre, Lucas Cabello de 20 años (cuida coches del restaurante Il Matarello) fue internado en grave estado en el Hospital Argerich tras haber sido baleado: según la policía, fue un "tiroteo" pero la familia denuncia que fue un caso de "gatillo fácil" |15|
El 18 de diciembre a las 9:30 hs en el Barrio Illía, Bajo Flores, Comuna 7 (CABA) personal de la comisaría 34 de la Policía Federal le quitó la vida a Pablo Reynaga que había salido a comprar el desayuno para sus hijos. Pablo fue asesinado de 4 balazos por un notificador vestido de Civil sin identificación |16|
El 16 de junio sentenciaron a tres guardiacárceles por torturas cuyo principal testigo y víctima fue Brian Núñez, quién escuchó la sentencia junto a Cecilia Occhipinti, su novia, y Liliana Valenzuela, su mamá. Pero el joven, de 24 años, está otra vez preso. El sábado 11 de octubre, pasada la medianoche, Brian fue apresado en la esquina de Godoy Cruz y Honduras por personal de la comisaría 25°, en el mismo barrio donde vive, Palermo, acusado de acuerdo a la versión oficial, asaltó a una joven, que iba acompañada por una amiga, y la golpeó para sacarle la cartera, con una réplica de pistola que resultó ser un encendedor. Sin embargo, su mamá y su novia, coinciden: "Le armaron una causa, como un revanchismo por las condenas". Además, la Justicia lo quiere enviar al penal de Sierra Chica. |17|
1. En la Provincia de Buenos Aires
"La muerte de dos jóvenes de 16 y 17 años en un período menor a 20 días en diferentes institutos de menores que dependen de la Secretaria de Niñez y Adolescencia (SN y A), deja en evidencia, una vez más, la ausencia de políticas eficaces de promoción y protección de derechos para niños y adolescentes en la provincia. Aunque la justicia investiga todavía las causales de muerte, y existe en ambos casos una presunción de suicidio, no caben dudas que las mismas se encuentran vinculadas con las aberrantes condiciones de detención". Manifestó públicamente la Comisión por Memoria de la provincia de Buenos Aires. El OIP, solicitó de urgencia una visita al Instituto Almafuerte. Las autoridades difirieron la autorización hasta que finalmente frente a la firmeza del reclamo, tres miembros de la Comisión directiva de la institución viajó a La Plata, donde se les informó que justo ese día se estaba realizando un cambio de autoridades. Cuestión que más tarde pusimos en conocimiento del Sr. Subsecretario del aérea de personas privadas de su libertad del Superior Tribunal de la provincia. |18|
Las reiteradas muertes de menores en institutos de la provincia no pueden escindirse de las condiciones estructurales de detención en las que permanecen alojados. Allí las torturas son cotidianas y se aplican en forma sistemática sobre jóvenes que se encuentran imposibilitados de realizar denuncias por la situación de violencia a la que son sometidos. A esto hay que sumar las denigrantes condiciones de encierro caracterizadas por falta de acceso a la educación y la salud y las deplorables condiciones.
M.G., joven de 16 años, fue encontrado muerto en su celda del Instituto Pablo Nogués de Malvinas Argentinas el 4 de julio. Había ingresado a la institución el 16 de junio proveniente del Instituto Legarra de La Plata donde había sido entrevistado por la Comisión Provincial por la Memoria |19|
Alejandro Segovia (16 años), murió luego de varios días de agonía, baleado por la policía bonaerense el 29 de enero en la localidad de San Martín. Según la información policial, los hechos se produjeron luego de darse una persecución y tiroteo contra el joven y su acompañante, de nombre Matías, quienes habrían robado el coche en el que escapaban. De acuerdo a los familiares y algunos testigos, los jóvenes se habían entregado luego de chocar con el choche en el que huían y habrían ejecutado a Alejandro de un tiro en la cabeza y a Matías en la espalda, cuando estaban tirados en el piso |20|
El 9 de febrero María Soria, denunció ante un organismo de DD. HH (APDH) porque su hijo Leonardo Soria fue golpeado duramente por policías de la Comisaría Primera de Azul en la tarde del día de la fecha, tras su detención en el barrio El Sol, luego una reyerta que el joven mantuvo con familiares |21|
Un caso anterior también denunciado por la APDH-Azul fue la semana anterior con un menor de 17 años, brutalmente golpeado y acusado de diversos delitos, que luego el Tribunal del Menor comprobó que eran falsos y con pruebas plantadas, caso un revólver calibre 38, que de paso, no era apto para disparar. El joven fue asistido ya está en su hogar familiar desde el viernes 6 de febrero.
El 31 de enero en horas de la tarde, una joven de 15 años fue violada en el Parque General Manuel Belgrano de Monte Chingolo por gendarmes, la joven estaba participando junto a un grupo de amigos de actividades educativas y recreativas |22|
El 27 de marzo alrededor de las 23 horas Diego Aljanati de 13 años de edad, muere al ser atropellado por una camioneta policial a la salida del boliche "Enjoy" tras una matiné bailable, en el distrito de Ituzaingó |23|
La detención arbitraria por parte de la Policía Bonaerense de tres estudiantes en la ciudad de Zárate, motivó el reclamo de organizaciones de Derechos Humanos. El hecho ocurrió la segunda semana del mes de noviembre, cuando tres estudiantes de la Escuela de Educación Media 8 de esa ciudad bonaerense pintaban un mural como parte de su trabajo final del XIV Encuentro de Jóvenes y Memoria. Allí "fueron abordados por agentes policiales de una patrulla del Comando de Prevención Comunitaria (CPC), hostigados, maltratados y requisados" y luego "detenidos de manera arbitraria y llevados a la sede policial", según el relato. En la seccional, los chicos fueron "sometidos a una exhaustiva indagación" y como "práctica intimidatoria, los policías realizaron una (inspección) ambiental sobre las casas de los jóvenes e indagaron a los vecinos". Según la denuncia, la Justicia de Zárate-Campana inició una causa contra los chicos por "daño a bienes públicos" |24|
Las requisas en el vial costero de Vicente López, los fines de semana empleados municipales junto a policías municipales y bonaerenses, obligaban a mostrar el interior de bolsos o carteras a las personas que iban al paseo de la costa. Ante la denuncia presentada por varios vecinos, la justicia hizo lugar a un habeas corpus ordenando que cesen "las restricciones y controles" que se realizaban, especificando que "el municipio procure adecuar el contralor de conductas contrarias a la ley a los parámetros especificados en el ordenamiento legal" |25|
El 1 de marzo Nahuel Ramírez de 18 años fue asesinado por el principal Eduardo Sombra de la comisaría 3ª de Garín le pega 7 balazos. Seis de los disparos los recibió mientras huía, el séptimo fue el mortal y de remate cuando estaba tirado en el piso, le entró por la garganta y le reventó la cabeza |26|
El 23 de marzo el hijo de la Sra. Paola Dessaner fue atacado por policías a la salida del recital de Lollapalooza en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Según la declaración del joven y su madre un grupo de policías lo subieron a un patrullero y lo trasladaron a la comisaría donde fue maltratado. Lo golpearon, lo arrastraron por el piso esposado, le robaron sus pertenencias le robaron sus pertenencias dejándolo en libertad luego de varias horas.
El jueves 2 de abril Gabriel Sena (16 años) cuando un policía de la Federal le disparó en un barrio de Florencio Varela. Era la madrugada y Gabriel estaba en la puerta de su casa tomando cerveza con dos amigas y un amigo, cuando el policía Adrián Martín (30 años), que cumplía funciones en la comisaría 21º de la Ciudad de Buenos Aires se acerca y le pide un trago, se le da, luego discuten, se produce un forcejeo, saca su arma reglamentaria 9 mm y dispara cuatro veces, uno de los proyectiles le da en una pierna y el otro en el pecho. Una vez en el suelo, lo ataca dando puntapiés en la cabeza. Una vez trasladado al hospital Mi Pueblo, fallece a las pocas horas |27|
El 7 de abril en las cercanías de un arroyo que divide el barrio Libertador en la localidad de San Martín Carlos Adrián González de 19 años recibió un disparo en el hombro izquierdo, al lado de la clavícula. El autor del disparo fue el policía Fernando Matías Rodríguez de 22 años, recién egresado de la escuela de la policía bonaerense, quien estaba destinado al comando de Prevención Comunitaria |28|
El 18 de abril Oscar Ledesma de 19 años y su amigo Oscar Kaminsky de 21 fueron atacados sorpresivamente por un agente de la Federal a las 2,10 hs. en la calle 1344 entre 1319 y 1321 del barrio La Capilla de Florencio Varela. Luego de increparlos violentamente, el policía extrajo su arma 9 mm y comenzó a disparar, muriendo el joven Ledesma de un impacto en el tórax, mientras su amigo recibió un proyectil en un tobillo |29|
Ángel, de 20 años de edad, fue ultimado a golpes por la policía a mediados de mayo en Rafael Castillo. Según la versión policial, el joven se golpeó la cabeza al tratar de saltar un paredón para robar en una casa del barrio. En cambio los vecinos aseguran que el joven no trató de robar, que no llamaron a la policía. Además la autopsia demostró las marcas que tiene dejadas por las botas policiales al golpearle la cabeza. Se detuvo a uno de los policías.
El sábado 16 de mayo en el recital de la banda musical "La Renga" en el Hipódromo de Tandil, la policía una dura represión a los jóvenes a los golpes, gases y balazos de goma. Varios de ellos publicaron las fotos en las redes sociales, como Nicolás Tumminaro que muestra su pecho, brazos, espalda y piernas con numerosos impactos |30|
3.- En la Provincia de Catamarca
El 21 de Mayo el juez de Menores Rodrigo Morabito, quien es uno de los que tiene a cargo las causas iniciadas contra "Coki" por robo. En declaraciones a un diario matutino de alcance nacional, dice que la familia lo acompaña mucho, pero que la carga "es grande". "Hay veces que los padres nos piden por favor que encerremos a sus hijos, porque están desbordados. Pero el Estado también está desbordado en materia de adicciones, porque no hay en Catamarca dónde enviar a estos chicos" "Hay menores que llegan al Juzgado con mucho deterioro físico, que consumen pegamento, pastillas, alcohol y hasta nafta", se lamenta el juez |31|
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y/o de vulnerabilidad, no se observan avances en ningún sentido. En efecto, siguen sin tener el goce de los derechos legalmente reconocidos. El caso del que se hace referencia ilustra el estado de situación. En la mañana del 31 de enero de 2006, dos chicas encontraron un cuerpo sin vida. El personal policial la identificó como María Romina Farías Molina, de 13 años fue reconocida casi de inmediato por cuanto contaba con antecedentes de que había sido demorada en varias oportunidades por desórdenes y ebriedad. Pese a la conmoción inicial, su muerte quedó en el olvido y hoy permanece impune. La justicia, con el fiscal Marcelo Sago y la jueza de Menores, Ana María Nieto, y la Unidad Judicial Nº 1 dispusieron una serie de medidas de inmediato. Por su parte la policía, con el jefe de Investigaciones Francisco Soria a cargo del caso, iniciaron la búsqueda de testigos, amigos o conocidos que hubieran visto con vida a Romina. "Era una chica que deambulada por la calle y estaba expuestas a peligros como la droga y la prostitución", manifestó en su momento María Luisa Armoya, directora de Desarrollo Humano, a cargo de los institutos de menores donde María Romina estuvo internada en varias etapas de su corta vida |32|
Las prácticas policiales siguen siendo violentas y contrarias a las normas establecidas. Estos casos ilustran la situación. Gustavo Ariel Espeche fue detenido el 6 de mayo cuando estaba con un grupo de amigos festejando el triunfo de Boca en la puerta de su casa. Dos policías motorizados de la comisaría 9ª de San Fernando comenzaron a golpear al joven, a sus primos y amigos, los pusieron contra la pared y se los llevaron en un móvil policial donde fueron víctimas de apremios y mal trato. A Gustavo dada la gravedad de las heridas, debieron trasladar al Hospital San Juan Bautista donde lo dejaron abandonado.
Rubén Héctor Iturres de 20 años, fue detenido en forma violenta el 31 de mayo. El joven regresaba a su casa luego de haber asistido a una fiesta por su cumpleaños cuando en la esquina de 9 de Julio y Güemes de la capital catamarqueña se le acercan dos policías en moto, con sus cara cubiertas, lo detiene y le piden el documento, cuando intenta explicarles que está regresando a su casa, uno de ellos lo golpea, es esposado y llevado a la seccional donde recibe una brutal golpiza.
4.- En la Provincia del Chaco
Como puede observarse, en la provincia las prácticas policiales siguen sin modificarse en relación al informe 2014. El 22 de febrero Cesar Romero y su hermana fueron víctimas de una feroz golpiza en la comisaría 4ª de Resistencia. Vienen siendo perseguidos desde el 2011 por integrantes de esa misma seccional, se sospecha que por sus afiliaciones política. César debió ser hospitalizado.
Diego Adrián Aguilera, joven carrero de 17 años, fue muerto el 22 de marzo a causa de los culatazos de itakas recibido de parte de fuerzas policiales en la provincia del Chaco. Fue trasladado al hospital Perrando con numerosas heridas en el cuerpo provocadas por las torturas recibidas, especialmente en la zona del tórax. Estaba junto a Julio César Honorato quien pudo sobrevivir pese a las heridas sufridas. Otras organizaciones de DD. HH vienen denunciando sobre la persecución y represión que sufren los carreros de la zona.
5.- La Provincia de Chubut
Se impulsan desde la Procuración General Las oficinas de Soluciones Alternativas de Conflictos para evitar llegar a juicios orales en las contiendas del fuero penal en todo la cumplen una importante tarea al momento de descomprimir el sistema judicial penal. Actúan en la resolución de delitos menores como hurtos o robos que, luego de ocurrido el hecho y hallados los presuntos culpables, tanto las víctimas como los autores arriban en muchos casos a acuerdos mediante las figuras de la conciliación o la reparación. La aplicación de soluciones alternativas está incluida en lo que se denomina "justicia restaurativa", como una forma más evolucionada de ver el proceso penal en relación a la tradicional justicia punitiva |33|
6.- En la Provincia de Córdoba
El 26 de enero se produjo un hecho de abuso policial que involucró a niños y adolescentes en el barrio Ludieña. Los hechos fueron denunciados por vecinos y organizaciones sociales del barrio, entre ellos la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. la comunidad manifiesta que la policía irrumpió en cuatro domicilios del barrio, sin orden de allanamiento y produjo las detenciones de ocho personas, entre ellos una chica de 14 años y un joven de 15, imputando a un joven de 22 de robo calificado. Los miembros de la Asamblea denuncian que en este ilegal procedimiento se enmarca en una serie de abusos permanentes contra los sectores vulnerables |34|
El 7 de febrero un grupo de 5 chicos de entre 12 y 23 años en Carlos Paz regresaban de haber estado en el rio cuando un patrullero los interceptó, los interrogó y les ordenó que volvieran a sus domicilios. Mientras lo hacían los siguieron en un patrullero y al llegar a sus casas se dirigieron a una de ellas para agredir a uno de los jóvenes, al intervenir el padre también fue atacado y detenido junto a su hijo mientras uno de los policías disparaba y detenían al resto de los jóvenes a los que golpearon brutalmente, quedando uno de ellos con la boca seriamente herida.
Analía Romero denuncia que el 8 de febrero, su hijo de 16 años fue violentamente golpeado por efectivos policiales cuando regresaba a su casa de trabajar. Circulaba en su moto cuando es detenido por la policía y trasladado a la comisaría local. La excusa policial fue que el joven intentó escapar del control. En la alcaidía local se negaron a tomar la denuncia por lo cual debió dirigirse a los tribunales.
El 21 de marzo Esteban Martínez, 20 años, había ido a un baile que se realizaba en la ciudad de Alta Gracia, junto a un grupo de amigos. A uno de ellos le negaron la entrada, por lo cual el joven preguntó el motivo, la respuesta fueron los feroces golpes propinados por seis oficiales de la policía, quienes le doblaron un brazo, golpearon en las costillas, lo asfixiaron y le desfiguraron la cara |35|
El 3 de mayo Brian Jesús Guaima "Pimpollo", de 16 años de edad, fue asesinado por un policía retirado en el Barrio Observatorio. Estaba jugando al futbol en una canchita del barrio, cuando se da una disputa entre las barras, Brian corrió, pero un disparo del arma del policía impactó en su cuerpo provocándole la muerte |36|
En la madrugada el 4 de mayo Nicolás Peralta, 16 años, fue encontrado sin vida en el Complejo Penitenciario Esperanza ahorcado con una sábana. El joven había sido detenido junto a cientos de jóvenes en una razzia realizada por más de 1.500 efectivos en la ciudad de Córdoba. En ese complejo penitenciario se derivan jóvenes de 16 a 18 años que estén judicializados y está denunciado por abogados y familiares e integrantes de la Campaña contra la Violencia Institucional en Córdoba, por ser una de las instituciones "más vejatorias y arcaicas" y sobre el que pesan innumerables denuncias por malos tratos.
El 27 de agosto se realizó en varias ciudades del país la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, Braian y Gastón iban a participar de la misma junto a su familia, son sobrinos de Ezequiel Barraza asesinado hace unos años por la policía. Los dos jóvenes fueron hostigados por policías que estaban en la puerta de sus casas. Al ver Gastón que golpeaban a su hermano menor comenzó a filmarlos en su celular |37|
El 6 de setiembre a la madrugada un grupo de jóvenes que salía del boliche "Nikky" del barrio Alta Córdoba fueron víctimas de un operativo policial donde se detuvo a 29 de ellos, menores de edad y 3 mayores y llevados a la jefatura de policía. En el caso interviene el Juzgado Penal Juvenil de la 6ª Nominación quien imputó a los jóvenes por robo. Tanto los familiares como el Encuentro de Organizaciones desmienten esta versión y denuncian a la policía por trato arbitrario e irregular y señalan que los jóvenes estaban esperando colectivos para volver a sus domicilios.
El 20 de octubre, en Carlos Paz, dos jóvenes fueron interceptados por la policía mientras circulaban y los agredieron ferozmente, Vanesa Bazán, madre de uno de los jóvenes, declaró que los trasladaron a la comisaría donde siguieron golpeándolos La explicación policial era que los jóvenes estaban consumiendo alcohol |38|
7.- En la Provincia de Corrientes
Javier Matías Robledo, joven de 20 años, cumple condena en el penal 1 de Corrientes. La madre del joven presentó a principios de enero una denuncia penal ante la fiscalía de feria por torturas, apremios ilegales y lesiones gravísimas por parte del personal penitenciario sufridas por su hijo |39|
Gustavo Adolfo Bravo, apareció muerto a facazos (puñaladas) en la Unidad Penal 1. Cumplía una condena de 20 años. Según versión del servicio penitenciario, habría sido acorralado por otros internos en una pelea, su cuerpo presentaba una herida a la altura de la costilla izquierda, la que le provocó la muerte. Se encontró el arma corto punzante, de fabricación casera, en una requisa que posteriormente se realizó en el pabellón que habitaba Bravo.
Los familiares de un joven de 18 años denunció a principios de setiembre que desde un patrullero que pasaba por la zona de la calle Paraje Niño de Jesús y Av. Centenario, habrían efectuado disparos de balas de goma sobre el joven, 7 de las cuales dieron en su cuerpo. Una filmación daría cuenta de los hechos y que identificaría a un efectivo de la comisaría 16ª y el número del móvil, 664. Los vecinos testigos de los hechos describen a un uniformado obeso y mayor de 45 años |40|
8.- En la Provincia de Entre Ríos
El 3 de Marzo menores que están alojados en el hogar del COPNAF incendiaron las instalaciones para cubrir una fuga. Cuatro de ellos fueron recapturados por la policía a pocos metros del lugar. Un grupo de menores, algunos de ellos con causas por intento de homicidio, iniciaron un incendio en el centro de atención ubicado en la intersección de calles Diamante y Paraguay de Paraná. Al llegar la policía faltaban cuatro menores por lo que fuera implementado un operativo cerrojo en la zona, ubicando a pocos metros de la residencia a los menores fugados, quienes posteriormente fueron trasladados a la División Minoridad de la Policía de Entre Ríos. El jefe de Bomberos Zapadores, comisario Borré, indicó que "el incendio de los colchones genera un humo muy tóxico" y remarcó que "en las condiciones en las que quedó la residencia, no se puede habitar y debe ser reacondicionado para ser habitado nuevamente" |41| El COPNAF tiene tres residencias de este tipo en la provincia: La General San Martín en Victoria) que aloja adolescentes varones de entre 14 y 16 años, con medidas de internación o medidas excepcionales de protección (causas relativamente leves); la Casa de la Paz en Concordia que aloja adolescentes varones de entre 16 y 18 años con medidas de internación o excepcionales (causas graves) y la "Roque Sáenz Peña" de Viale que aloja adolescentes varones de entre 14 y 18 años de edad, con Medidas de Protección sin conflicto con la ley penal. El COPNAF se encuentra en un estado de abandono absoluto como consecuencia de la falta de inversión en políticas de niñez. Esta falta de política a mediano y largo plazos pensadas para la niñez se da en una provincia donde las escuelas se caen a pedazos, donde los clubes de barrio se ven desfavorecidos debido a la decisión del gobernador Urribarri de financiar solamente a quienes compiten en torneos nacionales, la falta de lugares de recuperación y tratamiento de las adicciones en el territorio provincial, el deterioro de los hospitales y centros de salud, dejan al descubierto la política de criminalización que lleva adelante la provincia.
9.- En la Provincia de Formosa
El 11 de Junio, con estupor y desconcierto, la población en general pudo ver por televisión en canales de alcance nacional una brutal humillación policial quedó registrada en un video donde se ve cómo agentes de Formosa torturan a menores de edad detenidos ilegalmente. Los detenidos habrían sido apresados por el solo hecho de caminar por la ruta. Los afectados fueron obligados a hacer sentadillas, descalzos, durante un largo período de tiempo en la Seccional 3° de la capital provincial; uno de ellos estaba esposado, mientras que otro sujetaba una llanta de rueda de autos. Los detenidos denunciaron que los detuvieron mientras juntaban cartón durante la noche, y aseguraron que fueron salvajemente golpeados |42|
10.- En la Provincia de Jujuy
La absolución de un policía presunto responsable de los asesinatos de Pablo Gabriel Oviña y Gonzalo Federico Calderón, jóvenes de 16 años en Septiembre, pone en cuestión la administración de justicia. El mismo fiscal los estigmatizó a las víctimas por su condición social, haciendo cargo a los padres "por no saber en que andaban sus hijos".
Leonel Quispe, 17 años, denunció haber recibido una feroz golpiza el 26 de julio a la salida de un local bailable en la ciudad de Humahuaca de parte de tres efectivos de la comisaría 15ª de la ciudad. Como consecuencia de los golpes su rostro quedó desfigurado y sufre de permanentes dolores estomacales. Según su declaración, al intentar entrar al local fue interceptado por personal de seguridad y al tratar de convencerlos para poder ingresar ve llegar efectivos de la seccional 15ª quienes comienzan a golpearlo llevándolo luego detenido |43|
11.- En la Provincia de La Pampa
El 12 de febrero Romina Mustapich, directora del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (IPESA), afirmó y destacó que se ejecutan acciones tendientes a organizar talleres y actualizar otros programas que tuvieron éxito durante el año pasado. Reveló que está incluida una capacitación que se inició el año anterior relacionada a medidas de seguridad para el funcionamiento de la institución como tal para los operadores, y otras que se irán agregando en el tiempo |44| Cabe recordar que al IPESA van a parar los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Elba Mabel Araya denunció que su hijo de 18 años, fue detenido y torturado el 28 de agosto por la policía de La Pampa. La mujer hizo la denuncia manifestando que a la madrugada, luego de una persecución por las calles de la ciudad un grupo de policías golpeó salvajemente a su hijo |45|
El día 1 de julio en las veredas de Liceo Informático de Santa Rosa un oficial de policía golpeó a una joven de 14 años la que según los testigos e incluso filmaciones, no estaba haciendo nada ilegal, solamente estaba conversando con un grupo de compañeros. El agente pertenecía a la seccional 3ª de Santa Rosa, conocida por numerosos casos de abuso policial contra los jóvenes. Se registran en la justicia numerosas denuncias por detenciones arbitrarias, abusos, violencia y torturas contra los detenidos.
Carlos Bustamante y Franco Maier, ambos de 19 años de edad, fueron detenidos en la madrugada del 5 de julio en Riglos. Una vez dentro del patrullero, fueron golpeados, agravándose los hechos al llegar a la seccional policial. Bustamante a raíz de las heridas recibidas debió hacer reposo durante un mes. Además de los golpes tanto de puños como con los bastones, los apuntaban a la cabeza con el arma reglamentaria. Los policías fueron identificados como Marcos Sequeira y Sebastián Ochoa.
12.- En la Provincia de La Rioja
Lucas Emanuel Miranda, de 19 años, joven cordobés (que estaba detenido por tenencia de drogas para su venta en la alcaidía de la ciudad de La Rioja) fue hallado muerto en una celda, por lo que la justicia federal abrió una investigación por "muerte dudosa". Los investigadores estimaron que su deceso habría ocurrido el 5 de Mayo a las 7.45. Miranda había sido detenido a fines de abril en el marco de un operativo realizado en el barrio Las Agaves de esta capital y puesto a disposición de la justicia |46|
13.- En la Provincia de Mendoza
Organismos oficiales estiman que en el último año creció un 44% la cantidad de menores en la calle en el Gran Mendoza. En el año 2014 se registraron 415 niños, niñas y adolescentes mientras que en 2015 ya son 745, incluidos los que terminaron las clases este año. Estos niños/niñas están en situación de extrema vulnerabilidad |47|
German Bastias de 19 años de edad apareció sin vida el 28 de octubre en la seccional 8ª de San Rafael. El joven había sido detenido en el Polideportivo 2 de la ciudad y trasladado a la seccional. La explicación oficial es que se habría suicidado utilizando su buzo.
14.- En la Provincia de Misiones
Esteban Benítez, 21 años, falleció el 7 de marzo luego de haber sido golpeado salvajemente en la seccional 5ª del barrio San Isidro. El cuerpo del joven apareció ahorcado con una campera en la comisaría 11ª donde había sido trasladado |48|
El 2 de Julio el OIP envió a la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Bibliotecas que preside la diputada Lilia Marchesini (FR) una nota recusando a la Dra. Carmen Liliana Bertolotti debido a sus antecedentes sobre fallos cuestionables en materia de adopción- Entre los mismos se encuentra el caso en que el OIP tuvo intervención directa: María Flecha. Finalmente la Comisión, resolvió que de los nueve pliegos evaluados para su tratamiento legislativo, el de la jueza de Familia, Carmen Liliana Bertolotti (que aspiraba a ser Vocal de la Cámara de Apelaciones en Posadas), fue observado, y no pasará a la siguiente instancia |49|
15.- En la Provincia de Neuquén
El 24 de Mayo el defensor penal del Niño y el Adolescente, Raúl López advirtió "Hay una creencia de que los menores de edad entran y salen. Pero no es así, pueden incluso terminar presos" y detalló que en un caso excepcional se impuso recientemente una pena de diez años de prisión por los delitos que un chico cometió cuando era menor. "Hay una estigmatización de los menores, un etiquetamiento, que genera una sensación que no se condice con las estadísticas que muestran que menos del 10% de los delitos son cometidos por menores", explicó El defensor penal del Niño y el Adolescente remarcó que "muchas veces oí en la radio que decían que tal chico había robado en tal barrio, había asaltado en tal otro, cuando nosotros sabíamos que estaba haciendo un tratamiento en la otra punta del país" "La policía y los medios generan una sensación de que son muchísimos los que delinquen cuando en realidad tenemos pocos casos, no tenemos ni uno solo acusado de formar parte de una banda delictiva", indicó López. Subrayó que "las estadísticas muestran que menos del 5% de los chicos que fueron condenados siendo menores vuelven a cometer delitos después, cuando son mayores". |50|
Durante el mes de marzo se realizaron ocho denuncias ante la fiscalía a cargo del Dr. Fernando Rubio, las que involucran al personal policial de la comisaría 23, lo que -si bien no es nuevo- supera por la magnitud en tan corto lapso de tiempo. Varios de los agentes policiales son mencionados por los denunciantes e intervienen en la investigación jefes de la Dirección de Seguridad de Junín de los Andes y de Asuntos Internos de la ciudad de Zapala. Muchos de los jóvenes agredidos, debieron ser internados por la gravedad del daño infligido.
15.- En la Provincia de Salta
La Corte de Justicia de Salta hizo lugar el 29 de Junio a una demanda que presentó la fiscal penal del menor Carolina Hernández para que mejoren las condiciones de alojamiento para los adolescentes. El fallo ordenó que el Estado haga mejoras integrales en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal número uno y el Hogar Tránsito, de Salta capital, y el Instituto Michel Torino, de Cerrillos. Como parte de la causa se realizaron inspecciones de asistentes sociales que, en un informe, describieron la realidad de las tres instituciones. En estos lugares viven adolescentes que, en la mayoría de los casos, están ahí por delitos leves. El texto señala que en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal número uno, ubicado en Castañares, las instalaciones sanitarias son insuficientes y están en malas condiciones. "No tienen grifería, se sienten olores nauseabundos y se detectan pérdidas de agua", indica la pericia de los especialistas, que se incluyó en el fallo de la Corte. Se menciona, además, que en la cocina del establecimiento hay gatos y que "la presencia de los mismos es justificada a partir de la existencia de roedores". En este instituto hay techos y vidrios dañados y falta calefacción en diferentes espacios, según apunta el documento. En el centro de Castañares y el de Cerrillos la comida aparentemente no alcanza y llega, desde el Servicio Penitenciario, en vehículos que no están habilitados para transportar alimentos |51|
En un avance a la represión a los hechos de vejaciones, malos tratos y torturas de parte de las fuerzas de seguridad, el 10 de Marzo dos policías fueron condenados a ocho años de prisión por someter a un hombre a apremios ilegales y torturas. El hecho había ocurrido en mayo del año pasado, en la localidad salteña de Santa Bárbara. El fallo del juez Marcelo Rubio, vocal de la Sala V° del Tribunal de Juicio de Salta, recayó sobre Rubén Ángel Aguirre y Rodrigo Iván Andrada, quienes fueron hallados culpables de los delitos de apremios ilegales agravados y torturas en concurso real. Además de los ocho años de prisión, ambos quedaron inhabilitados de manera absoluta y perpetua para volver a ejercer la función pública. El magistrado también resolvió que una vez que el fallo quede firme se proceda a la inmediata detención de los dos condenados, a los que también les fijó una prohibición de acercamiento a 400 metros del lugar de residencia o de trabajo de la víctima, José Cayetano Sulca |52|.
16.- En la Provincia de San Juan
El 31 de julio a las 19,30 horas una joven, de 18 años identificada como F. fue abusada sexualmente cuando iba a buscar a su hijo en su monotoneta. Al no encontrarlo en la casa de su hermana decide regresar para que su marido la acompañe y es entonces cuando ve a dos policías también en moto, la siguen y luego de un trecho la detienen y le piden los papeles de la moto, los cuales en el apuro no había tomado, estacionó, se sacó el casco y les confesó que no los llevaba con ella |53|
17.- En la Provincia de Santa Fe
Juan Ignacio Fredes fue víctima de abuso policial cuando el 15 de marzo fue retirado del boliche El Templo de Venado Tuerto, fue golpeado por la policía y trasladado a la comisaría 2ª donde siguió la golpiza. Dada la gravedad de las lesiones, debió ser trasladado al hospital Alejandro Gutiérrez |54|
El 25 de marzo El Defensor Oficial de la provincia, Gabriel Ganón, denunció a policías de la comisaría 12ª por apremios ilegales, entre ellos submarino seco, picana eléctrica y torturas. Los hechos ocurrieron en el barrio Las Lomas, donde se produjo un tiroteo en la vía pública y fueron detenidos tres adolescentes. Según el fiscal "la policía salió de cacería para resolver el incidente" y en lugar de buscar a los verdaderos responsables "levantaron a tres pibes" que estaban en la calle y los torturaron hasta que se auto incriminaron. También denunció a la jueza interviniente quien le habría avisado a la policía que los jóvenes los habían denunciado por torturas.
Tomás Santillán, 16 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza el 28 de marzo mientras iba en su moto y se encontraba en el límite que divide la ciudad de Frontera, provincia de Santa Fe, con la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. El proyectil ingresó por la nuca y quedó alojado en la cabeza. En el momento de su muerte, circulaba en moto junto a una adolescente de 13 años, la que recibió una bala en el brazo |55|
El 27 de mayo Maximiliano Zamudio, 16 años, murió a causa de los tres disparos de arma de fuego realizados por un prefecto en el barrio La Tablada de la ciudad de Rosario. Según la versión policial el joven estaba con otro muchacho, ambos habrían intentado asaltar al prefecto y que este disparó en defensa propia |56|
Elías Damián Martínez, de 18 años, el 28 de agosto fue muerto por la policía en Rosario. Según declaraciones de una vecina, escuchó a la policía dar la voz de alto e inmediatamente comenzaron a disparar, asegura que no fueron solo tres tiros como afirma la versión policial, sino muchos más |57|
Alejandro Emanuel Gómez, 20 años, fue atacado el 26 de abril en el Barrio Primera Junta de Rosario, por un efectivo de infantería. Según declarara la madre, el joven había salido hacia la parada de colectivo alrededor de la una de la mañana, a fin de asistir al cumpleaños de un amigo. En ese momento aparece un móvil de infantería, se bajó un uniformado y sin mediar palabras comenzó a dispararle con bala de goma, uno de los disparos impactó directamente en un ojo y otros en el cuerpo |58|
El jueves 22 de octubre se realizó un allanamiento en la comisaría 26 de Rosario dentro de la investigación que se llevaba a cabo por el robo al banco Credicoop, y en esta dependencia se encontró a una niña de 13 años desaparecida desde hacía una semana. Se sospecha que la misma haya sido objeto de abusos sexuales y que la policía se haya involucrada con redes de trata.
18.- En la Provincia de Santiago del Estero
María de los Ángeles Medina denunció ante la Dirección General de Asuntos Judiciales de la Policía de Santiago a doce policías imputados por feroz golpiza a joven de 15 años (su hijo), el joven había sido demorado por un incidente en el que no tuvo participación. La denuncia la radicó contra policías de la seccional 4ª donde el joven fue ferozmente golpeado en cara y cuerpo |59|
19.- En la Provincia de Tucumán
Aríano Biza y Emanuel Gallardo, dos adolescentes detenidos en la Brigada Norte de mueren quemados el 29 de junio, cuando se inicia un incendio y los carceleros se niegan a abrir la celda donde estaban. En la autopsia se pudo verificar signos de tortura con picana eléctrica, lo que venían denunciando los jóvenes desde hace tiempo. Los jóvenes estaban en un pabellón con 16 detenidos más que gritaban pidiendo que sacaran también a los dos chicos.
El 10 de setiembre, en la localidad de Lamadrid, una niña de 14 años con una leve discapacidad mental, había salido de su casa para ir a la panadería del barrio cuando es interceptada por el agente Walter Omar Navarro, quien la habría llevado a la comisaría donde la atacó sexualmente en una habitación donde los efectivos descansan cuando están de turno |60|
El 16 de setiembre fue grabado un video donde puede observarse como un joven esposado es golpeado por el oficial Alfredo Giménez mientras un policía lo increpa al joven en la Unidad Regional Norte. El video fue enviado a distintos medios gráficos y televisivos y al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
SITUACIÓN DE LOS ADULTOS EN EL SISTEMA PENAL
1.- Sistema penitenciario Federal
El sistema penitenciario federal continua muy cuestionado. Un estudio estadístico de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) muestra que en la actualidad hay 749 agentes de fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Federal que se encuentran involucrados en causas penales por tormentos, abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso sexual y hasta homicidios cometidos en operativos o dentro de las cárceles o institutos. En el organismo, la cifra es considerada auspiciosa, por el avance de la Justicia en la investigación de estos casos. Sin embargo, los indicadores de violencia policial y de otras fuerzas continúan en expansión, el personal involucrado no suele ser cesanteado ni sometido a procedimientos administrativos y hay sectores del Poder Judicial que siguen sin reconocer a las víctimas y que incluso a veces las culpabilizan. Un ejemplo: las muertes en las unidades penales federales han ido en aumento en los últimos años y suman 330 desde 2008 hasta el año pasado, sin que haya ningún condenado por esos hechos |61| El fiscal Abel Córdoba plantea que, un indicador de expansión de la violencia institucional es que nunca hubo tantos presos como en la actualidad, sin que hubiera expansión de la infraestructura. En el SPF son algo más de diez mil. El total de presos son cerca de 60 mil. "La Justicia Federal tiene al 75 por ciento de los detenidos con prisión preventiva, cuando lo aceptable sería un 30 por ciento. De los jóvenes de 13 a 22 años, el 84 por ciento tiene preventiva", puntualiza, en alusión a las personas detenidas sin condena que entran a la maquinaria de violencia.
Muestra del hacinamiento es el parte diario del penal de Marcos Paz el día 16 de Enero: Total de Población: 1622, Capacidad real: 1538
Durante los primeros seis meses del año (1 de enero al 30 de junio de 2015), murieron 28 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Representa en promedio, un deceso por semana. Para el mismo período del año anterior se contabilizaron 25 muertes, lo cual muestra un comportamiento nominalmente estable aunque con un pequeño crecimiento en el primer semestre de 2015 |62|
El 21 de enero de 2015, en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde Cristian Alan Alarcón aparece suicidado. La versión oficial cuenta que el joven de 27 años mantuvo una pelea en un calabozo común con otros internos, fue separado por los guardias y trasladado a una celda de "castigo", donde se quitó la vida. Sus allegados jamás creyeron ese argumento y denuncian que recibió 500 golpes de los efectivos, quienes tras matarlo simularon el "suicidio" |63|. El caso es absolutamente oscuro, por innumerables razones. "Ahora nos enteramos que hace unos días murió supuestamente suicidado, igual que Cristian, un compañero de celda llamado Sergio Rojas, que era casualmente uno de los testigos principales del expediente, porque vio cuando metieron a mi hijo en ese calabozo todo golpeado y pidió ayuda", contó Cristóbal González, padre del muchacho. Al momento de su muerte tenía que estar afuera, con beneficio excarcelatorio.
El 6 de abril, dos reclusos murieron en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Tras este hecho, la Procuración Penitenciaria reclamó investigar las circunstancias denunció al Servicio Penitenciario Federal (SPF) por el sistema de "humillación" en la que habitan los presos |64|
El martes 7 de abril durante la madrugada se realizó el procedimiento por un equipo de PROCUVIN que buscaba elementos de tortura como los denunciados por la víctima. Un adolescente que denunciara haber recibido torturas en julio del pasado año a la madrugada |65| El joven que denuncia las torturas había sido detenido por gendarmes para "averiguación de antecedentes", es trasladado al puesto sito en autopista Cámpora en Villa Soldati, allí lo golpearon en rostro y estómago, estaba con sus manos esposadas en la espalda, lo amenazaron con inventarle una causa para lo cual le mostraron drogas, luego lo picanearon para luego trasladarlo mientras lo golpeaban al hospital Piñeyro.
El 16 de junio Brian Núñez había denunciado a varios penitenciarios del Complejo de Ezeiza por torturarlo en 2011, los que fueron condenados por un tribunal federal. A dos meses de la condena, el 27 de julio durante una requisa fue brutalmente golpeado y lo acusaron de tener un cuchillo entre sus pertenencias las cuales rompieron meticulosamente. Luego le inyectaron un sedante y lo esposaron. La familia de este joven de 24 años teme por su vida dado que las torturas no cesan y tiene graves secuelas de las mismas.
El 24 de noviembre, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Morón dictó los procesamientos de dos agentes médicos que cumplían funciones para el Servicio Penitenciario Federal, por la falta de debida asistencia médica a un detenido, tipificándolos bajo el delito de homicidio culposo del art. 84 del Código Penal Esta resolución fue dictada en el marco de la causa judicial donde se investiga el fallecimiento de un detenido ocurrido en junio de 2014 en el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz y en la cual la Procuración Penitenciaria de la Nación se encuentra constituida como parte querellante |66|
La noche en que cumplía 88 años, mientras compartía la celebración con familiares y amigos en su vivienda de San Isidro, el coronel retirado Carlos Alberto Saini recibió un regalo inesperado: llegaron un patrullero y una ambulancia para trasladarlo por la fuerza pública al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Pasó a convertirse, así, en el militar preso con mayor edad en las causas en que se investigan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Se le imputa responsabilidad en el funcionamiento de un centro de detención ilegal en Olavarría. Pese a su delicado estado de salud, fruto de una severa afección cardíaca y problemas de hipertensión, lumbalgia, glaucoma y artrosis, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata le revocó la detención domiciliaria que cumplía desde hace un año y nueve meses y ordenó su traslado a la prisión de Marcos Paz |67|
2.- En la Provincia de Buenos Aires
Hasta el cierre del presente informe, no se puso en marcha el Cuerpo de Investigaciones Judiciales creado por la ley 14424 sancionada el 14 de octubre de 2014 y promulgada por el ejecutivo provincial, siendo prorrogada la inscripción para cubrir los distintos cargos hasta el 14 de abril de 2015 |68|
Respecto a la ley 14543 de juicio por jurado, sancionada y promulgada en setiembre de 2013 entró en funcionamiento pleno con la realización de 50 juicios durante el transcurso de 2015. Debemos remarcar que dicha ley estipula su aplicación opcional ya que es el acusado y su defensa los que pueden optar por un juicio por jurados en causas de penas de más de 15 años de privación de la libertad |69|
En el presente año se sancionó la ley que crea las Fiscalías Especializadas contra la Violencia Institucional. Deberá investigar todos aquellos casos que en los que se "encuentren denunciados o se sospeche la responsabilidad de agentes estatales, personal que cumpla tareas en servicio, efectores de la salud pública, miembros de las fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario y/o integrantes de agencias de seguridad privada" como asimismo todos los casos que tomen notoriedad pública y mediática, ya sea que ocurran en la vía pública, en contexto de encierro o en ámbitos privados |70|
La resolución 2840 del Superior Tribunal de Justicia de la provincia emitida a fines de diciembre, hace público el colapso del sistema penal, contabilizando un total de 34.604 detenidos. El crecimiento es sustancial, puntualizando que de diciembre de 2013 a fines del 2014 creció la población privada de libertad un 12% (total 30.442 internos en 2013 y 33.437 en 2014). En comisarías el número se duplicó superando los 2.170 detenidos de 2014. La mayoría de las detenciones (64%) fueron en el área metropolitana, en los distritos de La Matanza, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Isidro y San Martín y el resto (36%) en las localidades del interior, de las cuales el 50% se efectuaron en La Plata y Mercedes. De las 34.604 personas privadas de libertad solo el 24% tiene plazas en el conurbano bonaerense el resto no se corresponde con su propia jurisdicción. En abril de 2015 el Ministerio de Seguridad reconoció que sobre 1060 camas habilitadas en comisarías había detenidas 2.175 personas lo que da un 105% de superpoblación, siendo sumamente crítica la situación de los distritos Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes y San Isidro. En dos informes emitidos por el Dr. Mario Luis Coriolano, de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, los que abarcan el período del 1/1/2015 al 31/8/2015, da cuenta de un total de 569 (265 y 304 respectivamente) hechos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes relevados por dicha defensoría elevados por las defensas de distintos distritos La mayoría de los casos fueron comunicados a los fiscales y jueces y solo dos a funcionarios policiales, en todos ellos el denunciante solicitó mantener el reserva su identidad por temor a las represalias que podrían sufrir. En la mayoría de los casos las víctimas manifiestan haber sufrido distintos tipos de torturas los que van de golpizas, golpes con objetos, con escopetas y armas de puño entre otras modalidades. En todos los casos las víctimas se encuentran indefensas. También se especifican el no accionar del servicio penitenciario cuando algunos internos son atacados por otros |71|
Otra forma de tortura es el aislamiento en celdas que no cuentan con la más mínima condiciones compatibles con la dignidad de las personas, con espacios físicos reducidos, falta de higiene, y todo lo que el aislamiento conlleva, tal como impedirles acceso a la educación, al trabajo, a las visitas familiares, una alimentación adecuada y a la atención médica. En los casos de abuso sexual en contexto de encierro, distintos factores conspiran para que se pueda probar fehacientemente la situación sufrida con los daños que ello conlleva para la víctima. De los 304 casos relevados desde el 1/5/15 al 30/8/15, el 57% (173 casos) fueron cometidos por miembros de la policía bonaerense, 128 (42%) por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, 1 por el que fuera denunciado un miembro de la policía federal y 1 por la prefectura naval. A su vez los 265 hechos relevados desde el 1/1/15 al 30/4/15, el 56% (149 casos) serían responsables miembros de la policía bonaerense, el 42% (121 hechos) fueron señalados miembros de servicio penitenciario bonaerense, 1 hecho responsabiliza a la policía federal, 1 a Gendarmería nacional, 1 a personal de un neuropsiquiátrico y 1 a personal de institutos de menores. El total de denuncias por el agravamiento de las condiciones de detención llega a 200 de parte de internos, y la corte en su momento se expidió sobre esta temática la que fuera denunciada por la defensoría de Casación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que nos contamos. Respecto a la mala atención médica que reciben las personas privadas de libertad, en el informe citan una total de 200 denuncias presentadas. Se relevaron casos en los cuales se constataron problemas oftalmológicos, convulsiones, tuberculosis, altas temperaturas, cuadros pulmonares, problemas psicológicos producto del aislamiento, entre otros. Hay numerosas denuncias por falta de medicamentos y/o medicamentos vencidos, lo que lamentablemente existe desde hace décadas. Otro de los temas abordados por el informe es la vulneración del derecho de las personas detenidas a vincularse de forma adecuada con sus familiares, hecho denunciado por los internos. Los permanentes traslados o "calesita" que son usados como un elemento más de castigo, la lejanía del domicilio de las familias y la imposibilidad de éstas de trasladarse, deteriora el vínculo. El hacinamiento, producto del incesante aumento de la población carcelaria, es cada vez más grave. Durante años se viene prometiendo la construcción de nuevas cárceles, entre ellos la nueva gestión provincial se comprometió a hacerlo. Como venimos señalando desde hace años, las celdas y pabellones no respetan las reglas mínimas de superficie por persona, ni aún aquellas que fueron construidos algunos años atrás. Numerosas denuncias fueron presentadas contra los agentes de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario bonaerense involucrados en causas penales por tormentos, abandono de persona, abuso sexual, homicidios cometidos tanto en operativos como en los lugares de encierro. El 5 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitió la resolución 1535 en el cual destaca que "la impunidad es un flagelo que perpetúa la violencia institucional" requiriendo el relevamiento de las causas iniciadas durante los años 2012, 2013 y 2014 determinando a que fuerza pertenece cada denunciado, la cantidad que fueron archivadas, las que fueron requeridas para elevación a juicio especificando si las víctimas eran niños/as o adultos. Junto a la procuración, la corte propone la creación de una comisión conjunta que se avoque al análisis de las problemáticas, lineamientos y medidas necesarias |72|
Según una encuesta realizada por la Universidad de Tres de Febrero y dada a conocer en diciembre, siete de cada diez detenidos aseguran haber pagado al servicio penitenciario para obtener ciertos beneficios, entre ellos ingresar alimentos a los pabellones, obtener visitas íntimas o lograr poseer algún elemento prohibido tal como celulares u otros aparatos electrónicos. El 25% afirma que son empleados del penal quienes les proveen de las drogas que consumen. El informe afirma que la falta de controles rigurosos habilita este tipo de corrupción del que necesariamente participan los directores de los penales y la excusa para fundamentar estos hechos es que no se quiere tener ni motines ni fugas. Entre las denuncias de los internos figura que le piden dinero y si no lo dan son víctimas de acoso y hasta llegan a encerrarlos en celdas de castigo.
Mientras el ministro Granados anunció que dará fin a su gestión con un total de 95.000 hombres operativos, 77.000 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 18.000 de la Policía Local; en la ciudad de La Plata: donde desapareció Julio López y mataron, la juventud sufre una escalada represiva. Juan Martín Yalet fue detenido y una hora después ingresó desangrado al Hospital San Martín, una bala de la Bonaerense lo mató; Rafael Cobo, joven estudiante, salía de un bar cuando recibió un tiro que disparó un policía local. Mientras tanto, la ciudad está conmocionada porque se sospecha que una red de trata desapareció a la joven estudiante de Ingeniería, Rut Ávila.
Victoria Jorgelina Tolosa de 35 años, fue obligada a parir con un pie esposado a una camilla en el Hospital San Martín de La Plata. Estaba detenida en la unidad 33 de Los Hornos. Luego de horas de trabajo de parto, le practicaron una cesárea y le quitaron al bebé, una niña que nació en grave estado. Los abogados de la detenida denunciaron al Servicio Penitenciario y al centro de salud por torturas. La beba tenía un problema neurológico y falta de azúcar en sangre |73|
Walter Lautaro Pereyra Carballo, de 23 años, fue torturado el miércoles 21 de Enero por personal de la Unidad 5 de Mercedes y ante la presencia del jefe del penal, Diego Pérez que lo amenazó de muerte. El joven había sufrido la "calesita", estaba en la unidad de Baradero y lo trasladaron a Mercedes por un comparendo. El padre de la víctima integra la CORREPI, hace la denuncia y mediante la amenaza de presentar un habeas corpus, logran que lo devuelvan a Baradero, donde no lo querían recibir debido al estado físico que presentaba por la terrible golpiza recibida. Según afirma el padre, luego de la paliza recibida lo dejaron esposado siete horas en un "buzón" |74|
Pablo Borja Ledesma, 18 años, y su amigo Nicolás Romero de 22 años, fueron asesinados el 18 de marzo en Morón, provincia de Buenos Aires. Borja era paraguayo y se encontraba cursando 6º año en el colegio secundario San José de la localidad de Merlo. Estaba junto a su amigo Nicolás cuando fueron muertos a balazos por la policía federal en un supuesto intento de robo. En sus cuerpos tenían alrededor de diez impactos de bala |75|
Nahuel López, 30años, estaba alojado en el Penal de Sierra Chica y a las pocas horas de estar allí, fue atacado a puñaladas en el tórax y el abdomen por otro detenido, falleciendo el lunes 6 de abril en el hospital al que fue trasladado. El arma era de fabricación casera.
:A fines del mes de abril, los detenidos de la unidad 27 de Sierra Chica iniciaron una protesta pacífica por los reiterados malos tratos que venían sufriendo de parte del servicio penitenciario al igual que sus familiares, denunciaban las pésimas condiciones de salubridad, de la comida y del estado edilicio. La protesta se manifestó mediante la negativa de regresar a los pabellones. Tras la intervención de varios funcionarios judiciales se resuelve el conflicto. Días después el Servicio Penitenciario Bonaerense trasladó a doce detenidos que habían participado activamente de la protesta, en un procedimiento sorpresivo realizado en altas horas de la noche y con actitudes violentas. A raíz de estos hechos una fiscalía especializada está investigando sobre los motivos que fundamentarían estos traslados.
El día 14 de mayo a la madrugada fue asesinado en la puerta de su casa Federico Cabrera Ruiz, de 30 años, denunció en reiteradas ocasiones que era permanentemente hostigado por la policía bonaerense. Cuatro de la diez balas disparadas impactaron en su cuerpo provocándole la muerte. Tanto su familia como sus vecinos del barrio La Tablada responsabilizan a la policía del lugar. Pablo Pimentel, militante de los DD. HH de La Matanza afirma que la responsabilidad por la muerte del joven es de la policía y de la justicia ya que desoyeron las permanentes denuncias realizadas por Federico y de haber desoído su pedido de protección.
Mario Corvalán fue hallado ahorcado en la Unidad 31 de Florencio Varela. El joven debía declarar en el juicio por el crimen de dos hermanos en un asalto a un supermercado en el año 2012. Era considerado un testigo clave para la causa que lleva el Tribunal V de La Plata.
Federico Nicolás Rinaldi Cornejo, joven de 21 años, fue asesinado en la Unidad Penal 9 de La Plata. Estaba detenido por robo calificado desde hacía un año. Murió de una puñalada en el pecho que afectó pulmones y corazón.
Las fugas de las comisarías y penales bonaerenses ponen en cuestión el sistema, tanto en la idoneidad profesional, como en la seguridad en su concepto integral. Los casos relevantes que se detallan a continuación ilustran estas cuestiones.
El 1 de diciembre, cinco detenidos cavaron un túnel y se fugaron de la comisaría 3ª de Williams Morris, Hurlingham. En el patio de la comisaría había guardada cuatro motos que fueron utilizadas para la fuga. A raíz de estos hechos fueron separados del cargo el jefe distrital, el comisario y 3 oficiales que estaban en servicio.
El 12 de diciembre diez presos se fugaron de la comisaría 6ª de Talar de Pacheco, partido de Tigre. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana en momentos en que en la zona de calabozos había solo dos policías. Los detenidos fingieron una situación de emergencia, tomando a uno de los efectivos de rehén logrando escapar. En otro sector de la seccional estaban el comisario y otros efectivos, los que salieron para tratar de capturar a los evadidos, cinco de los cuales fueron detenidos en la zona en horas de la tarde. En la investigación realizada se sospecha de la participación de un oficial de dicha seccional.
El 27 de diciembre, se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci que cumplían penas de reclusión perpetua. Estaban albergados en el sector de sanidad del penal, debían tener una custodia especial y estar monitoreados por las cámaras de seguridad. Sin embargo al ser requeridas éstas cámaras por el fiscal y el juez interviniente por la fuga, las mismas no funcionaban desde el mes de octubre cuando son incautados los videos según informaron las autoridades del penal, por la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense, lo que fue negado por las autoridades de dicha secretaría |76|
3.- En la Provincia de Catamarca
Una mujer fue obligada a desfilar desnuda en una comisaria. La denuncia fue radicada por la víctima y otra joven que la acompañaba contra la agente Gabriela Santillán, la que fuera detenida bajo el delito de vejaciones y apremios. Los hechos ocurrieron en abril en la Comisaría 10ª.
Hugo Federico Puga denunció que el 27 de junio cuando estaba en su casa, escuchó gritos en la vereda y que al asomarse vio a su vecino Agustín Vargas quien era detenido en forma violenta por cinco policías. Comenzó a filmar los hechos con su celular por lo cual él también fue detenido y trasladado a la comisaría 2ª, donde fue ferozmente golpeado.
Ricardo Paucara, de 29 años fue detenido a fines de agosto al salir de su trabajo por personal de la comisaría 10ª. Los policías iban encapuchados y sin ninguna orden de arresto lo hicieron descender del taxi donde iba, a pocas cuadras de su casa. Una vez en el patrullero, comenzaron a torturarlo, y al llegar a la comisaría continuaron las torturas y los malos tratos debiendo ser trasladado al hospital donde inicialmente se le negó la internación lo que se evitó mediante el habeas corpus aceptado por un juez de garantías que ordenó su inmediata atención médica |77|
4.- En la Provincia del Chaco
Ruth Abigail Núñez, 28 años, detenida en la comisaría Cuarta Sur de Morón, está obligada a amamantar a su beba Ruth de 4 meses, a través de los barrotes de la celda en la que está confinada. A pesar de contar con una orden judicial para amamantarla cada dos horas y en su regazo, los policías de esa comisaría solo se lo permiten hacerlo dos veces por día y a través de los barrotes, como muestran fotos dadas a conocer por medios gráficos de la zona. La red de Niñez Encarcelada organizó las denuncias que tomaron estado público en el mes de febrero
El 14 de mayo Mauro Nicolás Obregón, 22 años, fue muerto de un balazo por la policía el en el asentamiento La Rubita. El hecho ocurrió en las primeras horas y los responsables fueron dos policías de la seccional 1ª de Barranqueras, los que fueron arrestados. La versión policial es que iban transitando en el patrullero cuando una pareja los alertó sobre un supuesto intento de robo |78|
5.- La Provincia de Chubut
Mauro "Tino" Castaño, 25 años, fue detenido la madrugada del sábado 7 de Febrero en Trelew por una contravención y trasladado a la comisaría 1ª de la zona, donde lo encerraron en un calabozo común, violentando el procedimiento que se debe aplicar en casos de contravención. El calabozo donde estaba el joven, fue incendiado con la supuesta complicidad de la guardia que dice no haber notado el humo ni haber escuchado los gritos de dolor del joven pidiendo auxilio |79|
El 24 de mayo Julio Huentecoy, 34 años y Guillermo Ávila, 28 años, fueron atacados con facas en el pabellón 4 de la cárcel de Trelew en la alcaidía, que depende de la policía. Los detenidos fueron trasladados al hospital zonal donde fallecieron.
A principios del mes de setiembre en Trelew, Daniel Soria de 24 años de edad fue brutalmente golpeado por guardias en la puerta del boliche bailable donde se encontraba hasta dejarlo inconsciente por lo cual debió ser internado en grave estado, con coma inducido. Los hechos quedaron registrados en las filmaciones de las cámaras de seguridad del local donde se lo ve tratando de parar una pelea y atacado a patadas y golpes por los guardias, mientras dos policías observaban la escena sin intervenir.
6.- En la Provincia de Córdoba
El 14 de febrero Ezequiel Reinoso de 22 años de edad, recibió dos balazos en la espalda cuando circulaba en su moto por Juan B. Justo al 900 de la Ciudad de Córdoba al no detenerse en un control callejero que no estaba señalizado. Al recibir los impactos, sigue conduciendo unos pocos metros y logra llamar a su tío al que relata lo que paso y le pide que lo vaya a buscar, lo que hace junto al padre del joven. Al no recibir respuesta a los llamados a emergencias, lo suben al coche familiar y lo llevan al hospital |80|
El 21 de marzo Cristián Romero y Nicolás Polanco, 31 y 18 años respectivamente, fueron detenidos ilegalmente en el Barrio Malvinas de la ciudad de Carlos Paz Ambos iban a realizar compras cuando se les cruza un patrullero y los detienen. En el patrullero decían que era por haber participado en las marchas de reclamo realizadas contra la violencia policial. Con ellos había un joven menor de edad que dejan en libertad. El motivo de detención es por la figura de merodeo del código de faltas cordobés y que permite este tipo de detenciones arbitrarias.
Durante el fin de semana de principios de mayo se lleva a cabo un mega operativo en doce barrios de la ciudad de Córdoba, los más humildes y carenciados, en el cual participaron más de 1.500 efectivos entre ellos el Grupo ETER considerado de elite (Equipo Táctico Especial Recomendado). Haciendo uso del perverso Código de Faltas cordobés, se detuvieron 350 jóvenes, los que sufrieron todo tipo de malos tratos, apremios y torturas en los lugares de detención, que fueron denunciados pública y judicialmente. Sin órdenes de allanamiento entraban en las casas, ocuparon barrios, los jóvenes eran detenidos arbitrariamente y recluidos hacinados en celdas y en algunos casos a la intemperie |81|
El 2 de octubre el policía Lisandro Calderón que cumple funciones en el supermercado, sospechó de una pareja por "no tener apariencia suficiente" como para ser dueños de un auto de alta gama. Analía Corre, la mujer damnificada, declaró que les pidió los papeles del coche los que les mostraron, y comienza a interrogar el marido de cómo hizo para comprarse ese coche ya que con "la pinta que tiene" no podía ser dueño del mismo. Al recriminarlo por el trato llama a otros móviles de los que bajan 16 policías para revisar el auto. Cuando tratan de retirarse del lugar, el Comando de Acción Preventiva les bloquea la salida y los detienen durante 8 horas mientras los trasladaban de un lugar a otro, los llevan a la comisaría y los encierran en distintas celdas |82|
El 26 de octubre integrantes de la fundación Pablo Milesi y trabajadores de la biblioteca denunciaron a las fuerzas de seguridad por el accionar del cuerpo policial, los que intentaron ingresar violentamente a la institución para detener a dos jóvenes que se encontraban en el lugar realizando tareas culturales. Los acusaban de haber participado en un delito sin que tuvieran pruebas del hecho. En esas circunstancias intentaron detener a la presidenta de la fundación, Susana Fiorito, que ya había denunciado que la policía asedia de continuo a la biblioteca. Al pedirles que se retiraran del lugar, comenzaron a llegar móviles policiales que intentaron ingresar cosa que fue impedida por los abogados de la institución.
El 11 de noviembre en Villa la Tela de la Ciudad de Córdoba contra trabajadores de la Cooperativa La Esperanza. la policía intentó detener a dos jóvenes que trabajaban en la cooperativa y a otro que venía de cobrar su sueldo el que le arrebataron, los trataron con violencia y cuando los vecinos intentaron defenderlos los uniformados los reprimieron. Cuando la mujer y la hermana de uno de los jóvenes al que le sustrajeron el dinero, fueron a buscarlos a la comisaría 19 quedaron detenidas.
7.- En la Provincia de Corrientes
El 24 de enero Horacio Giménez, 28 años, muere a manos de un policía en Derqui, El joven trabajaba como mallonero y se había trasladado para vender pescado a un acopiador de la zona. El policía estaba pescando con dos amigos cuando suceden los hechos que trató de explicar que se defendió de un intento de robo. Tanto la familia como los miembros de la Asociación de Malloneros de Corrientes afirman que el joven muerto había ido al lugar a vender pescado, que ni él ni las personas que estaban con él estaban armados.
El 31 de agosto Nino Largueri Fue asesinado por la policía de Monte Caseros. Tenía 23 años y desde hacía tiempo era perseguido por los uniformados quienes lo amenazaron y golpearon varias veces. Por ese motivo pensaba viajar, pero su familia recibió la noticia que el joven había sido apaleado y detenido por la policía y posteriormente murió |83|
8.- En la Provincia de Entre Ríos
El 25 de mayo se realizaba una concentración en la zona del barrio Bajada Grande donde se cometieron abuso policial. Allí la policía reprimió y detuvo a tres hombres los que sufrieron importantes lesiones a causa de golpes propinados por la policía. Uno de ellos, Jorge Adolfo López debió ser internado en el hospital Urquiza, y posteriormente radicó la denuncia por abuso policial y apremios lo que motivara la detención provisoria de siete efectivos policiales acusados de vejámenes y torturas.
Mariano Maciel, Luis Maciel y Sofía Ifrán denuncian que fueron detenidos el 25 de mayo en Paraná, trasladados a la comisaría de Villa Urquiza donde sufrieron apremios y fueron torturados con picana eléctrica. Luego le pusieron armas en las manos para obtener huellas dactiloscópicas y lograr así agravar su situación legal. Sofía Ifrán señaló a un efectivo que identificó como Gustavo Collau quien la habría acosado sexualmente y amenazado. Mariano Maciel además de haber sido picaneado en todo el cuerpo, y en especial en los genitales, fue víctima de submarino seco. El fiscal de la causa dispuso la detención del titular de la seccional y de otros agentes responsables.
Leandro Salazar, de 26 años, fue internado en el hospital Urquiza a causa de las heridas recibidas de parte de Ricardo Silva de Almeida, de 22 años. Ambos estaban detenidos en el pabellón de aislamiento de la Unidad Penal 1 de Paraná. En la requisa realizada por el personal penitenciario se secuestraron "elementos punzantes" en el lugar.
9.- En la Provincia de Formosa
El 18 de Mayo, la Cámara Primera en lo Criminal condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a un oficial de la Policía provincial por haber matado de un disparo de escopeta a un menor de 16 años durante un allanamiento realizado en una vivienda de la localidad de Pirané el 5 de marzo de 2013. La condena alcanza a un oficial subinspector que por entonces estaba a cargo del Destacamento de Loma Senés, y fue aplicada por los jueces Lilian Isabel Fernández, Ramón Alberto Sala y María Laura Viviana Taboada |84|
10.- En la Provincia de Jujuy
El 22 de marzo, Juan Manuel Sulca de 23 años apareció sin vida en el interior de la celda que ocupaba en la Unidad Penal 1 de Gorriti. La muerte se produjo luego de que los internos regresaran del patio y uno de ellos mientras transitaba observó que en el interior de la celda 8 el cuerpo de una persona se encontraba pendiendo de una sábana atada en una parte superior del techo, de inmediato da la alarma y al rato aparece el SAME |85| junto a personal policial, le practican ejercicios de reanimación hasta que lo declaran muerto. Sulca ya había cumplido la mayor parte de su condena y estaba a meses de obtener la libertad, por lo cual resulta extraño que se hubiera suicidado.
En el penal de Gorriti, el 17 de abril de 2015 en el penal de Gorriti resulto un agente penitenciario herido de un "puntazo". Este hecho está encuadrado en la situación que se vive en el penal, con numerosas denuncias por narcotráfico, muertes dudosas y maltrato a los familiares en las visitas. Hay denuncias de superpoblación al punto que se frenan los traslados dejando en comisarías a los detenidos. Hay versiones que el mismo servicio penitenciario estaría dividido en dos bandos enfrentados, una de ellos manejaría todos los hechos de corrupción incluido el narcotráfico, mientras el otro grupo se mantendría al margen de estos hechos delictivos.
Enzo Elber Cusi es un joven remisero de Tilcara. El día 29 de julio fue levantado por la policía y llevado detenido a la comisaría, donde fue introducido en una celda con condiciones deplorables. Se veía obligado a orinar en el piso, fue vilmente maltratado y torturado. Cuando su madre concurrió a fin de llevarle alimentos, le informaron que el joven había muerto, que se había ahorcado con una campera dentro de su celda |86|
11.- En la Provincia de La Pampa
La superpoblación de presos en comisarías y alcaidías de la provincia se mantuvo el año, sin que se llegara a una solución o a un atisbo de una medida concreta para revertir la situación. Los defensores generales habían presentado un amparo el año anterior y continuaron el reclamo durante este período, inclusive presentando una denuncia penal en mayo contra las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, que se niegan a recibir presos pampeanos en la Colonia Penal |87| En septiembre de este año un informe de las Defensorías basado en las estadísticas policiales indica la superpoblación: un 47% por encima de la capacidad de los lugares de alojamiento |88| "Siempre estuvimos activos buscando una solución", intentó defenderse el ministro de Gobierno, Leonardo Villalba, en septiembre, en un contrapunto con los jueces. El 29 de septiembre el STJ emitió un fallo histórico y contundente y ordenó revertir la grave situación de hacinamiento. El gobernador Oscar Jorge tuvo que reaccionar. Obligado, a los pocos días anunció que la Provincia construirá un pabellón para albergar a 48 condenados en la U4, pidió el envío de 100 pulseras telemáticas para personas con prisión domiciliaria y dijo que promoverían el traslado de 30 pampeanos condenados por delitos sexuales a una cárcel de Neuquén. En los primeros días de diciembre se reunió por primera vez la "Comisión de Diálogo", aunque sin la participación de los representantes de la Legislatura, habida cuenta de los pocos días que quedaban de sus mandatos. Las condiciones de detención en las alcaidías, de todos modos, quedaron como una cuenta pendiente para la nueva gestión provincial. En las Defensorías advierten que la proyección sigue siendo alarmante.
El 29 de Enero, un recluso murió y al menos otros dos resultaron heridos durante una pelea con armas blancas registrada en la Unidad Penal Nº 4 del Servicio Penitenciario Federal, en Santa Rosa. El fallecido fue identificado como Marcos Luquín (27), que recibió al menos tres puñaladas, mientras que los heridos fueron Gustavo Zapata y Jorge Acebo |89|
12.- En la Provincia de La Rioja
Daniel Cabral y Victoria Vera fueron víctimas de la brutalidad policial el 30 de enero en la estación terminal de la ciudad de La Rioja, en momentos en que iban a retirar una encomienda. Habían dejado la moto mal estacionada, el personal policial se les acerca y los increpa primero verbalmente y luego a los golpes. Junto a la pareja estaba su pequeña hija de 4 años que presenció la agresión recibida por sus padres. Luego los detienen y pese a las súplicas de ambos de que no dejaran sola a la niña en la estación, acompañados en su pedido por numerosos ciudadanos presentes en el lugar, fueron conducidos a distintas dependencia, Daniel a la alcaidía y Victoria a la comisaría 7ª de la ciudad |90|
13.- En la Provincia de Mendoza
Es detenido el 16 de enero a las 1,30 de la madrugada Leonardo Rodríguez, 30 años, estaba cerca de su domicilio en el Barrio Parque Sur de Godoy Cruz. Dos horas más tarde, aparece muerto en el calabozo de la comisaría 27ª. La versión oficial fue que se trataba de un suicidio, la familia fue notificada a las 12 horas del día 17. La autopsia realizada descarta totalmente la hipótesis de suicidio, caratulando la causa como muerte dudosa |91|
El 29 de Enero Gustavo Roca Pena, 27 años, fue hallado ahorcado en su celda en el penal de Boulogne Sur Mer, ubicada en el pabellón 11. Su cuerpo fue hallado por sus compañeros colgando con una sábana alrededor del cuello. El hecho se produjo cuando los demás detenidos estaban en la visita.
Esteban Báez de 22 años de edad resultó gravemente herido a causa de la represión sufrida por policías de la comisaría 14 de General Alvear, realizada entre el 6 y el 10 de mayo. Miembros de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, denunciaron que el joven al igual que otros muchos, tiene miedo de hablar ya que sufren los ataque constantes en los barrios pobres que habitan de parte de la policía. A raíz de las heridas, estuvo varios días internado, esposado a la cama, presentando golpes en la nariz, mandíbula y rodilla |92|
Según la denuncia hecha pública, los uniformados iban encapuchados, tiraron gas lacrimógeno, hubo golpizas incluso a menores que habían ido con sus padres. El propio Esteban Báez estaba con su mujer y su pequeño hijo quienes presenciaron la paliza que le propinaron y su posterior detención. En total hubo 20 detenciones.
"Yo no me suicido en comisarías" es el lema del Observatorio de la Violencia de Estado de Mendoza para desmentir las versiones oficiales de los detenidos que mueren tras las rejas, "pero ahorcados y con posibles signos de tortura". El poder ejecutivo provincial relativiza la situación, al igual que los casos de gatillo fácil cuyo antecedente es la muerte de Sebastíán Bordón durante su viaje de egresados a San Rafael en 1997. Los datos del observatorio dan un incremento del 300% desde comienzos de 1914 hasta comienzos de 2015. El gobierno enfatiza que los suicidios se dan por "contagio, cosa que desmienten los especialistas, ya que para éstos a los detenidos se les retira todo elemento que pueda provocar daño y cualquier ruido o movimiento extraño deben ser advertidos por los penitenciarios, señalando especialmente el poco tiempo que transcurre desde la detención hasta la muerte, y la altura en que aparecen los cuerpos colgados donde prácticamente los pies tocan el suelo o se los halla sentados con la ropa en el cuello.
14.- En la provincia de Misiones
Julio Antonio Lloret, 25 años, fue detenido a principios de marzo y apareció muerto en su celda de la comisaría de Guaraní. La explicación policial ratificada y firmada por el médico interviniente, fue que el deceso se produjo por "muerte súbita", cosa que fue desmentida por la autopsia, el joven murió a consecuencia de un golpe recibido en la cabeza. La familia del joven denuncia que una vez detenido recibió una feroz golpiza cuando lo detuvieron el 24 de febrero en la parada de colectivos. El joven se dirigía a trabajar a Oberá, donde había conseguido una "changa", relató su hermano |93|
Diego B. , 37 años, sufre de epilepsia, fue detenido el 2 de febrero cuando transitaba por la zona céntrica de Oberá y tras un intercambio verbal fue duramente agredido por el personal policial del Comando Radioeléctrico y de la seccional 1ª de esa ciudad. A causa de la golpiza recibida, debió ser trasladado al hospital con poli traumatismos varios.
Apremios ilegales en la unidad 7º de Candelaria. El 27 de febrero la delegación Misiones de la Procuración Penitenciaria Nacional presentó una denuncia penal por malos tratos ante la fiscalía de turno. Se detalla en la misma que 18 internos fueron víctimas de golpizas y vejaciones en las requisas el 18 de enero.
El caso que se relata a continuación y en el que OIP se presentó como Amicus Curae, ilustra el estado de la administración de justicia en la provincia. No es la primera vez que el OIP reporta casos donde se evidencia mala praxis por parte del Poder judicial. Año a año, los casos muestran que el prejuicio y la conculcación de derechos no es una excepción. Cristina Vázquez tiene 33 años y hace 7 que está en prisión. En 2010, la Justicia de Misiones la condenó a prisión perpetua por el asesinato de su vecina. Sin embargo, familiares, testigos, y profesionales del derecho sostienen que la joven es inocente y que fue sentenciada injustamente, en un juicio repleto de irregularidades y sin pruebas en contra. Una amiga suya, Celeste García, y su padre, Pedro Oyhanarte, señalaron ante la Justicia que Vázquez durante la noche del crimen y al día siguiente estaba en Garupá, a 8 kilómetros de la escena. Ambas amigas estaban juntas en la casa de García, que es también un hogar de niños, y se preparaban para ir a bailar a Posadas. En el juicio oral, otros vecinos avalaron esta versión |94|
15.- En la Provincia de Río Negro
El 29 de Enero, el vicegobernador Pedro Pesatti recibió a autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el marco de la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU en las provincias. Con vistas a fortalecer la prevención de hechos de torturas o malos tratos en dependencias del Estado, se encuentra en la provincia de Río Negro Enrique Font, responsable de implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de DDHH de la Nación |95|
El 2 de Agosto, la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial (frente a las quejas de los familiares de detenidos y Organizaciones de la sociedad civil) aseguró que la provisión de medicamentos en los establecimientos de detención de Río Negro es "absolutamente normal" y desmintió que haya dado orden alguna en el sentido de restringir la compra de insumos médicos para la población carcelaria. Informó que la entrega a través del PROZOME (Programa Zonal de Medicamentos) y el programa nacional Remediar "están cumpliéndose en tiempo y forma, como así también se continúa efectuando la adquisición de medicación mediante las reservas presupuestarias establecidas y con los fondos permanentes de los que dispone cada establecimiento penal" |96|
16.- En la Provincia de Salta
Esteban Alejandro Vildoza denunció que el 17 de marzo policías armados irrumpieron en su domicilio a los tiros sin tener orden judicial. Los hechos ocurrieron en Rosario de la Frontera. A las 1,40 de la madrugada ingresaron en la casa donde estaba su hijo adolescentes y su hija de 12 años que dormía en una de las habitaciones |97|
Omar René Ortiz 23 años, murió en la noche del 29 de mayo en la cárcel de Villa Las Rosas. Según declaraciones de otros internos y personal, el joven fue al baño y al salir de él algo "pasó" en el pabellón M de máxima seguridad cuyo tránsito está prohibido a los internos, escucharon ruidos y gritos pidiendo ayuda, luego se vio humo y comenzaron a ser golpeadas las rejas de las celdas |98|
Omar apareció golpeado, quemado y semi asfixiado, muriendo a las pocas horas en el hospital al que fue trasladado. Según la suegra del joven que reconoció el cuerpo en la morgue, manifestó que tenía cortaduras en todo el cuerpo, que esas heridas eran grandes y profundas sobre todo en el pecho, mostraba raspaduras en la espalda y un corte en el cuello, concluyendo que lo masacraron y que le prendieron fuego estando vivo para ocultar lo que hicieron ya que es imposible que se haya hecho semejante daño el solo y además tenía a sus hijos a los que quería y jamás le ocasionaría semejante daño suicidándose. Por su lado los penitenciarios aseguran que René estaba castigado y que prendió voluntariamente su celda.
17.- En la Provincia de San Juan
Disturbios y heridos en el penal de Chimbas, el 20 de marzo se inició una huelga de hambre para exigir que se aceleren las causas, al trascurrir los días la presión iba en aumento y culminó en una violenta pelea protagonizada por diez internos, según informara el servicio penitenciario. Dos detenidos, Vera y Núñez, sufrieron traumatismo encéfalo craneano grave, mientras Martín Carrizo sufrió traumatismo severo de tórax y poli traumatismos varios.
Rodolfo Castillo fue víctima de violencia institucional y privación de la libertad el domingo 10 de mayo. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Juan denunció el hecho del que habrían sido ejecutores miembros del personal policial de la comisaría 6ª. El caso tomó estado público tras la denuncia del padre de la víctima, un reconocido abogado de la provincia.
Mauricio Atencio, 22 años, fue detenido a las cuatro de la madrugada del 18 de julio en San Juan y llevado a la seccional 3ª de Trinidad. Sus familiares concurrieron varias veces a llevarle comida y ropa, pero no los dejaron ver a Mauricio hasta que, finalmente, les informan que estaba muerto |99|
18.- En la Provincia de Santa Fe
El domingo 4 de enero Jonathan Herrera, de 23 años, recibió tres impactos de bala el en el barrio La Tablada de Rosario. El joven estaba en la puerta de su casa cuando un patrullero del Comando Radioeléctrico que estaba persiguiendo a un muchacho de 17 años que había efectuado un asalto y huía en una moto, mientras cinco policías de Acción Táctica, apostados en una esquina, comienzan a disparar e impactan sus balas en Jonathan que estaba lavando su coche en la puerta de su casa |100|
Víctor F., albañil de 34 años fue detenido en la vía pública, privado de su libertad y ferozmente golpeado en la comisaría 2ª de Rosario el miércoles 4 de febrero a la madrugada. Una vez en el calabozo, pide un vaso de agua y concurre a la celda un uniformado de 55 años aproximadamente quien comenzó a pegarle con un palo largo de madera. No le permitieron, pese a haberlo solicitado con insistencia, realizar la llamada telefónica. Realizó la correspondiente denuncia ante la fiscalía de turno.
Jonathan Belotti, 22 años, fue muerto por un policía el 29 de marzo en Rosario. Según el relato de un sub oficial de la policía rosarina, Jonathan junto a otro joven habrían entrado a robar a su casa, los hechos se dieron a las 20,30 horas cuando estaba viendo un partido por televisión y se da cuenta que están tratando de forzar su puerta. Toma su arma y va al living y cuando los jóvenes ingresan trata de llevarlos afuera, uno de ellos saca un arma y entonces el suboficial dispara matando a Jonathan quien cae en la vereda muriendo a los pocos instantes.
Miguel Ángel Efisio, 41años, murió el 12 de abril en Rosario, a causa de un disparo de la oficial Graciela Guanca de 29 años, en momentos en que Miguel y su madre contaban a la oficial y su compañero que habían intentado robarles. Miguel se va a la azotea, la policía oye ruidos, sube a la terraza a ver qué ocurre y al ver una sombra en la ventana dispara cinco veces sin formular advertencia alguna y mata a Miguel Ángel.
Dante Fiore, 25 años, muerto el 16 de abril en el Barrio La Siberia de Rosario. El día de su muerte iba caminando hacia su casa, venía de cenar en la casa de su hermana cuando un miembro de la Policía de Investigaciones lo mató. Según el policía, intentó robarle y se tirotearon. Varios testigos aseguran haber visto como empleados de la URI II le colocaban un arma entre sus pertenencias mientras realizaban las pericias |101| Las balas levantadas en el lugar del hecho son de 9 mm, pertenecientes al asesino.
Carlos Godoy, de 25 años de edad, fue muerto el 24 de mayo al noroeste de la ciudad de Rosario por la policía. Según los uniformados Godoy y otro joven intentaron robarles por ello dispararon. Uno logró huir, mientras Carlos cayó muerto con dos balazos uno en la espalda y otro en la cabeza a modo de ejecución cuando ya estaba tirado en el piso. La versión policial sostiene que, el joven estaba armado con una pistola calibre 22 con la cual habría disparado al pecho de uno de los agentes, que "no tuvo daño alguno porque tenía el chaleco anti balas" |102|
El 27 de junio en la ciudad de Rosario, Michelle Mendoza (transexual) fue detenida junto a dos amigos con los que viajaba en un coche. Una vez en la seccional fue golpeada salvajemente por cinco uniformados. Un policía la sujetaba por la cara mientras una mujer policía la pateaba y le pegaba con un elemento contundente en la cabeza.
Marcelo Joaquín Cañete, 34 años, fue baleado y muerto por la policía. Era remisero del barrio Ludieña de Rosario. La policía lo detuvo a las 14,30 del 5 de julio, luego de dispararle y herirlo en una pierna, diciendo en su parte oficial que lo habían abatido en un enfrentamiento. Según los vecinos, Marcelo tuvo una discusión con un vecino, llegó la policía, lo corrió y disparó. Dos horas más tarde en lugar del disparo en la pierna del cual fueron testigos los vecinos, tenía cuatro impactos de bala que le provocaron la muerte. Sus vecinos tenían muy buen concepto de su persona.
Alejandro Gastón Ponce, 23 años, fue visto con vida por última vez el 1 de noviembre cuando estaba junto a su hermano pescando en Rosario. Su cuerpo fue hallado días después por personal de la Prefectura Naval a la altura del kilómetro 423 de la costa derecha del Paraná. Mirta Yolanda Ponce, madre del joven, contó que cuando sus hijos estaban pescando aparecieron tres policías que los comenzaron a agredir tirándole piedras y cascotes y apuntándolos con sus armas.
Desde hace más de 2 años, un local espera para ser habilitado como la Fiscalía de Coronda con carácter regional. El Gobierno amortiza y oportunamente reacondicionó el edificio ubicado en calle Juan de Garay de la ciudad de Coronda, destinado a la Fiscalía, organismo tantas veces reclamado por autoridades y fuerzas vivas de la ciudad. El rebrote de hechos delictivos, los organismos de seguridad que la rodean y su carácter de cabecera departamental posesionan a Coronda en una sentida necesidad y urgencia, sumado a las promesas de funcionarios provinciales.
19.- En la Provincia de Santa Cruz
El martes 10 de Febrero Diego Reyes relató durante el juicio oral y público a los 5 militantes de ATE |103| que estaban presos desde hace más de un año por encabezar reclamos salariales y por condiciones laborales. de Reyes fue impactante. Contó que ese día había llegado tarde a la manifestación porque tenía carpeta médica, de allí fue al local sindical a buscar unos bombos, y al regresar la dependencia municipal ya estaba incendiada. Denunció que tres días después lo fueron a detener a su propio trabajo. En ese momento los policías lo golpearon fuertemente en la Comisaría Quinta, donde está detenido. Le rompieron el tabique, lo golpearon en la cabeza, lo torturaron, le dieron comida podrida. En una nueva golpiza lo fracturaron |104|
Cristian Behamondez, 34 AÑOS, fue detenido como contraventor en la madrugada del sábado 24 de abril y trasladado a la comisaría 2ª de Río Gallegos donde fue maltratado, agredido y lesionado. Las heridas fueron ratificadas por el médico del Hospital Regional y por el médico forense designado por la fiscalía interviniente. Sufrió fisura de costilla, ahorcamiento y una lesión en el ojo derecho. El joven regresaba a su domicilio luego de haber concurrido a una fiesta familiar. Fue interceptado por un patrullero del Comando Radioeléctrico, y como no tenía documento de identidad fue trasladado a la comisaría 2ª. Durante el traslado fue golpeado y al llegar a la dependencia policial intervinieron 4 efectivos en la golpiza, la que ocurrió delante de dos detenidos. No tiene antecedentes judiciales y trabaja como carpintero. La denuncia está a cargo del Juzgado de Instrucción 1.
20.- En la Provincia de Tucumán
Las promesas del gobernador Alperovich de mejorar las condiciones edilicias de las comisarías una vez más quedó sin cumplirse. En efecto, son recintos derruidos que perjudican tanto a los agentes estatales como a los detenidos allí alojados.
El 29 de Junio, en un intento de motín los reclusos prendieron fuego a los colchones del calabozo de la comisaría de Yerba Buena, en donde se encontraban alojados varios reclusos, lo más afectados fueron 9 detenidos que estaban en el baño de la comisaría. Extraoficialmente trascendió que habría 2 muertos y varios heridos |105|.
Lunes 17 de Agosto, La Corte Suprema cuestionó a la Policía por los datos imprecisos de presos en comisarías. El máximo tribunal también requirió al Poder Ejecutivo que constituya la comisión de prevención de la tortura. El Gobierno había informado que había 676 detenidos en las comisarías de la provincia. Después, aclararon que ese número no incluía a los contraventores. Más tarde, la Policía advirtió que había tres condenados que estaban en dependencias policiales y 271 con prisión preventiva, pero que este último número podría ser mayor. Ante tanta imprecisión, la Corte Suprema de Justicia exhortó al ministro Fiscal Edmundo Jiménez a que genere el Registro de Personas Detenidas |106|
Ema Hortensia Gómez fue condenada el 13 de octubre, por el crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz. "No sé qué dirán las autoridades del penal, no se puede admitir mujeres embarazadas. No sé dónde me van a tener", expresó Gómez cuando las empleadas del Servicio Penitenciario la sacaron de la sala de juicio oral para trasladarla a la cárcel de Mujeres, ubicada en avenida Santo Cristo y Lavalle de Banda del Río Salí |107|
El 26 de Septiembre Sonia, de 56 años muestra a la prensa su primer dormitorio fuera del encierro. La cama está tendida a la perfección. Hay tres muñecas sobre la almohada y un perro de peluche en la mesa de luz. Flores de papel adornan la ventana. Podría ser la pieza de una niña. Pero no. Ahí es donde duerme. Este es su primer "dormitorio" después de haber estado 25 años viviendo en un hospital psiquiátrico. En voz baja aclara que sufre una hemiplejia desde los 27 años, y es por eso que la mitad de su rostro está un poco "caída". También tiene problemas para movilizar su brazo y su pierna derecha. Cuando un médico le avisó, hace unos meses, que se iba a ir a vivir a una casa, ella no lo podía creer |108|
[Fuente: Observatorio internacional de Prisiones de Argentina, Bs As, abr16]
Notas:
1. Fuente: Radio América - Además, el jurista planteó que el artículo 99 de la Constitución Nacional "está derogado por la costumbre contraria" (la lex consuetudo), ya que la última vez que se aplicó fue en 1852, cuando se sancionó la Carta Magna. [Volver]
2. La Ley indica que la Dirección estará a cargo de un Director o Directora, que deberá contar con título de abogado "o de especialistas afines con las nuevas carreras penitenciarias y criminológicas". Su designación se efectuará por concurso público de antecedentes y oposición, con acuerdo del Senado de la Nación, y será asesorada por un Consejo Consultivo, integrado interdisciplinariamente "por psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, médicos, abogados y sociólogos". Las funciones de la Dirección están detalladas en el artículo 3° de la Ley. El organismo estará encargado del control del cumplimiento de las condiciones contenidas en el auto de soltura de toda persona que haya obtenido la libertad condicional, donde actuará en colaboración con el magistrado a cargo de la ejecución de la pena; del control del cumplimiento de las reglas de conducta "impuestas a toda persona a la que se le haya impuesto una pena de ejecución condicional" y del seguimiento y control de las reglas de conducta impuestas a toda persona a la que se le haya otorgado la suspensión de juicio a prueba. Por otra parte, la Dirección también estará a cargo de la inspección y vigilancia de toda persona que se encuentre cumpliendo detención o pena con la modalidad de alojamiento domiciliario; Otra de sus funciones será la de proporcionar asistencia social eficaz para las personas que egresen de establecimientos penitenciarios por el programa de libertad asistida, libertad condicional o agotamiento de pena, generando acciones que faciliten su reinserción social, familiar y laboral; y el seguimiento y control de la ejecución "de todo sistema sustitutivo de la pena que se cumpla en libertad. Intervenir como organismo de asistencia y supervisión del procesado, con sujeción a las condiciones compromisorias fijadas por el juez en el otorgamiento de la excarcelación". [Volver]
3. "Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación" [Volver]
4. "Hubo una intencionalidad política de apurar el Código Procesal Penal de la Nación", sostuvo Garavano. [Volver]
5. El ministro de Justicia argumentó: "No tiene lógica que los fiscales estén a cargo, cuando son los jueces los únicos que pueden autorizarlas". [Volver]
6. Nota n° 404/15
/// Plata, 30 de junio de 2015 Visto el escrito presentado ante la Procuración General por la Presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones, Graciela Dubrez, el que fuera derivado por disposición de la Procuradora General María del Carmen Falbo a la Suprema Corte de Justicia para su intervención, ingresando el mismo a esta dependencia con fecha 12-6-15; en el cual la señora Dubrez solicita en tal carácter que se tomen medidas respecto de la dificultad para comunicarse fluidamente con el Juzgado de Ejecución nº 1 de San Martín debido a la saturación de sus líneas telefónicas y de x, pudiendo hacerlo sólo por correo común o bien concurriendo personalmente al organismo; Atento la competencia de esta Subsecretaría y no surgiendo del referido escrito, en principio, irregularidades que habiliten el ejercicio de las facultades disciplinarias de la Suprema Corte, hágase saber a la presentante que en caso que desee formular denuncia, deberá comparecer ante esta sede en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación, a fin de expresar su voluntad en tal sentido precisando el o los hechos que pudieran configurar faltas disciplinarias (Arts. 15 y 16, Ac. 3354 SCBA); procediéndose en caso de incomparecencia injustificada al archivo de las actuaciones.
Notifíquese. [Volver]
7. Fuente: diario "Página 12" Meijuan Z. Nació hace 30 años en la localidad de Lien Chiang, en la provincia china de Fu Chiang, Mei llegó a Buenos Aires en 2007, a los 22 años, con una historia de pérdidas por las muertes de su padre y de los abuelos paternos que la criaron. Vino llamada por un primo para trabajar en un supermercado y "ganar mucha plata". En 2010, luego de una fuerte discusión con la mujer de su primo, se descompensó y la llevaron por primera vez al Moyano. El tratamiento ambulatorio duró un tiempo, hasta que llegó la manicomialización, siempre compleja como su nombre lo indica, y en el caso de Mei, agravada por barreras ideomáticas y culturales que la condenaron a la oscuridad, hasta que pudo ser rescatada por abogados, psicólogos y psiquiatras del Ministerio Público de la Defensa. Meijuan, a fuerza de encierro, entiende bastante el castellano, pero lo habla muy poco. Cuando llega a la vereda, luciendo la camperita verde que le regaló la gente del Consulado chino en Buenos Aires, estalla en un grito que desmiente a los que afirman que chinos y coreanos no pueden pronunciar la erre: "Madrrina", dice alargando la incidencia de la decimoquinta consonante del alfabeto castellano. La destinataria del saludo es Cecilia del Rosario Fernández, que trabaja como acompañante psicoterapeuta en el Moyano. Cecilia asistía a otras dos pacientes y con Meijuan se adoptaron mutuamente. "Estoy contenta porque vino mucha gente que estaba preocupada por mí; mi madrrina era la que me sacaba a pasear para que conozca la calle." Dice que no se acuerda cuándo se conocieron, pero sí que fue "en el parque del hospital y siempre que la veo grito 'madrrina, madrrina'". Cecilia le dice a Página/12 que lograron comunicarse con gestos y dibujos, hasta romper la barrera del idioma. Mei estuvo un año largo en un estado de incomunicación total, hasta que conoció a Cecilia y más tarde a Chao, el traductor con el que hablan el "chino mandarín", idioma universal en su país, con el que logran dialogar las personas nacidas en distintas regiones y que hablan dialectos diferentes, indescifrables para unos y otros. En 2010 la llevaron por primera vez al Moyano. De allí en más sufrió varios ingresos y salidas, a la vez que se fue desligando de sus primos, las únicas personas con las que tenía relación en Buenos Aires. En 2007 no se había formado la Unidad Letrada del Ministerio Público de la Defensa, conducido por la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez. El equipo de la Defensoría fue creado luego de la sanción de la ley 26.657 de Salud Mental y tomó conocimiento del caso a través del Juzgado Civil 38 de la Capital Federal. Mei había ingresado al Moyano el 12 de julio de 2011 y en principio se dejó asentado que era una internación de "carácter voluntario". El 12 de octubre de 2012, el equipo del Servicio Santa Isabel del Hospital Moyano diagnosticó que la paciente china presentaba "un cuadro de descompensación psicótica con juicio desviado, implicando riesgo cierto e inminente", motivo por el cual determinaron que se trataba de una internación de "carácter involuntario", lo que recién ahí habilitó la intervención de los especialistas del Ministerio Público de la Defensa, tal como está previsto en el artículo 22 de la ley de Salud Mental A partir del contacto con el equipo interdisciplinario de la Defensoría, con la acompañante psicoterapeuta y con el traductor, se tejieron lazos con ONG de la comunidad china y se logró que Mei tuviera contacto, vía Skype, por Internet, con una amiga de la infancia que completó la información que se tenía sobre la familia de Mei. La psicoterapeuta se comunicó con el juez a cargo y allí formalizó su relación profesional con Mei, que ya existía desde el plano afectivo, siempre ad honorem. La tarde en que Mei salió del Moyano, con Cecilia se fueron de compras, gracias al aporte económico que hizo una ONG de la comunidad china en Buenos Aires. Chao, el traductor, es en realidad músico, toca el cello en la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. "Hace dos años empecé a trabajar con Mei, fue una historia fuerte, pero ella fue muy abierta conmigo y por eso no fue complicado comunicarme con ella y conocer su historia". El secreto es "ganarse la confianza" de la persona a la que se debe asistir. "Yo le entré por el lado de amigo, no del traductor, le hice saber que yo estaba de su lado, porque ella la había pasado muy mal". La forma en que llegó Chao a ser el traductor concuerda con el laberinto por el que tuvo que atravesar Meijuan: "Llegué gracias a otra paciente que habla mi dialecto y que nadie puede comunicarse con ella. Una chica que trabaja en la Defensoría que es oriental conoce a un violinista del Colón que se casó con una taiwanesa que sabe que yo soy cantonés, que hablo el cantonés y entonces me llamaron para probar. Esa fue la cadena que se hizo para llegar a Mei". Meijuan ya viajó China. Los que la vieron partir desde Ezeiza, afirman que la despedida fue con risas, con la "v" de la victoria y con el grito de guerra: "Madrrina". Se llevó consigo donaciones de la comunicad china en Argentina y de ahora en más vivirá en una casa "remodelada a nuevo" por el gobierno de la región de Lien Chiang en compañía de un tío suyo y con la cercana presencia de su mejor amiga. Tendrá una obra social y un equipo médico que la ayudará a reencontrarse con su historia y su cultura, después de más de cuatro años de oscuridad. [Volver]
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Proyecto Edad Imputabilidad Proyecto 1330-D-2015 16 - 18 años Proyecto 2236-D-2014 14 - 18 años Proyecto 1802-D-2014 14 - 18 años Proyecto 6545-D-2013 16 - 18 años Proyecto 1339-D-2013 14 - 18 años 9. - Fuente: Diario Clarín El chico que a los 15 años tiene 36 causas judiciales - Mar del Plata. Cayó por última vez el lunes, cuando robó una pollería. Un fiscal pidió que lo sometan a un tratamiento. A Leo Arcuri, histórico camarógrafo de Canal 8, le acababan de robar en la puerta de su casa. Lo sorprendieron dos chicos, uno le apoyó un arma en la cabeza y le sacó el auto. Cuando declaró ante la Policía dijo que uno de los asaltantes era "bajo, menudito, con carita de ángel". El agente no dudó: "Quedate tranquilo, tu coche está en el Centenario". Fue en ese barrio marplatense donde encontraron el vehículo.El chico, que en ese momento tenía 13 años, daba sus primeros pasos en el mundo del delito. Hoy, dos años después, ya acumula 36 causas penales. La última fue por un robo cometido el lunes, cuando lo detuvieron luego de asaltar una pollería. Según fuentes del caso, había amenazado a los dueños del local con un arma de juguete. La historia no es nueva para los vecinos del barrio. Lo conocen desde que paraba el colectivo 532 y subía para asaltar a los pasajeros. Luego se fue haciendo famoso en otras zonas de Mar del Plata. Participó de una persecución que se inició con el robo de un auto y terminó cuando lo chocó contra un árbol y protagonizó un violento asalto a una cochera, entre otros hechos cometidos en los últimos meses. Las cuatro fiscalías de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata tienen expedientes con su nombre. Todos los delitos fueron desestimados porque es inimputable. "Una vez que se determina el hecho, la autoría, la ley obliga a pedir el sobreseimiento y a que el juez de Garantías lo dicte. Son chicos que están permanentemente involucrados en delitos, todo el tiempo al filo de la muerte, propia o ajena", explicó a Clarín el fiscal Carlos Russo. "Hasta que no pase la barrera de los 16, mucho no se puede hacer", explicó otro hombre de la Justicia. Para eso aún faltan cinco meses. [Volver]
10. Todo comenzó cerca de las 21 Hs. cuando se cortó la luz en el instituto y en las calles del barrio de Floresta que lo rodean. Lucas estaba en la celda "D" del Sector 2, junto a un compañero. Estaban "engomados" -como se dice en la jerga cuando llega el momento de ser encerrados en sus celdas- por un acuerdo de palabra que tenían con el empleado que los cuidaba de noche. A cambio de permitirles más minutos de teléfono, los "engomaba" más temprano y así el vigilador podía descansar. En el Rocca, como en los otros institutos de menores porteños, los guardias llegaron a trabajar hasta 72 horas seguidas. Cuando se cortó la luz el empleado fue a buscar una linterna. Lucas tenía un encendedor, algo prohibido por el reglamento. Se cree que se lo había entregado un guardia que confiaba en que no iba a hacer nada malo. Con él prendieron fuego dos colchones. Se especula que fue con la idea de fugarse. Pero esta hipótesis es dudosa: tanto Lucas como D.B, su compañero de celda, estaban a pocos días de egresar. Entonces, ¿para qué habrían querido fugarse? La otra hipótesis sostiene que lo hicieron amenazados por otros internos del Sector 2, que creían que al incendiar esos colchones, les abrirían las puertas a todos los menores. Como eran más que los guardias, podrían intentar la fuga. Nada de eso sucedió. Todavía con la luz cortada, una ambulancia del SAME entró y trasladó al hospital Vélez Sarsfield a Lucas y a D.B. Según pudo reconstruir Clarín, para la fecha del incendio los detenidos en el Rocca tenían nutricionista, pileta, talleres en los que se les habla de política y visitas de militantes de La Cámpora para jugar al fútbol. A su vez, el establecimiento no les brindaba los colchones ignífugos, el grupo electrógeno o la luz de emergencia. Al menos al Rocca, todos estos elementos vitales para evitar cualquier situación de riesgo llegaron después de la muerte de Lucas. Fuente: diario "Clarín" [Volver]
11. El 8 de septiembre de ese año, al mediodía, Enzo Fabián Álvarez corrió a Bruno Pappa por las calles de Chacarita, bajo el argumento de que el joven lo había querido robar con la réplica de un arma. Estaba vestido de civil. Logró reducirlo con ayuda de dos personas, y una vez en el suelo, extrajo su arma reglamentaria y le disparó en la cara.El 21 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal 22 condenó a Álvarez por el delito de homicidio agravado por su condición de policía y ordenó su detención para cuando quede firme la pena. Además, los jueces Patricia Cusmanich, Sergio Paduczak y Angel Nardiello le impusieron la prohibición de salida del país y dispusieron que se presente todas las semanas ante el tribunal. [Volver]
12. Creen que este es el motivo por el que fue asesinado de un disparo en la nuca. "Fue un fusilamiento de la Metropolitana a un chico de la calle, que si no era visibilizado por el Arancibia, nadie se enteraba", aseveró el legislador de Seamos Libres y hermano del militante del PO (Partido Obrero) asesinado por una patota sindical, Pablo Ferreyra. Según expresó Ferreyra, de acuerdo a la autopsia se demostró que al adolescente "le disparó el policía Sebastián Torres, a 50 metros, en la nuca y la bala salió por la frente, desmintiendo la versión policial que hablaba de un enfrentamiento". De esa forma, adelantó que pedirían al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad que conduce Guillermo Montenegro que informe sobre las medidas adoptadas ante esta situación y las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona del Parque Rivadavia, como también el legajo de Torres. El oficial había sido reclutado de las filas de la Bonaerense, que históricamente registró el mayor número de muertes por episodios de "gatillo fácil". Sin embargo, el enfoque judicial, hasta el momento apunta hacia la víctima. La causa está en el Juzgado de Menores Nº 7 a cargo del juez Enrique Velázquez, que la caratuló "Robo con arma en tentativa", imputando al joven muerto y a otro menor de edad que estaba con él y que fue absuelto. Actúa la Fiscalía de Menores Nº 7 a cargo de Fernando García.Al conocerse el resultado de la autopsia que determinó que el proyectil entró por la nuca del joven - que además presentaba golpes varios -, el juez Velázquez pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones que decida quién investigaría el supuesto homicidio de Autero, lo que finalmente quedó asentado en el mismo juzgado. Se pidieron medidas como el legajo del oficial de la Metropolitana y que el otro menor que estaba con Autero declare en Cámara Gesell. [Volver]
13. Ante ello Torres le propone olvidar todo si le realiza ciertas prácticas sexuales, lo lleva forzadamente adentro de la estación, donde hay una calesita, y abusa del joven. Cuando llega a su casa alrededor de las 2 de la mañana estaba en shock, despierta a sus padres, les cuenta lo sucedido, van en el coche al lugar donde seguía Torres cumpliendo adicionales, el padre va en busca de un patrullero y detienen al abusador, que fue detenido y liberado a pocas horas por orden judicial. El uniformado da otra versión de los hechos negando el abuso sexual. [Volver]
14. La causa tuvo sus idas y vueltas e incluso estuvo al borde de quedar en la nada cuando el fiscal César Augusto Troncoso opinó que el expediente debía ser derivado a la oficina de casos "NN", más allá de que para ese entonces ya habían surgido nombres de los sospechosos. Luego de que Troncoso fuera recusado, el caso pasó a manos del fiscal Fernando Fiszer, quien en abril de 2014 realizó el pedido de elevación a juicio para los siete acusados. Todos ellos llegaron al juicio en libertad y recién fueron pasados a disponibilidad cuando el caso se hizo público. Las hermanas viven con custodia y reciben asistencia psicológica. Las dos pudieron formar pareja y están radicadas en el Conurbano bonaerense. Una de ellas trabaja en Capital. La otra cuida de sus tres hijos: dos de los embarazos fueron producto de las violaciones. Fuente: Expediente judicial [Volver]
15. Mientras a Lucas Cabello, de 20 años, lo operaban en el Hospital Argerich para que sobreviviera a los tres tiros en su cuerpo, sus vecinos cortaban la esquina de Brown y Villafañe, en el barrio porteño de La Boca, reclamando Justicia debajo de la lluvia."Mi hijo está peleando por su vida y encima quieren ensuciarlo. No fue un enfrentamiento narco ni un tiroteo", dijo a Infojus Noticias Carolina Vila, la madre de Lucas que explicó que la fueron a buscar a su trabajo para contarle que su hijo estaba herido y que tiene una bala alojada en la médula. Según contó la madre, Lucas recibió tres balazos que le impactaron en la nuca, el bazo y los testículos y el hombre que gatilló el arma fue un agente de la Metropolitana que ya está detenido tras la intervención de Prefectura en el caso. Camila, la pareja de Lucas, y la hija de dos años de ambos, dijeron que vieron cómo el efectivo de la Metropolitana lo remataba en el suelo en la puerta de su casa, en Martin Rodríguez al 500. Ayer a las cuatro de la tarde la joven estaba en su casa lavando ropa cuando escuchó ruidos afuera: "Lucas se había ido a comprar algo para comer y cuando volvió vi que discutía con el policía que está en la puerta. Le disparó en la nuca y cuando se cayó en el piso le disparó dos veces más", contó la joven, quien explicó que no esperó a que llegara una ambulancia: con la ayuda de un vecino lo llevó a su novio herido hasta el hospital. Rubén, el padrastro de Lucas, y su madre, fueron hasta la comisaría 24 para hacer la denuncia pero no los recibieron. Más tarde se acercó Camila a contar que había sido testigo y tampoco la escucharon. Aún la familia no vio el expediente ni cómo está caratulado pero ya pidieron ayuda a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y se reunirán con los especialistas del área. La versión de la Metropolitana es otra: sus voceros informaron que lo que pasó en Martín Rodríguez y Villafañe fue un "tiroteo". "Una mujer que tenía un botón de pánico por violencia de género alertó al policía de consigna que la persona denunciada había violado una restricción de acercamiento. Le dijo como estaba vestido y el policía cuando lo localizó le dio la voz de alto. La persona le disparó y ahí se dio un tiroteo", dijo un responsable de prensa y agregó: "A pesar de que lo hirieron escapó y se fue hasta el Argerich". [Volver]
16. Un hecho de violencia institucional en el marco de lo que la recién asumida Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denominó ayer "Emergencia en Seguridad". Personal de la Policía Metropolitana de la comisaría de Parque Patricios tomó declaración a familiares de Pablo preguntándole si Pablo se drogaba, si había estado en la cárcel e hicieron mención a que era hijo de bolivianos. [Volver]
17. Brian vive a pocas cuadras de allí, en un departamento, junto a su novia. La casa está enfrente a la de su madre, que cuenta con una consigna permanente de la misma seccional desde abril, cuando arrancó el juicio que terminaría con las sentencias .Los tres penitenciarios condenados fueron Juan Pablo Martínez (9 años y medio), Víctor Meza (8 años y medio) y Roberto Cóceres (8 años y medio), todos por torturas. A mediados de septiembre, Brian salió con libertad condicional al reducirse su pena por robo. "Si va a bardear, no lo va a hacer en el mismo barrio en el que vive. Además, él salió de la cárcel con otra mentalidad. Se mandó sus errores, pero la última vez tenía 18 años", le dice a Clarín Occhipinti, quien va a todos los días a visitarlo a la celda de la Superintendencia de Investigaciones Federales, donde dice que "lo tratan muy bien". El juez porteño Diego Slupski ordenó el traslado del detenido a la Unidad N° 2 de Sierra Chica, en el partido bonaerense de Olavarría. Según la mamá de Núñez, el jefe de la comisaría 25°, Fabián Quiroga, fue hasta su casa no bien liberaron a Brian tras las condenas y se produjo un sugestivo diálogo en estos términos: -¿Vos sos el famoso Brian?
-No soy famoso, soy conocido por las torturas.
-Está complicada la cosa... tenés que caminar despacio, porque te pueden pasar muchas cosas. De un día para otro se te puede venir todo abajo. Te pueden hacer alguna cama.
A la semana de este incidente, el joven estuvo 17 horas demorado en la comisaría 53° por un confuso episodio en los Bosques de Palermo, junto a su novia y una pareja. Y luego llegaría el hecho por el que permanece detenido. "Si mi hijo quería robar, hubiera usado con un arma de verdad, pero no en su barrio. El salió de prisión para reinsertarse a la sociedad y rehabilitarse en las piernas ya que quedó destrozado por las torturas sufridas en el penal de Marcos Paz, en 2011", asegura Valenzuela. "Si algo nos llega a pasar, le echo toda la culpa a la 25°. La voy a pelear", anticipa la mujer, quien dice que "no hay ninguna razón para mandar a Brian a Sierra Chica", que está bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Occhipinti acota que el joven estaba acompañándolo a trabajar cada día, a una óptica familiar. "Nos íbamos a las 10 de la mañana y a las 11 de la noche volvíamos", cuenta. Y sobre los próximos pasos, dice: "Estamos pidiendo que le den el arresto domiciliario. Brian se quiere matar, le cortaron las alas de una, no pudo disfrutar de su libertad". Fuente: Diario Clarín [Volver]
18. El 16 de junio de 2015, J. P. falleció por ahorcamiento en el Instituto Almafuerte de La Plata. Tenía 17 años y hacía dos meses que estaba alojado allí, proveniente del Instituto Legarra de la misma ciudad. Al momento del hecho debía estar en recreación pero, según informaron las autoridades del centro, se había negado a salir. Los jóvenes detenidos comentaron que el día anterior había tenido un altercado con un compañero y, por tal motivo, los custodios lo habían encerrado en su celda. Su familia, que lo visitaba asiduamente, fue puesta en conocimiento del hecho 6 horas después y tiene dudas sobre el suicidio. La investigación se tramita ante la UFI n° 11 de La Plata. Veinte días después, el sábado 4 de julio de 2015, el joven M. G. fue encontrado sin vida en su celda del Instituto Pablo Nogués de Malvinas Argentinas. Tenía 16 años y estaba en la institución desde el 16 de junio de este año. Al igual que J. P., provenía del Instituto Legarra de La Plata. La investigación del hecho se tramita ante la UFI ° 21 de San Martin. M. G. había sido entrevistado, este mismo año, por un equipo del CCT-CPM mientras permanecía encerrado en el instituto Legarra; en ese momento, se comprobó que el joven se encontraba en pésimas condiciones de detención: sin agua, sin baño, sin acceso a ninguna actividad. También se constató que presentaba lesiones de corta y larga data, como consecuencia de las torturas padecidas en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora por parte de los asistentes de minoridad. La denuncia de estos hechos fue inmediatamente elevada a la justicia por la CPM interviniendo el juzgado de Garantías del Joven N° 1 de San Martín, a cargo del Dr. Marcelo Kohan. Luego de escuchar la declaración de M. G. en una audiencia realizada el 28 de abril de 2015, el juez elevó la causa a la UFI en turno de Lomas de Zamora a efectos de que investigue la posible comisión de delitos en perjuicio del joven. En su testimonio, M. G. también denunció haber sido testigo de torturas infringidas a otros jóvenes detenidos en el mencionado centro. Fuente: Comisión Provincial por la Memoria [Volver]
19. En dicha entrevista se comprobó que el joven se encontraba en pésimas condiciones de detención, sin agua, sin baño y sin acceso a ninguna actividad, presentaba distintas lesiones tanto nuevas como antiguas a raíz de las torturas padecidas en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora por parte del personal de minoridad. Ante a estos dato se presentó la correspondiente denuncia judicial, el joven tuvo que declarar donde amplió sus dichos anteriores, manifestando que fue testigo de torturas recibidas por otros jóvenes detenidos en el centro de recepción. [Volver]
20. La patrulla no tiene ningún impacto de bala. Según manifiesta la madre de Alejandro, este era permanentemente acosado por los policías, "le sacaban dinero, lo golpeaban y luego lo largaban", mencionando específicamente a el jefe de calle de la comisaría de Tres de Febrero al que llaman el Chaqueño, y a otro apodado el Colorado. También denunciaron amenazas y en particular la recibida por el hermano de la madre, Luciano de 18 años, al que le gritarón en la calle "ahora te toca a vos". Interviene en la causa el fiscal del Fuero Penal Juvenil de San Martín, Dr. Sirni. [Volver]
21. La Sra. Soria al presentarse en la comisaria, vio a su hijo lleno de golpes y con la nariz sangrando. El dirigente de la ONG que la acompañó no pudo verlo porque la policía se lo impidió. Se radicó la denuncia por apremios ilegales en la fiscalía en turno. [Volver]
22. Están acusados tres gendarmes del Operativo Centinela, que vivían en el parque y su familia denuncia que al ser atendida en la sala del barrio, no hicieron la denuncia y solo le proporcionaron la píldora anti conceptiva de emergencia, no le realizaron la revisación que indica el protocolo de abusos sexuales, viéndose también maltratados en la comisaría de la mujer de Lanús cuando hicieron la denuncia, sin que se indicara un peritaje urgente, obteniendo un turno para el 7 de abril. según el relato de la joven, uno de los gendarmes era llamado Nicolás por sus compañeros y fue el que abusó de ella en el baño mientras el resto vigilaba en la puerta y tenían a su prima de 13 años esposaron y lo metieron en una camioneta de infantería y se lo llevaron. [Volver]
23. .- Según declaraciones de los testigos, en el local se había producido una pelea en la que intervinieron los custodios del boliche en el Complejo del Club Leluar. Diego no intervino en los hechos, pero asustado salió corriendo quedando en el medio del operativo policial y es embestido por una camioneta de la bonaerense conducida por la oficial Graciela Noemí Basualdo, que le pasa por encima y lo mata en el acto. Basualdo está imputada por homicidio culposo. Diego era miembro del equipo de las inferiores del Deportivo Morón, y jugaba también en dos equipos de su barrio. Los once testigos que declararon en la causa, concuerdan en que el operativo policial fue excesivo y que a Diego "lo aplastaron con las ruedas traseras y delanteras". [Volver]
24. Cabe señalar que días antes, los chicos habían limpiado las paredes, preparándolas para la pintada. [Volver]
25. Los vecinos denuncian que las requisas comenzaron en el verano de 2014 y desde entonces realizaron diversas denuncias. La explicación que daban las autoridades municipales es que estas requisas se realizaban para evitar el consumo de alcohol. Con el paso del tiempo agravaron los controles llegando a perseguir a los que se negaban a mostrar sus pertenencias. [Volver]
26. De nada sirvió que le rogara por su vida, mientras corría asustado. La semana anterior el uniformado le advirtió que cuando lo viera lo mataría. Nahuel vivía con su familia a cincuenta metros de donde lo mataron. Su asesino se justifica diciendo que había participado en el robo de una moto junto a otro joven, que lo persiguieron en un patrullero, la otra versión es que estaba en la puerta de su casa y cuando llegó el patrullero se asustó y salió corriendo. Los miembros de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional denuncian que los jóvenes del barrio cuando ven un patrullero se aterrorizan y particularmente del policía Sombra quien junto a otros camaradas reclutaría jóvenes para delinquir y los que se niegan son perseguidos. Este serías el caso de Nahuel. [Volver]
27. Varios vecinos que presenciaron el hecho manifestaron que el policía, vestido de civil, iba con otra persona y estaba ebrio, había conocido a Gabriel ya que vivió en el mismo barrio. El joven integraba el movimiento Cooperativa El Triángulo de San José y cursaba el secundario en el colegio 63 de su barrio. Martín está a disposición del titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Florencio Varela, Hernán Bustos Rivas. [Volver]
28. Al ocurrir los hechos el uniformado iba en un móvil policial conducido por una sargento, cuando detectan a "dos sospechoso a bordo de una moto", deciden detenerlos, los jóvenes aceleran, los persiguen y, según la versión policial, es atacado a tiros por lo cual responde disparando varias veces en dirección a la motocicleta, hiriendo al joven quien cae ensangrentado en la acera, muriendo a las pocas horas a causa de la gravedad de las heridas recibidas. En la pesquisa realizada, no se encontró ningún arma que perteneciera a Carlos Adrián González. El titular de la UFI 7 de San Martín, Fabio Cardigone ordenó la detención del policía, y la sargento que lo acompañaba quedó a disposición de la justicia como testigo. [Volver]
29. Ambas víctimas fueron trasladadas el hospital Mi Pueblo. El agente federal de 24 años, intentó justificar el hecho en la comisaría 5ª. de Varela, donde manifestó que dos "marginales" lo habían asaltado, despojándolo de su arma. A raíz de las numerosas contradicciones en que incurrió durante su declaración, quedó establecido que era responsable exclusivo del hecho, el arma utilizada por éste fue encontrada en su coche, quedando imputado como responsable de homicidio y lesiones ante la Unidad Funcional 6 de Varela a cargo de la Dra. Vanesa Maiola. [Volver]
30. Relata que al regresar a su casa lo persiguieron con gases y balazos, lo trasladaron a la comisaría 2ª de Tandil donde lo tuvieron detenido 15 horas. Otra de las víctimas relata que había madres con criaturas pequeñas, pero nada detuvo a las "fuerzas del orden". [Volver]
31. Desde hace más de 12 años que en la provincia no hay políticas concretas contra las adicciones. No las tuvieron el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral (UCR, 2003-2011) ni el actual de Lucía Corpacci (Frente para la Victoria). La oficina encargada de fiscalizar la venta de ansiolíticos en las farmacias ni siquiera tiene el personal mínimo. En cuanto a los tratamientos, apenas hay convenios con la SEDRONAR y algunas ONG. Fuente: diario Clarín [Volver]
32. Pero según trascendió, de allí fue retirada por los padres porque no estaban conformes con la atención que recibía. Queda claro, a la luz de las declaraciones de la funcionaria, la mala praxis o sencillamente la desidia estatal, representada en este caso por la funcionaria de marras. la autopsia reveló que Romina murió asesinada por asfixia provocada sobre su cuello, ejercida por una persona de mayor envergadura física que además la violó. También se determinó que la muerte se produjo unas seis horas antes del hallazgo y en un primer momento algunos testimonios establecieron que la noche anterior habría estado en una fiesta en la zona norte de la ciudad. Los investigadores no pudieron determinar si la adolescente fue asesinada en el mismo lugar donde la encontraron o bien la mataron en otro lugar y luego trasladaron su cuerpo hacia el basural. María Romina, que presentaba un grado de discapacidad mental leve, encontró contención en un grupo de chicos de la calle, como se los conoce habitualmente. Allí fue reconocida como una más y pasó junto a ellos hasta los últimos momentos de su vida. "Andaban por el centro de la ciudad, pedían monedas, vendían diarios, no tenían horarios, ni días ni noches", explicaron fuentes ligadas a la causa. Fr haber sido adecuadamente atendida psicosocialmente tal vez otro hubiera sido su destino. Pero ni después de muerta el Estado le ha prestado atención, su asesino sigue sin ser identificado. [Volver]
33. Caso concreto: El incidente ocurrió en Comodoro Rivadavia. Un hombre joven aficionado a varios deportes y caracterizado por su allegados como una persona racional y tranquila, adquirió en una casa de repuestos un caño de escape para su motocicleta. A poco de ponerlo en funcionamiento, se produjo en el caño de escape una importante rajadura. Regresó al comercio a realizar el reclamo. De buena manera y modales pidió al comerciante que se lo cambie o en tal caso le devuelva el dinero. El comerciante respondió que ninguna de las dos modalidades era posible y que regrese días después por si se producía alguna posibilidad que deje conforme a las partes. El nuevo encuentro se produjo. Pero sin buenas noticias para el comprador del repuesto. La insistencia llevó de inmediato a una discusión acalorada con el comerciante. El repuestero llevó la peor parte: sufrió un fuerte golpe en la cabeza con el caño de escape dañado. El corte en el cuero cabelludo y el traumatismo que le produjo fue considerado una lesión grave por el médico policial que lo revisó. Ya en la instancia judicial y ante la intervención de la oficina de soluciones alternativas de conflicto, el comerciante solo quería una explicación sobre el porqué de semejante agresión. Arrepentido el joven comprador, no sólo le pidió disculpas, sino que además llorando, lo estrechó en un fuerte abrazo. Este final del incidente, fue recordado por uno de los operadores del sistema como uno de los más destacados casos de conciliación que le tocó atender. [Volver]
34. En el hecho quedó involucrada la Policía de Acción Táctica, el Comando Radioeléctrico y la comisaría 12ª El desencadenante habría sido un intento de robo en un local de ropa deportiva, un joven se habría puesto una remera y se habría ido en su bicicleta siendo interceptado por el Comando Radioeléctrico. La versión policial sostiene que varios vecinos trataron de defender al joven de la violencia policial, siendo detenidos tres hombres, una mujer y dos adolescentes según la versión policial. [Volver]
35. En su declaración especifica que los policías estaban de uniforme, eran los que hacían la requisa y que no fue la única víctima, ya que otros jóvenes también fueron atacados. Al realizar la denuncia, preguntó al comisario los nombres del personal involucrado en los hechos, lo cual se negó a dar y lo amenazó de muerte si no cerraba la boca. [Volver]
36. También fue herido un hombre de 57 años quien quedó fuera de peligro. Julio Pereyra Aya de 58 años, autor de los disparos fue detenido en el lugar. El joven fue trasladado en grave estado al hospital Misericordia, tenía dos disparos en el cuero cabelludo, dos en el tórax y uno en la mano izquierda. Junto al joven también fue trasladado Claudio Sebastián Gorosito de 32 años con disparo en el pómulo derecho. [Volver]
37. Ambos jóvenes fueron apaleados delante de su madre y llevados detenidos a la comisaría 16ª donde los amenazaron con trasladarlos a la cárcel de Bower y al complejo Esperanza. Afortunadamente los jóvenes recibieron el apoyo inmediato de las organizaciones convocantes a las marchas, y de distintas instituciones de la sociedad civil por lo cual fueron liberados. [Volver]
38. El hijo de Vanesa volvía de trabajar alrededor de las 14 horas, cuando un móvil policial lo detuvo a metros de su domicilio, le decían que lo hacían por "fachero" (término que significa "portar rostro"). La hermana que estaba cerca y vio lo que pasaba intervino y también fue golpeada al igual que uno de los vecinos que intentó defenderlos. Cuando intentó hacer la denuncia en la fiscalía, no se la quisieron tomar diciéndole que buscara asesoramiento jurídico ya que se trataba de un hecho de violencia institucional. La explicación policial es que lo detuvieron por "resistencia a la autoridad". [Volver]
39. Manifiesta que desde que ingresó en la prisión fue maltratado y amenazado de muerte, mancillado y humillado. En el año 2014 sufrió varias golpizas, que por su gravedad pusieron en riesgo su vida y producto de esas lesiones podría quedar parapléjico. Están involucrados el cabo Baroni y un oficial de apellido Medina quienes además de golpearlo salvajemente le aplicaron picana eléctrica mientras lo pateaban en la espalda y cabeza debiendo ser hospitalizado en grave estado. Agrega que tanto ella como su nuera vienen recibiendo permanentes amenazas por parte del personal penitenciario ante la difusión del caso en los medios. [Volver]
40. .- El abogado que representa a quien recibió el disparo, Salvador Pischedda, informó que tras el episodio, el muchacho baleado se dirigió a la Comisaría Quinta Urbana de la Capital correntina para realizar la denuncia, pero los uniformados se negaron a realizar el trámite. Luego regresó con el letrado a solicitar datos respecto a las patrullas que operaban en la zona durante esa jornada, pero esa información también fue negada. "El Comisario advirtió que esos datos sólo serían brindados a funcionarios judiciales. Pero es seguro que para entonces ya habrán modificado las actas y documentos", advirtió el abogado. Dada la situación, anoticiado del hecho, el letrado pudo comunicarse vía telefónica con la fiscal de turno, Graciela Fernández Contarde, para denunciar el hecho.Luego de esto la víctima del disparo fue asistido por médicos del Hospital Ángela Iglesia de Llano y médicos policiales quienes certificaron las lesiones y labraron informes de la situación, documentos que serán aportados como prueba. "Además hay testigos que presenciaron lo que ocurrió, además de filmaciones de cámaras de seguridad de las viviendas. Esos elementos serán acercados oportunamente a la Justicia", dijo el letrado. El profesional del Derecho agregó que para hacer la denuncia a la fiscal de turno "se tuvo que apelar al llamado telefónico porque los fines de semana en las Fiscalías de turno de Corrientes no hay nadie". [Volver]
41. La quema de colchones en la residencia del COPNAF, deja al descubierto la política de criminalización de los menores pobres que lleva adelante el gobierno de Urribarri, ya que, tal como informan los medios de comunicación al servicio de la policía, en la residencia estaban alojados varios menores con problemas con la ley. La privación de libertad en menores constituye una medida que el juez ordena excepcionalmente, la cual es cumplida en establecimientos exclusivos y especializados para jóvenes, quienes allí deberían realizar actividades sociopedagógicas. Fuente Radio La Voz [Volver]
42. Tanto la Policía Departamental como la Justicia investigan el caso, e intentan dar con la identidad de los policías que participaron del salvaje castigo, tanto de quien les daba las órdenes durante las sentadillas como de quien grabó la humillante situación. [Volver]
43. El médico de guardia del hospital de Humahuaca donde fue conducido luego de quedar en libertad, constató las graves heridas del rostro, negándose a analizar las que tenía en el resto del cuerpo. El joven es estudiante universitario y junto a su familia presentó la correspondiente denuncia judicial. [Volver]
44. La funcionaria comentó que "en la mayoría de edad, al llegar a los 18 años es cuando están en condiciones de realizar actividades laborales. Por eso retomaremos los talleres luego de las vacaciones. La idea es reforzar la apuesta en oficios de panadería y huerta por ejemplo, donde ellos puedan salir y realizar sus actividades conociendo otros espacios comerciales". [Volver]
45. .- El joven iba circulando con su moto la que había comprado hacía unos días, y todas las noches salía a dar una vuelta. Esa noche lo cruza un coche, y temiendo que le fueran a robar, salió a toda velocidad para luego ser perseguido por la policía. Al ser detenido lo llevaron a la brigada mientras lo golpeaban, le fueron robadas sus pertenencias. Una vez en la seccional es golpeado en hígado, costillas y rostros y lo encierran en un calabozo sin ninguna atención. Luego es trasladado a la jefatura y recién a la mañana lo atienden en el departamento de Sanidad y fue dejado en libertad con la indicación del nuevo jefe de turno que al verlo en tal mal estado le recomienda que se vaya urgente al hospital para que le saquen placas del tórax. [Volver]
46. En ese operativo se le secuestraron dos paquetes con 27 gramos de cocaína, seis pastillas, un teléfono celular y casi $ 900. Pero dentro de la vivienda allanada que compartía con otros dos jóvenes, uno menor de edad, también detenidos, la Policía halló en total 556 gramos de cocaína y siete gramos de marihuana. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena visitó el penal e informó que caratuló la causa como "muerte dudosa". En un principio la Policía riojana abonaba en sus declaraciones la hipótesis de un suicidio, Fuente Télam. [Volver]
48. Al no regresar a su casa, una chacra que habita con su familia, lo comienzan a buscar y recorren distintas seccionales donde afirman que allí no estuvo registrado. Asimismo afirman que el joven no tenía ninguna campera y que presenta heridas y contusiones de todo tipo en su cuerpo. [Volver]
49. "por presentar antecedentes que no corresponden con la perspectiva sobre derechos humanos que caracteriza a éste Poder Legislativo", anticipó Marchesini. Esto se debe, entre otros cuestionamientos realizados, al caso denominado Sarruggi-Flecha González sobre la apropiación de una niña de tres meses en noviembre del 2000. En la reunión de la Comisión de Poderes de este miércoles; además de sus integrantes: Lilia Marchesini, Juan Carlos Agulla, Lidia Batista, Claudia Gauto, Marta Ferreira, Darío Pietrowski, Víctor Kreimer, y Noelia Leyría y Raúl Revisnki -Germán Bordón estuvo ausente- participaron y cuestionaron duramente el accionar de la jueza Bertolotti, los legisladores Héctor Bárbaro (PAyS), María Losada y Hugo Escalada (bloque Vanguardia Radical). En ese sentido, la diputada Marchesini señaló que "más allá de que a la doctora Bertolotti, en lo académico haya tenido buen puntaje en el Consejo de la Magistratura, se trata de una persona cuestionada en sus valores y en sus fallos como Jueza de Familia" Fuente Comisión legislativa [Volver]
50. El defensor penal de menores explicó cómo funciona el sistema judicial cuando un chico es acusado de un delito. "Si son menores de 16 años se los puede declarar penalmente responsables de un delito pero se los debe sobreseer porque son inimputables", detalló. El escenario cambia cuando los chicos tienen entre 16 y 17 años. Según el tipo de delito endilgado puede ser condenado a una probation en la que realizan tareas comunitarias o en una mediación a través de la fiscalía se puede convenir cómo el chico o chica reparará el daño. Esa vía es por la que se resuelven más del 80% de los casos judicializados. "En delitos más graves van a juicio normal o abreviado y si son declarados culpables tienen que cumplir un tratamiento especial con el fin de que comprendan lo que hicieron", señaló López y agregó que "si al término del tratamiento el chico no entiende la gravedad de lo que hizo y no se resocializa, se le aplica una pena y va a prisión". A diferencia del sistema de adultos en el que las penas aplicadas apuntan a dar el ejemplo al resto de la sociedad para que se sepa que si se comete ese delito se recibe esa pena, en el caso de los menores la condena apunta a que el chico comprenda lo hecho. Contrariamente a la creencia popular el perfil típico del menor que llega a la justicia acusado de un delito no es el de un chico perteneciente a una familia conflictiva o destruida, sino que forma parte de una familia constituida y con padres que trabajan durante largas horas. [Volver]
51. "La nutricionista no puede dar especificaciones del menú. Los adolescentes manifiestan que es insuficiente y que están obligados a comer en espacios de tiempo cortos", detalla el informe, sobre el instituto ubicado al norte de la capital. "La comida no es suficiente", "hay deficiencias nutricionales", "las colaciones no se distribuyen diariamente" y "los alimentos llegan con demora en vehículos no aptos" son algunos de los datos que se mencionan sobre el establecimiento de Cerrillos. Los menores de 18 años que permanecen en institutos porque desconocen la ley penal deberían tener una terapia especial de reinserción y un tratamiento diferente al que existe en los penales de adultos. Sin embargo, esto no se cumple de acuerdo con la pericia que tomó en cuenta la Corte de Justicia para fallar. Los asistentes sociales consideraron que el centro para jóvenes número uno es "frío y sombrío" y que allí "se vive en un ambiente típicamente carcelario". Además, describen que la iluminación es escasa, la ventilación no es adecuada y que los adolescentes permanecen demasiado tiempo adentro de las habitaciones. Otra de las falencias es que no hay "un uso productivo del tiempo" y que no se ofrecen actividades planificadas para lograr la inclusión o rehabilitación. La pericia se refiere también a la falta de capacitación de los operadores de los institutos y señala que hay muchos chicos que sufren adicciones, pero no reciben los tratamientos adecuados. Deterioro, humedad, filtraciones, instalaciones eléctricas peligrosas, baños parcialmente clausurados hace meses, falta de estufas y solo dos duchas con agua caliente son las principales dificultades edilicias del centro Michel Torino. Además, el mobiliario es "viejo y obsoleto" y hay "chatarra peligrosa tirada por el predio". En el Hogar Tránsito hay humedad, pintura en mal estado, cañerías averiadas, instalaciones eléctricas deficientes y pérdidas de agua. Solo existen dos duchas y una no funciona. Falta calefacción y lugar para realizar actividades recreativas o deportivas. Los jueces de la Corte de Justicia consideraron que los centros no están en condiciones de cumplir con su obligación de contener y recuperar a los adolescentes y ordenaron que haya cambios radicales en el plazo de un año. Los jueces de la Corte de Justicia Guillermo Posadas, Abel Cornejo y Guillermo Catalano indicaron que los centros penales para adolescentes deberían declararse en "situación de emergencia". Los magistrados hicieron esta consideración al expresar su voto en el fallo que ordenó al Gobierno realizar un reacondicionamiento de los institutos. La sentencia, a la que accedió El Tribuno, dispone que la Provincia tome las medidas necesarias para cumplir con las normativas que obligan a dar un tratamiento integral que permita la reinserción de los menores de 18 años. La jueza Susana Kaufman destacó entre sus argumentos que el Estado debe garantizar la vida digna en las unidades de detención y que esto se refuerza cuando los que están alojados son adolescentes. El fallo fija un plazo de 60 días para que la Provincia presente un plan de mejoras a implementarse en el término de un año. [Volver]
52. .- El caso comenzó a investigarse el 26 de mayo de 2014, cuando Sulca denunció que cinco días antes, mientras trabajaba en los cerros de Santa Bárbara, arribaron al lugar ocho policías de civil que se lo llevaron demorado a la subcomisaría de Guachipas para tomarle declaración. De acuerdo al denunciante, allí lo metieron a una oficina y le preguntaron si había matado a Noelia Rodríguez, una joven que había desaparecido 10 meses antes en esa zona, e intentaron que confesara el crimen. Para ello lo golpearon en el estómago, lo abofetearon, le tiraron del cabello, lo patearon y lo amenazaron con armas. Las torturas habrían durado dos días [Volver]
53. .- la amenazan con quitarle el rodado, la llevan y tratan de violarla quitándole la ropa, pero logra escapar y luego con su familia se presenta y realiza la denuncia. [Volver]
54. Al interpelar la familia al comisario, éste se excusó de lo sucedido argumentando que no estaba en la comisaría cuando sucedieron los hechos, mientras observaban que otro joven, de cabello rubio, estaba siendo golpeado por una mujer policía. [Volver]
55. En la investigación realizada por la fiscalía, "se presume" que los jóvenes eran perseguidos por un patrullero. Tomás murió desangrado tirado en la calle mientras la joven fue trasladada al hospital Iturraspe de Santa Fe, donde fue operada de urgencia. [Volver]
56. Tanto los familiares como los vecinos de la víctima afirman que Maximiliano estaba en la vereda de su casa cuando el prefecto estaciona su automóvil e insulta al joven que intenta alejarse y recibe los impactos de bala, el último de manera mortal cuando ya estaba tirado en el piso. Los vecinos indignados por el hecho, golpean al prefecto e incendiaron su coche. [Volver]
57. Elías junto a otro chico salieron en una moto mientras eran perseguidos por un supuesto intento de robo a dos jóvenes. La versión policial afirma que los jóvenes llevaban armas, pero al fiscal le llama la atención varios hechos, por ejemplo que no se le encontrara ningún arma, que no tuvieran ningún elemento secuestrado del supuesto robo, que el balazo haya impactado en el omóplato izquierdo sin orificio de salida lo que hace sospechar sobre la existencia de un arma no reglamentaria en poder de la policía. Según la familia, Elías estaba en la llamada "lista negra" de la policía y su madre venía denunciando desde junio las constantes amenazas que recibía el joven y su familia de parte de la policía. [Volver]
58. Luego el efectivo subió al vehículo que se fue del lugar. Unos vecinos que presenciaron los hechos lo asistieron y lo llevaron a la casa de donde lo trasladaron al hospital San Bernardo. A raíz de estos hechos, el joven perdió un ojo. [Volver]
59. El procedimiento se realizó en las primeras horas del 5 de Agosto, cuando la jueza de turno, Rosa Falco, ordenó la detención de los policías que prestaban servicios en la comisaría 4ta., ubicada en el acceso oeste a la capital provincial. En su relato, la mujer denunció que su hijo fue "demorado en la comisaría cuarta y golpeado por los policías, el domingo 2, en horas de la madrugada". En la causa, inicialmente caratulada "violación de los deberes de funcionario público y lesiones", se pudo establecer que la víctima fue detenida junto a otros dos menores, acusados de romper la vidriera de una céntrica panadería. Mientras se instruye la causa judicial, los policías denunciados fueron puestos en disponibilidad y permanecen detenidos en distintas dependencias policiales de la capital santiagueña. Fuente: Agencia Télam [Volver]
60. Según los padres, al ver que se demoraba en regresar el padre salió a buscarla sin poder encontrarla hasta que una sobrina le contó que había visto a un policía que la sacaba de la seccional. Al dirigirse al lugar encontró a su hija y al pedir explicaciones al policía, éste no dijo nada, mientras la niña lloraba y le contaba al padre lo que había ocurrido. La causa está caratulada como "abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por tratarse de un representante de la fuerza policial en ocasión de servicio" [Volver]
61. En un relevamiento estadístico, la Procuvin muestra la "primera foto" de la violencia institucional, a través del análisis de la respuesta que le da el sistema judicial. Así, entre funcionarios policiales, de otras fuerzas y penitenciarios (a nivel nacional) había hasta el mes pasado: 204 elevados a juicio, 29 con pedido de elevación, 142 procesados, 98 sobreseídos, 89 con pedido de indagatoria, 68 con falta de mérito (la investigación sigue abierta), 49 condenados, 45 absueltos y 25 indagados. En un 47,5 por ciento de los casos se trata de investigaciones sobre violencia policial, 31,9 reflejan actos de violencia en instituciones de encierro, 19,9 son hechos de corrupción y para el resto no hay precisiones. La mayoría de los imputados pertenece a la Policía Federal (34 por ciento), le sigue el Servicio Penitenciario Federal (27 por ciento) y luego la Metropolitana (9 por ciento), Policía de la provincia de Buenos Aires (6 por ciento), Gendarmería (6 por ciento), otras instituciones (14 por ciento). Las cifras aluden a casos investigados por la Justicia nacional, luego cada provincia tiene las propias (por ejemplo, entre el sistema federal y el bonaerense, en 2013 hubo 1151 víctimas de torturas en las cárceles, pero cada una de ellas sufrió más de tres hechos similares, según el Registro Nacional de Casos de Torturas). [Volver]
62. Las muertes se han distribuido en 11 establecimientos penitenciarios, siendo el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz el que reúne el mayor número, al concentrar 6 de los 28 decesos del período. Lo siguen el Complejo CABA de Devoto y el Complejo I de Ezeiza, cada uno con 5 fallecimientos. La sumatoria de los tres complejos penitenciarios se concentra 16 decesos, lo cual equivale al 57% de las muertes respecto del total (debido al bajo número de eventos totales, no se hará hincapié en el análisis porcentual, más que a fines de establecer parámetros generales y tendenciales). En definitiva, 6 de cada 10 muertes que se han registrado durante el primer semestre de 2015 ocurrieron en los grandes complejos metropolitanos: Complejo I (Ezeiza), II (Marcos Paz) y CABA (Devoto). [Volver]
63. estaba alojado cumpliendo una pena de encubrimiento por robo, ya que no quiso delatar a dos personas que cometieron un ilícito. Había pedido que lo trasladen a ese lugar por cercanía con la familia del Servicio Penitenciario".
"Se ahorcó supuestamente con una toalla. Así apareció muerto. ¿A quién se le ocurre castigar a un preso que se peleó con otros en una celda y aislarlo con una toalla? No se puede sostener esa absurda mentira. Como tampoco pueden ocultar los golpes en el cuerpo, y la declaración de los compañeros", señaló Trimani. La causa es investigada por la fiscal Patricia Cisneros, de la UFI 1 de Lomas de Zamora, conjuntamente con el Juzgado de Garantías 1. [Volver]
64. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) publicó un comunicado en el que expresa: "Ayer un detenido de avanzada edad falleció al interior del Pabellón C de la Unidad Residencial I de Ezeiza, destinado al alojamiento de personas bajo medida de resguardo de integridad física". Además precisó que hubo "violencia verbal desplegada por el Cuerpo de Requisa al ingresar al pabellón en horas de la mañana durante un procedimiento rutinario" en donde al interno lo "obligaron a correr hasta su celda". Sobre la muerte de uno de los reclusos la Procuración dijo: "El detenido fue encontrado sin vida dentro de su celda. Las autoridades penitenciarias en el módulo señalaron que su muerte habría sido provocada por un ataque cardíaco". Y que en la madrugada previa "otro detenido murió por ahorcamiento dentro de las celdas de aislamiento del Pabellón H de la Unidad Residencial IV del complejo". En el mismo documento se detalló que "el monitoreo efectuado por este organismo, que incluyó la inspección del sector de alojamiento y entrevistas confidenciales con personas detenidas en él, ha recuperado relatos que informan sobre la existencia de hechos de violencia previos, el reclamo por falta de asistencia médica ante las lesiones sufridas, y la inexistente custodia del sector por parte de la guardia de la División de Seguridad Interna". Además, el mismo organismo sostuvo que se "puso en evidencia una vez más la utilización de los sectores de aislamiento como lugar de alojamiento de personas en tránsito, a la espera de cupo en un pabellón definitivo, y en muchas ocasiones bajo medida de resguardo de integridad física". En el texto también se recordó que en septiembre "un detenido falleció ahorcado en el sector de aislamiento de la Unidad Residencial III en condiciones similares". La PPN también exclamó que "es prioridad garantizar una investigación eficaz de lo ocurrido, que esclarezca no sólo los decesos sino también el sistema circundante de humillación y severidades que les ha servido de contexto, y la utilización de sectores de sanción y prácticas de aislamiento sobre personas bajo medidas de resguardo de integridad física" [Volver]
65. Secuestro de cocaína, marihuana, DNI, y tarjetas en destacamento de gendarmería y se encuentran en un cofre 42,2 gramos de cocaína fraccionada en 125 envoltorios, dos piedras de 65,9 gramos de marihuana, en otros cajones encontraron más de 100 DNI, ocho tarjetas de crédito, y demás documentación. [Volver]
66. El detenido había sido encontrado sin vida dentro de su celda el 17 de junio de 2014( informe OIP 2014) Según las constancias obrantes en la causa, el deceso habría sido causado por una insuficiencia respiratoria aguda, debido a una congestión y edema pulmonar. Según los testimonios y documentación obtenidos en la causa judicial, el detenido no habría recibido atención médica alguna durante sus últimos días de vida, pese a que el deterioro de su estado de salud resultaba a todas luces evidente. En su resolución, el juez afirmó que "los imputados incumplieron los deberes como médicos del complejo de Marcos Paz, donde permanecía alojado G. B. A., provocando un claro aporte entre ambos para generar una clara ausencia de tratamiento y asistencia, que culminó con el fallecimiento de[l detenido]", y que "de haber actuado los imputados con la debida diligencia, posiblemente, no se hubiera producido[su] muerte". [Volver]
67. "No fue un caso aislado. En esos días hubo otros operativos similares", explicó su hija Claudia Saini, preocupada porque considera que la enfermería del penal de Marcos Paz no cuenta con todas las condiciones necesarias para atender a pacientes con cuadros de extrema gravedad. Fuente La nación 14-11-2015 [Volver]
68. Deberá estar compuesta por especialistas en criminalística, investigación tecnológica, escenas de crimen, levantamiento de rastros, médicos forenses, abogados, químicos forenses, contadores y psicólogos. Deberá intervenir en la investigación de homicidios dolosos, o cometidos en otra ocasión de delito doloso, y en la investigación de ilícitos cometidos por funcionarios públicos, miembros de las fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario con motivo o en ocasión de sus funciones. Auxiliará al Ministerio Público Fiscal, tendrá guardias las 24 horas. [Volver]
69. .- Para la realización del juicio se citan a 24 hombres y 24 mujeres de 21 a 75 años de edad. Son exceptuados todos aquellos que tengan vínculos con la víctima, con el acusado o con el fiscal. No pueden ser abogados, ni ejercer cargos públicos por elección popular o ser activos o retirados de las fuerzas de seguridad. [Volver]
70. Alcanza también los hechos vinculados a los delitos investigados, tales como encubrimiento, omisión de denuncia, no promover la persecución y represión de los responsables de los hechos incluyendo sus responsabilidades funcionales. Se establecen mecanismos de procedimiento, tal como dar aviso a la Oficina de Asistencia a la Víctima que exista en la jurisdicción, y posteriormente al Programa de Protección de Testigos. [Volver]
71. Los distritos de Morón 145, La Matanza 75, Mercedes 82, San Nicolás 64, Lomas de Zamora 31, La Plata 20, Bahía Blanca 26, son los que mayor cantidad de casos. )En la planilla PRINSI 13087 se denuncia el caso de un detenido que a causa que su familia se peleara con agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, éstos se tomaron revancha mandando a otros detenidos que lo lesionaron con lanzas, luego lo aislaron en una celda y no le brindaron atención médica. En la planilla PRINSI 12696 se da cuenta de lo ocurrido en una comisaría de Lomas de Zamora cuando se efectuaba la visita policial, los internos elevaron el volumen de la música como forma de protesta por los malos tratos recibidos por sus familiares, el personal entra en la celda con palos y armas, los golpean y disparan contra ellos, los picanean y le pasan materia fecal por las heridas. En la planilla 12667 se da constancia lo sufrido por una mujer detenida por policías en Mercedes, quienes luego de llevarla a la comisaría la hacen desnudar y le arrojan agua helada, lo que le provoca convulsiones. Este método se conoce como ducha fría. [Volver]
72. Muchos casos figuran en informes del OIP precedentes al presente [Volver]
73. Al ser dada de alta, la trasladaron al penal perdiendo todo contacto con la criatura interrumpiéndose la lactancia y careciendo de información al igual que la familia del estado de la niña. El abogado hizo en su presentación referencia a la ley 25929 de Parto Humanizado que dice que "toda persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en forma respetuosa y digna y la interacción conjunta con su madre en sala". Se notificó por oficio a la fiscalía de turno y a la Asesoría de menores e incapaces para que investiguen si se cometió algún delito de acción pública. [Volver]
74. "calecita" término que significa: hacer rotar a un detenido por varios centros de detención. CORREPI, es una Ong dedicada a la violencia policial. "buzón" término que significa lugar de encierro donde sólo hay una pequeña ranura en la puerta por donde se puede observar el interno o este puede ver al interlocutor del otro lado de la misma. [Volver]
75. Pablo estudiaba y trabajaba, integró en su escuela un grupo que investigó sobre autoritarismo y democracia en el marco del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. La causa se tramita en la Unidad Fiscal 5 de Morón. [Volver]
76. Esta situación se dio luego que Martín Lanatta hiciera declaraciones para el programa periodístico Periodismo para Todos que conduce Jorge Lanata. Desde el momento de la fuga, se organizó un gran operativo para lograr capturarlos en distintas zonas de las localidades de Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, lo que no dio resultado. En la madrugada del 31 de diciembre al tratar de ser parados por un control, disparan contra los dos efectivos, un hombre y una mujer hiriendo a ambos. Desde entonces se desconoce el paradero de los prófugos. Tanto las autoridades provinciales como las nacionales sospechan la existencia de una red de complicidad tanto de la policía como del servicio penitenciario bonaerense y de ciertos sectores políticos. Esta fuga se dio a poco de asumir el nuevo gobierno de la provincia, cuya gobernadora María Eugenia Vidal preparaba un proyecto de reforma de la policía bonaerense y del servicio penitenciario, y el declaración de emergencia del sistema penitenciario. Los ejes de la reforma serían incorporar tecnología y equipamiento, disminuir la cantidad de departamentales, elevar las horas de formación de los integrantes de las fuerzas, revisar legajos, renovar el parque automotor y modernizar el sistema pericial. Cabe recordar que estos presos fueron condenados por el triple crimen de personas involucradas en el tráfico de propulsores químicos a narcotraficantes y se investiga sus conexiones con encumbrados funcionarios políticos. [Volver]
77. A raíz de las torturas perdió 10 centímetros de intestino. Fueron detenidos cinco uniformados. En su declaración el joven manifestó que lo esposaron con las manos en la espalda, lo hicieron arrodillar en una de las oficinas, le pegaron patadas en el estómago mientras lo sostenían para que no se caiga. [Volver]
78. Al ver dos jóvenes que corrían los persiguen a los balazos, llegan a la Rubita donde hallaron muerto a Obregón, víctima de un disparo en el abdomen quien tras caminar unos metros, cae en la entrada de una casa en el medio de un charco de sangre. Los encargados de la investigación de este hecho, no encontraron ningún arma en poder del joven. [Volver]
79. Recién al otro día, y al realizar la ronda, notan que Mauro tenía el 70% de su cuerpo quemado, siendo trasladado al hospital zonal de Trelew donde muere diez días después. Los familiares denuncian que el joven era permanentemente hostigado, provocándole para que reaccionara y así poder detenerlo. [Volver]
80. Lo imputaron de resistencia a la autoridad y portación de arma de fuego, cosa que su familia desmiente y denuncia que para justificar el hecho le han armado una causa para encubrir este caso de gatillo fácil, manifestando que el dermotest que le realizaron sobre el arma que le quisieron plantar dio negativo, y que la versión que iba acompañado se desmiente ya que las balas le impactaron en la espalda a él y no a su acompañante. El fiscal interviniente, Carlos Matheu, imputó a los policías y libró la respectiva orden de detención para Leandro Cisneros, presunto autor del disparo, y para Sebastián Stopello, pero fueron liberados inmediatamente [Volver]
81. El gobierno definió al operativo como exitoso en la lucha contra la inseguridad, contando con el aval o el silencio cómplice del poder judicial ante todos los hechos de muertes y violencia de parte de las fuerzas de seguridad. [Volver]
82. Al ser liberados no encuentran los documentos personales ni los del coche los que la policía había tirado a un cesto de basura, los que son encontrados por un recolector de residuos que los llama y se los entrega. La denuncia penal la presentaron en la Fiscalía de Instrucción Distrito IV de Carlos Paz. [Volver]
83. De los 4 procesados, a tres de ellos se les concedió la excarcelación mientras que el Oficial Ibalo quedó efectivamente detenido ya que el juez le negó la excarcelación. Un logro histórico reviste esta noticia que, como pocas veces en la provincia deja al descubierto una larga data de impunidad policial. La lucha y al perseverancia de la hermana de Nino, Anahí Largueri, y de la Coordinadora de los Derechos fueron claves para que el caso no quede cajoneado. [Volver]
84. El penoso suceso ocurrió en una casa ubicada en calle Córdoba entre Neuquén y Eva Perón de Pirané, cuando en medio de un altercado que se había generado entre un grupo de jóvenes vecinos del lugar y policías que se disponían a realizar un allanamiento, el condenado atacó a los tiros a Rubén David López, de 16 años de edad, cuando este estaba huyendo y pretendía cruzar una muralla. El policía efectuó el disparo con su escopeta desde una distancia de 5 metros aproximadamente impactando en la zona del torso de la víctima, quien cayó del otro lado del muro y falleció en el acto. [Volver]
85. Servicio de emergencias médicas [Volver]
86. Temiendo la reacción popular por este crimen, se hicieron presentes en el lugar numerosas unidades de distintas zonas de la provincia. Pese a ello, los vecinos se movilizaron hacia la municipalidad de Tilcara a la que concurrieron los compañeros remiseros del lugar donde fueron reprimidos con golpes y balas de goma, quedando cuatro jóvenes heridos. [Volver]
87. El defensor general Eduardo Aguirre había hecho un planteo en su momento ante el Tribunal de Impugnación Penal, que no hizo lugar, pero recurrió, en Casación, al Superior Tribunal de Justicia. El proceso había comenzado cuando en la Seccional Segunda de Santa Rosa quedaron en evidencia las penosas condiciones de alojamiento de los detenidos: había nueve personas encerradas en un espacio para cuatro. En ese momento, la jueza Florencia Maza llegó a ordenar que un grupo de detenidos fuera desalojado y trasladado a otro punto de detención, en mejores condiciones. Las condiciones de superpoblación que advirtieron con medio año de antelación en aquel momento se seguían agravando sin que el Gobierno Provincial tomara cartas en el asunto. Aguirre desestimó que la situación de sobrepoblación tuviese origen en la repatriación de presos pampeanos desde otras provincias a la Colonia Penal 4, algo que se logró el año anterior después de varias presentaciones de la Defensoría que ocupa y de la decisión del Tribunal de Impugnación Penal y los Juzgados de Ejecución. [Volver]
88. "Siempre estuvimos activos buscando una solución", intentó defenderse el ministro de Gobierno, Leonardo Villalba, en septiembre, en un contrapunto con los jueces. Fuente: El Diario de La Pampa [Volver]
89. La cárcel donde ocurrió el hecho se encuentra ubicada en la calle Pueyrredón 1099, de la capital provincial. Zapata se encontraba ayer en estado comprometido, luego de que le tuvieran que extirpar el bazo. Trascendió que en total hubo cuatro presos lesionados, pero dos no tuvieron que recibir atención médica. [Volver]
90. La hija de ambos quedó sola en la terminal. Al obtener la libertad, presentaron la correspondiente denuncia judicial ante el Ministerio Público Fiscal. A raíz de la repercusión del hecho, recibieron luego varios mensajes a sus celulares amenazándolos de muerte, uno de ellos el 9 de mayo. [Volver]
91. El joven era músico, trabajaba como albañil y fue detenido numerosas veces por averiguación de antecedentes, siendo en una de ellas testigo de una golpiza que los efectivos habían propinado a un joven discapacitado. Se realizaron varias marchas pidiendo justicia, y en una de ellas tres adolescentes fueron golpeados brutalmente por la policía, uno de ellos les pasaba por encima con la moto, resultando otro chico de 13 años que estaba en la puerta de su casa, herido con arma de fuego reglamentaria, recibiendo un impacto en la pierna derecha con orificio de entrada y de salida. Vecinos declaran que los policías gritaban mientras propinaban golpes que "eran una plaga y unas ratas y que los iban a eliminar de a uno". [Volver]
92. Según la denuncia hecha pública, los uniformados iban encapuchados, tiraron gas lacrimógeno, hubo golpizas incluso a menores que habían ido con sus padres. El propio Esteban Báez estaba con su mujer y su pequeño hijo quienes presenciaron la paliza que le propinaron y su posterior detención. En total hubo 20 detenciones. [Volver]
93. Estuvo preso una semana acusado de hurto, y de acuerdo a la increíble declaración policial difundida en un comunicado, donde se afirma que una patrulla policial se presentó en la casa de los Lloret por un llamado de la familia, y en esa circunstancias habrían hallado al joven herido y que lo trasladaron al hospital Samic en el patrullero para que lo atendiera la guardia. Esta versión fue desmentida por las autoridades de dicho hospital, luego la versión fue que al joven le cayó de un árbol encima, que fue atacado por un grupo de civiles, entre otras. Varios integrantes de la fuerza fueron pasados a disponibilidad mientras investiga la justicia. [Volver]
94. Todo comenzó el 27 de julio de 2001, cuando Cristina tenía 19 años. Durante la noche de ese día, su vecina Ersélida Dávalos de Insaurralde (79) fue asesinada a golpes en su casa de barrio El Palomar, en Misiones. La empleada doméstica encontró el cuerpo sin vida, tendido sobre un charco de sangre. La mujer murió con el paso de las horas entre la 1 y 2 de la madrugada. La habían matado a martillazos con el objetivo de robarle su dinero y joyas. Vázquez vivía en la misma cuadra que Insaurralde. No tenía ninguna relación con ella, pero en 2002 la policía misionera la detuvo junto a otras dos personas más: Omar "Kolynos" Jara - un hombre con antecedentes de robo- y su pareja, Cecilia Rojas. Según la APP, la razón para apresarlos se fundó en torno al testimonio de una vecina, quien sostuvo que Jara andaba vendiendo las joyas de la anciana. Rojas era conocida de Cristina y desde allí se la vinculó como cómplice del homicidio. Aunque al inicio del juicio se dictó la falta de mérito para los imputados, luego volvió a fortalecerse la hipótesis original. Los aportes de la defensa no convencieron a los jueces. Así fue que en mayo de 2010, el Tribunal Penal 1 de Posadas sentenció a los tres implicados a cadena perpetua por el delito de "homicidio calificado criminis causa". Dos años después, el Tribunal Superior de Misiones confirmó la pena. La causa está desde febrero de este año bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia. [Volver]
95. Cabe señalar que Río Negro es una de las cuatro provincias argentinas, junto a Salta, Chaco y Mendoza, que tiene en funcionamiento un mecanismo de prevención contra la tortura. [Volver]
96. el organismo desmintió versiones periodísticas sobre una supuesta supresión de compra de medicamentos para el Establecimiento de Ejecución Penal Nº1 de la ciudad capital de Viedma. "Las autoridades provinciales observaron que la necesidad de administrar medicamentos de tipo "psicofármacos" debe estar (como siempre) bajo la supervisión de personal médico específico, desestimando así los requerimientos por parte de los internos o familiares del mismo". Fuentes oficiales recordaron que el mes pasado se rubricó un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y Salud, a los fines de supervisar y administrar la provisión de psicofármacos. "Esa tarea está siendo realizada por el personal a cargo del área de Salud Mental, del hospital local Artémides Zatti, interviniendo en cada caso que se requiera con el mayor rigor profesional". [Volver]
97. Vildoza estaba en el baño cuando escucha unos gritos desgarradores llamándolo, luego oye los tiros y cuando intenta dirigirse para ayudar a su hijo Michael que tenía varios impactos de bala no lo dejan. Al preguntar qué hacían en su casa no le contestan y se retiraron de la vivienda. [Volver]
98. Omar apareció golpeado, quemado y semi asfixiado, muriendo a las pocas horas en el hospital al que fue trasladado. Según la suegra del joven que reconoció el cuerpo en la morgue, manifestó que tenía cortaduras en todo el cuerpo, que esas heridas eran grandes y profundas sobre todo en el pecho, mostraba raspaduras en la espalda y un corte en el cuello, concluyendo que lo masacraron y que le prendieron fuego estando vivo para ocultar lo que hicieron ya que es imposible que se haya hecho semejante daño el solo y además tenía a sus hijos a los que quería y jamás le ocasionaría semejante daño suicidándose. Por su lado los penitenciarios aseguran que René estaba castigado y que prendió voluntariamente su celda. [Volver]
99. La versión oficial es que se trató de un suicidio y que estaba drogado, pese a que hacía varios días que estaba detenido. No hay ninguna evidencia que sostenga esa hipótesis ya que estaba incomunicado. La autopsia determinó que se trata de una muerte dudosa. Al conocerse la noticia amigos, conocidos y familiares marcharon pidiendo justicia y denunciando la violencia y tortura que sufren los jóvenes en las comisarías sanjuaninas, lo que no se diferencia del resto del país. En la convocatoria se denuncia la complicidad de los funcionarios públicos que protegen las cúpulas policiales y traban permanentemente las investigaciones para que no se conozca la verdad. [Volver]
100. Al oír los disparos trata de protegerse colocándose detrás de un árbol, pero recibe varios impactos en muslo izquierdo, pié derecho y en la cabeza, el que le fragmentó el cráneo. En cuanto al joven que había robado, recibió también impactos de bala quedando tendido en la calle. La hermana de Jonathan declaró que los disparos que mataron a su hermano fueron de la policía, que el joven ladrón estaba tirado y la policía seguía disparando y que fue así como hirieron mataron a su hermano. Las pericias determinaron que así fue, las balas salieron de un arma policial. [Volver]
101. El joven trabajaba en una carnicería, estudiaba panificación y tenía un hijo pequeño [Volver]
102. Según los padres del joven, este venía de la casa de su suegra donde se había quedado a dormir. En la zona hubo un intento de robo, y creen que el joven fue víctima de los disparos porque lo creyeron el asaltante. En cuanto al arma que supuestamente llevaba, lo desmienten diciendo que el arma fue plantada por los uniformados. Según los vecinos, el joven eran querido por todos, tenía dos trabajos y un hijo de 2 años y carecía de antecedentes. [Volver]
103. Asociación de trabajadores del Estado. [Volver]
104. La denuncia fue muy dura contra la jueza de instrucción, que no le tomaba a Reyes y sus familiares la denuncia. [Volver]
105. Un efectivo policial fue trasladado al Centro Asistencial Carrillo, con principio de asfixia. Fue incesante el tránsito de las ambulancias que con sus sirenas pusieron su cuota de dramatismo a la situación. Se hicieron presentes los bomberos que sofocaron el incendio así como miembros de del Grupo Cero. Según el estado de salud que revestían los detenidos iban siendo llevados a distintos centros asistenciales. [Volver]
106. "Ese modo en que fueron proporcionados los datos por el Poder Ejecutivo impide deducir con claridad y precisión la situación procesal en la que actualmente se encuentran las personas privadas de su libertad que fueron alojadas en dependencias policiales", consideró la Corte, al hacer lugar al hábeas corpus que habían presentado los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, pidiendo que los presos sean sacados de las comisarías. En su resolución, el máximo tribunal recordó que el Código Procesal Constitucional de Tucumán (CPCT) ordenó la creación del "Registro Provincial de Personas detenidas, privadas o restringidas de su libertad física". A ese organismo se deberían comunicar todas las detenciones que sucedan en la provincia, "informando la identidad y demás datos personales del afectado, clase y duración de la limitación, debiendo mantener actualizada esta información y comunicar cualquier agravamiento o modificación de las condiciones de la privación de la libertad". [Volver]
107. Fuentes de la Dirección de Institutos Penales afirmaron ayer que en la cárcel solía haber una zona para atender a las mujeres embarazadas, pero que en los últimos años le habían dado otro destino, ya que no hubo reclusas en ese estado durante todo este tiempo. Sin embargo, en la sentencia que dictaron los camaristas María Elisa Molina, Alfonso Zóttoli y Carlos Caramuti ordenaron que el servicio médico de la Penitenciaría constate el embarazo de Gómez (la condenada aseguró que lleva cinco meses de gestación) y que se arbitren todos los medios para el control del mismo. Por ello, las fuentes del Servicio Penitenciario consultadas aseguraron que una vez que se emita el dictamen médico, y se establezca qué es lo que se necesita para que la gestación transcurra con normalidad, se volverá a adaptar un sector para embarazadas. [Volver]
108. Antes de que atravesara el portón de salida del hospital neuropsiquiátrico del Carmen, en el corazón del barrio Los Pinos, le dijeron: "ahora podés hacer lo que quieras, salir al parque o ir a tomar un café". Esas frases nunca habían tenido un significado para Sonia hasta hace dos meses, cuando entró a la "Casa de Conviviencia", un dispositivo de externación creado por el hospital del Carmen, en el marco de la nueva Ley de Salud Mental (26.657) por la que se busca la paulatina supresión de los neuropsiquiátricos y las internaciones prolongadas de enfermos mentales En la casa (no se puede develar la dirección por motivos de seguridad) viven ocho ex internas del psiquiátrico. [Volver]
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