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16jun13


Bahía Blanca: ¿represor con juez a medida?


La defensa del represor Ricardo Araujo apeló el procesamiento de primera instancia ante la Cámara Federal. Como su hija es jueza subrogante y pasó por la Cámara como relatora, sus miembros se inhibieron. Luego de varios sorteos y excusaciones entre abogados de la matrícula el azar eligió a Mario Arruiz, compadre del ex PCI del Ejército Néstor Montezanti y docente de la UNS como la hija del represor.

La decisión en torno a la apelación del procesamiento de primera instancia sobre el capitán de navío Ricardo César Araujo, acusado de participar en delitos de lesa humanidad perpetrados bajo la órbita de la Armada en la zona de Punta Alta, quedará en manos de una Cámara Federal conformada por subrogantes designados por sorteo luego de la inhibición planteada por los miembros naturales y las excusaciones que otros cuatro letrados sorteados presentaron.

Araujo se encuentra procesado por sesenta hechos desde septiembre de 2012 y la dificultad para hallar juez que decida sobre su situación no es nueva sino una constante que se repite desde su imputación. Se explica cuando se observa que su hija es la jueza subrogante Ana María Araujo, en cuya casa cumple la detención domiciliaria.

El desempeño de Araujo como relatora de la Cámara antes de su designación al frente del juzgado federal 2 por parte de los propios camaristas hizo que los miembros naturales del tribunal de alzada Pablo Candisano Mera y Ángel Argañaraz se inhibieran de intervenir en la apelación sobre la situación procesal de su padre. El sorteo entre abogados de la matrícula para determinar dos nuevos jueces para resolver el pedido arrojó sucesivamente los nombres de Edgardo Ubach, José Cafasso, Jorge Morresi y Alicia Serafini.

Todos se excusaron, la mayoría por razones de decoro en razón de sus lazos con la hija del imputado. Finalmente, el azar eligió los nombres de Aníbal Otharán y Mario Arruiz. Los antecedentes del segundo hacen dudar acerca de su imparcialidad a la hora de resolver el caso.

Amistades peligrosas

Ana Araujo, hasta entonces secretaria del juzgado federal, fue designada jueza subrogante por la Cámara el año pasado, luego del retiro del magistrado Alcindo Álvarez Canale. Con Néstor Montezanti, el presidente de la Cámara que la nombró jueza, Araujo comparte el dictado de la materia "Introducción al Derecho" en el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, donde uno es titular y la otra adjunta.

Entre enero de 1981 y junio de 1982, Montezanti revistó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento 181 del Ejército bajo el rol de "asesor universitario", según reveló el arma en 2010. En razón de ello, entre otras cosas, se encuentra apartado de la tramitación de las causas que tengan que ver con delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.

El nuevo camarista ad hoc Arruiz también es profesor en Derecho y tiene con Montezanti una afinidad ideológica pública, que se evidencia en la participación de ambos en la lista "Fundacional" del claustro docente en las elecciones departamentales universitarias de 2002.

Pocas semanas atrás, Arruiz defendió en el Consejo Superior Universitario (CSU) del que es miembro la aprobación de un retrógrado Código de Convivencia que establece una nueva cortina sancionatoria de protección contra la divulgación de información institucional, bajo cuya órbita se incluyen los legajos de aquellos miembros de la comunidad universitaria que se desempeñaron como PCI.

Además de la comunión ideológica, Arruiz comparte una amistad pública con Montezanti, quien es padrino de su hijo Sebastián, también abogado. El padre y el hijo marcharon el 18A por las calles de Bahía Blanca para manifestar su rechazo al gobierno nacional y a sus proyectos de reforma judicial remitidos al Congreso (foto).

Mientras tanto, el padrino firmaba junto a camaristas de distintos puntos del país la carta fechada ese día que luego la Corte reenviaría a la Cámara de Diputados. El texto advertía que de ser aprobados algunos de los puntos que reformarían el Consejo de la Magistratura, se paralizaría el Poder Judicial. Nada más lindo que saber a toda la familia militando por la misma causa: otro de los que fue visto marchando esa noche fue Fernando Rey Saravia, esposo de Ana Araujo y yerno del represor sobre cuyo procesamiento Arruiz padre deberá decidir.

Fundacional

La lista "Fundacional" que el camarista ad hoc Arruiz integró en 2002 junto a Montezanti también incluía otros nombres: los de José Luis Centurión, Eduardo Conghos, Hugo Sierra y Luis Esandi.

Casi una década después, mientras ambos eran miembros de la cúpula dirigencial del Colegio de Abogados, los dos últimos se encontraron como acusado y juez.

Hugo Sierra fue detenido por disposición del Tribunal Oral Federal en la primavera de 2011, acusado de participar en graves delitos de lesa humanidad desde su rol de secretario del juzgado federal 1 entonces a cargo de Guillermo Madueño.

De las declaraciones del propio represor Adel Vilas y de varios testimonios de víctimas surge que dicho juzgado se configuraba como la pata judicial del Terrorismo de Estado en la ciudad.

El azar determinó que sea Esandi el juez ad hoc de primera instancia encargado de decidir la permanencia o no de Sierra tras las rejas. Pocas horas después, por supuesto, Sierra estaba libre.

En la actualidad, Arruiz comparte militancia política universitaria con Esandi en la lista de docentes Línea PHI. Por ese espacio es miembro del CSU de la UNS.

El 24 de mayo de 2011, la bancada que Arruiz integra actualmente votó en pleno por la afirmativa a la continuidad como profesora de la también abogada Gloria Girotti, otra secretaria del juzgado de Madueño durante la dictadura, que aspiraba a una reválida docente cuestionada por un amplio sector de la comunidad académica.

Una de las manos que se alzó para votar por la afirmativa fue la de Sebastián Arruiz, hijo del ahora sorteado camarista ad hoc y miembro de la misma lista por el claustro de docentes auxiliares.

A ambos secretarios se los acusa incluso por su participación en interrogatorios bajo tortura, aunque a ello se agrega también el modo en que dieron curso a expedientes, omitiendo denunciar casos que les constaban, dilatando el cumplimiento de medidas y rechazando sistemáticamente recursos de hábeas corpus presentados por familiares de las víctimas.

Tanto Sierra como Girotti, en su rol de secretarios de Madueño, tramitaron hábeas corpus respecto de víctimas del accionar de Ricardo Araujo, siempre con el previsible resultado negativo.

El mismo Mario Arruiz que tendrá ahora al responsable de esos casos como objeto de sus decisiones compartió lista con Sierra en la política universitaria e integra actualmente una bancada que avaló en pleno la continuidad docente de Girotti dos años atrás.

Servini se escandalizaría

Si a la jueza María Servini de Cubría y los defensores de la República los horroriza el sólo pensar en la posibilidad de un debate político explícito en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por el temor a improbables demagogia y parcialidad en los posteriores fallos de los jueces, mucho más los alarmará confirmar que cotidianamente se dejan ver en la administración de justicia riesgos subterráneos mucho mayores en casos específicos y microescenarios donde el ámbito de elección es ajeno al Poder Judicial y los electores no son números en un padrón sólo identificables como segmentos poblacionales por geografía o clase social sino seres con rostros, pasados, familias e intereses concretos que el candidato a un cargo no desconoce.

El objetivo de desterrar la explicitación de la política no sólo involucra al Poder Judicial sino también a la Universidad. La pretendida asepsia de algunos consejeros y asambleístas universitarios los ayuda a olvidar que son representantes políticos de un sector determinado.

En este caso concreto, luego del enésimo sorteo entre abogados de la matrícula, el camarista ad hoc Arruiz deberá decidir la suerte del padre de una mujer con la que no sólo comparte un ámbito docente, razón por la que anteriormente ya se inhibió en el mismo caso un miembro natural de la Cámara, sino también a cuyo voto debe aspirar conseguir cada dos años para revalidar su banca en el CSU por el claustro que comparten.

En el microescenario, la relación y el conocimiento entre representante y representado se profundiza y se hace personal. Los profesores de Derecho en la UNS, titulares, asociados y adjuntos, sólo son 88.

[Fuente: Por Diego Kenis, Agencia Paco Urondo, Bs As, 16jun13]

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