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18may06
El Gobierno restituyó en su cargo al capellán de la cárcel.
El Gobierno restituyó en su cargo al capellán de la cárcel Roberto Juárez, después de que el sacerdote denunciara a las autoridades penitenciarias por "perseguir, hostigar y limitar su tarea en defensa de la libertad de expresión de los presos" para que realice una mera asistencia espiritual.
El capellán fue notificado ayer por la mañana de una resolución del director de la Penitenciaría, Carlos Lugea, por la que era desplazado de su cargo de coordinador de la Sección Cultos. Desde ese momento, esa área pasaba a depender de la Dirección del penal y como responsable y superior del capellán se designó a la agente penitenciaria Marta Molina Rodríguez, que se desempeñaba en la unidad San Felipe, dentro de la misma Penitenciaría.
El sacerdote dijo que fue apartado por "poner en evidencia y demostrar con hechos situaciones irregulares, grandes factores de corrupción y una cárcel colapsada, cuando no existe una política penitenciaria" en la provincia. Al mediodía, Juárez expuso su caso ante el arzobispo José María Arancibia, la Inspección General de Seguridad y la Bicameral de Seguridad, quienes reaccionaron y pidieron la restitución del sacerdote en su cargo. El Senado, por unanimidad, apoyó un pedido de informes del justicialista Daniel Cassia para que el Poder Ejecutivo explique por qué era relevado Juárez.
Por la tarde, el subsecretario de Justicia, Alejandro Acosta, preocupado por la repercusión que tomaba la medida, ordenó que "todo quede como antes de la resolución" y el capellán continúe con su tarea de coordinador de Cultos.
El cura Juárez cree que no fue una decisión unipersonal del director de la cárcel sino que vino de funcionarios de mayor jerarquía. "Pretendían que me dedique a celebrar misa, rezar, y a nada más que eso, porque era el encargado de presentar informes mensuales al director", dijo. Esas notas contenían denuncias sobre las condiciones de vida y sanitarias de los internos y varias veces fueron copiadas al Gobernador, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Inspección de Seguridad.
El capellán también advirtió a las autoridades de la Provincia respecto a que algunos fondos destinados a la cárcel nunca llegaron (como un subsidio de la Nación de 120 mil pesos para trabajar con los liberados), que la contaduría del penal vendía parte del trabajo que hacían los presos (por ejemplo los huevos de las aves que criaban) y que los internos nunca llegaron a cobrar una compensación por trabajos realizados (como obras hechas para Vialidad provincial).
El cura Juárez asumió en julio del año pasado como capellán, después del retiro por jubilación de padre Jorge Contreras. Desde entonces, se ha encargado de recibir las inquietudes de los presos y transmitirlas a los funcionarios mediante un informe mensual. Juárez, que comenzó a trabajar en el penal en forma voluntaria desde 1992, dice que "a nadie le importa qué hacemos con los que están en la cárcel para dejar de fomentar los negociados en la cárcel y convertirla en una universidad del delito".
En el último informe que no alcanzó a escribir, Juárez tenía pensado advertir a las autoridades provinciales de la percepción de que hay "un clima de hostigamiento y molestia a los presos para incitar un motín".
Antes de asumir como capellán, Juárez fue párroco en varias iglesias: Nuestra Señora del Líbano (San Martín), Asunción de la Virgen (Alto Dorrego), parroquia de Santa Ana y Nuestra Señora de la Consolata (Pedro Molina, Guaymallén).
[Fuente: Roxana Badaloni, Los Andes, Mendoza, 17may06]
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