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18may06
El director de la Penitenciaría da marcha atrás con una medida que afectaba al capellán del penal.
El director de la Penitenciaría Provincial, Carlos Lugea, debió dar marcha atrás con una resolución que ordenó el relevo del capellán Roberto Juárez como responsable de la Sección Cultos dentro de la institución carcelaria. En su lugar se había nombrado a una penitenciaria, a quien el sacerdote debía rendirle cuentas de su accionar.
La trascendencia pública de esta situación sorprendió ayer a los funcionarios del Gobierno, quienes desconocían la decisión tomada por Lugea. Así lo aseguró el subsecretario de Justicia, Alejandro Acosta, a cargo de las políticas carcelarias. Por ello pidió la revocatoria de la medida y cargó las tintas contra el titular del penal, a quien cuestionó por implementar cambios de manera inconsulta.
Del asunto tomó conocimiento el arzobispo José María Arancibia, quien luego de lamentarse por la noticia se comprometió a interceder ante el gobernador, lo mismo que propusieron referentes de distintos credos.
"A nosotros no se nos avisó nada de una directiva de esta índole –ni siquiera a la directora del Servicio Penitenciario, María Angélica Elorza–, por eso solicité las instrucciones correspondientes. La tarea del sacerdote es muy importante y queremos fortalecerla. Lamentamos cómo sucedieron los hechos", esbozó el funcionario después de comunicarse con Lugea, quien reconoció haber cometido un error.
Como argumento el director se justificó y dijo: "Aquí hubo un problema de interpretación porque sólo quería ayudar al padre Juárez a que se organizara mejor. No fue una mala intención. Reconozco que me equivoqué y soy totalmente responsable de ello". Y añadió que tiene un buen trato con el cura y que incluso "recorremos juntos todas las mañanas los pabellones. Su presencia es fundamental porque tiene una gran llegada en la población penal".
Con la resolución, emitida el martes pasado, se limitaba la labor del sacerdote, restringiendo su desempeño a sólo coordinador de actos religiosos. De esta manera se desactivaba su participación en la elaboración de informes, en los que se exponen las novedades mensuales.
En esas presentaciones, el cura ha denunciado una serie de irregularidades que involucran tanto al personal penitenciario como a las autoridades. Como ejemplo mencionó un convenio laboral que se firmó con la Nación durante la gestión del entonces ministro de Seguridad Roberto Grillo y que "se dejó caer en enero pasado porque nunca se implementó el programa que se aprobó para ese fin", apuntó Juárez. Se trataba de un beneficio de $120 mil por tres años.
[Fuente: Diario Uno, Mendoza, 18may06]
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