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22jul14
Apelaron un rechazo a investigar delitos sexuales de la dictadura
Tras el rechazo del juez federal de Bahía Blanca, Santiago Martínez, a investigar delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos apeló la decisión del magistrado, a la que calificaron de "manifiesta parcialidad".
En diciembre pasado, ante el pedido de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia de indagar a 70 militares por presuntos casos de violencia sexual ejercidos contra mujeres detenidas ilegalmente en la última dictadura, Martínez se mostró en desacuerdo y consideró que no estaba acreditado que hayan estado enmarcados en el terrorismo de Estado ejercido entre 1976 y 1983.
Para los fiscales, "la sentencia impugnada resulta nula por omisión de fundamentación". También consideraron que el rechazo del juez "resulta insustancial porque no permite -siquiera mínimamente- conocer el razonamiento que condujo al magistrado a esa conclusión".
El Ministerio Público consideró que la respuesta de dos páginas del juez y su falta de argumentación "termina de plasmar la gravedad del decisorio porque (...) tiene el deber de hacer mérito de los elementos de convicción que dan sustento al requerimiento". Y concluyó: "El magistrado ha incurrido en una manifestación patente de parcialidad, arrogándose roles que corresponden a la defensa de los acusados."
En su presentación inicial, los fiscales entendieron que la violencia sexual sufrida por las detenidas "formó parte de un plan criminal". Sostuvieron además que "el hecho de ser mujer en un centro clandestino de detención y tortura implicó ser víctima de violencia sexual por la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, lo que implicaba menstruar ahí".
""La violencia sexual no se ejerció -en exclusividad- para satisfacer deseos genitales, sino que existe ahí, en esos actos, una manifestación de poder sobre el cuerpo de las víctimas", argumentaron, según difundió el portal Fiscales.gob.ar. Y sostuvieron que en Bahía Blanca esos crímenes están "invisibilizados" por la "profunda cultura machista, sin una perspectiva de género que la práctica judicial sostiene".
La investigación abarca a 70 ex militares por delitos sexuales cometidos contra 52 mujeres que estuvieron cautivas durante la última dictadura en el ámbito del V Cuerpo del Ejército, uno de los centros clandestinos que tenía bajo su órbita fue La Escuelita.
Antecedentes
En los últimos años, los casos de violencia sexual comenzaron a aparecer en los juicios. En un primer momento, como lo hizo Martínez, fueron considerados eventuales y prescriptos. Luego, si bien fueron juzgados, quedaron invisibilizados bajo el delito de tormentos.
Sin embargo, a raíz de la lucha de los organismos de Derechos Humanos, el delito comenzó a ganar visibilidad y ya son varios los tribunales de todo el país que condenaron por esos delitos. Esa postura fue luego respaldada por una resolución de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien instruyó a los fiscales para que los investiguen bajo el paraguas jurídico de lesa humanidad.
Existe además la jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, que confirmó en 2012 que las violaciones sexuales cometidas en centros de detención son delitos de lesa humanidad porque se dieron en el marco del plan represivo.
[Fuente: Tiempo Argentino, Bs As, 22jul14]
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