Este documento ha sido publicado el 08dic03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
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30sep03
La complicidad del poder económico con la dictadura: el caso Mercedes Benz.
Prólogo.
La memoria es historia de la vida, y vida de la memoria, como bien lo señalara Fray Bartolomé de las Casas. Los pueblos transitan caminos entre el dolor y la resistencia y van tejiendo la historia de vida, con sus alegrías y tristezas, aciertos y errores. Muchas veces la vida de los pueblos se ve marcada por la tragedia, como durante las dictaduras militares en todo el continente latinoamericano y en particular en la Argentina. La importancia de la memoria, no es quedarse en el pasado, nos debe iluminar el presente y encontrar los caminos para generar el futuro.
La tragedia en Argentina con miles de muertos y desaparecidos fue marcada por la impunidad jurídica a través de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Sin embargo la resistencia social no se detuvo, los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la represión continuaron su incesante búsqueda de Verdad y Justicia, a pesar de todas las dificultades y del tiempo que trata de matar la memoria; como de las complicidades y omisiones.
En la Argentina, como en todo el continente latinoamericano, los pueblos vivieron bajo el imperio del terror de las dictaduras militares impuestas a través de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, gestada en la Escuela de las Américas en Panamá y en las Academias Militares de los Estados Unidos.
Utilizaron métodos aberrantes para imponer el terror a la población como el secuestro y desaparición de personas, torturas, cárceles y asesinatos, que fueran aplicadas por tropas francesas en Argelia, y de los EE.UU. en Vietnam, violando toda norma jurídica tanto nacional como internacional.
Las fuerzas armadas por si solas no pueden imponer dictaduras a los pueblos sin la complicidad interna de sectores civiles, empresariales y religiosos, que buscaron justificar la escalada de violencia por razones ideológicas, políticas y económicas, para sustentarse en el poder.
En el breve informe presentado sobre la "Complicidad del Poder Económico con la Dictadura: El caso Mercedes Benz", se pone en evidencia lo antedicho, o como bien lo señala el mismo: "La coyuntura existente en la República Argentina en la década del 70 brindaba el marco propicio para que los grandes intereses económicos pudieran sacar provecho sin importar los medios, convirtiéndose en muchos casos, en colaboradores del Estado ante una sistemática violación de los derechos humanos".
Varias empresas actuaron con total y absoluto desprecio a la vida humana, privilegiaron sus intereses económicos por sobre el pueblo; como la complicidad de dirigentes sindicales entre los que se menciona a José Rodríguez, dirigente de SMATA, y de empresas como la Mercedes Benz, y la complicidad de dirigentes políticos, entre los que se menciona a Carlos Ruckauf, entre otros.
No puedo dejar de señalar a la Empresa Ledesma de la Provincia de Jujuy, que utilizó los camiones de la empresa para el secuestro de personas.
Estos hechos ponen en evidencia la complicidad de quienes debieran salvaguardar la vida de los trabajadores, y terminaron siendo cómplices abiertos o encubiertos de la dictadura militar. Todo opositor era objeto de sospecha, cuando no acusado de subversivo y pasible de ser detenido y desaparecido.
A varios años de esa etapa siniestra, las heridas continúan abiertas, como bien lo señala Eduardo Galeano, en las Venas Abiertas de América Latina.
Hoy las instancias en el país están cambiando; se ha logrado la nulidad de las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida, la decisión política del gobierno aceleró el reclamo de siempre de los organismos de derechos humanos.
Falta sin embargo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de determinar la nulidad absoluta de las leyes de impunidad y poder avanzar en el país en los juicios de crímenes de lesa humanidad.
La búsqueda por la Verdad y la Justicia a continuado todos estos años, los familiares de las víctimas, al ver negados sus derechos con la implantación de la impunidad jurídica en la Argentina; han recurrido a la Justicia en Alemania, Francia, España, Italia, Suecia.
En Alemania se constituyó la "Coalición contra la Impunidad", para llevar a cabo los juicios, radicando los familiares una causa en la Fiscalía de Nuremberg, a quienes he acompañado en sus derechos.
Al salir a la luz los acontecimientos vividos en la Argentina a través de los testimonios de los familiares de alemanes desaparecidos; muchos accionistas alemanes de la empresa DaimlerChrysler, han reaccionado y reclamado una comisión de investigación para determinar las responsabilidades.
Debe quedar en evidencia que la búsqueda de la verdad y la justicia no es buscar venganza, ni revanchismos, ni intereses políticos que atenten contra la ética y los valores humanitarios. Los crímenes de lesa humanidad no deben quedar impunes. Es necesario avanzar en lograr que la justicia determine las responsabilidades de quienes fueron cómplices de la dictadura militar.
La Empresa DaimlerChrysler, Mercedes Benz en Argentina, debe asumir su responsabilidad y trabajar para la clarificación y búsqueda de la Verdad; es el mejor de los caminos a seguir. Vanos como un paso positivo la formación de una comisión investigadora que permita determinar las responsabilidades de quienes fueron cómplices de la dictadura militar Argentina.
El informe presenta un análisis de los hechos, los aspectos jurídicos y testimonios; como informes sobre la desaparición de personas.
La pérdida de vidas humanas es la tragedia mayor que aún duele a las conciencias. Uno de los hechos que señala el informe debe llamar la atención de los accionistas de Mercedes Benz Daimler-Chrysler. La empresa era una de las más importantes del país y proveedora del Ejercito Argentino, quien compraba los camiones Unimog. La empresa se vio beneficiada utilizando el régimen de seguro de cambio y los avales. Los costos de dichas operaciones fueron asumidos por el Estado Argentino y hoy forman parte de su deuda externa. El informe hace referencia al Dr. Alejandro Olmos, según consta en la Causa No.14.467, señalando que la empresa Mercedes Benz se vio favorecida en la suma de 92 millones de dólares.
Las responsabilidades de la empresa Mercedes Benz, como de varias otras empresas, cómplices de la dictadura militar, deben ser investigadas y sancionadas de acuerdo al derecho y las leyes vigentes en Alemania o en la Argentina.
Familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos, organizaciones de las iglesias, vienen trabajando por restituir los derechos de Verdad y Justicia.
La memoria es historia de la Vida y Vida de la memoria.
Reparar el daño hecho a la sociedad es comenzar a vislumbrar nuevas esperanzas.
Un antiguo proverbio sefardí dice:
"La hora más oscura, es cuando comienza el amanecer".
Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2003
"La complicidad del poder económico con la dictadura: el caso Mercedes Benz".
Introducción.
1 - Fuente: CONADEP
El actual contexto mundial permite que empresas de alcance global tengan una importante injerencia sobre las responsabilidades de los Estados frente a los derechos humanos. Asuntos relacionados con el medio ambiente, la salud, las prácticas de empleo y el sostén de regímenes corruptos y autoritarios, entre otros, suelen estar íntimamente ligados al accionar de dichas empresas. A la mayoría de estos casos los encontramos en los países con menor desarrollo, donde las necesidades básicas están insatisfechas y las instituciones son "por lo general" débiles.
La coyuntura existente en la República Argentina en la década del '70 brindaba el marco propicio para que los grandes intereses económicos pudieran sacar provecho sin importar los medios, convirtiéndose en muchos casos, en colaboradores del Estado ante una sistemática violación de los derechos humanos. Luego del golpe de Estado de marzo del 76, la política económica del gobierno de facto se caracterizó por un fuerte aumento en el presupuesto militar y por un incremento sin precedentes de la deuda externa, generando al mismo tiempo una aguda crisis social y el enriquecimiento de un reducido grupo de privilegiados proveedores del Estado cercanos al poder. A estas circunstancias hay que agregar que el ejercicio del derecho a huelga se vio enérgicamente prohibido, otorgándole a los empresarios la tranquilidad suficiente para desarrollar políticas de ajuste ignorando los derechos de los trabajadores. Aquel trabajador que se atreviera a luchar por sus derechos, corría el riesgo de ser simplemente denunciado por las direcciones de las empresas como activista de izquierda, lo que equivalía a su condena a muerte. Aproximadamente el 30% de obreros desaparecidos,1 fueron obreros de la industria nacional. El sustento ideológico de este accionar queda reflejado en el decreto secreto 504/77 del ejecutivo nacional, el cual estipulaba que: "El ejército actuará en acuerdo con los órganos estatales en estas áreas sobre las empresas industriales y estatales, para neutralizar las situaciones conflictivas surgidas entre empresarios y trabajadores, que han sido provocados por la subversión o pudieron ser utilizados por esta, para evitar de esta manera agitaciones subversivas y acciones de las masas, aportando eficazmente al funcionamiento del aparato productivo del país."
Como uno de los complejos industriales más grandes e importantes del mundo, el consorcio Daimler - Chrysler tiene una significativa presencia en muchos países entre los que se encuentra la Argentina, donde ha desarrollado una intensa actividad desde 1951. La filial local de esta empresa (Mercedes Benz Argentina, en aquella época) está siendo hoy objetada por su accionar durante la nefasta dictadura militar que sufrió nuestro país entre 1976 y 1983. Así es, distintos procesos judiciales se están llevando a cabo en la Argentina y en Alemania simultáneamente. Los mismos intentan probar la connivencia de la empresa en el secuestro y desaparición de al menos quince de sus empleados de la planta de González Catán durante el transcurso de los años 1976 y 1977.
Tanto en el ordenamiento interno como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nuestro derecho a una efectiva búsqueda de la verdad se presenta inseparable de nuestro derecho a la justicia. Así entonces la determinación de la verdad se constituye como un fin inmediato de todo proceso judicial, convirtiéndose en el medio para alcanzar el más amplio derecho a la justicia. La impunidad ante las violaciones de los derechos humanos nos afecta a todos, el combatirla nos va a permitir evitar nuevos quebrantamientos de esos derechos. La obtención de justicia para las víctimas y la condena de los culpables, incluidos sus cómplices y colaboradores, son factores primordiales para lograr una efectiva protección y promoción de los Derechos Humanos. Cabe aclarar que los delitos como las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria prolongada, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y comprometen ampliamente al Estado responsable a reparar los daños causados.
LOS JUICIOS.
En Alemania.
En septiembre de 1999 es radicada en la fiscalía de Nuremberg una causa judicial contra los dos ex - miembros de la junta militar que aún vivían y que ejercían el mando en los primeros años del proceso, el entonces Comandante en Jefe del Ejército Jorge Rafael Videla, y el entonces Comandante en Jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera; también contra el entonces gerente de producción de la fábrica situada en González Catán, el ciudadano alemán-argentino Juan Rolando Tasselkraut y contra otros responsables de la empresa en la filial argentina.
La demanda fue iniciada por el abogado berlinés Wolfgang Kaleck en representación de la Dirección Federal de la Asociación Republicana de Abogados y Abogadas (RAV). La denuncia pena por asesinatos, secuestros y lesiones graves fue rechazada por la fiscalía solo en la causa contra los directivos de la casa central de Daimler - Chrysler en Untertürkheim, Alemania, abriendo un sumario contra los demás demandados. En diciembre de 2002 el abogado alemán solicitó la captura internacional de Tasselkraut.
La competencia de la justicia germana radica en la nacionalidad alemana del acusado Tasselkraut (principio de personalidad activa, según el código alemán). De acuerdo con el abogado W. Kaleck "desde el comienzo la idea era que no se tratara de casos individuales ni de excesos de unos militares, sino de un proyecto político económico... tuvimos que empezar por casos individuales porque la Justicia alemana no está acostumbrada a este tipo de causas". La causa lleva el número 407 Js 41063/98.
El caso no solo ha motivado la intervención de la justicia alemana, además ha provocado la reacción de un grupo de accionistas del gigante industrial. La entidad que los agrupa, la "Asociación de Accionistas Críticos de Daimler - Chrysler" (KADC), junto con la "Coalición contra la Impunidad", organismo que impulsa en Alemania un proceso penal contra las dictaduras argentina y chilena, han solicitado a la dirección del consorcio automotor en una asamblea general, que preste toda su colaboración a la fiscalía de Nuremberg, y que nombre una comisión para determinar las responsabilidades que pudo tener la empresa sobre los hechos denunciados. La propuesta incluía el nombramiento del Premio Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, para encabezar la investigación. De igual modo reclamaron una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el pago del rescate por un directivo que fuera secuestrado por montoneros, y que dejara fundadas sospechas sobre el paradero del dinero.
La petición fue finalmente aceptada en abril de 2002. Daimler - Chrysler rechazó la propuesta de nombrar a Pérez Esquivel como "no objetivo" y también al obispo alemán luterano, Helmut Frenz, durante años secretario general de "Amnistía Internacional". La empresa decidió impulsar la creación de una Comisión de investigación, con el objetivo de determinar las responsabilidades que le habrían cabido a los ejecutivos de la firma, en la desaparición de un grupo de sindicalistas de la filial de la Mercedes Benz en la Argentina, durante el transcurso de los años 1976 y 1977. La mencionada Comisión estará presidida por el jurista alemán Christian Tomuschat, quien detentará la responsabilidad de averiguar la presunta colaboración de la empresa con el gobierno de facto en la violación de los derechos humanos. La responsabilidad de la compañía consiste ahora en permitirle a la Comisión indagar en sus archivos y recabar información de sus directivos. Si bien no existe límite de tiempo, se estima que la investigación durará entre uno y dos año.
También el poderoso sindicato alemán que aglutina a los trabajadores de Daimler - Chrysler, IG Metall, se expresó al respecto firmando una resolución de protesta sobre las responsabilidades de la empresa en la desaparición de los obreros en la Argentina. "Es evidente que los directivos de la Daimler Benz AG colaboraron con la dictadura argentina para entregar a delegados obreros de la empresa al terror", manifestó el apoderado de IG-Metall en Stuttgart, Juergen Stamm.
En Argentina.
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, por resolución NQ 18/98 del 21 de abril de 1998, vista la presentación efectuada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de dicha ciudad ante la Cámara Federal de La Plata, dio comienzo el Juicio por la Verdad.
Los aberrantes crímenes del terrorismo de Estado acaecidos durante el último proceso militar en la Argentina, motivaron un sin número de denuncias efectuadas por los familiares de las víctimas. Fue entonces la Cámara Federal de la Capital quien en cumplimiento del Dto. 158/83 se avocó al juzgamiento de los delitos consumados por los miembros de las tres primeras juntas de la dictadura, para lo cual requirió la remisión de todas las causas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos. Por este motivo se enviaron desde la jurisdicción de La Plata muchas causas conformes al caso.
La gran mayoría de las causas no fueron analizadas. La Fiscalía solo seleccionó ciertos casos y basándose en ellos, en diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó sentencia condenando a los acusados. Este hecho, sumado a la sanción de las leyes 23.492 (de Punto Final) y 23.521 (de Obediencia Debida) cerraron en principio toda posibilidad de reabrir las causas ignoradas.
Ahora bien, si estas leyes de pseudo amnistía, añadidos a los decretos de indulto para los genocidas y al principio de non bis ídem, según el cual dos órganos no pueden ocuparse de un caso relativo a las mismas personas, las mismas cuestiones y los mismos motivos de la acción, imponen un verdadero obstáculo para procesar y sancionar penal mente a los responsables, sigue siendo imperturbable la obligación del Estado de indagar y revelar la verdad a los familiares de las víctimas y a la sociedad toda. En tal sentido se expidió la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal en la causa "Lapacó Carmen Aguiar de s/presentación en causa Nro. 450" diciendo: "El derecho a la verdad, en este caso, no significa otra cosa que la obligación por parte del Estado de proporcionar todos los mecanismos que están a su disposición para determinar el destino final de los desaparecidos entre los años 1976 y 1983. Es así, la obligación del Estado de reconstruir el pasado a través de medios legales que permitan descubrir la realidad de lo sucedido y de esta manera dar una respuesta a los familiares y a la sociedad, es incuestionable desde el punto de vista de la finalidad perseguida por el procedimiento penal".
Esta obligación del Estado de descubrir y divulgar la verdad referida a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar, no es imperativa a ninguno de sus tres poderes en particular, mientras se le dé cumplimiento. Pero ante la inacción manifiesta del poder político toca a la justicia darle real ejecución. Es al Poder Judicial a quien debe corresponder garantizar en última instancia los derechos de las personas. Deberíamos entender aquí por Poder Judicial al conjunto de jueces, fiscales, abogados y fuerzas de seguridad que, en toda sociedad que se precie de democrática, deben indefectiblemente estar al servicio de la Constitución. También es al Poder Judicial a quien atañe la tarea de incorporar de forma efectiva las normas internacionales al derecho interno. En tal sentido debemos tener presente que la Argentina es un Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que su órgano de interpretación, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha expresado que las leyes de amnistía son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado. De igual modo cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció mediante el informe 28/92 la incompatibilidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y de los decretos de indultos con la Convención Americana de Derechos Humanos, exhortando al gobierno argentino a esclarecer los asesinatos y desapariciones forzosas.
Por todo lo arriba expuesto es que la Cámara Federal de La Plata dio curso a la causa iniciada por la A.P.D.H. de La Plata, incluyendo a la de los desaparecidos de la Mercedes Benz, con el solo fin de hacer efectivo el derecho a al verdad, sin que las resultantes de la investigación sean homologables a un proceso penal.
Por otra parte, y siguiendo la misma finalidad de lograr justicia para los damnificados, familiares de operarios desaparecidos, presentaron durante el pasado año ante la Justicia Federal una querella por asociación ilícita y homicidio, involucrando al ex ministro, ex diputado, ex vicepresidente, ex gobernador y ex canciller Carlos Ruckauf, al secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) Joffi Rodríguez, a ex directivos de la automotriz y a los responsables militares. Los demandantes están patrocinados por el abogado Ricardo Monner Sans. La denuncia penal quedó radicada en el Juzgado Federal NQ 3 que subroga Rodolfo Canicoba Corral, y se funda en la investigación desarrollada por la periodista alemana Gabriela Weber, en la cual se involucra a los acusados en distintas maniobras tendentes a "terminar con la subversión" en las fábricas.
Pero la búsqueda de respuestas por parte de los familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas de la Mercedes Benz comenzó mucho antes. A fines del año 1979, y por la inacción manifiesta de las autoridades ante sus demandas particulares, se le envió a los dirigentes del SMATA ya los dirigentes de la Conducción Única de Trabajadores Argentinos (CUTA) una petición para que reclamen ante quien corresponda, el esclarecimiento de las desapariciones de sus seres queridos. De igual modo, a seis años de producidas las primeras desapariciones, y con el objeto de lograr la solidaridad de los trabajadores germanos para con los familiares de las víctimas en su incesante demanda de justicia, un grupo de esposas de los obreros desaparecidos se dirigió al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para que interponga sus buenos oficios ante la organización que agrupa a los trabajadores de la sede central de la empresa en Stuttgart y ante la Central Obrera de la República Federal de Alemania.
Las Víctimas.
DESAPARECIDOS:
Arenas, Alberto Francisco.
Secuestrado el 19 de agosto de 1977 en su domicilio ubicado en la localidad de González Catán (Pcia. de Bs.As.) por un grupo armado que dependía del Ejercito Argentino. Durante el secuestro fueron sustraídos efectos personales de su domicilio. Permaneció clandestinamente en cautiverio en Campo de Mayo, dependencia del Primer Cuerpo del Ejercito.Álvarez Bauman. Óscar Alaberto
desaparecido junto con su esposa Mónica, vivían en González Catán. Tiene el legajo de la CONADEP n° 2652.Belmonte, Héctor Alberto.
Desaparecido desde el13 de agosto de 1977, a los 42 años. Secuestrado en su domicilio de la localidad de San Justo (Pcia. de Bs.As.) por 5 personas armadas, vestidas de civil que se auto titularon "del Ejército Argentino". Tiene el legajo de la CONADEP n° 570.Caddeo, Rubén Óscar.
Desaparecido el 05 de abril de 1976, a los 28 años. Secuestrado de su domicilio de Lomas de Zamora. Tiene el legajo de la CONADEP n08265.Cienciala, Carlos.
Desaparecido el11 de febrero del 1977 en Laferrere, Calle Chopin. Tiene el legajo de la CONADEP n° 1259.Del Contte, Fernando Omar.
Secuestrado el 12 de agosto de 1977 en su domicilio de la localidad de San Miguel (Pcia. de Bs.As.) por un grupo armado perteneciente al Ejercito Argentino. Tenía 30 años. Permaneció clandestinamente en cautiverio en Campo de Mayo, dependencia del Primer Cuerpo del Ejercito. Tiene el legajo de la CONADEP n° 7268.Gigena, Alberto.
Secuestrado el 13 de agosto de 1977 en su domicilio de la localidad de San Justo (Pcia. de Bs.As.) por un grupo de 6 civiles armados dependiente del Ejercito Argentino. Permaneció clandestinamente en cautiverio en Campo de Mayo, dependencia del Primer Cuerpo del Ejercito, dónde Héctor Ratto escuchó su voz. Tenía 28 años. Tiene el legajo de la CONADEP n02016.Grieco, Miguel.
Secuestrado el 14 de diciembre de 1976 de su domicilio de La Matanza, por un grupo de 8 personas vestidas de civil, armadas, que dijeron pertenecer al Ejército Argentino. Tenía 36 años. Tiene el legajo de la CONADEP n° 5363.Grossi Charles Del Carmen.
Secuestrado el 05 de agosto de 1977 de la fábrica por 5 civiles armados. Tenía 45 años. Tiene el legajo de la CONADEP n° 1071.Leichner, Jorge Alberto.
Secuestrado de su domicilio de La Matanza el 14 de agosto de 1977. Tenía 28 años. Su padre era alemán, nacido en Olzchowen el 11/11/08. Tiene el legajo de la CONADEP n0746.Mosquera, Juan José.
Secuestrado el 17 de agosto de 1977 en su domicilio de la localidad de San Justo (Pcia. de Bs.As.) por un grupo armado dependiente del Ejercito Argentino. Permaneció clandestinamente en cautiverio en Campo de Mayo, dependencia del Primer Cuerpo del Ejercito. Tenía 29 años. Tiene el legajo de la CONADEP n° 2064.Núñez, Diego Eustaquio.
Secuestrado el13 de agosto de 1977 en la casa de sus padres por personal dependiente del Ejercito Argentino. Permaneció clandestinamente en cautiverio en Campo de Mayo, dependencia del Primer Cuerpo del Ejercito.Reimer, Esteban Alfredo.
Desaparecido desde el 05 de enero de 1977. Secuestrado en su domicilio de la localidad de Cañuelas (Pcia. de Bs.As.). TelÍa 28 años. Tiene el legajo de la CONADEP n° 888.Ventura, Víctor Hugo.
Desaparecido desde el 05 de enero de 1977. Secuestrado en el domicilio de sus padres en la localidad de Florencio Varela (Pcia. de Bs.As.). Tenía 26 años. Tiene el legajo de la CONADEP n04245.Vizzini, José Antonio.
Desaparecido desde el 14 de diciembre de 1976. Secuestrado en su domicilio de la localidad de Isidro Casanova (Pcia. de Bs.As.). Era italiano. Tiene el legajo de la CONADEP n° 725.LIBERADOS:
Martín, Juan:
Detenido en abril de 1976 en la fábrica Mercedes Benz. Queda privado de su libertad en la comisaría de San Justo, donde es torturado. Liberado diecinueve días después. CONADEP n° 1982Ratto, Héctor Aníbal.
Detenido el12 de agosto de 1977 en la fábrica Mercedes Benz, por un grupo armado perteneciente al Ejercito Argentino. Permanece clandestinamente en cautiverio en la Comisaría de Ramos Mejías y en Campo de Mayo, lugares estos que dependían operacionalmente del Ejercito Argentino. Recupera la libertad el 08 de marzo de 1979. CONADEP n° 3623.Los Hechos.
Cuando Esteban Reimer y Hugo Ventura salieron de la reunión a la que habían sido citados por la dirección de la Mercedes Benz en la casa central de la empresa, no podían dar crédito de lo que en ella había acontecido. Estos dos operarios del gigante alemán se desempeñaban como voceros de la comisión sindical interna (conocida como "grupo de los nueve"), que en disidencia con el poderoso sindicato de los mecánicos SMATA, veían sosteniendo un prolongado conflicto laboral con la patronal. . Fue el 04 de enero de 1977 el día en que estas circunstancias parecieron cambiar; Reimer y Ventura llevaron consigo a la reunión una larga lista de reivindicaciones con las cuales se pretendía poner fin al conflicto y, sorprendentemente, todas ellas fueron suscritas. Pero lo que parecía ser una contundente y fácil victoria de los trabajadores no llegó a concretarse, ratificando así los temores que, por dichas características, despertaron en ambos sindicalistas. De esta manera lo expresa la Sra. María Luján Reimer cuando recuerda: " De noche me contó mi marido que las conversaciones con los ejecutivos habían tenido un carácter armónico. Todas las reivindicaciones fueron aceptadas. Eso es sospechoso, me dijo. ¿Por qué, después de luchas tan enconadas, de repente conceden sin resistencia las demandas de los trabajadores?3 . Esta fue una de las últimas conversaciones que tendría el matrimonio Reimer. Esa misma noche tanto Esteban Reimer como Hugo Ventura serían secuestrados de sus respectivos hogares y ya nunca más se los volvería a ver con vida.
Era la madrugada del día cinco cuando golpearon insistentemente las ventanas de la vivienda de la familia Reimer a la voz de "Policía". Cuando Esteban abrió la puerta ingresaron precipitadamente al interior de la casa nueve hombres armados, quienes esta vez decían actuar en nombre del Primer Comando del Ejército. Le exigieron que se identificara, y al hacerlo le ordenaron que se vistiera y los acompañe sin darle ninguna explicación, tachando el nombre Reimer de una lista que llevaban consigo. Antes de retirarse allanaron la casa sin esgrimir orden judicial alguna, provocando varios destrozos. A la mañana siguiente la Sra. Reimer, embarazada de cinco meses, comenzó a buscar a su marido en las distintas Comisarías de la zona, no encontrando a nadie que hubiera admitido haberlo visto. Se dirigió entonces al encuentro de los compañeros de trabajo de su esposo en busca de alguna información; los obreros debían reunirse en asamblea para tratar los resultados de la reunión del día anterior. Tampoco allí halló quien pudiera ayudarla, por el contrario, se encontró con la novedad de que Hugo Ventura había corrido la misma suerte que su marido.
El caso de Hugo Ventura tiene algunas particularidades. La noche de su desaparición un grupo de militares pretendió encontrarlo en una casa vecina; curiosamente esa casa correspondía a la dirección que figuraba en su legajo del departamento de personal de la Mercedes Benz. Luego del error, los captores llamaron a la vivienda de Ventura pregur1ando por "VÍCTOR Hugo", nombre con el cual solo era conocido en algunos sectores de la fábrica. Para su familia y amigos simplemente era Hugo. Fue ahí secuestrado y desde entonces nada se sabe de él. Sin perder tiempo María Ester Ventura, hermana de Hugo, se dirigió a la dirección de la compañía situada en la Avenida Libertador, donde procuró que Mercedes Benz Argentina presente ante las autoridades correspondientes una demanda de Hábeas Corpus, con el fin de determinar el paradero de su hermano. Como respuesta, solo encontró el interés de la empresa por conocer los contactos de "VÍCTOR Hugo Ventura".
Tanto Reimer como Ventura acompañaron a Juan José MARTÍN en la Comisión Interna hasta su desvinculación con la empresa a mediados de 1976. MARTÍN, también operario de la fábrica de González Catán, había sido el vocero de la Comisión desde su creación, por disidencias con SMATA, en 1975. La relación entre la Comisión y la dirección de la compañía se rompió cuando promediando el año 1975, sin aviso previo y con la anuencia del SMATA, se decidió el despido definitivo de 115 empleados, incluido el propio MARTÍN. La determinación empresaria se revertió cuando poco tiempo después fuera secuestrado por Montoneros el Jefe de Producción de la Mercedes Benz, Heinrich Metz; la reincorporación de los trabajadores despedidos y el pago de un millonario rescate, fueron las demandas satisfechas para permitir la liberación del gerente teutón. Pero al poco tiempo las circunstancias variaron. Se produjo el golpe de Estado que trajo aparejado una gran cuota de inseguridad para los que, como Martín, defendían los derechos de los trabajadores. Las huelgas fueron prohibidas y cualquier intento de reclamo laboral era interpretado como un acto de rebelión contra el gobierno, propiciado por alguna organización internacional de origen comunista. Militares armados comenzaron a situarse junto a las fábricas en busca supuestos agitadores revolucionarios.
Pasaron sólo cinco semanas del golpe de Estado, cuando Juan Martín fue detenido en la planta de González Catán y trasladado a la Comisaría de San Justo. Allí fue sometido a un cruel interrogatorio. "Me preguntaron por qué les creaba problemas a mis superiores, por qué luchaba por los derechos de los trabajadores y si conocía a terroristas. Para muchos interrogantes no tenía respuestas, pero respondía a sus preguntas respecto de la situación en la empresa Mercedes. Me torturaron con la picana eléctrica. Sentí que mi cerebro volaba. Quería reconocer todo con tal de que eso terminara. Pero yo no conocía a ningún terrorista. ¿Qué podía hacer?".
Diecinueve interminables días duro el secuestro de Martín, suficientes para que la pesadilla lo acompañe por el resto de su vida. Durante el transcurso de esos diecinueve días, un grupo de representantes de los empleados de la Mercedes se movilizaron para exigir su liberación. El haber sido detenido en la fábrica, acción no registrada por una prensa obsecuente con el poder, fue sin dudas uno de los motivos por los cuales Juan José Martín sobrevivió al accionar del terrorismo de Estado.
Pero Martín sufrió secuelas. Como consecuencia de las torturas padecidas perdió la capacidad de concentración. Ya no quiso volver a trabajar en la Mercedes Benz. Sorprendentemente, la empresa le comunicó a través del jefe de personal que no existía motivo alguno para que dejara su puesto, que él era un obrero limpio y que no tenía nada que temer. Sin aclarar como habían llegado a esa conclusión, finalmente la Mercedes Benz accedió a su petición de despido pagándole una pequeña indemnización.
Héctor Ratto es el otro sobreviviente de la Mercedes Benz. Ratto se desempeñaba como preparador de máquinas en la fábrica situada sobre la Ruta Nacional NQ3, en González Catán. Fue allí donde, el12 de agosto de 1977, es detenido por personal armado del ejército y trasladado a la comisaría de Ramos Mejía. Cabe aclarar que a diferencia de sus compañeros desaparecidos, la dirección de Héctor Ratto era desconocida por la empresa, ya que tras su reciente casamiento no había informado su cambio de domicilio al departamento de personal.
Hubo un primer intento de detención por parte de las fuerzas de seguridad; en la puerta de ingreso de la fábrica es detenido, esposado y encapuchado otro empleado de la firma, Juan José Ratto, quien es liberado a las pocas horas tras advertirse el error. Para ese entonces Héctor ya había ingresado a la planta. Más tarde, el personal de vigilancia trató de hacerlo salir engañándolo con una supuesta llamada telefónica proveniente de su casa, por la cual le informaban que su esposa había sufrido un accidente y que era menester que se dirija a su hogar. Ratto advirtió la trampa y, aconsejado por sus compañeros, se negó a abandonar su puesto de trabajo. Poco tiempo después, es convocado por el entonces gerente de producción Juan Tasselkraut a su oficina. Alr, Tasselkraut le comunica que no había existido tal llamada, que dos personas de civil se habían presentado para detenerlo, que él no quería alboroto en la planta y que le garantizaba que solo personal uniformado podía detenerlo ahí adentro. Las dos personas de civil se identificaron como policías y le notificaron que personal del ejército se dirigía hacia la planta para lIevarlo.
La llegada del Ejército se concretó varias horas mas tarde, cuando pocos empleados quedaban en la fábrica. Es en ese ínterin cuando Ratto es testigo de un hecho substancial; el directivo Tasselkraut entrega a los policías la dirección del empleado Diego Núñez, quien será secuestrado esa misma noche en su domicilio particular.
Tres camiones del Ejército con dotación completa fueron los que se llevaron a Ratto de la planta. Luego de quedar unos días encarcelado en la comisaría de Ramos Mejía, fue trasladado y detenido en Campo de Mayo hasta el 08 de marzo de 1979, fecha en que recupera su libertad. Durante su detención ilegal fue interrogado y torturado, sufriendo hasta el día de hoy las secuelas de tales aberraciones. Durante su cautiverio pudo reconocer las voces de algunos de sus compañeros de trabajo de la planta de Cañuelas, entre ellos a Del Conte, Gigena, Leichner, Núñez, Arenas y Mosquera.
Fue seguramente el hecho de haber sido secuestrado en su lugar de trabajo y ante numerosos testigos lo que, al igual que a Juan José Martín, lo mantuvo con vida. Distinta fortuna corrió el resto de sus compañeros secuestrados, ya que nunca más se los volvió a ver con vida
Los Responsables.
La violación de los Derechos Humanos es un acto perverso que comprende con exclusividad a los Estados como únicos responsables. El término Estado como sujeto activo de la violación, debe limitarse solo a las autoridades formalmente constituidas. La incumbencia en la violación de los derechos humanos recae entonces en todos aquellos componentes del aparato estatal que, detentando capacidad de acción, incurren en prácticas delictivas. La impunidad con que esos sujetos se manejan en pos de un proyecto común con las principales autoridades del Estado, es claramente contraria a toda normativa de protección de los derechos y libertades fundamentales.
Entre los años 1976 y 1983 se cometieron en la República Argentina terribles violaciones a los Derechos Humanos, principalmente a los derechos civiles y políticos. Fue la estructura del Estado de entonces quien, imponiendo como sistema de gobierno el terror, privó a todos sus habitantes del derecho a la justicia. La impunidad que se instaló junto con el terrorismo de estado brindó los medios para la protección de los culpables, permitiendo así que se cometieran aberrantes crímenes contra los derechos de las personas, que si bien no estaban directamente ordenados, pueden considerarse como una consecuencia natural del sistema adoptado.
Dicho sistema, denominado "doctrina de la seguridad nacional", fue concebido por los Jefes de las Fuerzas Armadas como un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, siendo esas mismas autoridades militares quienes no vacilaron en instrumentarlo a través de métodos y procedimientos notoriamente ilegales.
El plan incluía una fuerte campaña de acción psicológica por la cual se trató de imponer la convicción de que todo aquel que no se hubiera encontrado a favor de las políticas aplicadas por el gobierno, cualquiera haya sido el grado y el campo de discrepancia, merecía ubicarse fuera de la sociedad sin importar las técnicas empleadas. Vemos claramente representado este pensamiento en las palabras del entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el General de Brigada Ibérico Manuel Saint Jean, cuando expresó: "Primero vamos a matar a los subversivos, luego a sus colaboradores, más tarde a sus simpatizantes, luego a los indiferentes y finalmente a los tibios".5
Con relación a las víctimas de la Mercedes Benz, debemos mencionar que durante el período en que produjeron las detenciones de los operarios, las máximas autoridades que se encontraban a cargo de la toma de decisiones dentro del área de influencia a la que pertenecía la fábrica Mercedes Benz, eran las siguientes: los tres integrantes de la junta militar, el Comandante Gral. del Ejército, Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Comandante Gral. de la Armada, Almirante Emilio Eduardo Massera, y el Comandante Gral. de la Fuerza Aérea, Brigadier Gral. Orlando Ramón Agosti; el Comandante del I Cuerpo de Ejército, General Carlos Guillermo Suárez Mason; el ministro de trabajo, General Horacio Tomás Liendo; el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, General de Brigada Ibérico Manuel Saint Jean; el Comandante de Institutos Militares (Campo de Mayo) General Santiago amar Riveros y el interventor de SMATA, Teniente Coronel Marture.
No debemos omitir a otro miembro de las fuerzas de seguridad de la dictadura que, aunque de menor jerarquía, jugó un papel preponderante en esta historia, el ex comisario Rubén Luis Lavallén. A su cargo se encontraba el comando de la Brigada de Investigaciones de San Justo, sede de un centro clandestino de detención por el que pasó al menos uno de los detenidos de la Mercedes Benz. También fue reconocido por la señora Graciela Beatriz Velásquez, esposa de Alberto Gigena, como uno de los secuestradores de su esposo. Según consta en su declaración ante la Cámara Federal de La Plata en el marco del Juicio por la Verdad, Lavallén formó parte del grupo de personas que el13 de agosto de 1977 ingresó a su domicilio y se llevó a su esposo. Este personaje siniestro fue "recompensado" en 1978 por los "servicios prestados" a la firma germana con el puesto de encargado de la seguridad y vigilancia de la planta de González Catán. Este mismo personaje fue condenado en 1988 a cuatro años de prisión por falsificación del acta de nacimiento de la menor Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos secuestrados en Montevideo y detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo bajo el marco del Plan Cóndor. A la pareja jamás se la volvió a ver con vida y la menor fue apropiada por Lavallén y registrada como hija suya.
Pero el drama de los obreros de la Mercedes Benz no se inició con la dictadura. Durante el gobierno de María Isabel Martínez de Perón dio comienzo una campaña de presión sobre aquellos trabajadores de la industria que, tal el caso de Mercedes Benz, luchaban por sus derechos desde una posición contraria a la de los tradicionales y poderosos sindicatos peronistas. Quien desde el gobierno encabezó esta campaña fue el entonces Ministro de Trabajo Carlos Federico Ruckauf. Estos nacientes círculos gremiales, mayoritariamente de extracción marxistas, eran ligera e irresponsablemente tildados de subversivos por el gobierno, con las implicancias que eso tenía en aquellos violentos años de la Argentina. Claramente expuesta queda esta posición gubernamental en las palabras que Ruckauf difundiera a través de la pantalla de Canal 11 en 1975. En ellas, el Ministro, que llegó al gobierno de la mano del poderoso líder sindical Lorenzo Miguel, expresaba: "La guerrilla de fábrica se debe a los sectores empresarios, que tomaron militantes de ultra izquierda para romper con las conducciones sindicales peronistas.6 El problema vital es acabar con la subversión. Los empresarios decían que iban a chupar a la izquierda, que terminó manejándolos". Fue también el titular de la cartera laboral uno de los responsables de promulgar el decreto de "aniquilamiento de la subversión", que permitiera a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interior.
Los operarios de la planta automotriz de González Catán habían conformado por su cuenta una comisión sindical interna. Las insalvables diferencias que mantenían con la dirigencia del sindicato de los mecánicos, los llevó a tomar tan drástica decisión en 1975. Comenzaron entonces a ejercer sus derechos exigiendo, entre otras medidas, que los trabaja dores integrasen las correspondientes escalas salariales según sus tareas y que se regulase la cantidad de horas diarias de trabajo insalubre. La negativa empresarial a atender los legítimos reclamos gremiales, derivó en un profundo conflicto laboral. La situación se agravó cuando en octubre de 1975 la dirección de Mercedes Benz Argentina decidió el despido definitivo de 115 de sus empleados.
Pero tan extrema decisión no fue exclusiva de la dirigencia empresarial. Según consta en una carta fechada el 19 de mayo de 1976 que él por entonces presidente de Daimler Benz AG, Hanns MARTÍN Schleyer, enviara a Eugen Loderer, presidente de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industrias Metalúrgicas (FITIM), la cual adjuntaba un informe que Mercedes Benz Argentina remitiera a su casa matriz en Alemania, "los despidos mencionados eran pedido urgente del entonces Ministro de Trabajo y de la dirección de SMATA, que ha pedido más despidos todavía. La actuación de la dirección de la empresa Mercedes Benz Argentina aclara que quería apoyar el esfuerzo del Ministro de Trabajo y SMATA de eliminar elementos subversivos de las fábricas". Cabe aclarar que dentro de la lista de los despedidos se encontraban los nombres de los empleados que luego serian secuestrados.
A pesar de las profundas diferencias que sostenía con la comisión interna, SMATA, y particularmente su Secretario General, cultivaba una constante relación con la empresa. Así lo dio a conocer David Flic, un ex Director de Venta de la Mercedes Benz, en su testimonio ante la Cámara Federal de La Plata. En el mismo, Flic señaló que durante aquellos días José Rodríguez mantuvo reuniones con el ex gerente general Pedro D'Elías y el ex gerente de Asuntos Jurídicos, Rubén Cueva, y que se enteró que Rodríguez recibía dinero de la empresa.
La visible situación de ayuda recíproca que profesaban la dirección de la Mercedes Benz con SMATA, pareció resquebrajarse cuando la multinacional alemana entró en negociaciones con el grupo guerrillero que había secuestrado a uno de sus directivos. En dichas negociaciones, la reincorporación de la totalidad del personal despedido era, entre otras, una de las exigencias planteada por los secuestradores y finalmente aceptada por la empresa. La decisión de Mercedes Benz Argentina provocó una fuerte e inmediata reacción del sindicato liderado por Rodríguez. El día 14 de noviembre de 1975 es recibida en el Ministerio de Justicia de la Nación, una carta dirigida al Sr. Ministro Jorge Corvalan Nanclares. La misiva, remitida por SMATA Y firmada por su Secretario General, expresa la necesidad de consumar la intervención estatal de la empresa, esgrimiendo como justificativo la conducta de la misma, ya que, según SMATA, en su accionar optó por pactar con el terrorismo, encubriéndolo, alentándolo y haciéndose cómplice de la subversión. Cabe destacar que en esta misma carta Rodríguez califica a los trabajadores, que haciendo uso del derecho constitucional de asociarse libre y democráticamente en una organización gremial se oponían a los designios de la conducción de SMATA, como "grupo de provocadores aliados de la sedición", "agentes del caos y de la subversión", "sicarios del marxismo esclavizante" y "comisión ajena al gremio y prohijada por la subversión".
Como queda claro, con esta carta Rodríguez no solo denuncia a Mercedes Benz Argentina.
Su intención fue también denunciar a sus principales oponentes, los miembros de la comisión interna, y sindicarlos como sustentadores del accionar terrorista.
Este manto de duda puesto sobre los nombres de los obreros, sería un ingrediente fundamental en la suerte que les tocaría durante los años siguientes.
Cuando José Rodríguez es citado a declarar en el marco del Juicio por la Verdad, manifiesta que se entera de la existencia de desaparecidos solo recién en la década del ochenta con la llegada de la democracia, y niega toda participación en hechos de esa naturaleza. También aduce que tras el golpe militar él había perdido todo poder y que los interventores del sindicato eran los que tomaban las decisiones, para luego contradecirse y aseverar que siguió participando de conflictos que los interventores no podían solucionar. Es menester destacar que durante la dictadura militar hubo dos sectores del gremio que sufrieron con particular rudeza el accionar del terrorismo de estado: el SMATA cordobés y los de la Mercedes Benz. Estos sectores fueron los que con mas fuerzas se opusieron a la conducción de SMATA encabezada por José Rodríguez. El manto de dudas que dejo Rodríguez tras sus declaraciones, y la posibilidad cierta de que haya tenido conocimientos sobre las desapariciones de afiliados al sindicato, llevó a la Federación Internacional de Trabajadores de la Industrias Metalúrgicas (FITIM) a suspenderlo provisionalmente del puesto de vicepresidente, cargo que ocupa en la institución desde 1973. La separación de Rodríguez del Comité Ejecutivo de la FITIM se concretó el pasado 14 de mayo de 2003, y responde a la necesidad de la organización de evitar que cualquier tipo de acusación afecte directamente a una entidad que aglutina a más de doscientos sindicatos en todo el mundo.
Otra vinculación entre el sindicato y la empresa surge también de los testimonios tomados por la Cámara Federal de La Plata. Las acciones legales desarrolladas por Mercedes Benz Argentina ante el secuestro del gerente alemán Heinrich Franz Metz, estuvieron a cargo del ya mencionado ex gerente de Asuntos Jurídicos Rubén Cueva. Él fue quien denunció el hecho ante la División Delitos Políticos de la Policía Federal. En el acta Cueva no solo denuncia el secuestro de su colega, sino que también hace referencia al conflicto gremial y a la elección de una nueva comisión interna de trabajadores dando nombres y domicilios de los mismos, vinculando así subrepticiamente a los obreros con Montoneros y el secuestro de Metz. Si bien no existen certezas a la hora de determinar de que forma Cueva obtuvo esa información, el Tribunal presume que fue el sindicalista Rubén Aguiar quien puso la información en sus manos. Aguiar, ex interventor de SMATA en Mercedes Benz y hombre cercano a José Rodríguez, habría participado de dos asambleas de obreros y obtenido allí la lista de los nombres que se proponían para conformar la nueva comisión interna. Sin embargo, el ex gerente de Asuntos Jurídicos insinuó que aquellos datos pudo haberlos conseguido a través de la Gerencia de Personal, que a su vez los habría obtenido a través de espionaje, y afirmó que "las empresas hacen seguimiento, espionaje, de las asambleas. El espionaje es la forma más racional de conseguir información".
El gerente de personal de la planta de Cañuelas de aquel entonces era Arnaldo Ceriani. Al respecto, Ceriani declaró que "la empresa no tenía designada a una persona para ir a escuchar. Si iba un representante de la empresa a las asambleas, seguro lo echaban. Los que andaban entre los delegados y los trabajadores eran del personal de seguridad. Cuando hablo de informante, no hablo de alguien que se arrastra para conseguir la información, sino de alguien de buena fe que venía a contar: "se viene un paro, se viene esto, se viene lo otro"".
Esta no es la única sospecha de colaboración de Mercedes Benz Argentina para con la represión ilegal. Como mencionáramos con anterioridad, existe una denuncia concreta contra el por entonces jefe de producción de la planta de González Catán, Juan Tasselkraut. En ella Héctor Ratto, uno de los dos sobrevivientes de la fábrica, se presenta como testigo y declara que es por intermedio del directivo acusado que las fuerzas de seguridad obtienen la dirección del obrero
Diego Núñez, quien fuera seguidamente secuestrado manteniéndose aún desaparecido. Se hace necesario mencionar aquí que en aquellos años Mercedes Benz Argentina era uno de los principales complejos industriales del país, que se encontraba entre las veinte empresas de mayor facturación y que su principal cliente era el Ejército Argentino, quien compraba a la firma los camiones Unimog. Asimismo, está irrebatiblemente demostrado también que Mercedes Benz Argentina se vio ilícitamente beneficiada, utilizando el régimen de seguro de cambio y los avales entre otros mecanismos- para ello. Los costos de dichas operaciones fueron asumidos por el Estado Argentino y hoy forman parte de su deuda externa. Según consta en la causa No. 14.467, caratulada Olmos, Alejandro si denuncia Expte No. 7.723/98, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 3 de la Capital Federal, y que se encuentra con resolución firme desde 13 de julio de 2000, la empresa Mercedes Benz Argentina se vio favorecida en la suma de 92 millones de dólares.
La situación de Mercedes Benz Argentina se ve particularmente comprometida por un hecho relevante. Todo indica que la empresa germana distinguía perfectamente a los empleados que habían sido detenidos ilegalmente. Esto se deduce claramente de una peculiar circunstancia que está debidamente comprobada, y que es que Mercedes Benz Argentina continuó pagando los sueldos de los obreros desaparecidos como si nada hubiera pasado. La mayoría de las esposas siguieron cobrando los sueldos de sus maridos hasta el año 1986 sin que se les haya requerido ningún tipo de justificativo por las ausencias, para luego percibir una indemnización como si se hubieran desempeñado en la empresa hasta ese momento. Aún más, Juana Vizzini, esposa de José Antonio Vizzini, quien se encontraba embarazada al momento del secuestro de su marido, no solo recibió por años el salario de su esposo, sino que también Mercedes Benz financió los estudios de su hijo Fabio Vizzini en Stuttgart, Alemania.
Que motivó a la empresa a actuar de esa manera no podemos precisarlo. Por razones humanitarias aseguran desde la dirección de la empresa. Para intentar comprar el silencio de los familiares de las víctimas y así evitar manchar el nombre de la compañía, es lo más probable. Pero de lo que sí estamos seguros es que este accionar no se desarrollo de igual forma para con todos los obreros. Tal es el caso de Ricardo Hoffmann, un ex operario de la planta de González Catán que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Siguiendo las indicaciones del partido abandonó su trabajo sin previo aviso en mayo de 1977 y se marchó al exilio. Mercedes Benz Argentina lo despidió por ausencia no autorizada del lugar de trabajo, sin efectuar pago alguno. Cómo la empresa supo distinguir entre los empleados detenidos ilegalmente y los que se habían exiliado, cuál fue su fuente de información y qué criterios utilizó para estipular a quien pagar y a quien no, son temas que la comprometen y que tendrá que aclararlos ante la justicia.
Suele decirse que para encontrar a los responsables de un hecho, es preciso determinar quienes son los principales beneficiarios del mismo. En el caso que aquí nos toca, resulta evidente que quienes mayor provecho obtuvieron del secuestro y desaparición de los obreros de Mercedes Benz Argentina fueron: el gobierno de facto, ya que logró imponer el terror y "limpiar" la fábrica de "elementos indeseables"; SMATA, con ello consiguió eliminar una fuerte resistencia y retomar el control de la comisión interna que ejerce hasta el día de hoy; y la empresa, que alcanzó la posibilidad de desarrollar políticas de empleo sin resistencia de parte de los trabajadores.
La verdad debe salir a la luz y los culpables deben ser debidamente juzgados. La importancia de combatir la impunidad respecto de todas las violaciones de los derechos humanos, radica en el desaliento que se generaría ante la posibilidad de reiterar dichas violaciones y evitar, así, los obstáculos esenciales para la contemplación de las normas y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para lograr la prevención de futuras violaciones y alcanzar un ejercicio efectivo de los derechos humanos, es menester entonces, que se concrete la total libertad de denuncia de violaciones a los derechos humanos; que se determine la responsabilidad de los autores y que sean entregados a la justicia, incluyendo a los cómplices y encubridores; que se mantenga la memoria a través de archivos históricos que sirvan de referencia para sociedades futuras; y que se restablezca la dignidad de las víctimas reconociendo sus padecimientos y juzgando a los culpables. La igualdad de derechos, la no-discriminación por parte de la justicia, la educación y la tolerancia, son las herramientas que garantizarán una eficaz respuesta en la lucha por alcanzar una fiel implementación de los Derechos Humanos.
Para obtener mayor información sobre el caso, recomendamos consultar el documental realizado por la periodista alemana Gabriela Weber "Milagros no hay. Los desaparecidos de la Mercedes Benz".
El film cuenta en 113 minutos la historia de la fábrica Mercedes Benz en Argentina y el conflicto laboral de 1975, en el que los obreros reclamaron sus derechos sin el apoyo del sindicato oficialista SMATA. Después del golpe militar, al menos 15 obreros desaparecieron, todos opuestos a SMATA.
Según testimonios, los gerentes colaboraron con los militares en los secuestros de estos trabajadores.
El documental también trae las declaraciones de los gerentes de la fábrica, del sindicalista
José Rodríguez y del represor Rubén Lavallén, torturador, apropiador de menores y, a partir de 1978, jefe de seguridad de la planta de Mercedes Benz en Cañuelas. De igual forma, en el mismo se narran los esfuerzos que se llevan adelante en los diversos juicios contra la impunidad desarrollados en Argentina y en Alemania.
Buenos Aires, 30sep03
Servicio Paz y Justcia Equipo Buenos Aires.
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