Equipo Nizkor - Sinopsis de la audiencia del 04jul12 en el juicio "Ejército" Bahía Blanca.

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04jul12

Sinopsis de la audiencia del 04jul12 en el juicio "Ejército" Bahía Blanca

Audiencia del miércoles 4 de julio de 2012

La audiencia contó con la presencia de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca Jorge Ferro (de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata); José Mario Triputti (del Tribunal Oral Federal de La Pampa), Martín Bava (juez federal de Azul) y el juez sustituto Oscar Hergott (del Tribunal Oral Federal Nº5 de Capital Federal).
Además, participaron los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolin y la abogada Mónica Fernández Avello por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por la defensa pública los doctores Alejandro Castelli, Leonardo Brond y Gustavo Rodríguez y los particulares Mauricio Gutiérrez, Walter Tejada, Luis De Mira y Eduardo San Emeterio.
Juez Jorge Ferro: Señor fiscal puede continuar con el uso de la palabra.
Fiscal Horacio Azzolin: Gracias señor presidente. Vamos a empezar a tratar un grupo de casos cuya valoración vamos a hacer en forma conjunta porque se trata de un grupo de alumnos y de un profesor de la ENET 1 Cesar Cipoletti que fueron secuestrados en forma contemporánea y a raíz de la misma causa, con lo cual entendemos que la exposición tiene que hacerse en conjunto y la valoración de la prueba también. De hecho las declaraciones de cada uno de ellos retroalimentan los casos de sus compañeros.
Voy a cambiar un poco la metodología que venimos usando para empezar a hablar primero de la documentación de inteligencia que tenemos sobre este caso, no la vamos a exhibir en este caso pero la vamos a ir mencionando. En principio porque sobre el alumnado de la ENET había una fuerte tarea de inteligencia ya desde un año y pico antes de que ocurrieran los hechos. Hay cierta documentación, que ya está agregada a la causa 05/07, con relación a la actividad de inteligencia que se hacía sobre la ENET. Y también quiero mencionar esta documentación primero porque es muy rica en cuanto al funcionamiento de la comunidad informativa respecto de la cual nos venimos refiriendo hace unos días.
Uno de los documentos que queremos mencionar es un resumen de reuniones de la comunidad informativa de Bahía Blanca que está fecha en septiembre del 75. En este informe se da cuenta que en dependencias del comando de operaciones de la unidad regional 5º de la policía de la provincia de Buenos Aires se habían realizado dos reuniones de la comunidad informativa el 4 y el 25 de septiembre del 75. Estaban integradas, y esto es importante para demostrar cómo circulaba la información en Bahía Blanca, aparte de miembros de la policía bonaerense estaba el jefe del Destacamento de Inteligencia militar 181 que era el que convocó la reunión, en ese entonces el coronel Enrique Scarnati Almada; y había representantes del Ejército, marina, Prefectura, Policía Federal, Gendarmería, Side y policía de la provincia de Buenos Aires. Entre la gente de la policía de la provincia de Buenos Aires estaba gente de la Delegación Dipba que ya sabemos que tenía su sede central en La Plata.
Este informe da cuenta de que se pusieron a consideración los temarios cuyo detalle se adjunta, analizándose en ambas oportunidades las informaciones aportadas por los distintos organismos afines con relación al accionar subversivo en el país, su evolución y probable incidencia en el ámbito local. Esto nuevamente demuestra cómo la información iba de abajo para arriba y de arriba para abajo porque no solamente se analizó lo local que era proveído por las personas que concurrieron a la reunión que eran de Bahía Blanca sino también con el resto del país, que era información de los organismos superiores que recolectaban en todo el país contemporáneamente, ya hemos mencionado por ejemplo reuniones de la comunidad informativa para el año 75 en el área controlada por Luciano Benjamín Menéndez en el III Cuerpo de Ejército. Este tipo de reuniones también se documentaban en la provincia de Córdoba por ejemplo. En lo que interesa en este caso, este documento da cuenta que en el orden local se analizó la actuación de un grupo activista detectado en la ENET 1 que surgiera como consecuencia de la detención efectuada por la policía bonaerense de dos estudiantes de ese establecimiento. Son Eduardo Oscar Martín y Oscar Durán que los encontraron saliendo de la escuela y tenían unos panfletos en su poder. Hay un memorándum que da cuenta del procedimiento entero, se da cuenta de cómo se allana su domicilio sin orden judicial y luego después se los pone a disposición del juez federal de Bahía Blanca por infracción a la ley 20840. Lo interesante de esto es que a raíz de ese procedimiento la comunidad informativa se alerta y decide trabajar sobre la posible infiltración en la escuela nacional de Educación Técnica 1. Lo interesante también es que a raíz de este caso se establecen pautas para la gestión y difusión de la información que entendemos claramente que fueron utilizadas luego, en cada uno de los hechos que estamos analizando. En principio acuerda la comunidad informativa que todo procedimiento antisubversivo, positivo o negativo, debe ser comunicado dentro de las próximas doce horas a toda la comunidad informativa. Es por eso que encontramos datos de procedimientos realizados por el Ejército en bases de datos de la Prefectura, por ejemplo. Hay que participar en el examen de los documentos secuestrados, asistir y/o participar en interrogatorios de personas subversivos o coadyuvantes. Recuerden que la reglamentación militar permitía, si bien encargaba el interrogatorio de los detenidos conforme el manual examen de personal y documentación al que hicimos referencia, encargaban los interrogatorios fundamentalmente a los oficiales de inteligencia, se indicaba que podían participar miembros de otras fuerzas y esto da cuenta de que muy probablemente los miembros de las fuerzas que integran la comunidad informativa en Bahía Blanca hayan participado de los interrogatorios de las personas cuyos casos estamos analizando en este juicio. También dicen que se debía constituir, dentro de las 48 horas de iniciado un caso, un grupo de trabajo a fin de integrar la información disponible y efectuar la inteligencia y conclusiones correspondientes.
Así funcionaba la comunidad informativa en Bahía blanca ya desde el año 75, todavía estábamos en plena democracia.
Hay un legajo en la mesa A Estudiantil del archivo de la Dipba sobre la ENET, se da cuenta de este procedimiento que les mencioné de la detención de Durán y Martín con todos los datos, el personal interviniente, los allanamientos de los domicilios, las cosas que secuestran, libros, mimeógrafos, etcétera. La puesta a disposición luego de estas personas a cargo del juez federal 1 de Bahía Blanca, y en lo que interesa también, se indica que este grupo de personas estaba identificado con la línea de Montoneros y últimamente había creado problemas a la dirección del establecimiento por la implantación en forma obligatoria, de acuerdo al programa de estudios, de un curso de trabajos prácticos para los alumnos del último curso, sexto año. Es decir que el problema de la infiltración de Montoneros en la ENET era la implantación de un curso de trabajos prácticos en el último año de la secundaria. Se menciona a los presuntos integrantes del grupo, entre ellos está Cesar Antonio Giordano, cuyo homicidio está siendo investigado en este juicio y lo vamos a tratar después. Su pareja también, María Elena Romero, que es mencionada en alguna volanteada de ENET también fue asesinada. Y, en lo que interesa a este caso, Sergio Andrés Voitzuk.
Se deja constancia que se prosiguen las averiguaciones tendientes a establecer las relaciones con otras personas, lográndose establecer hasta el momento que el adoctrinamiento del grupo, como así también la provisión de materiales y panfletos estuvo a cargo de una persona joven al que los causantes conocen únicamente con el seudónimo Cacho, con las novedades que se produzcan se ampliará de inmediato la presente.
Esto es señor presidente para demostrar el trabajo de inteligencia que ya se hacía sobre un grupo de la ENET desde el año 75 y, de paso también, para ver cómo funcionaba la comunidad informativa local en un documento que describe perfectamente cómo eran los movimientos.
Vamos a empezar con los casos en concreto. El primero es el de Gustavo Darío López. Contamos con el testimonio de él, de María Gallardo Losano y de Joaquín López, que son sus padres. Con estas tres declaraciones se ha probado el secuestro de la víctima en las primeras horas del 21 de diciembre de 1976. Recuerden esta fecha porque vamos a ver que el resto de los secuestros son contemporáneos.
La víctima relató que tres hombres ingresaron al domicilio de la familia, en la calle Las Heras 958, lo sacaron de la cama, lo introdujeron en un vehículo DKW con la cabeza cubierta con una capucha, tras lo cual fue conducido por una secuencia de calles, atravesando el parque, hasta ingresar por una tranquera y ser entregado a otro grupo de personas. Los padres de la víctima fueron coincidentes en el relato de la mecánica del operativo y también que el grupo de personas instó violentamente que abrieran la [puerta de su domicilio, lo que su marido terminó haciendo. Los padres dijeron que fueron amenazados por armas de fuego y la madre encerrada en una de las habitaciones donde escuchaba los gritos de su hijo. Luego los captores se fueron con la víctima. El padre pudo ver cómo su hijo era llevado hacia el vehículo con una funda de almohada en la cabeza a modo de capucha. Presentó un habeas corpus en el cual refirió todas estas circunstancias y también hizo averiguaciones en las comisarias de la zona para dar con el paradero de su hijo con el resultado negativo.
La víctima fue ingresada en el centro clandestino La Escuelita y fue sometida a interrogatorio bajo tormentos y en ese sentido su declaración fue bastante exhaustiva al respecto. Recordemos, y estos hay que tenerlo muy en cuenta para todos estos casos, que eran todos estudiantes secundarios, tenían entre 16 y 18 años al momento del hecho.
Desde el primer momento en el centro clandestino fue vendado y atado de manos, sometido a amenazas, simulacros de fusilamientos, exposición a la intemperie, condiciones en las que permaneció recluido en una habitación hasta el 15 de enero aproximadamente. También en una oportunidad fue trasladado a otra habitación en la que, tras ser careado con Renato Salvador Zoccali, fue torturado y torturado con aplicación de electricidad en todo el cuerpo para luego ser devuelto al a habitación inicial. Padeció también un interrogatorio feroz.
Su permanencia en el centro clandestino se encuentra probada a su vez por los testimonios de sus compañeros Aragón, Roth, Voitzuk y Bambozzi.
Mientras Gustavo López estaba en cautiverio su familia fue amenazada y perseguida. María Gallardo contó que el día de su hijo cumplía 17 años, que era el 28 de diciembre, fue al comando sabiendo que allí estaba su hijo y fue recibida por una andanada de disparos que le pegaban cerca de donde ella estaba parada con la advertencia que recordara que tenía otro hijo también. La familia también, a mediados de enero, fue visitada por un grupo de personas uniformadas a modo de operativo en el que un sargento o teniente se constituyó en el lugar al solo efecto de amedrentarlos.
También dentro de este grupo está el caso de José María Petersen. Con su declaración testimonial está probado que el 20 de diciembre del 76, alrededor de las 22 horas fue secuestrado. Sobre el secuestro dijo que esa noche, por una pequeña ventana que estaba en la puerta de ingreso, una persona introdujo un arma de fuego y obligó a su padre a abrir la puerta. Ingresó al hogar un grupo de cuatro o cinco personas vestidas de civil que revisaron la propiedad, vendó a la víctima en el piso del living y lo introdujo en un vehículo llevándolo hasta la Escuelita. María Ester Giménez que es la madre de la víctima, en su declaración que se incorporó por lectura, describió el operativo de secuestro de su hijo. También el padre de la víctima Adolfo Petersen presentó un habeas corpus en el cual relata la misma secuencia del hecho. Otro elemento que confluye en la acreditación del secuestro es el archivo de inteligencia de la Prefectura, en el que obra un pedido de la comisaría para que informe sobre la denuncia de Adolfo Petersen en relación al secuestro de su hijo.
Las declaraciones testimoniales de la víctima y de los compañeros de la ENET con quien compartió cautiverio acreditan su permanencia en el centro clandestino La Escuelita donde sufrió la aplicación de torturas. Estuvo cautivo aproximadamente hasta el 13 de enero del 77, vendado, amordazado y amarrado a una cama, sometido a un interrogatorio inicial con aplicación de golpes y a un interrogatorio bajo tortura al final de su cautiverio en el que se le aplicó electricidad por todo el cuerpo. Su presencia en La Escuelita fue constatada a su vez por los testimonios de López, Mengatto y Bambozzi.
Durante la tortura fue interrogado en relación a Lebed, Mengatto, Aragón, Zoccali, Carrizo, Voitzuk -el que estaba mencionado en los informes de inteligencia- Roth, Iglesias y Bambozzi. Roth también era uno de los mencionados como integrantes de este grupo. En La Escuelita pudo comunicarse con Roth, Mengatto, Villalba y Carrizo.
El caso de Petersen, en cuanto a la documentación de inteligencia con la que contamos, hay un elemento fundamental también para demostrar su presencia en el lugar. Así como este caso cuenta con documentación de inteligencia interesante para determinar cómo funcionaba la comunidad informativa en Bahía Blanca, en el caso de Petersen contamos también con los apuntes de la información que brindó él cuando era interrogado bajo tortura. Estos informes son varios, no los voy a leer, simplemente menciono su existencia. Aparecen en la base de datos de inteligencia de la Prefectura Naval nuevamente la comunidad informativa repartiendo información a sus colegas. Hay un montón de información a su secuestro, a que fue interrogado bajo torturas, que fue trasladado por el Camino La Carrindanga, que estuvo en La Escuelita. Y lo interesante es que esta documentación está pasada a máquina y aparte están los apuntes manuscritos tomados en el momento.
Entre la documentación Petersen narra que el 20 de diciembre del 76 aproximadamente a las diez y media fue secuestrado por cuatro civiles armados en su domicilio, lo condujeron hasta una casa cerca del Comando La Carrindanga por haber escuchado el tránsito y el ruido del movimiento ferroviario. Junto a la mencionada declaración hay un apunte del 24 de enero del 77 y dos más, uno de ellos el que es manuscrito, donde se consignan diversas manifestaciones efectuadas por la víctima. Allí Petersen relató nuevamente su secuestro ocurrido el 20 de diciembre y consta en el documento que dijo haber sido sometido a picana eléctrica atado a una cama.
Otra de las personas secuestradas es Gustavo Fabián Aragón. A través de su declaración se encuentra acreditado el secuestro de la víctima ocurrido entre el 20 y el 21 de diciembre del 76 en el barrio Mitre de esta ciudad. Aragón relató el modo en que los captores requirieron a su padre para que lo llevara hasta la presencia de la víctima. En las inmediaciones del club Villa Mitre Aragón fue subido a un Falcon por un grupo de cuatro personas armadas y de civil, trasladado a su domicilio en Tiro Federal donde se desarrollaba un operativo con personal armado apostado en las viviendas vecinas y que constaba con dos vehículos adicionales. De allí fue conducido hasta el centro clandestino con la cabeza cubierta donde estuvo hasta mediados de enero del 77. Como en todos los otros casos fue sometido a prácticas de tortura mientras era interrogado. Dijo que llegó al lugar atravesando una tranquera, fue vendado, atado y obligado a permanecer sobre una cucheta en la habitación. Fue interrogado en una sesión de tortura en otra habitación a la que aludió como una sala de interrogatorios donde fue desnudado y le fuera aplicada electricidad por todo su cuerpo. Sufrió otros tormentos como la introducción de un arma en su boca, una segunda sesión de interrogatorio bajo torturas y un simulacro de fusilamiento sobre el final de su cautiverio.
A su vez la presencia de Aragón en La Escuelita está sustentada por la declaración de Gustavo López quien mencionó a la víctima entre los compañeros con los que estuvo en el centro clandestino.
Otro caso es el de Renato Salvador Zoccali. Durante su declaración testimonial en el juicio relató las circunstancias de su cautiverio. El dice que fue secuestrado en el transcurso del mes de diciembre del 76 por personal del Ejército que se presentó en dos camiones. Fue trasladado en uno de los vehículos al Batallón de Comunicaciones 181 donde estuvo encerrado en una habitación y esposado durante tres días. Sometido a interrogatorio por un oficial y personal de esa dependencia. Relató que el viernes a la noche fue encapuchado e introducido en un vehículo y trasladado mediante un corto recorrido hasta un centro clandestino. Conforme su declaración y la de otros compañeros quedó probado en el juicio tanto el cautiverio de Zoccali en La Escuelita, que se prolongó por más de treinta días, como el sometimiento a torturas. Estuvo tirado en el piso, vendado y amarrado con los brazos atrás, sometido a golpes permanentes, a interrogatorios con aplicación de electricidad en el cuerpo y careos con compañeros de colegio. Este último aspecto coincide con lo declarado por López, quien dijo que el 21 de diciembre del 76 fue careado con Zoccali. Este dato permite ubicar el secuestro de Zoccali con seguridad en los días previos al 18 de diciembre del 76 considerando los tres días que la víctima permaneció en el Batallón de Comunicaciones181 contando desde el 21 de diciembre.
Finalmente, teniendo en cuenta que el retiro de La Escuelita se produjo el 13 de enero del 77, lo que se encuentra probado con los documentos de inteligencia de la Prefectura y la afirmación de la víctima de haber estado allí cautivo durante más de treinta días, es razonable concluir que el secuestro se concretó durante la primera mitad del mes de diciembre del 76.
El cautiverio de Zoccali se encuentra acreditado igualmente con la declaración de Carlos Carrizo, quien mencionó a la víctima entre las personas encerradas en el centro clandestino.
Con relación a la documentación de inteligencia de Zoccali, hay una nota del ejército Argentino de octubre del 79 enviada al jefe de la Prefectura Atlántico Norte, la sección informaciones o de inteligencia. Es un pedido de antecedentes sobre un grupo de personas que se mencionan en un anexo, el distribuidor indica que el original fue enviado a la Prefectura Zona Norte y el duplicado quedó en el Destacamento de Inteligencia 181. El prefecto mayor Arnaldo Luis Parini decide contestar el oficio remitiéndolo al Destacamento de Inteligencia 181. En el anexo, entre las personas cuyos antecedentes se solicita está Renato Salvador Zoccali.
Otras de las víctimas de este grupo de casos es Eduardo Gustavo Roth. Tal como ocurrió ya en el juicio por la verdad, Roth no pudo declarar en el debate debido a las graves secuelas que le dejara su cautiverio en La Escuelita. Esta circunstancia entendemos que debe ser tenida en cuenta por el tribunal al momento de evaluar la extensión del daño causado.
La prueba de los hechos entonces, se integra con sus declaraciones testimoniales prestadas en las causas 13/84 de la Cámara Federal de la Capital y 86/22 de la Cámara Federal bahiense, las que permiten dar por acreditado su secuestro el 20 de diciembre de 1976 a las nueve y media de la noche en su domicilio de Salta 771 de esta ciudad.
En ambas declaraciones Roth efectuó un relato coincidente en el cual indica que fue secuestrado por un grupo de tres personas armadas y de civil que ingresaron a su domicilio, encañonaron a la víctima, encerraron a sus padres en una habitación, revisaron minuciosamente el domicilio e introdujeron a la víctima encapuchada y con las manos amarradas, en un vehículo Gordini rojo tras lo cual, lo llevaron al centro clandestino.
El testimonio de Elba Moreno, madre de la víctima cuya declaración también se incorporó por lectura, es coincidente por lo relatado por Roth. El episodio además es corroborado por Guillermo Adolfo Roth, hermano de la víctima, quien declaró en este debate. Dijo que luego del secuestro se constituyó en el domicilio de Salta y supo, a través de sus padres, que su hermano había sido secuestrado mientras estaban cenando.
En cuanto a las condiciones en las que permaneció en cautiverio Roth relató que inmediatamente a su introducción en el centro clandestino fue sometido a interrogatorio con aplicación de electricidad sobre el cuerpo, aplicación de golpes, careo con otra víctima de la ENET Carlos Carrizo. Dijo que las torturas y las condiciones impuestas le causaron periodos de delirio y hasta un desmayo.
Dieron cuenta también de su cautiverio en La Escuelita López, Petersen, Gallardo y Mengatto. De este modo tenemos acreditado que Roth fue ingresado a La Escuelita tras su secuestro, torturado en el lugar y permaneció allí por un período superior a los veinte días.
Carlos Carrizo, el secuestro del nombrado se encuentra probado por la declaración de la propia víctima prestada durante el debate. Dijo que durante diciembre del 76 fue retirado forzosamente de una fiesta en la que estaba trabajando como disk jockey y fue conducido a su domicilio por un grupo de personas encapuchadas para luego ser trasladado e introducido en el centro clandestino La Escuelita. Carrizo estuvo allí vendado y atado a una cucheta y sometido a golpes e interrogatorios.
La presencia de Carrizo bajo estas condiciones en La Escuelita se acreditó también en el juicio con las declaraciones de Roth con quien fue careado y López. Asimismo Carrizo fue mencionado por Petersen entre las personas con las que conversó durante su cautiverio en La Escuelita.
Otro caso es el de Ricardo Mengatto. Con la declaración testimonial del nombrado se ha demostrado su secuestro ocurrido a última hora del 20 de diciembre del 76 en su domicilio de Ing. Luiggi 650.
Mengatto dijo el modo en que un grupo de personas armadas, invocando la calidad de policías, ingresó en su domicilio de manera violenta, amenazó a su familia, y retiró a la víctima por la fuerza y lo introdujo en un vehículo que lo trasladó a La Escuelita.
Las circunstancias del secuestro quedaron probadas asimismo por el habeas corpus presentado por el padre de la víctima Primo Mengatto el 20 del mismo mes ante el juzgado federal de Bahía Blanca.
El cautiverio en La Escuelita se encuentra acreditado también por el testimonio de la víctima quien dijo haber permanecido allí con los ojos vendados por un período de alrededor de treinta días, de los cuales aproximadamente 15 días transcurrieron en una habitación con las manos atadas por detrás y el resto del tiempo en otra habitación con cuchetas, con las manos amarradas hacia adelante. También la permanencia en el centro clandestino quedan demostradas con las declaraciones de López, Aragón, Petersen, Voitzuk, Gallardo y Lebed.
También en aquel documento que les mencionamos respecto de Petersen consta el cautiverio de Mengatto. En su relato Mengatto también contó las torturas sufridas durante la privación ilegitima de la libertad. Dijo haber sido sometido a interrogatorio bajo tortura por lo menos en tres ocasiones, la primera de ellas mediante golpes y otras dos con aplicación de electricidad por el cuerpo.
Por último con las declaraciones de Mengatto y Pedro Gallardo se encuentra acreditado que tras treinta días de cautiverio la víctima fue retirada del lugar en horas de la noche junto con su compañero de cautiverio, y en su caso, abandonado por los captores en un descampado de la calle Inglaterra.
También en este grupo estaba Sergio Andrés Voitzuk, una de las personas mencionadas llave del 75 como integrante de este grupo de infiltrados en la ENET. Está probado el secuestro del nombrado entre las 21 y las 22 horas del 20 de diciembre del 76 por un grupo de personas armadas que ingresó en su domicilio de Santiago del Estero al 600, le colocó una capucha en la cabeza frente a su familia, lo introdujo en un vehículo y lo trasladó a La Escuelita.
Además de los dichos de Voitzuk contamos con el habeas corpus presentado por su madre Susana Feldman el 22 de diciembre del 76 donde se consigna un relato similar del episodio. Obviamente el relato de la víctima también acredita su cautiverio en el centro clandestino hasta el 21 de enero del 77. También con el mismo queda demostrado que Voitzuk fue sometido a interrogatorios bajo tortura en por lo menos dos ocasiones. La primera tuvo lugar inmediatamente después de ingresar, con aplicación de electricidad en el cuerpo en una sala diferente a aquella donde permaneció recluido tal como otra de las víctimas mencionó. Y la segunda por medio de un colgamiento en un travesaño en un tanque de agua durante un día. También hemos escuchado relatos en otros casos de similares tormentos.
La presencia de Voitzuk en La Escuelita se encuentra a su vez probada por los relatos de López, Mengatto, Bambozzi y Villalba. López en particular hizo expresa mención al colgamiento de la víctima durante un día. Dijo que Voitzuk fue objeto de una experiencia terrible por ser judío, a lo que atribuyó el episodio del colgamiento y otras prácticas de hostigamiento como la aplicación de alcohol puro en las heridas al tiempo que el responsable se refería a la víctima como judío hijo de puta.
Por su parte con la declaración de Petersen registrada el 24 de enero del 76 a la que hicimos mención, Petersen mencionó que fue interrogado con relación a Voitzuk. Recordemos que Voitzuk era una de las personas mencionadas ya desde el 76 como parte de un grupo supuestamente infiltrado.
Por su parte quedó probado por el testimonio de la víctima, de Bambozzi y de Villalba que Voitzuk fue retirado del centro clandestino el 21 de enero del 77 y trasladado en un vehículo junto a las otras dos personas mencionadas y abandonado por sus captores a orillas de la ruta 33 en el camino a Tornquist.
También encontramos acreditada la persecución que sufrió la familia de la víctima durante la privación de la libertad de ella. Voitzuk declaró que durante ese periodo sus padres fueron visitados por un subteniente con la finalidad de extraerles datos. Dijo que, según supo, personal militar se constituyó en los domicilios de las familias de otros de los alumnos de la ENET.
Entre la documentación de inteligencia contamos con datos de antecedentes de Voitzuk, más allá de su mención en esta reunión de la comunidad informativa, Voitzuk es mencionado en junio del 75, es decir, antes de esta reunión de la comunidad informativa que fue en septiembre de este mismo año. Se dice que el causante sería activista con un grupo de alumnos integrantes de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, que actúan en la ENET 1 de Bahía Blanca. Participarían en reuniones fuera del colegio dado que varias veces el grupo falta simultáneamente a clases. Se sospecha que son responsables de la distribución de panfletos. En junio, se menciona que está catalogado como simpatizante de Montoneros, ya en junio del 76. Junto con otras personas habría efectuado una pegatina de obleas de Montoneros en los baños de la ENET. En septiembre del 76 figura como alumno de sexto año de la especialidad tal de la escuela. También, esto es interesante, en julio del 84 se menciona que el causante acompañó una delegación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas denunciando haber sido detenido ilegalmente en el centro La Escuelita, dependiente del Comando del v Cuerpo de Ejército. Los causantes visitaron el lugar, en la oportunidad, Voitzuk habría manifestado que fue detenido el 20 de diciembre del 76 y liberado días después.
Nuevamente, un dato más, para ver cómo ya en democracia, cuando se estaban empezando a gestar los juicios por los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado, el mismo Estado terrorista ya en democracia seguía haciendo informes de inteligencia. Ayer relatamos como había informes de la inteligencia naval que daban cuenta de juicios a militares y hacían referencias o pedían informes sobre personas que eran víctimas. Acá vemos también que no solamente eso sino que hacían informes de inteligencia sobre las visitas que hacía la Conadep en Bahía blanca obviamente con gente infiltrada en este lugar. También hay una ficha de Voitzuk en esta información de inteligencia donde se vuelca la misma información de antecedentes. Es interesante que Voitzuk, que era estudiante secundario, ya tiene una ficha detallada.
Otra de las víctimas de este caso, de este grupo de casos, es Néstor Daniel Bambozzi. Con su testimonial se encuentra acreditado que fue secuestrado el 20 de diciembre del 76 en su domicilio de Humberto Primo 565 por un grupo de personas armadas y de civil quienes lo sustrajeron en presencia de sus padres y su hermano menor, lo condujeron en un vehículo y lo introdujeron en La Escuelita. El hecho del secuestro está probado a su vez a través del habeas corpus que presenta su padre, Juan Pedro Bambozzi, en el que obra idéntico relato.
También por la declaración de la víctima se acreditar que permaneció en La Escuelita por un periodo que se extendió hasta enero del 77 en el que estuvo atado y vendado en el piso de dos habitaciones diferentes en el que fue colocado en forma sucesiva. Conforme se acredita con su relato, desde el ingreso a La Escuelita fue sometido a torturas con aplicación de electricidad en su cuerpo y a golpizas permanentes.
La permanencia de Bambozzi en La Escuelita se acredita con los testimonios de sus compañeros Voitzuk, Mengatto y Villalba. Por su parte en la declaración realizada por Petersen el 24 de enero del 76 dijo que fue interrogado con relación a Bambozzi en el primer lugar de detención.
Se encuentra demostrado a través de los testimonios de Voitzuk y de Villalba que el 21 de enero de ese año Bambozzi fue retirado del centro clandestino e introducido a un vehículo junto a estas dos personas y que fue abandonado en las inmediaciones de una estación de servicio en la localidad de Ing. White.
Finalmente están probados el hostigamiento y persecución que también sufrió la familia de Bambozzi durante el período de su cautiverio. Personal del Ejército hizo un operativo en el que se cortó el tránsito en dos manzanas alrededor de su domicilio en busca, entre otros elementos, del proyectil disparado por los captores la noche del secuestro de la víctima. Asimismo dijo que durante el mismo período sus padres recibieron una llamada telefónica en la que se los instaba a dejar de dar vueltas porque de otra forma les iban a colocar una bomba en el auto, en alusión a las gestiones realizadas para dar con el paradero de su hijo y, en particular, por las recorridas que hacían por el camino La Carrindanga.
Estos episodios marcan una lógica común con los casos de López y Voitzuk respecto a la extensión del aparato criminal sobre las familias de las víctimas mientras ellos estaban en cautiverio.
Otro caso es el de Emilio Rubén Villalba. La víctima ha fallecido, eso se acreditó con el correspondiente certificado de defunción, en virtud del cual el tribunal dispuso la incorporación por lectura de sus declaraciones.
El nombrado fue secuestrado el 27 de diciembre de 1976 alrededor de las 22:30nhoras en su domicilio correspondiente al departamento 9 bloc G manzana 3 del barrio Rosendo López, por tres individuos armados vestidos de civil que se identificaron como integrantes de una fuerza policial quienes encerraron a su esposa en la baño, vendaron al a víctima y la introdujeron en un vehículo y la condujeron a La Escuelita donde le sustrajeron su documento de identidad, una alianza y un reloj. El hecho está igualmente probado por el habeas corpus que presentó su esposa María Ester Trizzi en el que se efectuó un relato similar.
Del cautiverio la víctima mencionó que permaneció en La Escuelita en una habitación atado y vendado y atado por detrás hasta el 21 de enero del 77. Dijo que fue sometido a tormentos, en tres ocasiones fue sometido a sesiones de picana eléctrica. Contó también el careo al que fue sometido con Bambozzi y la exposición y colgamiento de pies y manos desde una viga hasta perder el conocimiento.
La presencia de Villalba se encuentra probada también por el testimonio de sus compañeros López, Aragón, Zoccali, Mengatto, Gallardo, Bambozzi, Petersen, Voitzuk, Roth y Carrizo.
Héctor Eusebio Herrero, rector de la ENET, dijo que luego de su liberación Villalba se encontraba muy lastimado con las muñecas lesionadas. También en este archivo de inteligencia de Petersen da cuenta de un compañero de cautiverio, mencionó la presencia de Villalba en el centro clandestino y que fue interrogado con relación a esta persona.
Con las testimoniales de Villalba, Bambozzi y Voitzuk quedan probadas las circunstancias de su liberación cuando fue retirado y conducido, junto a estas dos personas, para ser abandonado a orillas de la ruta 33 en un descampado en las inmediaciones de Tornquist.
Finalmente con relación a la documentación de inteligencia, Villalba registra también un legajo de antecedentes. La planilla de antecedentes es de marzo del 69 sin embargo sus antecedentes datan ya de mayo del 63 en el que se menciona la relación de un procedimiento en su domicilio y se menciona que investigaciones realizadas permitieron tener conocimiento que el causante sustentaría una ideología comunista y mantendría en su poder material de esa tendencia. Y dicen que luego de un procedimiento en su domicilio hallaron y secuestraron regular cantidad de material de propaganda comunista. Dicen que fue detenido y se le iniciaron actuaciones con intervención del juez federal en turno.
Otro de los casos es el de Alberto Lebed. También en este caso se incorporaron por lectura sus declaraciones debido a las secuelas que le dejó su cautiverio que le impidieron a Lebed prestar declaración en el debate. Su secuestro ocurre el 20 de diciembre del 76, fue realizado por un grupo de personas armadas y de civil que irrumpió violentamente en su domicilio de Entre Ríos 1351 amenazó con armas a sus padres y a su hermano, le colgó una capucha y lo introdujo en el centro clandestino La Escuelita.
El hecho está demostrado también por la declaración de su hermano Daniel Horacio Lebed y por el habeas corpus presentado por su padre Horacio Lebed en el que hizo un relato similar al que estamos mencionando. Su cautiverio en La Escuelita se extendió por aproximadamente treinta días en el transcurso del cual fue sometido a prácticas de torturas con aplicación de electricidad en el cuerpo y golpizas con objetos.
La permanencia en el centro clandestino está demostrada a su vez con las testimoniales de sus compañeros de cautiverio Mengatto, Petersen, López y Bambozzi. Su liberación se concretó luego de un período de alrededor de treinta días y con posterioridad a la liberación de otros de los alumnos de la ENET 1. Fue retirado del centro clandestino y llevado hasta un descampado detrás de la vía del barrio Palihue Chico donde lo dejaron abandonado.
Otro de los casos es el de Guillermo Pablo Gallardo. Él declaró en este juicio y relató que su secuestro tuvo lugar entre las últimas horas del 4 de enero del 77 y las primeras horas del día siguiente en las inmediaciones de su domicilio de Thompson 750. Dijo que ese día tomó conocimiento de inmediato por parte de su abuelo de que un grupo de personas armadas y a cara cubierta habían irrumpido en su domicilio mientras la víctima se encontraba ausente y que, tras un intento de dirigirse a su casa para luego comparecer voluntariamente a la policía junto a su padre y a sus cuñados fue interceptado por un grupo de personas que amenazó con armas a su padre, metió a la víctima dentro de un vehículo y lo condujo a La Escuelita.
El hecho ha sido demostrado además por la declaración de su cuñado Roberto Fernando Lufrancos durante el debate y la declaración de su padre Pedro Gallardo en la comisaría primera de la policía de la provincia de Buenos Aires y la declaración de su cuñado Juan Carlos Fernández el 20 del mismo mes en el marco del sumario policial iniciado a raíz de la denuncia de su padre. En todas ellas hay un relato similar con relación a la forma en la que fue secuestrado.
Asimismo existe documentación del a Dipba en la que se registró la denuncia de privación ilegal de la libertad de Guillermo Pablo Gallardo. Allí se señala entre otras cosas que la irrupción inicial en su domicilio ocurrió entre las 22:30 y las 24 horas del 4 de enero, mientras que la sustracción de la víctima también se concretó entre la 1:30 y 2 del día siguiente. También se agrega que el grupo de captores se trasladaba en dos vehículos.
El cautiverio de Gallardo en La Escuelita se encuentra acreditado por su testimonio en el que relató que estuvo cautivo allí por aproximadamente treinta días. Fue sometido a diversos tormentos, entre ellos golpizas, golpes con culatas de armas, atado a una cama, desnudo, con cortes en el cuerpo durante dos días, aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo y el suministro de un suero que adormeció sus extremidades. A su vez la permanencia en el centro clandestino está probada por los testimonios de López y Mengatto, quien relató las vivencias en común con la víctima como haber compartido la misma cucheta y la escasa comida suministrado. Se encuentra probado con los testimonios de Gallardo y de Mengatto que fue liberado luego de 15 días en horas de la noche. La liberación fue junto con Mengatto a quienes introdujeron en un vehículo y los abandonaron en la esquina de las calles Charlone y Malvinas.
La última víctima de este grupo de casos es Guillermo Oscar Iglesias, con su declaración en el juicio se acreditó que fue secuestrado el 27 de diciembre de 1976 entre la última hora de ese día y la primera del siguiente de su domicilio de Patricios 235 por un grupo de dos personas que le colocó una venda en los ojos, lo introdujo en un auto y lo trasladó a La Escuelita. El hecho está acreditado también por el habeas corpus presentado por su padre Francisco Iglesias en el que hizo un relato similar. Del mismo surge que la sustracción de la víctima habría ocurrido a las 00:45 del 28 de diciembre.
Estuvo en cautiverio en La Escuelita hasta la noche siguiente, vendado, atado y tirado en el piso. También se acreditó con su declaración los tormentos sufridos que incluyeron golpes y picana en el cuerpo. La presencia de Iglesias en el centro clandestino está demostrada asimismo por la declaración de Mengatto y por las constancias del documento de inteligencia de Petersen.
Sobre la liberación declaró que fue retirado del centro clandestino en horas de la noche del 28 de diciembre del 76, trasladado en vehículo y abandonado en las inmediaciones de su domicilio.
Hay seis alumnos de la ENET que compartieron también un cambio de modalidad en su cautiverio cuando una noche fueron sacados de La Escuelita y, luego de un simulacro de liberación, continuaron cautivos en dependencias del Batallón de Comunicaciones 181 en una oficina ubicada debajo de la oficina del jefe Mansueto Swendsen, cautiverio durante el cual también fueron sometidos a interrogatorios y torturas. Estas personas son Gustavo López, Petersen, Aragón, Zoccali, Roth y Carrizo. Ellos fueron retirados de La Escuelita alrededor de las 22 horas del 13 de enero del 77 en por lo menos dos vehículos, llevados hasta las inmediaciones del cementerio municipal donde fueron entregados a otro grupo militar a través de un escenario armado de falsa liberación. Tal como hemos visto ayer en los casos de Ruiz, Ruiz y Bohoslavsky.
López declaró que fue retirado junto a Roth en el mismo vehículo que se había utilizado para su secuestro. Fueron trasladados a la parte trasera del cementerio y abandonados junto a otro grupo de secuestrados trasladados en otro vehículo. Dijo que al minuto se hizo presente un camión del Ejército que tras abordar a las víctimas las condujo al Batallón de Comunicaciones 181 donde fueron encerrados en una celda preparada para seis personas con seis camas y seis toallas. López relató que una de las personas que participó de ese operativo era un militar joven que tenía una identificación. Era el subteniente Méndez. Los seis cautivos coincidieron en su relato en cuanto al momento en que los sacan del centro clandestino para abandonarlos en el cementerio. Esta secuencia de dejarlos en el cementerio y al minuto la llegada de otro camión y el traslado al Batallón de Comunicaciones. Obviamente coincidieron que esto no fue una liberación sino solamente un pase de manos para el ingreso al Batallón de Comunicaciones 181.
El carácter simulado de este operativo se encuentra probado a su vez por la declaración de Néstor Hugo Echeverri, conscripto con destino en el Equipo de combate contra la Subversión en la época del hecho. Mencionó la existencia de un operativo al que tuvo que concurrí manejando una ambulancia en las inmediaciones del cementerio local. Dijo que allí fueron abordados a ese vehículo cuatro o cinco chicos que se encontraban vendados. Agregó que tras el pedido de uno de los jóvenes le retiró la venda de los ojos pese a lo cual no podía ver. Frente a ello un suboficial le ordenó que se la colocara nuevamente, relató que en aquella oportunidad uno de los jóvenes relató que los que los venían a rescatar eran los mismos que los habían llevado anteriormente. Con ese relato se encuentra probada también la intervención del Equipo de combate contra la Subversión o Agrupación Tropas.
Ya en el Batallón fueron sometidos a interrogatorios con los ojos vendados en un lugar ubicado en el primer piso y permanecieron en cautiverio hasta el 21 de enero de ese año conforme surge de las declaraciones de las víctimas y la referida documentación de inteligencia. Tanto la habitación adaptada para recibir a seis chicos como el recorrido de la escalera hacia el primer piso y la ubicación de la sala donde los interrogaron fue reconocida por Gustavo López en la inspección judicial ordenada por el tribunal en dependencias del Batallón.
Petersen declaró que durante el período de encierro en el Batallón fue interrogado en dos oportunidades. El primero se efectuó con ojos vendados, dijo además que su familia tuvo conocimiento de su presencia en esa sede militar recién al segundo o tercer día de encierro. Este interrogatorio es el que consta en la documentación de inteligencia mencionada previamente.
Gustavo López también mencionó la existencia de interrogatorios hacia su persona con ojos vendados. Gustavo Aragón mencionó que en el segundo día de encierro fue interrogado, vendado en otra habitación del piso superior, oportunidad en la que declaró todo lo relatado al tribunal durante el debate. Zoccali declaró que en el Batallón de la sede militar a la que fueron trasladados fue sometido a encierro bajo custodia militar, también fue interrogado y permaneció incomunicado de su familia. Roth también dijo que fueron encerrados e incomunicados en un calabozo por aproximadamente seis días. Al día siguiente del traslado fueron interrogados por personal militar de inteligencia. Carlos Carrizo dijo que también fueron interrogados y obligados a suscribir un acta, dijo que en esa oportunidad relató lo que les había pasado.
El secuestro de los alumnos de la ENET y el cautiverio de un grupo de ellos en el Batallón de Comunicaciones fue reconocido por el imputado Mansueto Swendsen, en aquel entonces jefe de la unidad, en su declaración indagatoria durante el debate, luego agregó que los jóvenes fueron alojados en los calabozos de la guarnición. También en su declaración Alberto Taranto dio cuenta de ese cautiverio. Dijo haber revisado a los alumnos en dependencias de la unidad militar, observando en uno de ellos escoriaciones producto de haber estado atados. Agregó que previo a visitar a los alumnos el capitán Garimaldi, en aquel entonces jefe de la sección Sanitaria de la Compañía Comando y Servicio, le exhibió varias fotografías de los alumnos secuestrados obtenidas por personal de inteligencia que se infiltraba en las manifestaciones para tomar los datos de los participantes, cosa que tiene lógica si tenemos en cuenta las misiones que habían decidido realizar contra los supuestos infiltrados en la ENET la comunidad informativa local. Este aspecto coincide con lo declarado por Mansueto Swendsen quien dijo que la detención de los alumnos respondió a la existencia de información sobre los mismos en el Centro de Operaciones Tácticas que los vinculaba a actividades subversivas. Nuevamente la reunión de información de inteligencia.
Respecto del estado de salud de las víctimas con sus declaraciones testimoniales se encuentran acreditadas las condiciones de deterioro y delicadeza física en que se encontraban al ser llevados al Batallón. Todas ellas refirieron haber perdido entre diez y veinte kilos de peso y tener infecciones. El cuadro de mayor gravedad fue el de José María Petersen, la víctima contabilizó entre sus lesiones una herida aguda en el tobillo, una mano insensible y una herida en las cejas y la nariz. Gustavo López y Carlos Carrizo coincidieron en que su compañero estaba muy lastimado. López especificó que Petersen presentaba un corte grande en la nariz e irrupciones en la piel con infección. No obstante el estado de las víctimas, ninguna de ellas fue internada o trasladada a un sanatorio para su asistencia inmediata, siendo únicamente revisadas por un conscripto médico que incluso declaró haber ido por su cuenta tras el pedido de un familiar de uno de los cautivos.
En síntesis el operativo militar montado bajo la apariencia forzada de un rescate fue el método elegido para procurar el blanqueo de estas víctimas lo que surge como irrefutable a partir de valorar íntegramente todas las circunstancias probadas. Hay un dato más que no queremos dejar pasar por alto que tiene que ver con lo mencionado en la primera audiencia sobre la participación de ciertos sectores de la iglesia en la comisión de estos hechos. Los jóvenes que estaban alojados en el Batallón 181 eran visitados por un cura, quien de alguna forma trataba de calmarlos en ese lugar en vez de hacer lo que tenía que hacer que era denunciar esa situación.
Además de la prueba testimonial indicada precedentemente otros testigos dieron cuenta durante sus relatos del secuestro de los chicos de la ENET y su profesor como han sido Claudia Guerin, Nélida Deluchi, Alicia Partnoy, Carlos Sanabria, Oscar Meilán, Vilma Rial, Héctor Juan Ayala, Jorge Bertani, Eliseo Ricardo Pérez y Patricia Irene Chabat.
Le cedo la palabra al dr. Córdoba señor presidente.
Abogado defensor particular Mauricio Gutiérrez: Señor presidente, aprovechando el intervalo, se le puede pedir al colega de la Fiscalía que indique la caja o las fojas de la documentación sobre Petersen, sobre todo las actas de tortura y funcionamiento de la comunidad informativa que mencionó a lo largo de la exposición.
Juez Jorge Ferro: Sí doctor.
Fiscal Horacio Azzolin: La documentación de las reuniones de la comunidad informativa están agregados materialmente a la causa 05/07, si me da un tiempo prudencial como para localizar bien la ubicación le doy las fojas, y el resto de la información está en lo que tiene que ver con Petersen…
Juez Jorge Ferro: Doctor, hágalo llegar por secretaría y el señor defensor la puede pasar a retirar por allí y consultarla en sede de oficina.
Fiscal Abel Córdoba: Sigo el alegato fiscal con el caso de Claudio Collazos quien fue secuestrado en marzo de 1976, el 19 de marzo concretamente, sufrió una persecución política antes y luego también de su liberación. Sobre esos hechos él prestó declaración ante el tribunal oral.
Claudio Collazos fue secuestrado el 19 de marzo del 76 alrededor de las 6 de la mañana cuando se disponía a salir de su domicilio rumbo a su trabajo en la Municipalidad de Bahía Blanca. Identificó al grupo de secuestradores como personas con el rostro cubierto, lo golpearon, le taparon los ojos, lo encapucharon y luego la introdujeron en un automóvil y lo llevaron al centro clandestino La Escuelita donde fue sometido a sesiones de tortura con picana eléctrica e identificó entre sus interrogadores y torturadores a Santiago Cruciani a quien mencionó con el alias del Tío, lo que viene siendo corroborado por prácticamente todas las víctimas de que el suboficial del Destacamento de Inteligencia era uno de los principales interrogadores de ese lugar. Collazos una vez en el centro clandestino de detención reconoció a otras personas, algunas de ellas vinculadas también laboralmente a la Municipalidad de Bahía Blanca, quienes estaban secuestradas allí. Entre ella, Mercedes Orlando, quien había sido secuestrada en una búsqueda del Ejército por corroborar datos y perseguir a quienes habían logrado información en torturas durante diciembre y enero del 75 y 76, concretamente en el caso de Daniel Bombara. También Collazos identificó a Héctor Nuñez como otro de los cautivos en ese lugar y fue liberado el 25 de marzo del 76, es decir, después de haber dado el golpe de estado las fuerzas militares.
Además del propio testimonio de la víctima las circunstancias del hecho fueron acreditadas con los testimonios de Nuñez, Staeli, Montero y Brizola. Hay constancias documentales que no vamos a exhibir por una cuestión de tiempo para hacer más ágil la exposición pero consta que en inteligencia militar ya se lo comenzó a perseguir a partir de rotularlo como montonero. Lo mismo ocurre con la circulación que se da de inteligencia durante el transcurso del hecho donde se lo sindica como integrante de la OMP Montoneros y luego también, hay documentación de inteligencia en la que se da cuenta de su persecución en años posteriores, por ejemplo, si participaba en la inspección que la Conadep hizo al V Cuerpo de Ejército en el año 84, la inteligencia relevó ese hecho. En esa inspección de la Conadep participó Mansueto Swendsen como jefe de Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército y hay un reporte preciso de cada una de las actividades que esa comisión hizo en ese día, entre los cuales está Claudio Collazos, donde se informa lo que fue diciendo a los miembros de la Conadep durante esa visita, que había sido sometido a castigos físicos y psicológicos, que había sido secuestrado por varias personas en la calle Haití y Laudelino Cruz, es decir, la persecución continuo aun después y durante las actividades que se desarrollaron tendientes a revelar la verdad de estos hechos. También en el mismo informe son relevados Horacio López, Nelly Deluchi, Sergio Voitzuk y Emilio Villalba, el profesor de ENET.
Paso ahora a alegar el caso de Héctor Enrique Nuñez quien también declaró ante este tribunal. Fue secuestrado entre el 19 y 20 de marzo de 1976. Se desempeñaba en la Municipalidad de Bahía Blanca y mientras estaba trabajando en su oficina municipal fue un grupo de tareas a buscarlo, lo retiró del lugar y, a partir de allí, por algunos días permaneció desaparecido. Relató que una vez que lo sacaron de su oficina fue reducido en un automóvil, al llegar al Parque de Mayo lo hicieron agachar, a partir de ahí quedó con la visión bloqueada, fue encapuchado. Recuerda que el automóvil arriba del cual lo llevaban secuestrado tomó por el camino a La Carrindanga y al poco tiempo fue introducido al centro clandestino La Escuelita. Allí fue interrogado en numerosas oportunidades, sometido a torturas, golpeado. Los interrogatorios a cargo del personal de inteligencia versaban sobre su presunta pertenencia a Montoneros y también la vinculación constante que han tenido todas las víctimas al hecho Puente Casanova o Rojas y Papini.
Identificó a uno de los interrogadores como el Tío, se trata nuevamente de Santiago Cruciani quien actuaba bajo órdenes de Jorge Granada y, el propio Cruciani fue, la víctima vio al propio Cruciani, al Tío, entrando al Destacamento de Inteligencia que quedaba al lado del trabajo que él tenía en ese momento que era un banco. Es decir, se corrobora no solo que Cruciani era el interrogador sino que tenía presencia física en el Destacamento de Inteligencia pese a que los acusados lo han negado y dicen que era alguien absolutamente ajeno que ni siquiera pasaba por el Destacamento. Al contrario, las propias víctimas lo veían ingresar a las oficinas del Destacamento en calle San Martín o Chiclana.
La liberación de Héctor Nuñez se produjo el 24 de marzo luego del golpe de Estado en calle Terrada al 1600, allí fue liberado y luego tuvo que declarar en una comisaría por una denuncia que habían hecho allegados a él por su secuestro y allí tuvo que manifestar que no había sido torturado, lo que sencillamente explicó ante el tribunal que fue una medida de protección porque entendía luego de ser torturado que no estaba dado el contexto para denunciar los hechos y afrontar esa denuncia o los efectos posibles de esa denuncia.
Sobre las secuelas que produjeron estos hechos sobre su vida e integridad psíquica relató que nadie que haya vivido estas circunstancias puede olvidarlo y nada es igual a antes. Durante años la sensación de temor la llevé conmigo, fue un período oscuro que afortunadamente se terminó con el advenimiento de la democracia.
El secuestro, torturas, cautiverio y las secuelas en Nuñez fueron acreditadas por las declaraciones de Ofelia Camani, Nora Martínez, Néstor José González Gago, Claudio Collazos y la incorporación de las declaraciones de Mario Cucci y Humberto Rufini. Existe también documentación de inteligencia que lo sindica como uno de los blancos sobre el que actuaría la operación luego de ser registrado la inteligencia y lo sin=dican, al igual que ocurría con colazos, como perteneciente a la OMP Montoneros. De este modo está probado que Héctor Nuñez fue secuestrado el 19 o 20 de marzo del 76, trasladado y mantenido cautivo en La Escuelita, torturado allí insisto, hasta luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Paso a alegar el caso de Estela Clara Di Toto y Horacio Alberto López. Ellos fueron secuestrados el 7 de mayo de 1976 en su domicilio de Casanova 183, ambos declararon ante el tribunal. Ambos eran perseguidos por su militancia política. Estela Di Toto declaró que era delegada del sindicato de empleados municipales y afiliada al Partido Comunista. Horacio López era secretario del Partido Comunista y fue esa militancia, la que relevada por la inteligencia, determinó la decisión de los ejecutores de secuestrarlos y torturarlos.
El secuestro fue en horas de la noche, ejecutado por tres o cuatro personas encapuchadas que portaban armas de grueso calibre. Los secuestraron delante de su hijo pequeño, las víctimas explicaron las consecuencias que tuvo para la vida de esa persona haber presenciado el secuestro de sus padres y haber afrontado luego la desaparición de ellos. El operativo lo indicaron como rápido, muy efectivo, donde inmediatamente de reducirlos, les vendaron los ojos, los ataron y los introdujeron en un automóvil y luego de unos minutos de desplazarlos fueron ingresados a La Escuelita. Al llegar a ese lugar con las dos víctimas reducidas los separaron y a Di Toto, según ella declaró, la colocaron encima de una cama de elástico atada de pies y manos y allí comenzaron los interrogatorios. En el centro clandestino la fotografiaron y la siguieron interrogando. Percibió que en ese lugar había otras víctimas en su misma condición, sufrió en esos días torturas, simulacros de fusilamientos y también abusos sexuales que relató como un manoseo más que agraviante y dijo que si uno manejara el corazón, ella hubiera querido morirse en ese momento. Al día siguiente, a la madrugada fue liberada en el Parque de Mayo en cercanías del Comando V Cuerpo de Ejército.
Horacio López por su parte definió el lugar donde estuvo cautivo como una casona dentro de la cual nos separaron, me tiraron en una cama de hierro dijo, me esposaron al respaldar y para comer, dijo que era llevado hacia un lugar donde había otros cautivos. Estando secuestrado reconoció la voz de Luis Leiva, un dirigente sindical ferroviario que estaba secuestrado en esos días en La Escuelita, y manifestó que fue llevado durante el cautiverio afuera de la edificación a un cuarto más chico, tipo galpón donde se hacían los interrogatorios, lo cual corrobora las constataciones de los peritos que están actuando en los terrenos del V Cuerpo de Ejército.
Sufrió Horacio López simulacros de fusilamiento, también prácticas como la de tener que soportar que le pasen una rata por su cara y por su cuerpo estando atado. Luego de algunos interrogatorios también lo fotografiaron y López declaró que pudo ver a través de la capucha, hacia abajo, baldosas muy particulares con un dibujo tipo españolas, arabescas y mayólicas que coinciden también con los elementos encontrados en el predio del V Cuerpo de Ejército.
Fue liberado durante la noche, días después que su esposa y también en el Parque de Mayo. Las secuelas las definió como personales, psicológicas, laborales, acentuó la perdida de trabajo, la afectación a su hijo que tenía dos años cuando fueron secuestrados y que continua aun tratando de sobrellevar esas vivencias. También fueron acreditados estos hechos con la declaración de Juan Carlos Sotuyo, Miguel Ángel Castaño y las incorporadas por lectura de Luis Dolores Leiva y Dora Dolivo. En cuanto a las constancias documentales están agregados los legajos de Conadep de cada uno de ellos y la causa 256. La documentación de inteligencia previa del secuestro es variable, por un lado, la motivación la dan la inteligencia como necesaria dado que eran afiliados al Partido Comunista y en otras fichas, por ejemplo de pocos días antes del secuestro, a Estela Di Toto la catalogan como montonera, es decir, se trataba de una rotulación intencionada indistinta, en una u otra afiliación simplemente para operar sobre ellos. Ella está en la ficha sindicada como montonera y después en otra de las fichas hay una nómina de integrantes y simpatizantes de Montoneros en la cual también la incluyen junto con otras víctimas de la dictadura como María Luisa Buffo, Daniel Bombara, Pedro Coloma, José Néstor del Río, Daniel Hidalgo, Alicia Moretti, Cesar Giordano y Eduardo y Enrique Machi quienes también estuvieron en el centro clandestino La Escuelita. En otra documentación de inteligencia se la vinculaba a una organización comunista Poder Obrero. Igual que ocurrió con el resto de las víctimas la persecución sobre ella continuó incluso en democracia y hay documentación incluso del 87 recaba por la inteligencia donde seguían siendo objeto de persecución.
Sigo el alegato con el caso de María Felicitas Baliña. Fue secuestrada el 26 de julio del 76, tenía por entonces 23 años y se desempeñaba laboralmente como enfermera del Hospital Penna. En horas de la madrugada ese 23 de julio fue secuestrada en Irigoyen 252 sexto piso donde vivía, por un grupo de tareas que identificó como hombres de fajina con armas largas y cortas y en el mismo operativo fue secuestrada también otra persona de su edificio que luego conocería que se trataba de Cristina Jessene.
Baliña al ser secuestrada fue encapuchada y llevada al Batallón de Comunicaciones de Comando 181, allí sufrió torturas físicas y psicológicas durante el cautiverio, y otros padecimientos como ser obligada a permanecer de pie con los brazos en alto, fue encerrada en una celda custodiada por un soldado armado y con un perro, fue sometida a interrogatorios, tuvo que participar del reconocimiento de personas y amenazaba constantemente con ser pasada a la unidad penitenciaria y permanecer allí detenida un largo tiempo. Ella declaró que estas prácticas fueron una mortificación constante para sus vivencias y fue liberada el 11 de agosto del 76. Su liberación le fue anunciada por el jefe del Área 511 Argentina Cipriano Tauber, a la vez jefe del Batallón de Comunicaciones, y tres días después de su liberación, a fin de intentar volver a trabajar, Baliña solicitó una constancia de su privación de la libertad que le fue entregada por el propio Tauber. En consecuencia estuvo secuestrada 19 días y paradójicamente eso le originó sanciones en su trabajo del cual quedó suspendida preventivamente lo que pudo reparar luego con el certificado de Tauber. Esa constancia implica obviamente el reconocimiento expreso de la ilegalidad de la detención y la responsabilidad de la jefatura de área en estos secuestros. Esas constancias surgen del expediente administrativo del Ministerio de Salud donde tramitó esa consideración de la ilegalidad de la privación de la libertad.
Por su parte otras compañeras de cautiverio de Baliña declararon. Estrella Menna de Turata, José Partnoy, María Cristina Jessene y dieron cuenta del cautiverio de Baliña en ese lugar. En síntesis el secuestro quedó acreditado como así también lugar donde permaneció secuestrada.
Fiscal Horacio Azzolin: Vemos ahora el caso de María Cristina Jessene, que ya fue mencionada por el fiscal Córdoba, ella fue secuestrada el 20 de julio del 76 alrededor de las 17 horas en el domicilio de su tía donde se encontraba ocasionalmente en Irigoyen al 200 de esta ciudad. El grupo que realizó el operativo estaba conformado por personal del Ejército que había tomado el edificio. Cuando Jessene ingresó al departamento había cinco personas de civil quienes le pidieron que se identificara, tomaron el teléfono como realizando una consulta e inmediatamente le indicaron que tenían que acompañarlos. La condujeron a un vehículo en el que también llevaban a otra víctima que ella no conocía. Pasó unas horas en la unidad regional quinta y luego la llevaron al Batallón 181 en otro vehículo y con otra persona, todo el camino fueron apuntados con un arma por uno de los captores. Integrantes del Batallón de Comunicaciones estaban ya preparados para cuando llegaran y al bajar le cubrieron la cabeza con frazadas, ataron sus manos atrás y la ingresaron a un lugar que no pudo ver.
Allí la interrogaron y la torturaron, hostigándola con preguntas tales como de qué color era su bandera, al tiempo que le pasaban un arma por las manos. Luego la llevaron a otra habitación donde había una mujer embarazada que era Estrella Menna, cuyo caso ya vimos, a quien en una oportunidad retiraron del lugar y al regreso estaba muy mal sin que le contara que le había ocurrido. En esa sala estuvo cautiva durante seis días en que no volvieron a interrogarla ni le explicaron el motivo del secuestro. También estuvo allí cautiva Felicitas Baliña conforme explicó recién el dr. Córdoba. Esa sala era la del capellán del batallón como bien explicó Menna en la inspección judicial. Luego la llevaron a otra habitación donde nuevamente fue interrogada, esta vez por su participación política y gremial y la hostigaban para que diga por qué motivo estaba allí. En ese lugar estuvo dos días, luego fue liberada.
Durante el cautiverio el teniente coronel Tauber habló con ella en una oportunidad justificando el accionar militar contra el extremismo que quería cambiar el nombre de la Argentina. Recuérdese que los reglamentos militares definían la subversión o el extremismo como un enemigo indigno de la patria. Fue liberada desde el mismo Batallón 181 el 28 de julio del 76 en horas de la tarde, fecha que se encuentra acreditada con el certificado de detención extendido por Argentino Cipriano Tauber aportado a la causa.
Con el testimonio de su esposa Alberto Ferraris se acreditó que realizaron numerosas gestiones ante las autoridades de la unidad regional V y del Comando del V Cuerpo. También el padre de Jessene que había sido agente consular francés realizó gestiones, relató que ni el coronel De la Serna ni Vilas nos recibieron aunque sí lo hizo Suaiter, Departamento I Persona, quien les confirmó que Cristina estaba allí detenida e incomunicada. Los días de cautiverio fueron definidos por María Cristina Jessene como una tortura psicológica por la incertidumbre y el temor de que la mataran, estando cautiva sin saber el motivo lo que continúa desconociendo hasta hoy. El secuestro se acreditó también por la testimonial de la víctima y por las incorporadas por lectura de Antonia Gallota y de su madre Emilde Beatriz Mailia, testigos presenciales. El cautiverio se acreditó también con los testimonios de Estrella Menna de Turata, Baliña y Catalina Canossini.
En cuanto a la documentación de inteligencia producida y archivada por la Prefectura Zona Atlántico Norte obra un memorando del 7 de diciembre del 77 por el cual el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 181, teniente coronel Nil Lorenzo Blázquez, solicitaba al jefe de operaciones de aquella fuerza antecedentes de la víctima, muestra de la persecución desplegada contra ella y por supuesto el intercambio de información. Persecución que continúo después de su liberación. En ese momento hay que recordar que tanto Granada como Taffarel revistaban también en ese Destacamento de Inteligencia 181.
Quedó acreditado en definitiva que Jessene fue secuestrada el 20 de julio del 76 en el departamento de Irigoyen al 200 de Bahía blanca, que permaneció en cautiverio en dependencias del Batallón de Comunicaciones 181 donde sufrió tormentos y que recuperó su libertad el 28 de julio de 1976. En cuanto a la documentación se encuentra agregado un certificado del Ejército Argentino suscripto por Argentino Cipriano Tauber, teniente coronel jefe del Batallón de Comunicaciones de Comando 181 que certifica que María Cristina Jessene de Ferraris, libreta cívica que se menciona, estuvo detenida en el Batallón desde el día 20 de julio del corriente año hasta el día 28 de julio a las 18 horas del mismo año. Expedido el 28 de julio de 1976. También consta el pedido de antecedentes mencionado firmado por Blázquez, remitido al jefe de la Prefectura de Zona del Atlántico Norte sección de informaciones donde se pido los antecedentes de varias personas, una gran cantidad, la enumeración va por el 36 y sigue, en el número 32 y 31 está Cristina de Ferraris.
Pasamos al caso de Hugo Washington Barzola. Es un claro ejemplo de las tareas de inteligencia que se realizaban en forma permanente y exhaustiva sobre los cautivos y en relación a toda la información que obtenían durante los operativos en que arrasaban los domicilios de las víctimas. Es decir que además de hacer inteligencia para lograr nuevos secuestros eran de enorme valor los resultados del análisis efectuado sobre las pertenencias de los cautivos tal y como surge de las pautas de la comunidad informativa que hemos visto en el caso ENET. Tal como se indicó en el caso Sampini, el secuestro de Barzola integra una concatenación de casos a partir de secuestros, violaciones de domicilios en que los captores establecieron algún vínculo entre sí.
Barzola declaró en el juicio y dijo que en 76 era técnico en electrónica y trabajaba en el quincho de su casa del barrio Palihue de esta ciudad. Era radioaficionado. El secuestro se produjo en su vivienda una madrugada de julio del 76 alrededor de las 4 de la mañana. Un grupo de personas armadas y vestidas de civil lo introdujeron en un Opel K color azul y lo trasladaron encapuchado, en el piso del vehículo apuntándole con un arma en la cabeza. Pudo constatar que se dirigía al V Cuerpo por el trayecto realizado. Al descender fue trasladado por una persona hasta un lugar donde permaneció varias horas. Allí le ataron las manos atrás con alambre de fardo, fue golpeado y alcanzó a percibir un fuerte olor a formol. Llegó a escuchar el lamento de una mujer a quien le gritaban para que dijera la verdad y la mujer lloriqueaba. Posteriormente fue trasladado en un vehículo previo de sacarlo y sacarle un capuchón de yeso que le habían colocado en la cabeza. Al llegar pudo verificar que se encontraba en el Batallón de Comunicaciones 181, allí entregaron su documento al jefe de guardia y tuvo que esperar. Durante la espera pudo observar intenso movimiento en el lugar, vio salir a las personas detenidas en el retén de guardia que iban al baño, eran trece personas estimativamente. Vio también a los que estaban en la celda de castigo, parecían fantasmas atados con alambre de fardo.
Su cautiverio en ese lugar se prolongó por más de tres meses, observó allí los operativos militares ante los operativos en el partido de Villarino, donde fue secuestrado y luego trasladado Simón León Dejter, ayer relatamos el caso de Dejter y mencionamos también la existencia de un gran operativo en la zona. Hasta ese lugar lo llevaron, era como más de un centenar de secuestrados. Barzola relató que un día halló una tarjeta de identificación militar con la foto y el nombre del subteniente Gandolfo a quien reconoció como uno de los que participó del operativo de secuestro. Gandolfo era el por entonces subteniente Ricardo Claudio Gandolfo, quien se encuentra con elevación a juicio por este hecho. Sobre el secuestro dio cuenta también su esposa Nelly Beatriz Casalla, y su permanencia en el Batallón de Comunicaciones quedó acreditada con las testimoniales de Braulio Laurencena y Osvaldo Sfascia que fue quien le avisó a Casalla donde estaba su esposo. Durante y luego del cautiverio no recibió ninguna explicación ni se le formuló imputación alguna. Sin embargo, Barzola indicó lo que considera un posible motivo de su secuestro, su hijo llamado también Hugo Barzola, constaba en la agenda de Alejandro Mónaco y María Luisa Buffo, ambos fusilados en Entre Ríos, a quien había contactado para que le diera clases particulares a su hijo. El domicilio de Mónaco había sido allanado y esa agenda quedó en poder militar. Eso, más su condición de técnico en comunicaciones es lo que entiende que fue determinante para su secuestro. Nuevamente la conexividad entre los casos demuestra que todos los hechos tenían motivación en la persecución política.
La constancia documental que integra los elementos probatorios del caso son el legajo Conadep 7753 y la nota del 24 de agosto del 76 firmada por Osvaldo René Azpitarte y dirigida a la esposa de la víctima mediante la cual le hace saber que Hugo Barzola se halla detenido en el Comando V Cuerpo de Ejército. Esa nota está suscripta el 24 de agosto del 76, lleva el membrete del Comando del V Cuerpo de Ejército y dice "tengo el agrado de dirigirme a usted acusando recibo de su carta del 18 del corriente mes y año, en relación a lo solicitado, en la mismo llevo a conocimiento que su esposo Hugo Barzola se halla detenido en este comando de cuerpo en averiguación de antecedentes, firmado Osvaldo René Azpitarte, general de brigada. Tiene los sellos respectivos.
Fiscal Abel Córdoba: Continúo ahora el alegato con el acaso de Rudy Omar Saiz. En el año 76 cuando fue secuestrado trabajaba en la Dirección General Impositiva, estaba casado y tenía dos hijos según declaró ante este tribunal y fue secuestrado el 13 de julio del 76 alrededor de las 14 horas en Bolivia 195 de Tres Arroyos. Este secuestro fue ejecutado en presencia de su esposa y mientras terminaba el operativo de registro de su domicilio buscando documentación o elementos para inculparlo él fue detenido en un vehículo por personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. Luego de allí le vendan los ojos, lo esposan y lo entregan a dos personas que la víctima identificó como pertenecientes del Ejército apodados Laucha y Chamamé, que luego son mencionados por muchas víctimas en el centro clandestino de detención La Escuelita.
Fue llevado a la comisaría de Tres Arroyos tras ser secuestrado donde le tomaron una especie de declaración y permaneció en el calabozo hasta las cuatro de la tarde cuando en un vehículo donde había cuatro personas armadas fue trasladado hasta la unidad regional V de policía de Bahía Blanca en calle Alem al 700. Allí lo pasaron a otro vehículo y tras varias vueltas para desorientarlo lo llevaron a La Escuelita.
En este debate también declararon Elsa Smith de Pérez y Carlos Macías quienes eran vecinos de Saiz, presenciaron el secuestro, relataron el padecimiento de la familia durante el tiempo que Saiz estuvo desaparecido. Y en lo que hace a la permanencia de la víctima en el centro clandestino manifestó que fue llevado a un galpón, allí tirado en un catre y como el resto de las víctimas torturado e interrogado. También las acusaciones que hacían sobre él eran por una supuesta participación en la jefatura del ERP y permaneció continuamente tabicado y sujeto a amenazas de muerte. Estuvo cautivo en un lugar donde por su percepción estaba solo pero escuchaba en las salas contiguas que había más gente en esa condición. El 21 de julio del 76 fue trasladado en el baúl de un automóvil hasta Mar del Plata, según sus palabras ese trasladado aparentemente lo hizo el Laucha, en referencia a Julián Corres del Departamento II Inteligencia. Su cautiverio continuó en varias dependencias de Mar del Plata, conocidas por su integración al circuito represivo de la dictadura. En cuanto al daño causado por este hecho voy a referir las propias palabras de Saiz quien dijo que "creo que el ser humano tiene una gran capacidad de curación, yo me sintió mal, abatido, entristecido, mal ante el hecho irreparable" y acentuó no poder estar cuando falleció su madre y su cuñada. Acentuó en eso las vivencias más duras que tuvo que pasar pese a que había pasado por interrogatorios, torturas y demás.
El secuestro de Saiz queda probado por su testimonio y el brindado por sus vecinos. En la documentación de inteligencia está la secuencia de cómo, del quiénes ordenaron este secuestro, hay un parte de la inteligencia de la comunidad informativa donde se comunica en cada una de estas secuencias que quien ordenó el secuestro fue el comando de la Brigada X de Tandil. Allí es donde en ese parte se dice que la unidad regional IV comunicó esa orden de secuestro emanada del Comando X de Tandil, es decir el Comando de Tandil ordena el secuestro, la unidad regional IV la comunica y la consuma la policía de Tres Arroyos quien hace la inteligencia inmediatamente previa y consuma el secuestro. Luego dice este parte, "puesto en conocimiento de esa detención el Comando V Cuerpo de Ejército, en virtud de que la orden era trasladar el detenido a Tandil en cumplimiento de la orden de la X Brigada, desde dicho cuerpo -es decir desde el V Cuerpo de Ejército- se ordena que Saiz debe ser dirigido a ese comando". Circunstancia que se lleva a cabo a las 20 horas del día 7. Esto nos da clara cuenta de la supremacía del criterio de las autoridades de Bahía Blanca aun fuera del Área 511 o de la Zona 5, se trata de un operativo desarrollado en el I Cuerpo de Ejército.
Luego hay otro de los documentos de carácter secreto donde el subcomisario de Tres Arroyos comunica de manera secreta el 7 de julio del 76, es decir, el día del secuestro… esta es la documentación que en el documento anterior se decía del V Cuerpo, aquí está el destinatario personal de esta comunicación y no es otro que el jefe del Área militar Bahía Blanca teniente coronel Schiavone. Schiavone en ese momento revistaba en el Comando 181 de Bahía Blanca, es decir, una prueba más de que la jefatura tenía asiento en ese lugar. Allí se le comunica al jefe del Área militar 181, insisto, del Batallón de Comunicaciones 181 que ante el pedido de la X Brigada de Tandil se procedió a secuestrar a Saiz. Incluso menciona quienes fueron los autores del secuestro, quienes participaron, una serie de policías, lo cual da cuenta de que la información aun clandestina está en manos de los autores y dan detalles personales de quién fue el secuestrado: la edad, la altura, que usa anteojos, un detalle absolutamente exhaustivo de cada una de las particularidades de la víctima. Y en el caso de Schiavone, es interesante, si uno ve el legajo acompañado a la causa, revistaba en el Batallón 181 en la Compañía a cargo del capitán Otero que fue quien secuestró a Gatica, Castillo y Fornasari, es decir, se trataba de alguien abocado a la lucha contra la subversión desde su función en el Batallón 181. Y si uno repasa el legajo de Schiavone ve que estuvo en la lucha contra la subversión durante la jefatura de Tauber, continuó una vez que Mansueto alteró la orgánica del Batallón de Comunicaciones 181 e introdujo secciones antisubversivas en cada una de las compañías en las cuales se organizaba el Batallón; una vez que Mansueto incorporó cada una de las secciones antisubversivas Schiavone quedó en ese mismo destino y el 14 de febrero de 1977 siguió abocado a la lucha contra la subversión y pasó a revistar en el Operativo Independencia, en la lucha contra elementos subversivos según consta en su legajo en la sección comunicaciones. Es decir, acá tenemos en un caso documentado la coordinación y el despliegue territorial y la imposición del criterio del Área 511 por sobre, incluso, unidades ajenas a lo que podría llegar a ser su territorio. También se agregó a la causa el legajo administrativo de Saiz ante la AFIP porque fue sancionado por la ausencia durante los días que estuvo secuestrado y en la cual consta una documentación firmada por Alberto Pedro Barda, donde reconoce que estuvo a disposición de autoridades militares la víctima. Luego ese sumario continúa con una suspensión preventiva pero prueba que también desde la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 se intervino en ese caso en lo que hace a la permanencia de la víctima en Mar del Plata.
Fiscal Horacio Azzolin: Señor presidente sigo con el caso de Braulio Laurencena. Laurencena era uno de los cesanteados de la UNS, Universidad Nacional del Sur, durante la intervención de Remus Tetu. Según relató en el juicio el motivo de la cesantía fue que le atribuían la condición de subversivo y vamos a ver que eso fue así, que le atribuían esa condición y ese fue el motivo de su suspensión. Su militancia política que el testigo relató de izquierda fue la causa de la persecución y su secuestro. Y en esto nuevamente una mención acerca de la persecución y la inteligencia que se hizo en la Universidad Nacional del Sur, como se hizo en otras universidades del país, uno de los objetivos de las actividades de inteligencia y de acción psicológica conforme surge de los anexos de las directivas 1/75 y 404/75 que hemos mencionado el primer día de alegato, uno de los blancos eran las universidades y fundamentalmente las supuestas infiltraciones. Los interventores tenían como misión la detección de los infiltrados o supuestos infiltrados, más allá de que también había operativos de inteligencia trabajando entre los claustros de alumnos, porque se actuaba desde dos lugares: primero detectar los supuestos infiltrados o las personas que tenían una ideología que ellos consideraban subversiva entre el alumnado y también desde el claustro docente. Hay documentación relevada a lo largo del país de esto, recientemente se ha encontrado por ejemplo documentación de la universidad Nacional de Salta documentación relativa a cómo los civiles y militares compartían información de inteligencia para hacer una depuración ideológica de la universidad y lo mismo vamos a ver, está documentado, que pasa en la Universidad Nacional del Sur.
Es interesante de la Universidad Nacional del Sur cómo la información acerca de quiénes habían hecho tareas de inteligencia llega hasta nuestros días. El año pasado con motivo del fallecimiento del Laucha Corres hasta las redes sociales mencionaban su actuación como infiltrado en la UNS haciendo tareas de inteligencia, obviamente en este caso no eran menciones peyorativas sino todo lo contrario, cuando Cecilia Pando en su muro de facebook se lamentó por el fallecimiento de Corres, uno de los comentarios que hizo a raíz -es un muro que está abierto a todo el público que tenga intenciones de meterse a sacar información- uno de los comentarios que hizo sobre el pobre Corres es que lo habían mandado a hacer tareas de inteligencia en la Universidad del Sur para buscar infiltrado. Por lo cual, por todos lados surge esa información.
Vamos al caso Laurencena. Él fue secuestra el 18 o 19 de agosto del 76 en horas de la mañana en su domicilio de Moreno 45 de esta ciudad. Un grupo de unas doce personas integrados por oficiales del Ejército armados y acompañados de tropa irrumpió en su domicilio manifestando que tenía órdenes de revisar sus propiedades y pertenencias. Luego de requisar su domicilio lo llevaron al barrio Palihue donde él tenía una casa en construcción del que también vio que sacaban cajas de allí. Al grupo de oficiales que lo habían conducido hasta el lugar se sumó luego el mayor Palmieri de Registro y Enlace del Estado Mayor del V Cuerpo que estaba antes que Delme. Luego de unas horas fue trasladado al V Cuerpo donde se le informó que quedaría detenido mientras era investigado.
Estuvo privado de su libertad e incomunicado en el Batallón 181 aproximadamente 30 días sin ser interrogado. Durante la inspección ocular realizada durante el debate Laurencena reconoció la guardia, los calabozos, y las dependencias del Batallón de Comunicaciones 181 en las que estuvo cautivo. Durante su cautiverio su esposa María Sebastiana Arozarena fue citada a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal y al Comando V Cuerpo en varias oportunidades donde también fue interrogada. Eso demuestra nuevamente cómo se hacía persecución sobre familiares de las víctimas mientras ellas eran probadas de su libertad.
Laurencena dijo en su testimonial que en el Batallón de Comunicaciones estuvo en su misma condición Hugo Barzola secuestrado por personal de dicho Batallón. Laurencena recuperó su libertad el 6 de septiembre del 76 sin haber recibido explicaciones sobre su secuestro.
Al poco tiempo de quedar en libertad el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez lo citó para reintegrarle algunas de las pocas pertenencias que quedaron de la sustracción realizada en su domicilio. En esa oportunidad hablaron sobre su situación manifestándole Páez su gran preocupación sobre lo sucedido y sobre su futuro. Por las respuestas recibidas de parte de Páez Laurencena percibió que ya había sido investigado y que ya no corría nuevos riesgos por lo que decidió no irse del país.
Lo que podemos concluir de esto es que Páez tenía poder suficiente como para dirigir hacia quiénes iban los operativos y fundamentalmente hacia quiénes no iban a ir más los operativos. En el caso de Laurencena Páez le habría dado seguridades a él de que contra él no se realizarían más acciones después. Hemos visto que incluso de personas que estuvieron privadas de su libertad y después fueron liberadas, los operativos y la persecución siguieron. En el caso de Laurencena no, justamente después de haber conversado con Páez.
Las documentaciones que integran el caso se nutren con el legajo Conadep 7619 y con la información de inteligencia que se cuenta respecto de Laurencena, ahora vamos a ver en pantalla alguna. Aquí tenemos un memorando que está fechado el 20 de mayo del 76 donde se da un detalle de las actividades de la Universidad del Sur, el inicio de clases, ciertas membretes que se habrían pegado en contra de las fuerzas armadas, la mención de grupos de izquierda que si bien ilegales y aparentemente desmembrados mantienen cierta fuerza de reacción en la universidad. Hay un listado de cesantías entre los que se encuentra Laurencena y después, fundamentalmente, hay otra mención de profesores comunistas entre los que está Braulio Laurencena. Este fragmento de documento integra un documento mayor que es una especie de vademécum de la universidad, donde están todos sus profesores, a qué se dedican y qué se yo, y fundamentalmente hay una mención de los estudiantes comunistas, los estudiantes trotskistas, los profesores comunistas, etcétera. Laurencena tiene varias fichas en la Dipba, ayer hablábamos de cómo las fichas remitían a legajos. Es interesante que Laurencena es mencionado como revisor de cuentas del Comité Socialista de Bahía Blanca, prensa de la agrupación reformista universitaria de la UNS en otra ficha, consejero de la FUS en otra ficha. Y fundamentalmente en otra ficha, y esto tiene que ver con cómo seguía la inteligencia ya en democracia, Laurencena aparece en los antecedentes sociales como firmante de una solicitada de rechazo al pedido de cesantía del fiscal de Cámara Hugo Cañón del año 90. Los antecedentes de él siguen en el 91 donde se lo menciona mesa Anticomunistas Carmen de Patagones y sigue apareciendo en legajos en el 91, en julio y noviembre. La inteligencia sobre él siguió hasta esa fecha. Recordemos que la Dipba fue disuelta recién en el 98 y siguió haciendo inteligencia hasta ese momento.
Juez Jorge Ferro: Señor fiscal, ¿terminó el caso? Hacemos un cuarto intermedio de 15 minutos.
(Cuarto intermedio).
Juez Jorge Ferro: Señor fiscal continúe.
Fiscal Abel Córdoba: Continúo con el caso de Nélida Deluchi. Ella fue secuestrada el 5 de agosto del 76 a las cinco de la mañana aproximadamente en el domicilio de Pasaje Podestá 1017 de Bahía Blanca donde vivía junto a su madre y sus hijas Adriana Claudia y Axel Guerin, todos testigos del secuestro. El grupo de tareas irrumpió en ese momento, se identificó como policía lo cual es una nueva muestra de la función policial de las fuerzas armadas en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. Eran aproximadamente cinco personas de civil armadas, uno de ellas a cargo del operativo que ordenó que revisaran y buscaran todos los papeles en ese lugar.
Una vez que este operativo comenzó ella fue secuestrada y sacada por la fuerza de su hogar y le dijeron que iba a tener que ir a declarar a la comisaría. La familia quedó encerrada dentro de su casa y una vez que ella fue subida a un vehículo la redujeron, le taparon la cabeza con una capucha y allí comenzó el recorrido que la llevaría hasta el centro clandestino La Escuelita.
Al ingresarla al centro clandestino lo primero que hicieron sus captores fue desnudarla, la ataron a una especie de elástico o camastro, le colocaron una toalla en la boca y empezaron a interrogarla y torturarla insistentemente preguntándole por su nombre de guerra y amenazándola con que la próxima que iría a ese lugar iba a ser una de sus hijas. Luego de iniciada esa sesión de tortura Deluchi declaró que perdió el conocimiento y al despertarse se encontraba en otra habitación, ahora vendada y atada con una soga a una cama.
En otra de las sesiones de tortura los interrogadores la inquirían sobre las actividades de sus compañeros de trabajo en la Caja de Crédito Bahiense que como se ha descripto ya, era uno de los blancos de la represión. Otra de las actividades que interesaba a los interrogadores era la participación de Deluchi en grupos de teatro, lo cual también coincide con otros casos como Morán por ejemplo. El interrogador a cargo de estos interrogatorios era el Tío Santiago Cruciani del Destacamento de Inteligencia.
Durante el cautiverio sufrió además de esas torturas otros padecimientos como tener que escuchar los gritos de otras torturas, golpes, permaneció tirada durante varios días con prohibición de hablar, sujeta al criterio de las guardias que le imponían un régimen de tormento. Padeció también el ataque, el simulacro de ataque al lugar, lo cual fue un despliegue de la propia guardia y de los interrogadores de ahí que disparaban armas de fuego adentro del centro clandestino y dio cuenta ella de que pudo ver debajo de la venda que había muchos cautivos tirados en el piso y, en partículas, vio a una chica joven embarazada que era Graciela Izurieta. También dio cuenta de que allí estaban Cristina Pedersen y los secuestrados Amaya y Solari Irigoyen. Tras casi un mes de cautiverio y torturas el Tío le dijo que la iban a liberar.
Este caso cuenta también con la acusación de lesiones gravísimas porque a causa de las torturas ella resultó con una incapacidad física y psíquica y sufrió dos intervenciones quirúrgicas. Una por las afecciones renales que está acreditado en la causa con su historia clínica y también por colapso uterino, que es cuando el útero cae hacia el canal de parto producto de la violencia ejercida sobre la pelvis de la víctima. Esas eran las actividades del Ejército Argentino y del Destacamento de Inteligencia y del Departamento de Inteligencia sobre el cuerpo de las víctimas, lo cual está bastante lejos de ser una actividad como han esbozado los acusados de un conflicto internacional con Chile. Esa era la actividad concreta, atacar la corporeidad de las víctimas y destrozar incluso sus órganos hasta dejarlos incapacitados.
La liberación de Nelly Deluchi fue el 30 de agosto del 76 alrededor de las 22 horas. El propio Cruciani la retiró del centro clandestino y la llevó hasta su casa diciéndole que al otro día le iban a llevar el documento. Lo que también cumplió personalmente el suboficial del Destacamento de Inteligencia. Esto también coincide con el caso Bombara donde también el DNI estaba en el Destacamento de Inteligencia. Durante el cautiverio había perdido 15 kilos [por las torturas, apenas podía caminar, tenía los pies hinchados y la hija de Nélida Deluchi describió el estado en que llegó a su casa.
Una vez que fue liberada siguió sujeta a una modalidad de tortura sostenida que consistía en la irrupción en su domicilio constante durante mucho tiempo de guardias del centro clandestino que iban a su casa y relataban lo que seguían haciendo en La Escuelita. Chamamé por ejemplo, que fue identificado como Felipe Ayala, o Zorzal que es Arsenio Lavayén. Estas personas, Chamamé en concreto, le relataba lo que habían hecho con otros cautivos, le contaba que estaban secuestrados los chicos de la ENET y que también le llevo una vez una foto en la que se ven militares con ropa de esquí y le dijo Chamamé que uno de ellos se había llevado a uno de los chicos nacidos en cautiverio en La Escuelita. La mención a que había chicos de la ENET secuestrados para Deluchi tenía una dimensión especial ya que su propia hija había estudiado en ese lugar y a partir de eso tuvo que esconderse para resguardar su libertad y su vida.
Las gestiones para dar con el paradero de Nélida Deluchi estuvieron a cargo de Claudia Guerin que en ese momento tenía 14 años y tuvo que afrontar la búsqueda de su madre, según ella dijo, ser la madre de su madre que había quedado, una vez que logró encontrarla, había quedado destrozada. Llegaron al V Cuerpo junto con la madre de Nélida Deluchi y vio allí, Claudia de 14 años, el nombre de su madre entre muchos otros nombres, insistió en hablar con Azpitarte hasta que apareció un teniente coronel encargado de dar las respuestas a las familias y de acallar esos reclamos, quien la maltrató y a los gritos la sacó del V Cuerpo. Insisto, tenía 14 años Claudia en ese momento. Y cuando su madre ya había sido liberada en el domicilio de la víctima llegó una nota firmada por el comandante de zona del V Cuerpo, quien les informaba que no estaba detenida en ese lugar.
En esas gestiones también fueron a la curia los familiares de Deluchi y hablaron con monseñor Mayer quien tampoco dio ningún tipo de respuesta. En cuanto a la prueba del caso están, además de los testimonios de Nélida Deluchi y el de Claudia Guerin, el de Cristina Pedersen, se incorporó también por lectura el de Juana Villafain, madre de la víctima; y con los certificados médicos se encuentran acreditadas cada una de las circunstancias traumáticas que persisten hasta el día de hoy por las cuales ella no está en condiciones de prestar testimonial.
Obran también documentos de inteligencia donde se la ha perseguido luego de los hechos incluso en esa inspección de la Conadep y también los memorandos sobre la Caja de Crédito bahiense que fueron referidos en el caso de Furia.
Se encuentra en síntesis acreditado entonces que Nélida Deluchi fue secuestrada alrededor del 5 de agosto del 76 en su domicilio, estuvo secuestrada en La Escuelita donde fue torturada, donde a causa de cuyas torturas sufrió lesiones gravísimas y fue liberada alrededor del 30 de agosto del 76en su domicilio y luego de liberada, sometida a un constante tormento de ver a los guardias de La Escuelita ingresando a su domicilio de modo constante y continuando con la presión dictatorial sobre la víctima.
Relato ahora el caso de María Cristina Pedersen. Era al igual que María Felicitas Baliña enfermera del Hospital Penna, había sido delegada del sindicato de salud pública y tenía participación en asambleas y movilizaciones sindicales. Su secuestro se produjo el 4 de agosto del 76 en el domicilio de Casanova 414 alrededor de las 6 de la mañana. Durante el debate declaró Elvira Elfen quien dijo que antes del secuestro ella misma fue secuestrada para arrancarle el lugar donde podría estar María Cristina Pedersen. Es decir, se trata de un secuestro que es derivado de otra actividad operativa y de inteligencia inmediatamente previa. El operativo estuvo a cargo de un grupo de más de diez personas vestidos de fajina verde que portaban armas largas y cortas y a cargo de un hombre de aproximadamente 40 años que nuevamente se identificaba como policía.
Luego de ser secuestrada y reducida fue ingresada al centro clandestino La Escuelita donde estuvo cautiva alrededor de 40 días. Al llegar a ese lugar ni bien fue ingresada, lo primero que hacen es aplicarle electricidad como para que, según le dijeron, sepa lo que era estar ahí. Estuvo en una de las habitaciones de La Escuelita donde pudo comunicarse con quien estaba ubicada en el camastro debajo de ella que era Graciela Izurieta. Pedersen relató que Izurieta estaba embarazada y la habían torturado mucho por lo que temía Izurieta por la vida de su hijo que estaba por nacer. Pedersen llegó a ver por debajo de la venda que había gente tirada en el piso y dio cuenta de la presencia en ese lugar de Zulma Matzkin, a quien dijo que le decían la Turquita, al matrimonio Mercero Sotuyo, a él lo vio agonizando en el piso y luego no lo escuchó más y a su esposa, a quien en ese lugar apodaban la liebre, dijo que la habían torturado mucho en La escuelita. También manifestó que había una chica que la habían secuestrado en Mar del Plata, se trata de Cristina Coussement y también percibió que estaba allí Nélida Deluchi a quien en una sesión de tortura, declaró, la habían golpeado mucho en las piernas. También vio allí a Solari Irigoyen y a Amaya a quienes, dijo, habían traído desde Viedma.
También fue sacada de La escuelita, llevada a un galpón donde fue interrogada y fotografiada y fue interrogada por la actividad de otras enfermeras como por ejemplo Felicitas Baliña. La noche antes de ser liberada el Tío Cruciani la interrogó sobre una persona de apellido Lorenzo y le preguntó si lo conocía porque era de Necochea igual que ella, lo cual corrobora que la actividad de inteligencia iba cercando cada una de las víctimas. Entre los interrogadores refirió a Cacho y al suboficial del Destacamento de Inteligencia Cruciani, también al del Departamento II Corres, a quien identificó como Laucha. Identificó guardias del centro clandestino y dijo que en alguna de las oportunidades estos guardias le permitieron quitarse la venda y llegó a percibir que el lugar era amplio, que estaba en penumbras y que había mucha gente vendada, es allí cuando vio nuevamente a Izurieta.
La liberación fue el 10 de diciembre del 76, antes de ser liberada el Tío la volvió a interrogar y quien la llevó en un vehículo se identificó como Laucha nuevamente.
Las gestiones de su familia y entorno para dar con ella incluyeron un habeas corpus que fue rechazado por improcedente por el juez federal Guillermo Madueño con imposición de costas por el gasto que le insumía la familia a la justicia tramitar un pedido de búsqueda de la víctima o de salvar el cuerpo de la víctima. Y la prueba testimonial también se integra con la declaración de Héctor y Aníbal Montero.
Sobre las consecuencias la propia enfermera Elfen, a quien ya he referido, declaró que estaba muy mal la víctima luego del cautiverio al punto que nunca más regresó a Bahía. La propia víctima declaró que la experiencia del cautiverio y las torturas la afectaron toda la vida y que la tortura psicológica fue sufrida del principio a fin de su cautiverio. Obra también en la causa documentación de inteligencia donde se informa que, donde la inteligencia da con un panfleto firmado en los días de su desaparición, donde un grupo político PCR denunciaba el secuestro de la enfermera y esos panfletos son detectados por la inteligencia e incorporados inmediatamente a las fichas de seguimiento pese a que se trataba de una actividad de búsqueda durante el cautiverio de la víctima. También hay un informe fechado el 11 de agosto del 76 donde la inteligencia a partir de esos panfletos empieza a chequear diferentes datos y mencionan como fuente de información utilizada a los propios familiares. Es decir, ahí tenemos el funcionamiento de la inteligencia sobre los familiares que en la desesperación de dar con el paradero de, en este caso, María Cristina Pedersen, brindaban información y esta información destinada a dar con ella era incorporada por la inteligencia de la propia fuente de la familia. No había límite alguno para la recolección de datos en ese momento.
Fiscal Horacio Azzolin: Continúo señor presidente con el caso de Manuel Vera Navas, él era ciudadano español, militante del partido Comunista y al ser secuestrado era empleado ferroviario y militaba en el gremio. Sobre el ámbito ferroviario ya vamos a ver que existe documentación que acredita las directivas que había dado el propio Adel Vilas para que se le informe al Ejército sobre los hechos relacionados con la subversión en ese ámbito.
Vera Navas fue dejado cesante el 4 de abril del 76 invocando la Ley de Prescindibilidad por razones políticas. El 3 de noviembre de ese mismo año en horas de la noche fue secuestrado de su domicilio particular en presencia de su padre, su esposa y sus hijos y todos fueron golpeados y amenazados mientras se realizaba la vivienda. Luego fue introducido en el piso de un vehículo y atado con las manos en la espalda. Tras un recorrido de 40 minutos aproximadamente lo llevaron hasta el centro clandestino La Escuelita, Vera Navas conocía la existencia de este lugar y por eso pudo identificarlo fácilmente.
Allí fue sometido a todo tipo de torturas, golpes, simulacros de fusilamientos, amenazas continuas, insultos. Fue interrogado con sesiones de torturas y estaqueado a un elástico. Vera Navas fue liberado tres días después de su secuestro. Él mencionó sus secuelas, dijo que estuvo mucho tiempo muerto, el mayor daño que se le causó es el que se le irrogó a su familia.
El secuestro de Vera Navas también se acredita con el testimonio de su esposa Blanca Ruiz quien relató las circunstancias al momento en que este grupo de personas irrumpió en su domicilio y el maltrato que hicieron., y también mencionó que realizó gestiones en comisarías, en la delegación de la Policía Federal y en la Regional Quinta de la Policía de la provincia de Buenos Aires y también ante el consulado de España para lograr la liberación de su esposo. En una oportunidad, cuando estaba en la dependencia de la Policía Federal le dijeron que no vuelva ahí, que vaya al Batallón 181 donde había un lugar llamado La Escuelita. Con estos elementos tenemos por acreditado el secuestro y la privación de la libertad, las torturas y la posterior liberación de Vera Navas.
En matera de documentación contamos con el legajo de Conadep 7620 y con la documentación de inteligencia sobre la víctima en la cual mencionamos un parte con relación a la denuncia que hace la esposa de Vera Navas por la desaparición del nombrado y en este caso lo que se hace es relatar la existencia de la denuncia y adjuntar para mayor información los antecedentes de la denunciante, es decir la esposa de la víctima, y de la propia víctima. Los dos tenían registrados antecedentes por supuestas actividades comunistas. El caso de Vera Navas se deja constancia de su cesantía y en el caso de Blanca Ruiz la constancia es una supuesta participación en una manifestación política en el año 59. También se cuenta con documentación de la Prefectura Naval Argentina de Bahía Blanca de donde surge como antecedentes su cesantía en el ferrocarril y también está fichado en la Dipba en la mesa Delincuentes Subversivos., en la mesa DS.
Pasamos ahora al caso de Mirna Aberasturi, ella fue secuestrada el 26 de febrero del 77 a las dos y media de la tarde cuando un grupo de personas irrumpieron en su domicilio de la calle Pueyrredón 642. Fue inmediatamente interrogada por su amiga Patricia Acevedo al tiempo que le inquirieron sobre el domicilio de esta y el paradero. Los interrogadores tenían fotos de Patricia Acevedo a quien pocas horas después mataron.
Una vez que Aberasturi fue llevada a La Escuelita, allí la siguieron interrogando sobre Acevedo. Claramente la información sobre el paradero de Acevedo fue una de las motivaciones para su secuestro. En cuanto al cautiverio ella permaneció tres días en La Escuelita, centro clandestino que conocía debido a la existencia de otros secuestros y liberaciones que hacían referencia a ese lugar y corroboró el lugar donde estaba La Escuelita porque los guardias hacían referencia a un hotel alojamiento cercano.
Ella padeció torturas físicas y psicológicas, entre ellas podemos destacar, permanecer atada y vendada, ser constantemente vigilada por los guardias con la prohibición expresa de ver y hablar, en una oportunidad que se le corrió la venda vio un compañero de cautiverio atado a una cama, desnudo y en muy mal estado. Oyó las burlas que le hacían a una compañera de cautiverio sobre el ataque sexual que le habían hecho antes. Fue obligada a hacer sus necesidades fisiológicas delante de los guardias y convertirse en objeto de sus ofensas. Y en el entorno descripto sufrir amenazas continuas de padecer torturas, violaciones y la incertidumbre sobre su destino. Al poco tiempo de ser ingresada a La Escuelita pudo escuchar por la radio que tenían encendida los guardias que habían matado a Patricia Acevedo. A partir de allí parecen desdibujarse las razones por las cuales Aberasturi estaba privada de su libertad. Igual siguió allí durante tres días y siguió siendo interrogada sobre su vinculación con Acevedo y a través de quién se habían conocido. Le mostraron fotografías de ellas. Y entre los interrogadores reconoció al apodado Laucha, Julián Corres.
La familia de Aberasturi durante el cautiverio realizó gestiones, planteó un habeas corpus que fue tramitado durante un mes y luego fue rechazado con costas. También se realizaron gestiones con monseñor Mayer por la madre de Aberasturi. Sobre esto nos dio cuenta en el debate Carlos Kaul quien también relató el estado emocional con el que Aberasturi fue liberada, por entonces ella tenía 22 años. También nos contó en el debate la desesperación que tuvo toda su familia durante su cautiverio. Ella fue liberada el 28 de febrero del 76 cuando la llevaron en un auto, durante el trayecto le hicieron sacar la venda y no se atrevió a mirar a sus captores y la abandonaron en la esquina de su domicilio.
Luego de ser liberada siguió siendo perseguida. Recibió un llamado intimidatorio de una persona que dijo ser uno de sus secuestradores.
Entre la prueba que tenemos del caso, está el expte. 184 del Juzgado Federal de Bahía Blanca que es el habeas corpus. Y tenemos en la documentación de la Dipba una ficha que indica la fecha de su detención, el 26 de febrero del 77, entre sus antecedentes y además en la ficha de la Dipba figura entre los antecedentes sociales de Aberasturi "secuestrada".
Le cedo la palabra al dr. Córdoba que continúa con la exposición.
Fiscal Abel Córdoba: Con el caso que acaba de agregar el dr. Azzolin hemos terminado con los casos de liberaciones. Previo a pasar a los casos de homicidio la Fiscalía va a resaltar una especie de tormento que sigue, que estuvo latente en todas las declaraciones. Tiene que ver con un tormento especial que asumen las víctimas que han sobrevivido al terrorismo de Estado y tiene que ver con la culpa que queda en ellos. El fenómeno de la culpa en el sobreviviente es un fenómeno que se podría considerar de raíz teológica a partir de la civilización judeocristiana y que se observa incluso en situaciones por fuera de hechos de terrorismo. Es decir, la persona sobreviviente que asume la responsabilidad por los que no sobrevivieron se ve en hechos como accidentes pero en el caso del terrorismo de Estado, a partir del decisionismo absoluto de que unos tenían que sobrevivir, otros iban a morir, otros iban a desaparecer y esa decisión no estaba sujeta a posible deducción racional, ese fenómeno enfatiza la culpa que no reconoce causas reales. Y de esa culpa, desde esa culpa, y a esto está referida la alegación esta, quien no pasó por el terror, es decir los integrantes de la sociedad, construyen una sospecha sobre el sobreviviente de que sobrevivió porque traicionó. Es decir, la sospecha de que las personas sobrevivientes son quienes entregaron a sus compañeros es algo que pesa sobre las víctimas y que supone una construcción, insisto, que está enfatizada por el propio terrorismo de Estado a partir de ese decisionismo; supone un nexo de causalidad entre la sobrevivencia de las personas y las muertes que causaron los mismos autores que habían causado y decidido la muerte de unos y la continuidad de la vida de otros. Es decir, esa arbitrariedad también opera sobre el sobreviviente y también constituye una afectación del lazo social a partir del momento en que la persona ha sido liberada, que es una manifestación de la lesa humanidad.
El efecto es que estas personas acarrean esas culpas que vienen por un lado insisto de una raíz teológica a partir de un hecho incluso que puede ser un accidente pero que en el terrorismo de Estado quedan luego de haber sobrevivido expuestos, necesitados de dar explicaciones de por qué sobrevivieron cuando es una circunstancia que obviamente es absolutamente ajena. Y esta dimensión del tormento a partir de la afectación de lazos sociales en sociedades donde no han operado una información cabal de lo que ocurrió en estos hechos o no hay una comprensión acabada de los mecanismos del terrorismo de Estado, el sobreviviente es mirado en ocasiones por la sociedad como el sobreviviente que sobrevivió porque los demás no sobrevivieron responsabilizándolos de la suerte corrida por otros y donde la vida pasa a ser una consecuencia de la traición y no como un derecho humano que es de todas las personas. Ese rasgo que entiendo debe ser también considerado como una afectación especial del daño causado a las víctimas que incluso por un mecanismo subjetivo, absolutamente ligado a la civilización tienen que asumir y también la mirada responsabilizante de la sociedad ante un hecho que es responsabilidad absoluta de los acusados.
Paso entonces a describir los hechos de los cuales los acusados decidieron fusilar a cada una de sus víctimas.
El primero de estos casos es el asesinato de Néstor José del Río, es una víctima que fue fusilada sin haber sido secuestrada si bien intentaron secuestrarlo antes. Él tenía 37 años cuando fue víctima de estos hechos, vivía junto a su esposa y sus tres hijos en el barrio Comahue, cercano a la universidad, trabajaba como encargado del área Almacenes de las escuelas medias de la universidad. Militaba en el gremio de trabajadores del personal no docente, en ATUNS, y sobre el clima de intimidación que vivían los estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Sur sobre la violencia instaurada y los nexos que esa violencia desatada desde el propio rectorado de Remus Tetu y los grupos de seguridad que tenía contratado, los nexos con las fuerzas militares, han declarado Hugo Siliani, Jorge Scoccia, Ricardo González, Daniel Maidana y Pedro Duca. Por esa actividad fue obviamente fichado en la inteligencia y a partir de allí perseguido hasta su fusilamiento.
Hay constancias de inteligencia que datan del año 64 incluso, donde se van registrando cada uno de sus movimientos, por ejemplo, que había suido detenido por la policía federal por pegar carteles relacionados con una huelga de empleados no docentes. También sus participaciones en asambleas estudiantiles y también su cesantía en el año 75 como parte de la intervención de Remus Tetu por el estado de infiltración marxista en la UNS.
En esos legajos también a Del Río se lo individualiza y se lo menciona cerca de David Cilleruelo, asesinado en el interior de la universidad, junto con Daniel Callejas que es la persona a quien llevaron junto a Ruiz, Ruiz y Bohoslavsky desde La Escuelita al Batallón de Comunicaciones, y también junto a Bombara y a Oscar Bermúdez, otro de los cesanteados y luego víctima del terrorismo de Estado.
También en el documento titulado nómina de militantes y simpatizantes de las agrupaciones extremistas Montoneros y ERP del ámbito de Bahía Blanca, Pehuajó y Trenque Lauquen se lo incluyó a Néstor José Del Río, con su domicilio incluso, junto a Daniel Bombara, César Antonio Giordano y Daniel Guillermo Hidalgo. Es decir, la inteligencia primero operaba y luego consumaba el equipo de lucha contra la subversión, en estos casos al menos.
También hay una ficha personal confeccionada luego del hecho, 27 de abril del 76, donde la víctima era calificada directamente como montonero. Esta inteligencia da cuenta justamente de que la víctima era considerada un factor de peligro por la inteligencia y a partir de su catalogación como subversivo es que fue víctima de los hechos.
El intento de secuestro que precede a su fusilamiento fue relatado en este juicio por sus hijos Mariela y Pablo. Ellos tenían 7 y 10 años al momento del hecho y contaron cómo vivieron ese operativo violento el 17 de marzo del 76 cuando un grupo armado irrumpió en el departamento donde vivían de madrugada, intentaron sacarlo, lo sacaron a los golpes y hasta dejarlo prácticamente inconsciente y la actividad de algunos vecinos que vieron el operativo impidió que lo secuestraran. Este relato de los hijos coincide plenamente con el testimonio de Lucio Tacari quien desde la ventana vio el operativo y manifestó que veía cómo un grupo de personas golpeaba violentamente a alguien que estaba tirado en el piso que luego resultó ser Del río y también que escuchó un disparo proveniente de las cada de los vecinos y que a partir de ahí los agresores subieron a un Ford Falcon oscuro y se fueron del lugar dejando a la víctima inconsciente en el patio común de ese barrio.
El mismo grupo que intentó secuestrar a Del Río esa misma noche ingresó en el domicilio de otro vecino, también profesor de la universidad, Carlos Martiarena, con la intención de secuestrarlo pero como no lo encontraron no lo pudieron consumar. Luego de este hecho Del Río fue internado en el Hospital Municipal y fusilado en un hecho sin precedentes, es decir, fusilado en la propia cama del hospital Municipal donde estaba intentando sobrevivir a ese intento de secuestro y golpes que le habían dado el 17 de marzo.
La secuencia que derivó en su fusilamiento fue relatada por las dos enfermeras que fueron testigos del hecho, Solange Teresa Valdesarri quien relató cómo vio llegar a dos sujetos armados uno con una ametralladora y otro con un arma muy grande y que ya traían reducida a otra de las enfermeras del hospital, Liliana Ramos Solís. A ambas las obligaron a indicarle cuál era la cama donde estaba internado Del Rio y luego encerradas en una sala contigua desde donde escucharon los ocho disparos, aproximadamente, que terminaron con la vida de Néstor del Río. La testigo dijo que antes del hecho tanto la esposa de Del Río como el hermano habían ido al hospital y se habían manifestado preocupados porque la gente que lo había intentado secuestrar podría llegar a matarlo en el propio hospital. Es decir, que había ya un estado de absoluto terror ante lo que parecía improbable pero que finalmente consumaron.
Liliana Ramos Solís también corroboró estos hechos. Alberto Armani, enfermero del cuerpo médico de la policía que figura en el acta policial como quien reconoció los restos de Del Río desconoció su firma en el acta que está en la causa, desmintió incluso haber conocido y menos aun haber estado en condición de constatar la identidad de Del Río. Este hecho, entonces, a partir del testimonio de Armani, da cuenta de que el hecho no solo se ejecutó con un control territorial absoluto sino también con un control de los mecanismos policiales y burocráticos suficientes como para asegurar la impunidad del hecho, lo cual es propio del accionar que veremos constante, que ya venía del caso Bombara y que veremos en los meses posteriores un típico accionar ejecutado desde la aplicación de los esquemas de inteligencia primero y luego de subzona, área y sub-área dominando los mecanismos que iban a impedir cualquier topo de acción hacia los autores.
Esto también marca la fecha en que fue, que el 24 de marzo fue simplemente una continuidad represiva o un quiebre institucional pero de ningún modo marca el inicio de los hechos de lesa humanidad sino que se trata de una continuidad y de un quiebre institucional relevante pero no determinante al momento de calificar los hechos.
Los familiares de las víctimas, Mariela y Pablo, sus hijos, declararon las carencias que vivieron desde el momento en que su padre fue fusilado. Las carencias económicas, también emocionales, las que repercuten hoy mismo, su esposa Susana Rodríguez también quedó enormemente afectada por una vida signada por este hecho ocurrido en los días anteriores al golpe de Estado y también manifestó el hostigamiento que tuvieron que afrontar y la persecución aun posterior al hecho.
La hija de la víctima Mariela, también contó como la fabrica que tenía su padre relacionada con su actividad fue ocupada una vez que ellos se fueron de Bahía Blanca, fue ocupada por el Ejército y consta también la documentación de inteligencia donde se ve que la intención de… allí vemos las fichas del año 64, allí el relevamiento de asambleas universitarias por ejemplo donde se lo menciona a Riganti, Del Río, Sotuyo, Garza, Mónaco, Raúl Guido, todas víctimas del terrorismo de Estado luego, esto es del año 74. Y luego la documentación donde se da cuenta de que se toma el comercio que tenía Néstor del Río a quien sindican simpatizante de Montoneros y allí hablan del socio de Del Río, el ingeniero Luna, y que la intención de tomar esa fábrica era hallar elementos de juicio que lo vincularan con la actividad subversiva. Es decir, se trata de un hecho ejecutado ya como parte del plan criminal de exterminio. Luego hay otra ficha donde planilla de antecedentes de Ismael Luna donde hablan de Néstor del Río sindicado como montonero con un comercio en calle Don Bosco 1131 quien era de ideología izquierdista, es decir, ahí está la motivación del hecho, su fundamentación y su marco en el plan criminal.
Este hecho tiene como distinción su ejecución, su fusilamiento en un hospital lo cual debe ser tomado como relevante ya que se trata de un hecho donde se vulnera, se viola el espacio de sanación, algo que no está permitido ni siquiera en una guerra. En este caso la falta de todo tipo de contención y el accionar con dominio absoluto de los espacios y sin reconocer límite alguno, creo que queda más que claro y también de ellos también es consecuencia la desprotección que luego ha sentido la familia. Es decir, si Néstor Del Río fue fusilado en un hospital, en el espacio de sanación por excelencia, que resguardo podían esperar a partir de allí incluso hasta ahora que ha seguido la impunidad de los responsables de estos hechos.
En síntesis e integrando a la prueba la causa 225 y el legajo4682 queda probado que el 17 de marzo del 76 Néstor del Río fue sometido a un intento de secuestro, donde resultó herido. A raíz de ello fue internado en el Hospital Municipal donde el 21 de marzo sus captores, un grupo de ellos, aprovechando su indefensión y con la alevosía que obviamente se desprende del solo relato del hecho, consumaron su fusilamiento en el interior del Hospital Municipal de Bahía Blanca.
Paso ahora al caso de Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo. El escenario de estos hechos es Fitz Roy 137, en un edificio de departamentos donde se realizó una inspección ocular por parte de este mismo tribunal donde el propio tribunal y las partes constatamos la imposibilidad de la versión de los hechos que por ejemplo ha traído al tribunal Mario Méndez. Ninguna de esas circunstancias que él ha intentado hacer aparecer como verídicas en su defensa pudo haber ocurrido en las dimensiones de ese departamento ni en esas características edilicias que tiene el lugar donde fueron fusiladas ambas víctimas.
En cuanto a la persecución de las víctimas previo a su fusilamiento por parte de los integrantes del Equipo de combate contra la subversión, con algunos agregados como Corres o García Moreno, la persecución decía, está constatada también en archivos de inteligencia donde Daniel Hidalgo está fichado por lo menos desde 1974 por la Dipba como integrante de Montoneros. También ha sido relevada por la inteligencia cada participación que ha tenido en asambleas estudiantiles…
Juez Jorge Ferro: Señor fiscal, vamos a dar por concluida la jornada de la mañana y vamos a reiniciar a las 16 horas.
(Cuarto intermedio).
Juez Jorge Ferro: ¿Doctor Gutiérrez usted va a representar a los defendidos por el doctor De Mira?
Abogado defensor particular Mauricio Gutiérrez: Es así doctor.
Juez Jorge Ferro: Doctor, continúe con el uso de la palabra.
Fiscal Abel Córdoba: Muchas gracias, voy a retomar el caso de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo, ambas víctimas del hecho ocurrido en Fitz Roy 137 donde, como había mencionado hubo una inspección ocular por parte del tribunal donde los propios jueces y también las partes hemos podido comprobar la imposibilidad de que hayan ocurrido los hechos como han dado, tanto la versión oficial como así también la de los acusados, que es de absoluta incompatibilidad con las características edilicias y sobre todo a partir de las dimensiones que tiene ese departamento y la ubicación respecto del edificio que está enfrente.
Ambas víctimas fueron ultimadas en el cuarto piso, en el departamento 1 de ese edificio, por integrantes del Equipo de Lucha contra la Subversión a la cual se habían agregado otros suboficiales como Julián Corres o García Moreno, el prófugo de esta causa.
Las víctimas venían siendo perseguidas tiempo antes, Daniel Hidalgo tiene registros de inteligencia, por lo menos, que datan del 74 donde se lo señala como integrante de Montoneros, su participación en diferentes asambleas universitarias también fue registrada por los informes de inteligencia y también, por ejemplo, hay un informe del 75, de noviembre del 75, que circulaba en la comunidad informativa en la cual Daniel Hidalgo fue colocado en una lista de participantes de agrupaciones extremistas, de Montoneros y ERP. También en la ficha de Carlos Principi que fue reiteradamente referida se lo vincula también a un grupo de personas cercanas a Montoneros, esto es del período junio a noviembre del 76, es decir, prácticamente hasta el tiempo en que fue secuestrado.
Por su parte, Olga Silvia Souto Castillo también fue perseguida, la hermana de ella, Isabel Souto, declaró que durante tres años previos, es decir, desde el 73 era perseguida. También contó que Olga militaba en la UES en Mar del Plata donde vivían y que fue muy perseguida incluso desde sus 17 años donde decidió irse de la casa de sus padres y fue encontrada luego en noviembre del 76 por las fuerzas del Equipo de Lucha contra la Subversión del Departamento III Operaciones.
Esta persecución y el resultado del hecho, de las conductas de los acusados, tiene algunos antecedentes concretos. En primer término el secuestro de Eduardo Hidalgo, a quien torturaron preguntándole por el paradero de su hermano. También fueron secuestrados sus padres, y sobre todo, respecto de lo que es el hecho en sí, Daniel y Olga habían ya sobrevivido a un intento de secuestro ocurrido en junio del 76 como declaró Eduardo Hidalgo y también habían estado cerca de ser capturados por el Ejército en el allanamiento del 9 de noviembre del 76 en calle Paunero, en el hecho donde fueron secuestrados efectivamente María Eugenia González y Néstor Junquera. Es decir, ante dos intentos ya de capturarlos, el tercero, evidentemente, esas dos sobrevidas que habían tenido, no fueron dejadas pasar por el Ejército que en la primera oportunidad en que los encontró los ultimó en el mismo lugar donde estaban.
De estos secuestros anteriores a, casi contemporáneos pero unas horas anteriores, a la ultimación, me refiero al secuestro de los padres Tomás Hidalgo y Josefa Lancioti, que fueron secuestrados y llevados al operativo donde habían fusilado a su hijo, dio cuenta La Nueva Provincia que incorporó como fuente el Comando que habían sido detenidas a partir del hecho tres personas, se está refiriendo a sus padres y al hermano de Hidalgo. El operativo consta, hay actas labradas en el expediente sobre identificación y entrega de cadáveres, se trató de un operativo organizado, planificado y ejecutado para ultimar a las víctimas directamente, atacándolas por sorpresa con un potencial militar exorbitante respecto de las dos víctimas. Eso quedó acreditado con los testimonios de Daniel Algaucil, Graciela López, María Victoria Álvarez, María Teresa Florentín y Edith del Carmen Delgado, relatos todos complementarios entre sí. Delgado por ejemplo declaró que estaba en el edificio esa noche y previo, es decir, antes de escuchar el primer ruido de disparo de arma de fuego, ya escuchó gritos de voces de alto, movimientos de personas corriendo en el pasillo y luego disparos. Es decir que ubica acciones ya ofensivas previas a cualquier explosión, que es lo que intenta hacernos creer Méndez, por ejemplo. Se trataba, según agregó Delgado, de un intento de detención.
Los testimonios de estas personas dejaron en claro que el Ejército tenía controlada la situación y que en todo momento, durante todo el hecho, contó con un dominio absoluto de cada una de las circunstancias. Algaucil declaró que un oficial le ordenó permanecer en su casa y que este oficial no evidenciaba el temperamento de quien está sometido a un peligro. Es decir, actuaba con una situación controlada, lo que es también incompatible con la versión de enfrentamiento que se ha dado después. López por su parte, comentó que una persona uniformada le ordenó no salir de su departamento, esta persona estaba tranquila, sin evidenciar encontrarse frente a una situación fuera de control. Los vecinos dieron cuenta de las dimensiones de la violencia desplegada en el operativo. Florentín, por su parte, vio luego del hecho una gran cantidad de sangre, es decir, se tratan todas de afirmaciones que dan cuenta de modo coincidente que las explosiones se produjeron, ninguno declaró otra cosa ni se pudo constatar por otros medios, que todas las explosiones se produjeron dentro del departamento donde fueron encontradas las víctimas y no en el pasillo ni en partes comunes ni en la escalera como se ha versionada.
A la misma conclusión conduce la versión difundida por La Nueva Provincia que indica que los periodistas que se hicieron presente el 15 de noviembre del 76 observaron que la vivienda, y no otras partes, habían sufrido daño y que había manchas de sangre en el interior e impactos de proyectiles en las paredes. El comunicado, que evidencia también la acción psicológica por parte de la inteligencia militar, atribuyó el tiroteo y detonación de explosivos al accionar de las víctimas evidentemente con ya la intención de delinear una coartada que de explicación a esos hechos. Hay un testimonio que fue incorporado por lectura a la causa que es el de Mario Emilio Marinelli, que da las claves de este caso. Este testigo relató que ingresó a ese edificio entre las nueve y media, diez de la noche y que previo a entrar al edificio, desde el pasillo, escuchó una fuerte discusión de voces masculinas que provenían del séptimo piso, es decir, el edificio ya estaba tomado. Y que al ingresar al departamento escuchó primero un disparo, vio descender de pisos superiores una gran cantidad de soldados armados, uno de los cuales le indicó que se metiera a su departamento. Luego escuchó una serie de disparos y estruendos. Es decir, da una secuencia clara de cómo sucedieron los hechos. Indicó también que los soldados estaban rodeando el edificio y también sobre el techo y que desde el edificio de enfrente, perteneciente a las fuerzas armadas, lo mismo dijeron Florentín y Álvarez, se acribilló todo el frente del departamento. Marinelli también dijo que tras la evacuación en la escalera se cruzó con un soldado que trasladaba una bolsa chorreando sangre quien le dijo que allí llevaba los sesos. Otro soldado le refirió que al muchacho lo remataron con un disparo. Es decir, todas las referencias de Marinelli son coincidentes con el resto de los elementos de prueba. Otro detalle interesante que vio Mario Marinelli es que vio la puerta del departamento, se acercó luego del hecho, y vio que la puerta tenía la marca de un pie y declaró: como si la hubieran pateado. Lo cual da por tierra con la versión de Méndez y de García Moreno y que también otros acusados han dado de que la puerta había sido volada. Hay un testigo que la vio, que vio marcas, que las recordó y las dejó plasmada en un acta que está incorporada a la causa. Marinelli ingresó al departamento, declaró, al otro día, que había una guardia militar y vio que en el baño había una gran mancha de sangre por lo que él sacó la conclusión de que allí había muerto alguien. Esto también corrobora la versión que va siendo comprobada de que a Daniel Hidalgo lo fusilaron en el baño en tanto que a Olga Souto Castillo Méndez la fusiló en una habitación. Relató también Marinelli que el Ejército al otro día requisó cada uno de los departamentos y que detuvieron allí a dos jóvenes más que fueron luego sometidos a tormentos. Esta versión de Marinelli, los detalles que da, son también congruentes y complementarios a lo declarado por Félix Julián, que fue careado con el imputado Méndez y quedó probado a partir de la constatación del testimonio de uno y la defensa del otro, que Méndez fue quien ultimó a Olga Souto Castillo y que otro oficial del Ejército hizo lo propio, en el baño de ese departamento, con Daniel Hidalgo.
Por este caso Méndez ha sido indagado y ha dado una versión obviamente que podría haber, que fue considerada y que tiene una lógica en sí que no tiene muchas contradicciones pero que admitiría también otras formulaciones. Es decir, Méndez ha declarado que ''el estaba de franco ese día, podría haber dicho que no o podría haber dicho que subió por la escalera o por el ascensor, es indiferente, lo cierto es que su versión no le permite ir más allá del segundo piso, no se puede acercar más al hecho en una versión que ronda y abunda sobre detalles irrelevantes como si había luz o no en el edificio y lo cierto es que la versión que da Méndez y la versión oficial de que hubo allí algún caso de legítima defensa está descartada porque no se ha acreditado, en primer término, que hubiera algún tipo de explosivo o bomba caza bobos, que haya columnas donde ha dicho que había atado explosivos que explotaron. No se han constatado daños en el piso o en las inmediaciones del departamento. Tampoco las granadas detrás de la heladera que alguna vez mencionó ni tampoco que hayan sido atacados, ni el secuestro de los elementos que hicieron constar, ni de las armas, ni las heridas de ninguno de los integrantes de las fuerzas armadas en ese operativo, ninguno de ellos pudo comprobar que había sido herido ni tampoco que habían sido atacados o que habían tenido que actúan ante alguna agresión de los civiles.
En cambio, se acreditó fundadamente en la causa y con diversos elementos que ambas víctimas eran buscadas, que quienes participaban de los operativos antisubversivos conocían acabadamente quiénes eran las víctimas a quienes buscaban, tenían fotos de ellos, tenían en el recuerdo seguramente el resultado de los interrogatorios en la tortura. También se acreditó que Méndez participó en el operativo, es imposible que alguien que participara en un operativo antisubversivo de secuestro de personas concretas en circunstancias elegidas especialmente y sobre seguro, es decir, luego de desplegar operativos de cercado de la manzana, rodeo de la vivienda, en este caso del departamento y luego la planificación para actuar sobre las víctimas no supiera qué iba a ser o a quién iba a buscar. Por ende se acreditó que integró el operativo, que ingresó al departamento, Méndez era de los oficiales que estaba en la vanguardia de ese despliegue contra las víctimas que ya se les habían escapado dos veces y, una vez que estuvo frente a las víctimas, fusiló a Olga Silvia Souto Castillo, personal y directamente, acribillándola con veinte disparos de armas de fuego.
Esos hechos están acreditados y serán luego materia de desarrollo al momento de desarrollar la responsabilidad de Mario Méndez. Ibarra mismo corroboró estas circunstancias cuando en el juicio por la verdad declaró que él y oficiales a su cargo fueron quienes ejecutaron ese operativo pero los que fueron al frente en ese caso fueron los subtenientes u oficiales más jóvenes entre los cuales estaba Méndez. Es también relevante el trámite que se le da luego a la entrega de cadáveres, una vez que las víctimas fueron fusiladas, surge del acta de la Policía Federal que inicia las actuaciones judiciales que el personal militar trasladó los cadáveres a la morgue del Hospital Municipal, en ese acta consta la hora del operativo, aproximadamente ha terminado a las tres y diez de la mañana y consta que el jefe del Departamento II Inteligencia, coronel Aldo Mario Álvarez, informó que en el lugar se encontraba control y vigilancia militar. De modo que también esta acta constata las circunstancias que habían mencionado los testigos Algaucil, Florentín y Marinelli en cuanto al horario, la extensión del operativo.
Respecto a las heridas que ocasionaron la muerte también consta en la causa los veinte disparos que Méndez asestó a Olga Silvia Souto Castillo y también la publicación del diario, hecha al otro día, donde se dice que el hecho no provocó bajas ni heridos en las fuerzas legales. El cadáver de Daniel Hidalgo fue entregado a su tío, en cambio, el de Olga Souto Castillo fue inhumado bajo el nombre de Delia Ester García. Insistimos en que los oficiales que actuaban, obviamente, tenían pleno conocimiento de la identidad de ambas víctimas. A partir de esta maniobra de cambiar el nombre de una de las víctimas al momento de complementar trámites de su inhumación es que Olga Silvia Souto Castillo estuvo quince años desaparecida; su madre, hay testimonios que dan cuenta, que aun en el año 84 la buscaba, exhibía la foto a otros familiares a ver si alguien la había visto, si algún sobreviviente se había encontrado con ella en algún centro clandestino. Y esto es responsabilidad al haber actuado directamente Méndez my el Equipo de combate contra la Subversión, no son ajenos a la maniobra el resto de los oficiales del Departamento III Operaciones, lo que también incluye al jefe Juan Manuel Bayón.
Asimismo está comprobado que la falsedad de esa identidad contó con la participación de los funcionarios judiciales que intervinieron en esa especie de expediente, llamado trámite de reconocimiento, y que omitieron desde el Poder Judicial cualquier diligencia posible para determinar la identidad de una persona. Pensemos que si el Poder Judicial hubiera sido ajeno a este hecho, al haber recibido el expediente administrativo proveniente de la policía o del Ejército tendría que haber citado a los familiares de Delia Ester García, ahí iba a surgir que esa persona no era y a partir de allí debería haber comenzado una investigación. Por el contrario, no citaron a nadie e inhumaron el cuerpo con cualquier nombre, sabiendo lo que hacían.
El acta inicial de la Policía Federal también establece que como fuerza convocada en el lugar que el Ejército ignoraría los datos filiatorios de las dos víctimas. Eso es falso dado que ambos a través de la inteligencia estaban fichados. Y luego insisto en que fue una decisión judicial la que determinó la inhumación que provocó la desaparición durante 15 años de la mujer.
Por último, vamos a repasar la documentación de este hecho que contó con un despliegue de acción psicológica para hacerlo aparecer como uno de los enfrentamientos que las fuerzas legales, así se llamaban las fuerzas del terrorismo de Estado, montaron para encubrir este hecho., en primer término está la noticia que apareció, esa foto de Daniel Hidalgo es la única que ha quedado de él, está adulterada, los bigotes están pintados a mano, el pelo también está adulterado, es decir, es una foto intervenida por los oficiales seguramente de inteligencia que trabajaban en esta área. Allí se da cuenta del comunicado del V Cuerpo, donde el propio V Cuerpo asume la operación.
Por otro lado, el servicio de inteligencia naval en el 77 incluía pedidos de captura con los nombres de las víctimas, ahí vemos a Olga Souto, es decir, su captura también formaba parte de los registros de inteligencia aun después de haber sido ultimada. Luego está también la nómina de los llamados activistas subversivos, en la cual se puede ver también la ubicación de Daniel Hidalgo en esa lista junto con otras víctimas que ya fueron mencionadas en lecturas anteriores del mismo documento. Obran también en la causa los fichajes de inteligencia de cada uno de ellos y también la vinculación en el informe leído en forma reiterada de Carlos Principi donde se lo vincula a Daniel Hidalgo a la OPM Montoneros.
El Ejército decidió condecorar a quienes participaron de estos fusilamientos, también sumándose o profundizando la acción de inteligencia para presentarlo como un hecho de combate en el marco de una guerra que decían estar llevando a cabo. El obispo Mayer bendijo las medallas que se le entregaron, entre otros, a Corres, a Méndez, García Moreno, Arroyo.
Y como síntesis del caso queda probado que Olga Silvia Souto Castillo y Daniel Guillermo Hidalgo fueron fusilados por un operativo militar integrado por miembros del Equipo de lucha contra la Subversión, quienes dieron luego de torturar a diferentes víctimas, con el lugar donde se encontraban, que incluyó secuestros y torturas sobre otras víctimas, entre ellos, el hermano, los padres y diferentes personas cercanas a ellos. En el caso de Silvia Souto Castillo, la crueldad incluyó el ocultamiento de su cuerpo y también eso originó, a partir de que ella había enviado una carta en la que estaba embarazada, la búsqueda de los padres de ese nieto que suponían habían nacido. Lo cual coincide con las referencias que le dio Méndez a Félix Julián acerca de que había fusilado a una mujer embarazada. Y en cuanto al daño del hecho dieron cuenta Isabel Souto, de lo que había significado para su familia la aparición del cuerpo y conocer la verdad de los hechos y destacó el alivio de que no tenía que seguir buscando lo que había sido no más que una decisión cruel, sumada a la de matarla, que habían ejecutado desde el V Cuerpo de Ejército.
Se integra la prueba además con el expte. 387/185, el informe de Antropología Forense, notas periodísticas que fueron reseñadas, vistas fotográficas en interiores y exteriores de Fitz Roy 137, el informe del Departamento Catastro de la Municipalidad de Bahía Blanca y el plano del inmueble de la calle Fitz Roy 137.
Paso ahora a alegar acerca del caso de Patricia Elisabeth Acevedo. Fue fusilada el 26 de febrero del 77 en su domicilio de Chiclana 1009 de esta ciudad, también por el entonces subteniente Mario Méndez, en un operativo militar en el que intervino nuevamente el Equipo de Lucha contra la Subversión al mando de Emilio Ibarra. Al momento en que Patricia Acevedo fue ultimada tenía 22 años de edad y el operativo de su muerte estuvo precedido por diferentes acciones también orientadas a dar con ella.
El primero de ellos data de julio del 76 cuando un grupo de personas irrumpió en la casa de sus padres en Alem 237, secuestró a su madre y la interrogaron acerca de dónde estaba su hija, sus amistades, la pasearon por la ciudad buscando que los dirigiera hacia donde estaba. En un momento la llevaron a la casa de su hermano, es decir, donde Patricia había estado unos días antes. Contaban con información precisa acerca de los pasos, estaban ya muy cerca de encontrarla. Este episodio también fue relatado por Perla Ré, quien también fue objeto de un operativo y amenazada sobre las amistades y vínculos que pudieran llegar a tener su prima Patricia. La persecución continuó luego, como quedó expuesto ante el tribunal, por parte de González Chipont el segundo jefe de la Agrupación Tropa quien a partir de vínculos que facilitaba Gustavo Tagliabue iba haciendo indagaciones sobre la posible ubicación para proceder a su eliminación de Patricia Acevedo.
En este caso se acreditó también con un careo donde quedó claro que el interrogador que estaba tras Patricia Acevedo era Julio Guillermo González Chipont quien se desempeñó también en el Departamento II Inteligencia junto a Tejada y que luego fue jefe del Equipo de Lucha contra la Subversión. Esto también desmiente la pretensión que ha esbozado Méndez de que operaban sin información y que él había ido hacia Chiclana 1009 el día que fue muerta Patricia Acevedo sin ningún tipo de información acerca del hecho. Había ahí una actividad de inteligencia y operativa desplegada durante varios meses antes para dar con ella. No es verídico que un oficial que tiene la faceta operativa, y que a participado en muchos operativos de secuestro y de ultimación haya actuado sin información.
El mismo 26 de febrero incluso, en horas del mediodía, fue secuestrada Mirna Aberasturi como fue descripto quien fue interrogada por Patricia Acevedo y unas horas antes del fusilamiento de Acevedo había sido secuestrado Carlos Principi quien contó que siendo torturado en el centro clandestino calculó que la casa había sido ya levantada como se estimaba que luego de algunas horas en estas personas que eran perseguidas iban a cambiar de ubicación y a partir de ahí los torturadores de La Escuelita salieron de inmediato hacia el domicilio y volvieron a las pocas horas. Es decir, se trata de una identidad de personas entre las que estaban torturando en el centro clandestino y las que operaban efectivamente en la calle contra las víctimas. Ellos mismos volvieron y le dijeron a Carlos Principi que habían matado a su compañera, a Patricia Acevedo.
La militancia política de Acevedo también está relevada por la inteligencia, es decir, fue ese dato el que motivó la operación sobre ella, militaba en la Juventud Universitaria Peronista, participaba en asambleas universitarias y la comunidad informativa fue relevando cada uno de esos hechos. A partir de allí la fijó como blanco de la actividad de inteligencia, los grupos operativos tenían obviamente la misión de eliminarla y cuando dieron con ella cumplieron la orden secreta que el general Viola había dado el 17 de diciembre del 76, que consta en el reglamento RC91, que indica aplicar las fuerzas de combate con la violencia máxima para aniquilar a los delincuentes subversivos estén donde estén, y cuando las fuerzas armadas entran en operación no pueden interrumpir el combate ni aceptar rendiciones. Desde esa fecha la indicación fue proceder a eliminar donde estén a las víctimas que perseguían.
El grupo operativo que se encargó del despliegue, cercado y luego ofensiva sobre la víctima estuvo a cargo de Ibarra-González Chipont y Mario Méndez fue quien la ultimó personalmente como ocurrió en el caso anterior. Lo que vino luego del hecho es la constante, una acción psicológica que cuenta con una operación de prensa para presentar el hecho como un hecho bélico en el contexto de una guerra y la inacción judicial absoluta para bloquear cualquier tipo de salida judicial a un homicidio agravado.
Al día siguiente del aniquilamiento fue publicada en La Nueva Provincia la noticia de este hecho donde se ve que el diario publicaba lo que se pueden considerar directamente partes de inteligencia, una delincuente subversiva identificada luego como Patricia Acevedo murió ayer en un procedimiento efectuado por efectivos del V Cuerpo… y concluye, se habla allí de que el procedimiento fue efectuado por efectivos del V Cuerpo, hablan de secuestro de armas que no ha sido probado y luego dice el diario: "El hecho evidencia que la delincuencia subversiva que se ampara en el seno de la población no le interesa poner en peligro la vida de los ciudadanos inocentes que la constituyen. Quedan de manifiesto la vocación de servicio y valor de las fuerzas armadas legales que aun a riesgo de su vida no dudan en defender los intereses más caros de la nación". Estaba hablando ahí La Nueva Provincia del accionar de Mario Méndez.
En esas publicaciones le atribuyen incluso a Acevedo el alias que está registrado en archivos de inteligencia, en la ficha de Principi por ejemplo, y de esos efectos que se dicen secuestrados no hay constancia ni registro alguno de que hayan existido, el origen de las heridas de Méndez tampoco fueron probadas. En el legajo de él consta que fue condecorado por haber sido herido en combate, él mismo durante la indagatoria ante el tribunal descartó que eso pueda llegar a considerarse un combate y se presentó como un espectador desprevenido y ajeno de un operativo militar que no supo para qué era ni porqué se desarrollaba ni a partir de qué objetivos ni con qué misión había llegado hasta ahí.
Por el contrario el testigo Taranto declaró que Méndez comentó que las heridas que tenía él ese día se debían al rebote de balas del propio Ejército. El testigo Lescano, un ex conscripto, mencionó que al ingresar de guardia al día siguiente del operativo supo que Méndez había acribillado a una subversiva, lo cual coincide con la presencia de Méndez en ese lugar. Por su parte, Soia, uno de los conscriptos del Equipo de Lucha contra la Subversión, declaró que le asignaron hacer una guardia en la casa de Chiclana, que describió como muy pequeña, y vio sangre en la pared y la terraza lo cual es indicativo de que allí fue el lugar del fusilamiento directamente.
También González Chipont cuando solicita a las máximas autoridades ser ascendido ofrece como fundamentación haber participado en la eliminación de Patricia Acevedo lo cual fue también corroborado en estas audiencias y el aval que ofreció fue, entre otros, Mario Méndez. Es decir, quien podía avalar ese operativo y no solo como dijo acá por haber sido un espectador ajeno sino como el autor directo del hecho.
El diario luego siguió publicando notas acerca de los pormenores de una acción antiextremista y allí recién el primero de marzo, varios días después del hecho, es cuando introduce una circunstancia, la del oficial herido. Dice el diario que en el momento de ser abatida la extremista se disponía a arrojar una granada que le explotó contra el cuerpo. En esta versión oficial, el hecho de Patricia Acevedo, pasaría por ser un suicidio involuntario, es decir, la víctima se habría suicidado a partir de la explosión de una granada propia. La hipótesis obviamente está desprovista de prueba de que ello haya ocurrido allí ni tampoco de que Méndez haya sido herido en ese lugar por un accionar de la víctima. Hay una circunstancia que es relevante, que debe ser tomada en cuenta, que el diario da detalles, hasta el alias de la víctima, pero no menciona la identidad de quien participó, de quien resultó herido, evidentemente está la intención de encubrir al autor del hecho porque si hubiera sido una acción legal de las fuerzas legales, bien podrían haber publicado que se trataba del subteniente Mario Méndez, para lo cual para determinar quién fue el que hizo ese hecho hubo que realizar una investigación judicial y esa omisión intencionada de la publicación tanto en el comunicado como en el diario que no solo tenía el alias sino diferente documentación sobre Acevedo, esa omisión, ese ocultamiento, es clara muestra de que se trató de una acción sicológica y de un accionar ilegal de Méndez y del grupo del V Cuerpo de Ejército.
El único expediente judicial que se tramitó en relación a Patricia Acevedo fue el de entrega de cadáver que tramitó en el juzgado de Guillermo Federico Madueño, en la secretaría a cargo de Gloria Girotti, en las cuales se instruyeron las mínimas actuaciones a partir de un llamado del Comando de Operaciones Tácticas del V Cuerpo a la Policía Federal con el simple cometido de entregar el cadáver. En ese acta del 26 de febrero del 77 se habla de que las fuerzas legales atacaron abatiendo a Patricia Acevedo, alias Pato o Ana, DNI tanto, perteneciente a la organización subversiva Montoneros. Es decir, en la propia ya versión inicial se direcciona la culpa hacia la víctima.
Luego el padre de Patricia Acevedo se presentó a reconocer el cadáver, la declaración que hace al momento de reconocer el cadáver fue antes a La Nueva Provincia que al juez, lo que también da cuenta del circuito que tenía la información que daban los familiares aun en esa circunstancia, y el informe pericial del médico de Policía Federal habla de lesiones de carácter mortal todas producidas por disparos de armas de fuego de grueso calibre desde metros de distancia con un recorrido casi horizontal. Esas heridas causaron la muerte en forma instantánea. Es decir, tampoco hay mención alguna a que haya habido la versión de la granada que el diario publicó como parte de la acción sicológica secreta.
Esta investigación a la que hice alusión antes, el juez Madueño dijo que atento a lo que surgen de las actuaciones y sin otras actuaciones se procede al archivo de las actuaciones. A partir de allí la justicia federal consideró que no había más nada que hacer que archivar ese expediente. Luego también ha declarado en el juicio el agente inmobiliario que alquiló esa casa, quien fue secuestrado durante trece días por no haber informado al V Cuerpo de Ejército que había alquilado esa casa y queda así probado con las testimoniales mencionadas - de Perla Re, Carlos Principi, Carlos Soia, Patricia Lescano, Claudia Re, Patricia Taboada, Alberto Taranto y Emilio Schlinter- cada una de las circunstancias del hecho, las que también da por tierra la pretendida versión que ha dado Méndez en su defensa.
En cuanto al seguimiento de Patricia Acevedo que también da por tierra la posibilidad de que un oficial del V Cuerpo haya podido actuar en el hecho sin conocimiento, da cuenta de que desde el año 74 Patricia Acevedo era perseguida por la inteligencia, está esta ficha de la mesa de Delincuentes Subversivos de la Dipba y también, en el año 87 Adel Vilas entregó como parte de su defensa un listado de casas que el V Cuerpo consideraba operativas entre las cuales estaba Chiclana 1009, domicilio de Patricia Elisabeth Acevedo.
En conclusión Patricia Acevedo fue perseguida por su militancia política, fue encontrada en su domicilio de Chiclana 1009 el 26 de febrero de 1977, lugar donde vivía, y a partir de allí y de la actuación del Equipo de Lucha contra la Subversión fue ejecutada por Mario Méndez y partir de allí el hecho quedó sin investigación por decisión expresa del Poder Judicial federal de entonces a cargo de Guillermo Madueño.
Paso ahora al caso que se conoce como Masacre de Catriel. Bajo esa denominación voy a abordar la secuencia de hechos que comenzaron el 25 de junio del 76 con los secuestros de Juan Carlos Castillo, Pablo Fornasari y Oscar Gatica. Luego continuaron con el secuestro de Zulma Matzkin casi un mes después y de Mario Manuel Tarchitzky el 20 de julio del 76. Todos ellos estuvieron cautivos en centros clandestinos del Área 511 y fueron fusilados el 4 de septiembre del 76 en Catriel 321 de esta ciudad. También eran militantes políticos y esa militancia fue lo que detectó la inteligencia militar y partir de allí determinó las decisiones que culminaron en sus fusilamientos.
En el caso de Juan Carlos Castillo y Pablo Fornasari fueron secuestrados el 25 de junio del 76, junto con Oscar Gatica, cuando circulaban por la ruta 22 entre Médanos y Bahía Blanca. El jefe del operativo fue un capitán del Batallón de Comunicaciones 181 a quien Fornasari conocía, el capitán Raúl Oscar Otero, quien luego de constatar en un listado que tenía que incluía a Castillo decidió secuestrarlos. Eso también habla de que los inocentes controles de rutas de los que tanto han hablado los acusados estaban en principio lejos de ser tantos, sino hubieran sido las rutas más controladas del mundo, porque a la vera de la ruta y controlando han estado Mansueto, Méndez, el personal del Batallón de Comunicaciones, cada uno de los oficiales que han sido indagados en la causa ha dicho que a lo sumo se dedicaba a controles de ruta y acá queda claro que el control de ruta, si hubo, incluía el listado de personas a secuestrar y el secuestro efectivo.
Las tres personas, tanto Castillo, Fornasari como Gatica, luego de ser interrogadas fueron llevadas en cautiverio ya a dependencias del Batallón de Comunicaciones, allí interrogados, sometidos a torturas y a la mañana siguiente de entrar el primero en ser retirado de ese lugar fue Juan Carlos Castillo a quien llevaron hacia otro centro clandestino. Fornasari y Gatica estuvieron secuestrados allí hasta el 27 de junio cuando lo llevaron a otra celda, Fornasari en ese tiempo pudo sacar una carta para su esposa Liliana Marcia que está incorporada a la causa, allí les tomaron fotografías y finalmente el 2 de julio del 76 Fornasari fue vendado y allí lo llevaron al centro clandestino La Escuelita. Gatica siguió sometido a interrogatorios, siguió torturado acerca de la relación con Castillo y Fornasari y luego desde el Batallón fue liberado. Nunca más volvió a ver a Fornasari ni a Castillo. Las circunstancias estas fueron relatadas por el propio Gatica ante el tribunal quien manifestó que había conocido la muerte de sus compañeros por medios que difundieron la noticia de que habían tenido un enfrentamiento armado con las fuerzas del Ejército. Por supuesto aclaró que nunca creyó esa versión porque sabía las condiciones en que los había visto por última vez. Tanto uno como otro fueron llevados a La Escuelita como ha quedado dicho y en esas condiciones estuvieron hasta tanto fueron sacados para ser fusilados el 4 de septiembre del 76.
Liliana Marcia, la esposa de Fornasari dio cuenta de las gestiones realizadas por la madre de Fornasari a partir de haber recibido la carta de su hijo y también declaró que en julio del 76 el jefe de Área 511, Argentino Tauber, le dijo a la madre de Fornasari que había estado allí secuestrado pero le mostró una documentación supuestamente firmada por Pablo Fornasari en la cual decía que se lo había liberado. Para ese entonces Fornasari estaba en La Escuelita donde estaba Tauber mintiéndole a los familiares.
La próxima vez que tuvo la madre de Fornasari noticias sobre Pablo fue cuando publicaron la acción sicológica de que se había enfrentado con el Ejército.
Al mismo tiempo, el 24 de julio el Comando del v Cuerpo evidentemente a partir de las torturas a las víctimas hizo un allanamiento en un domicilio donde vivía Fornasari en Sarmiento 1502 también identificado por Vilas como una de las casa operativas.
Respecto de Juan Carlos Castillo prestó declaración su hija que nació veinte días después de haber sido fusilado su padre. Y las declaraciones de Lilia Blanca Serrano y Ernesto Manuel Castillo se incorporaron por lectura y dan cuenta de las gestiones realizadas por la familia de Castillo para dar con su paradero.
María Elisa Castillo declaró que fue criada por sus abuelos ya que su madre también fue secuestrada y continúa desaparecida, y lo propio ocurrió con la hermana de su padre, Ana María Castillo y su esposo, también asesinados durante la dictadura.
En el caso de Zulma Raquel Matzkin fue secuestrada en Alsina 19, cuarto piso, el 19 de julio de 1976 en horas del mediodía aproximadamente. Matzkin fue llevada al centro clandestino La Escuelita donde fue interrogada, torturada y sufrió también agresiones sexuales según declararon quienes estuvieron en cautiverio al mismo tiempo que estaba ella. Estas circunstancias fueron acreditadas por Jorge Aure, Estrella Menna, Roberto Staeli, María Cristina Pedersen, por nombrar los testimonios más directos.
Por su parte, Héctor Tejera, su testimonio acreditó el procedimiento que tuvo que hacer para conocer el cuerpo en la morgue una vez que las fuerzas militares decidieron entregarlo. También es relevante en este caso que luego de producido el secuestro de Zulma Matzkin, Osvaldo Sierra, un oficial del Departamento II de Inteligencia a cargo de Álvarez y Tejada, pide los antecedentes que hubiera de Zulma Matzkin. Es una documentación que está incorporada a la causa, es decir, una vez que tuvieron a la víctima secuestrada empezó la búsqueda de información evidentemente para desarrollar interrogatorios y torturas sobre la víctima.
Las circunstancias previas de una persecución familiar abarcativa fueron dadas al tribunal por Susana Matzkin, hermana de la víctima, quien relató cómo había tomado conocimiento de que su hermana había sido ultimada en Catriel 321. Aclaró también la circunstancia de que el cuerpo de su hermana fue ingresado como NN a la morgue del Hospital Municipal y que recién el 21 de septiembre pudieron conseguir la autorización para su inhumación. Tejera declaró también que había hecho el reconocimiento del cuerpo y que había presencia militar dentro del hospital.
Manuel Mario Tarchitzky por su parte fue secuestrado el 20 de julio del 76 en horas de la noche por un grupo de personas armadas que irrumpió en el domicilio de Salta 549 donde él estaba. Desde allí, una vez que fue reducido, fue llevado al centro clandestino La Escuelita y tanto él como Zulma Matzkin, además de las torturas a las que eran sometidos el resto de los cautivos en el centro clandestino, fueron hostigados especialmente por su condición de judíos por parte de los guardias interrogadores. Ello se acreditó también con el testimonio de Alicia Partnoy y Roberto Staeli quien mencionó que él escuchó cuando el Laucha obligaba a Tarchitzky a decir que además de ser montonero era sionista.
Mario Tarchitzky fue sacado el 4 de septiembre rumbo a Catriel 321 donde serían los cuatro fusilados. Es decir, los cautiverios previos están todas probados por diferentes fuentes.
El operativo de fusilamiento de estas cuatro víctimas estuvo cargo del Equipo de Lucha contra la Subversión a cargo de Emilio Jorge Ibarra y participó Jorge Masson en el mismo como jefe de una de esas secciones. Se trató como en el resto de los casos presentados como falsos enfrentamientos de un montaje dirigido a encubrir la escancia verídica de ese caso que era ultimarlos para presentar luego el desarrollo de una guerra en la que se iban imponiendo las fuerzas del Ejército y policiales. Eso lo acreditaron tanto Ana María Gómez como Elsa Manuel, Alicia Otero, Elsa Fernández, Carlos Martínez, José Luis Veinticcinque, todos vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos que dieron diferentes detalles. Como también Héctor Porras el propietario de la casa deshabitada y Néstor Rodríguez Falcón, administrador del inmueble, quienes dieron cuenta incluso de la ubicación cómo habían quedado los cuerpos y los destrozos que causó el Ejército en ese lugar. También corroboraron que el Ejército quedó a cargo de ese inmueble una vez que permitieron que los cadáveres se retiren.
La operación militar también incluyó, como en el resto de los hechos, la difusión de una versión falsa en los medios. Esto fue publicado el 6 de septiembre del 76 en La Nueva Provincia. Con la imagen que está en pantalla. Cuatro extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad. Ahí se habla de la dirección, Catriel 321, y se da cuenta también de información de inteligencia: "analizada la documentación capturada y teniendo en cuenta los antecedentes se estableció que los delincuentes subversivos abatidos pertenecían a la organización declarada ilegal en segundo término, dos de los cuales fueron identificados como Pablo Fornasari luego hablan de Juan Carlos Castillo. Otros dos delincuentes subversivos, dice, abatidos no han sido identificados hasta el momento de producirse este comunicado".
Estas operaciones de acción psicológica quedan comprobadas si uno se pregunta por qué La Nueva Provincia publicaba un hecho donde no puede decir la identidad de las víctimas, o al menos de dos de ellas, no puede decir a qué organización pertenecían, no puede decir quiénes fueron los que actuaron o quiénes fueron quienes suministraban la información o quiénes firmaban los partes. Descartada obviamente la intención inocente de dar cuenta de algún aspecto de la realidad, ante esa circunstancia de esa noticia de la que no se puede decir ni quién participó, ni quién fue la víctima ni qué actividad tenía la víctima porque eran todas políticas de comunicación oficial de la dictadura de ese entonces, la única opción que queda es encuadrarlo dentro de la acción psicológica permanente que había durante esos años y que tenía a La Nueva Provincia como el vehículo principal de transmisión del terror hacia la población.
Ninguna de las circunstancias mencionadas allí, como los efectos secuestrados, han sido comprobados luego en la investigación judicial. Unos días después, el 22 de septiembre del 76, hay una publicación de La Nueva Provincia donde dice "identificóse a una extremista abatida en nuestra ciudad" y allí hablan de Zulma Raquel Matzkin. En verdad esta identificación estaba desde el inicio en poder de las fuerzas armadas, quienes la mantenían cautiva y allí la mencionan relacionada con el domicilio de Gral. Paz 237 que había sido previo a su secuestro. Luego también el resto de publicaciones da cuenta de una constante en la referencia hacia la actuación de supuestos subversivos.
Las actuaciones judiciales en este caso constan en la causa 103 caratulada Fornasari, Castillo, Tarchitzky y Matzkin abatidos en procedimiento por atentado y resistencia a la autoridad sobre entrega de cadáveres. Ese es el enfoque que el poder judicial a cargo de Madueño le dio a esta investigación que nunca realizó. Lo cual da cuenta también, la sola lectura de la caratula de la causa, hacia dónde iba esa actuación, que es el 1 de octubre del 76, declarar extinta la acción penal de los delitos que dieron origen al sumario y sobreseerla definitivamente.
La prueba producida en el debate también dio cuenta, entre ellas quizás una de las más importantes la pericia realizada por Mariano Castex quien ratificó en todos sus términos ante el tribunal, donde acreditó las lesiones que presentaban los cuerpos luego de ser abatidos y que llevan a la conclusión incuestionable de que se trató de fusilamientos con las víctimas arrojadas en el piso, boca arriba y con ataduras. Es decir, se trató de fusilamientos con personas reducidas, imposibilitadas de defenderse.
La prueba documental de este caso se integra también con el expte. 103 del registro de la Cámara de Apelaciones, el expte. 86/1, la carta enviada por Pablo Fornasari a Liliana Morsia, el expte 344.962/92 de la Secretaría de Derechos Humanos, el 109/10 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el legajo de registro de la camioneta en la que fueron secuestrados Castillo y Fornasari que es la que luego usaba Corres, el legajo Conadep 7758, el legajo de la Secretaría de Derechos Humanos 146, legajos Redefa 124, 408, 496. También obran en la causa memorandos de inteligencia donde vinculan los casos Sampini, San Lorenza 740 con Sotuyo y Mercero y también con el de Dorrego y Gral. Paz que luego pasaré a desarrollar. Es decir, se trata de una acción concadena como fue ya explicado.
Están también agregadas las fichas de inteligencia donde se sindica a Zulma Matzkin como integrante de la OPM Montoneros. Allí se da cuenta de la circulación de sus fusilamientos durante la inteligencia. Obra también en la causa la carta que Pablo Fornasari envió a su mujer estando en cautiverio donde le dice "estoy detenido", está fechada en Bahía blanca el 28 del 6 del 76, dice "mi amor enorme, estoy detenido en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, esto seguramente te va a sorprender". Da diferentes detalles, menciona a Castillo. Luego en otro tramo de la carta dice "vos sabés que el que me detuvo fue un oficial capitán Otero que lo conozco porque cuando hice la colimba estaba en City Bell, quise hablar con él pero no me dio bolilla". Luego le hace un pedido desesperado diciendo "vení a ver si podés hacer algo por mí, si vos no podés por el estado de la nena, que vengan mis viejos, tus viejos, mis tías, tu tía, todos los posibles así ven que saben que estoy aquí". Es decir, es un intento desesperado de Pablo Fornasari por salir de la clandestinidad de ese secuestro a partir de una nota que pudo enviar a través de un conscripto. Luego la nota termina con la expresión de sentimientos desde la víctima hacia su mujer.
En síntesis quedó probado que Juan Carlos Castillo y Pablo Francisco Fornasari fueron secuestrados el 25 de junio de 1976 en la ruta 22, desde allí trasladados e ingresados al Batallón de Comunicaciones 181 donde permanecieron en cautiverio torturados e interrogados hasta fines de junio y principios de julio de ese año. Luego trasladados al centro clandestino de detención La Escuelita donde se prolongó su cautiverio y continuaron sometidos a torturas e interrogatorios. Quedó también probado que Zulma Matzkin fue secuestrada el 19 de julio del 76, trasladada a La Escuelita, torturada allí desde donde fue sacada para ser fusilada el 4 de septiembre del 76. Lo propio ocurrió con Manuel Mario Tarchitzky el 20 de julio del 76 su secuestro y luego su traslado para su fusilamiento en una casa deshabitada en Catriel 321 por parte del Equipo de Lucha contra la Subversión.
En cuanto a las imágenes de los cuerpos sin vida de las personas víctimas de este hecho, cuando hablamos de operativos militares de áreas, subzonas, de despliegue de inteligencia, todo es una actividad que termina en el cuerpo de las víctimas y que tiene su culminación en la última imagen de ellos como jóvenes acribillados por el terrorismo de Estado, lo cual es plena responsabilidad de los autores aquí acusados. La lucha contra la subversión y cada una de las operaciones terminaron en eso, en la imagen última de jóvenes que no pasaron de esos años acribillados, llenos de tiros, como parte de una política estatal que está calificada como terrorismo de Estado y que tiene su manifestación en los cuerpos de las víctimas y en los sentimientos de las familias que todavía hoy está buscando justicia y que obviamente siente la ausencia de esas personas de modo constante cada día.
Paso ahora al caso de Alberto Ricardo Garralda y José Luis Peralta. Alberto Ricardo Garralda fue secuestrado el 23 de julio de 1976 en 11 de abril 331 departamento 10 de esta ciudad junto a su compañera embarazada María Graciela Izurieta, era un militante peronista y tenía 24 años cuando fue fusilado por el Ejército. El operativo de secuestro estuvo a cargo del personal militar que irrumpió en su domicilio, requisó todas las dependencias y desde allí se llevaron a Garralda e Izurieta.
Del secuestro de la pareja dio cuenta la vecina del lugar Ángela Luisa Golino, quien declaró en el marco del caso Izurieta y del niño nacido en cautiverio. La familia Garralda tomó conocimiento del secuestro a través de dichos de una compañera de militancia de Garralda, Emilce Truco quien se encuentra desaparecida también.
El cautiverio de Ricardo en el centro clandestino La Escuelita resultó acreditado con el testimonio de Alicia Partnoy, quien además refirió la carta de Izurieta a la familia contándole que estaba embarazada de Alberto Ricardo Garralda y de esa causa surge también que él había estado en cautiverio y que para entonces ya lo habían matado.
José Luis Peralta, por su parte, tenía 24 años al momento de los hechos, también era un militante peronista y fue secuestrado el 16 de agosto del 76 en Mar del Plata por la Prefectura de esa ciudad y trasladado desde allí a Bahía Blanca donde fue recluido en el centro clandestino de detención La Escuelita donde padeció torturas hasta el momento en que decidieron sacarlo de allí para fusilarlo.
Ese paso por el centro clandestino también fue corroborado por Alicia Partnoy quien dio también cuenta que a través de otros cautivos supo que Peralta había estado allí y que estaba herido en uno de sus pies. Estas dos personas entraron en diferente momento, fueron al centro clandestino, fueron secuestrados en diferentes ciudades pero a partir de la voluntad de los acusados siguieron el mismo destino. Ambos fueron sacados del centro clandestino y el 18 de septiembre de 1976 aparecieron abatidos en la intersección de Gral. Paz y Lavalle de esta ciudad. El operativo también estuvo a cargo del Equipo de Lucha contra la Subversión donde Jorge Aníbal Masson era jefe de sección y sus cuerpos una vez fusilados y presentados a la sociedad como parte de una guerra inexistente fueron llevados a la morgue del Hospital Municipal.
En el caso de Peralta los responsables del hecho decidieron informar su identidad y, en cambio, Garralda, utilizaron lo mismo que pasó aunque por pocos días con Zulma Matzkin o Olga Silvia Souto Castillo durante años. En un primero momento lo ingresan como NN a la morgue pese a que estaba en su poder desde antes y eso ocasionó que durante veinte días, veinte días después de su fusilamiento la familia no supiera del hecho.
El padre de José Luis Peralta, Elmo Peralta, declaró todos los trámites que tuvo que hacer para que se le entregue el cuerpo y por su parte la familia de Garralda tomó conocimiento de la muerte de Alberto a través de la publicación de un diario a principios de octubre del 76. Mercedes Campo, la madre de Garralda, Marta Garralda , la hermana y Horacio Patalagoity, esposo, cuñado de la víctima y un tío viajaron a Bahía Blanca y reconocieron el cadáver en la morgue municipal y allí gestionaron su entrega para su inhumación.
Refirieron que en el lugar había unos pocos conscriptos quienes le dijeron a los familiares que no había sido un enfrentamiento sino que los habían acribillados, es decir, una versión que los conscriptos conocían de primera mano. La difusión del hecho también abarcó diferentes publicaciones de La Nueva Provincia donde el mecanismo es idéntico a los otros, es un mecanismo para ocultar la dinámica real de los hechos y hacer aparecer el desarrollo de una guerra con batallas ganadas a manos del Equipo de Lucha contra la Subversión o del V Cuerpo y las familias al leer y conocer esto descartaban cualquier tipo de posibilidad ante el conocimiento cierto de que estaban cautivos.
Así vemos la noticia del 20 de septiembre del 76 donde se difunde incluso la foto de José Luis Peralta, que tiene indudable fuente en la inteligencia porque no hay otro motivo por el cual disponer de esa imagen, allí se habla de un comunicado del V Cuerpo de Ejército que asume el hecho, aunque lo presenta como un enfrentamiento entre dos ejércitos. El informe también da cuenta, y así está publicado, de fuentes de inteligencia, dan los alias supuestos de las víctimas, la afiliación política de la Juventud Universitaria Peronista, los ubican entre otras víctimas anteriores o posteriores y dan conexiones de inteligencia evidentemente difundidas para atemorizar a la población. A los pocos días, el 8 de octubre, publican la identificación de José Luis Peralta, igual que había ocurrido con Zulma Matzkin, y también la causa tiene el mismo curso que las anteriores, la causa judicial.
Es iniciada por Guillermo Madueño por atentado y resistencia a la autoridad y el 15 de noviembre del 76 Madueño declaró extinguida la acción penal y sobresee definitivamente la causa.
La prueba testimonial de la causa se integra además con las declaraciones de Elmo Peralta, Celia Jinkis, Oscar Villatoro quien también dio cuenta del cerco que había sobre el lugar que abarcaba varias manzanas donde fueron fusiladas las víctimas, Marta Garralda, Alicia Partnoy y las incorporadas por lectura de Mercedes Campo. Además la prueba documental del expte. 695 del Juzgado Federal y de la causa 86/8 también de la Cámara Federal. Por otra parte también resultan definitorios entre los elementos de prueba las pericias de Mariano Castex, que fueron ratificadas y que dan cuenta de que se trató indudablemente de un fusilamiento.
Entre la documentación de inteligencia de este hecho hay un informe de octubre del 76 donde hablan de José Luis Peralta como perteneciente a la OPM Montoneros y el parte donde confirman el abatimiento de ambas víctimas en Dorrego y Gral. Paz de Bahía Blanca. Hablan de Alberto Garralda allí y dicen que ha convivido con Graciela Izurieta alias la Corta, otra importante figura subversiva local actualmente prófuga. Para ese entonces ya estaba secuestrada en el centro clandestino La Escuelita. Por último hay un memorando secreto y confidencial de la Prefectura Mar del Plata del 3 de agosto del 76, con valor A1, es decir , la máxima credibilidad dentro de la información de inteligencia donde se informa el desbaratamiento de una OPM Montoneros en Mar del Plata y la detención de los principales responsables, un informe extenso que da cuenta de diferentes operativos, todos concatenados con inteligencia y operaciones sucesivas donde en uno de ellos se da cuenta de que se secuestra a José Luis Peralta a quien mencionan como Alcides. Se implanta, dice, a partir de declaraciones de Oliva, otro de los secuestrados y actualmente desaparecidos, entonces, se implanta un dispositivo adecuado y a la hora señalada es apresada el mencionado Alcides encontrándose el mencionado quien resulta ser José Luis Peralta. Luego dice el mismo parte de inteligencia que el 9 de agosto se allanó el domicilio de José Luis Peralta quien en el momento de su detención portaba documento a nombre de Carlos Nicolosi. Y dice por último el informe que actualmente las principales tareas están destinadas a clasificar y estudiar la documentación secuestrada como así también a la detención de personas que surjan de los interrogatorios de los detenidos y también los allanamientos a los domicilios. Queda claro una vez más la relación entre inteligencia y operaciones.
En síntesis, ha quedado probado que Alberto Ricardo Garralda fue secuestrado el 23 de julio del 76 en Bahía Blanca, que estuvo en cautiverio en La Escuelita donde fue interrogado y torturado. Asimismo que José Luis Peralta fue secuestrado el 6 de agosto del 76, trasladado al centro clandestino La Escuelita, y ambos abatidos, fusilados el 18 de septiembre del 76 en Bahía Blanca por miembros del Equipo de Lucha contra la Subversión. Esas son las últimas imágenes que hay de ellos.
Desarrollo ahora los casos de Cereijo, Lofvall, Iannarelli e Ilacqua por existir una comunidad fáctica y de prueba entre los hechos lo voy a tratar de modo conjunto a fin de poder dar una dimensión de lo que han sido estos operativos. En el caso de Nancy Cereijo ella tenía 18 años, vivía en Pueyrredón 191 de esta ciudad junto a Estela Maris Iannarelli, era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios y era novia de Andrés Oscar Lofvall, otra de las víctimas, con quien estaba próximo a casarse. Nancy Cereijo fue secuestrada en su lugar de trabajo en el Hotel Italia, ubicado en el centro de esta ciudad, el 3 de febrero del 77. Desde allí reducida fue ingresada al centro clandestino La Escuelita donde fue interrogada y torturada. El día anterior a su secuestro, ya un grupo operativo se había hecho presente en la casa de sus padres en Punta Alta donde había sido interrogada su hermana Elvira Margarita Cereijo acerca del paradero de su hermana. Finalmente fue encontrada en su mismo trabajo donde estaba expuesta obviamente al accionar de estos grupos operativos.
Estela Maris Iannarelli por su parte era estudiante de Economía de la Universidad del Sur, tenía 19 años cuando fue víctima de estos hechos, trabajaba en la confitería Savoy también en el centro de Bahía Blanca y era novia de Carlos Ilacqua, otra de las víctimas. Fue secuestrada el 3 de febrero del 77 en Cervantes 162, el domicilio de Ilacqua, quien había sido secuestrado el día anterior. Desde allí, reducida y llevada a La Escuelita, torturada en ese lugar. Durante su desaparición sus padres intentaron dar con su paradero mediante la presentación de habeas corpus ante la justicia federal.
Por su parte, Andrés Oscar Lofvall, tenía 20 años y vivía en Cervantes 162 junto a Ilacqua. Estudiaba en la Escuela Técnica 1 técnico mecánico y trabajaba a su vez en un taller mecánico. Era militante de la Juventud Peronista y fue secuestrado el 3 de febrero del 77 en su domicilio. La familia de Lofvall conoció este hecho porque llegó hasta el lugar a visitarlo, allí vieron el despliegue militar, los familiares fueron subidos a un Ford Falcon y llevados hasta el V Cuerpo de Ejército donde les informaron que su hijo estaba prófugo. En realidad, era la denominación por el secuestro. En lugar de estar prófugo estaba en La Escuelita en ese momento.
Carlos Mario Ilacqua tenía 18 años, vivía en Cervantes 162 como quedó dicho con Andrés Lofvall, trabajaba como repartidor de productos de panadería, militaba en la Juventud Peronista y fue secuestrado el 3 de febrero del 77 en horas del mediodía por un grupo de personas que vestían de civil y se identificaban como policías. Este hecho fue ejecutado en Darwin 536. Su padre interpuso un habeas corpus en el juzgado de Guillermo Madueño que obviamente no dio ningún resultado y luego de ser reducido y secuestrado fue llevado al centro clandestino de detención donde también fue torturado.
Los testimonios prestados en juicio por Héctor González, Carlos Sanabria y Alicia Partnoy dieron cuenta del cautiverio de estas cuatro víctimas en el centro clandestino.
Las familias de todos ellos, según se acreditó con los testimonios de Elvira Cereijo, Carlos Cereijo, Luis José Cereijo, Carlos Victorino Cereijo, Irma Wagner, Alfredo Iannarelli, Lidia Lofvall, Luis Lasini, Alicia Cereijo y Hugo Montenegro hicieron gestiones para dar con las víctimas y, en particular, la familia Cereijo concurrió reiteradas veces al V Cuerpo donde tenían que encontrarse con Hugo Delme quien reiteró su rol dentro del plan sistemático que era manejar la información que registraba quién estaba en La Escuelita, quién había sido pasado a la cárcel o quién había sido liberado o de quién no iba a dar ningún dato. En estos padecimientos de las familias frente a Delme, Hugo Delme llegó a atribuir a las víctimas la responsabilidad por la muerte de Cortez, otra de las víctimas abatidas por el Ejército que luego veremos de qué modo fue ultimado. Para Delme era necesario, no solo ocultar información a la familia, sino también culparlos de hechos que la institución a la que él pertenecía consumaba y que él tenía pleno conocimiento de que eso era así.
Las cuatro víctimas permanecieron en cautiverio hasta que el 13 de abril del 77 fueron sacados del centro clandestino y llevados a La Plata donde permanecieron cautivos en un centro clandestino que funcionó en la sede de Robos y Hurtos de la Policía Bonaerense. Allí también estaba cautiva Liliana Archenti quien declaró en este juicio el estado en que vio llegar a amabas parejas y las circunstancias del cautiverio en ese lugar.
Cereijo y Lofvall fueron sacados de allí y ultimados el 23 de abril del 77, donde también se montó la parodia de un enfrentamiento fraguado en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, en una zona de galpones como sostuvo el testigo Carlos Walde. El 24 de abril del 77 la policía de Punta Alta le informó a la familia Cereijo que había novedades de Nancy y de Andrés Lofvall recibidas desde la comisaría cuarta de Avellaneda. Allí Carlos Cereijo fue notificado de que habían sido abatidos. La familia de Lofvall también fue notificada de esos hechos y les comunicaron que debían presentarse en Avellaneda a reconocer los cuerpos. Ambos cadáveres luego fueron traídos hasta Punta Alta, lo que hizo Luis Cereijo en un vehículo particular. El operativo de aniquilamiento fue llevado adelante por un grupo de tareas del Área 112 de lo cual da cuenta la documentación de Conadep y la declaración de Carlos Alberto Ous (?).
En el caso de Iannarelli e Ilacqua fueron abatidos en La Plata el 16 de abril del 77 en la intersección de la calle 44 y 170 y recién en junio de ese años, dos meses después de haber sido fusilados, sus familias fueron avisadas por la Brigada de Investigaciones de que Estela Maris había sido asesinada en un supuesto enfrentamiento por lo que recién ahí pudieron ir a La Plata junto a los padres de Ilacqua y luego de recorrer varias comisarías pudieron ubicar los cadáveres de sus hijos que estaban inhumados como NN en el cementerio de La Plata.
Tanto Iannarelli, como Ilacqua, Cereijo y Lofvall, fueron todos ellos fusilados por fuerzas conjuntas que operaban coordinadamente en esos territorios y la hipótesis de que hayan tenido un enfrentamiento armado está totalmente descartada, es inverosímil y además la prueba recolectada en este debate y la que ya obraba en la causa da cuenta de que es una versión falsa, propio de una actividad psicológica secreta que se ejecutaba alrededor de estos hechos. Ambos habían sido secuestrados en esta ciudad y en todo momento, sin nunca haber recuperado la libertad, estado a disposición de estas autoridades de cada una de las áreas y zona.
La coordinación entre las diferentes áreas y la incidencia que las autoridades militares tenían en estos casos fue también puesta de manifiesto alrededor del caso Benamo, Medina y Saiz, ya he explicado, donde no había posibilidad de traslado de una víctima de una jurisdicción a otra sin pleno conocimiento de cada una de las autoridades de Zona, Subzona y Área 5, 51 y 511.
Vemos como en la documentación de inteligencia también se repite la noticia de presentar estos hechos como enfrentamientos. Allí tenemos "caen siete extremistas en tres enfrentamientos". Allí mencionan a Nancy Cereijo y Oscar Lofvall, como un segundo hecho producido en Avellaneda donde un grupo subversivo trató de eludir un control abriendo fuego, cuatro delincuentes fueron abatidos, en el auto se escondían armas cortas y granadas de mano y allí mencionan a quienes se encontraban en cautiverio en ese momento Nancy Cereijo y Oscar Lofvall.
Hay allí también un memorando de Dipba donde se da cuenta de la secuencia de secuestros y homicidios ejecutados el 3 de febrero del 77 donde se identifica a las víctimas Iannarelli Estela Maris e Ilacqua Carlos Mario. Se describe hasta la ropa de cada una de ellas y la acusación que la inteligencia militar les hacía a ellos. Esto está fechado en La Plata el 16 de abril de 1977.
Por otro lado, la ficha de inteligencia de Carlos Principi también tenía la anotación de junio del 76 en la cual se dice que Principi estaba vinculado a Estela Maris Iannarelli, alias Verónica o Susana. Es decir, sigue estando la circulación de inteligencia. También obra en la causa ese esquema donde en la parte superior, es un esquema del destacamento II Montonero que había confeccionado la inteligencia militar donde ubican como jefe a Bossi, uno de los desaparecidos de esta causa, a su izquierda a Mecha, como la inteligencia militar denominaba a Traverso, y luego en la parte inferior mencionan a Julia María Elena Romero, a Nancy Cereijo y a Estela Maris Iannarelli, es decir, además de Carlos Ilacqua, de cada uno de ellos dice que están detenidos, es decir, es un esquema elaborado durante los interrogatorios y torturas de ellos donde se da cuenta de la ubicación que la inteligencia iba haciendo de las diferentes víctimas y cómo iban desarrollando la inteligencia.
Y por último, hay un documento agregado en la causa donde, que es revelador de cómo ocurrieron los hechos, algunos de ellos que Delme atribuía a las víctimas. Este informe secreto es del 3 de febrero del 77 y donde se da cuenta que información suministrada por el Departamento II de Inteligencia, es decir, de la dependencia donde revistaba Tejada, Corres, Sierra y otros más, se determinó -ese se determinó obviamente es un eufemismo, en verdad lo que está diciendo es que torturaron hasta saber que la actividad de una banda político militar Montonero, tenía como responsable a Carlos Ilacqua, detenido. Es decir, la elaboración de este documento es contemporánea a los hechos. Luego se menciona a Andrés Lofvall y a Nancy Cereijo, también ambos detenidos al momento de la confección de este hecho, y dicen que, menciona ya el departamento de Cervantes 162. Más abajo el mismo informe dice que se montó en el lugar una vigilancia a la espera de otros delincuentes. Es decir, allí ya están los secuestros de Ilacqua, Lofvall y Cereijo. El informe sigue con un asiento del 4 del 2 del 77 que dice "aparece en la casa de Cervantes 162 departamento 3 Estela Maris Iannarelli, estudiante de la licenciatura de Economía, integrante de la UES, responsable estudiantil, milita desde el año 74 activando en Punta Alta, ella también queda secuestrada. Y más abajo se habla de Cuesta, alias Willy, de Víctor que es Carlos Principi, de Patricia Acevedo, de Eraldo -un desaparecido de la Armada- y se menciona también a Carlos Ilacqua nuevamente quien milita juntamente con Emilio que era Junquera y la mujer de este, Diana, que era el alias que la inteligencia le atribuía a Junquera, ambos ya para ese entonces fallecido. Este documento en esa parte ya fue leído. Este documento sigue de Iannarelli dice que efectivamente fue detenida, ubican luego, la relacionan con Ferrari que tiene 23 o 24 años y vive en una casa tipo monoblock, ella también sería víctima de los hechos. Y respecto de Cortez, quien Delme decía que había sido muerto por las víctimas, hay un asiento del 5 de febrero del 77 que dice que pocos minutos después de las ocho horas se presentó en el departamento 3 de Cervantes 162, vemos que el operativo duró varios días, Ricardo Osvaldo Cuesta, Willy, se presentó en el lugar y fue abatido y a las 12 horas en otro enfrentamiento fue abatido José Antonio Cortez que es la mención que hacía Delme ante los familiares de Cereijo. Requisado el domicilio, luego hablan de un operativo para buscar a Frers en Pedro Pico 465 fue detenida quien resultó ser Elisabeth Frers, soltera, y da detalles. Es decir, allí en ese documento tenemos originada una información del Departamento II Inteligencia una serie enorme de hechos consumados, no por las víctimas como decía Delme, sino por la inteligencia militar y los cuadros operativos del VB Cuerpo de Ejército.
Se acreditó en síntesis que Nancy Cereijo, Andrés Lofvall, Estela Maris Iannarelli y Carlos Ilacqua fueron secuestrados el 3 de febrero del 77 en un despliegue operativo que determinó secuestros sucesivos, las cuatro víctimas fueron recluidas en La Escuelita donde sufrieron interrogatorios y torturas hasta que el 13 de febrero del 77 fueron trasladados a La Plata donde prolongaron sus cautiverios y torturas hasta que el 16 de abril del 77 fueron fusilados Iannarelli e Ilacqua en La Plata y el 23 de abril Cereijo y Lofvall en Sarandí.
Señor presidente voy a solicitar un cuarto intermedio breve para acomodar la documentación.
Juez Jorge Ferro: Sí, vamos a hacer un cuarto intermedio de 15 minutos.
(Cuarto intermedio).
Juez Jorge Ferro: Señor fiscal, puede continuar.
Fiscal Abel Córdoba: Muchas gracias. Voy a continuar con los casos de Cristina Elisa Coussement y Roberto Adolfo Lorenzo. Coussement tenía cuando fue víctima de estos hechos 21 años, estaba casada con Rubén Bauer y estudiaba trabajo social mientras vivía en la ciudad de Mar del Plata. El secuestro fue en esa ciudad el 6 de agosto de 1976 en su lugar de trabajo en la calle 20 de septiembre, desde allí fue llevada a su domicilio donde los secuestradores requisaron sus pertenecías en un operativo que estuvo a cargo de la Prefectura de Mar del Plata. Una vez que estuvo reducida y que terminó este operativo de requisa en su domicilio fue trasladada vía aérea hasta Bahía Blanca y reducida en el centro clandestino La Escuelita donde fue interrogada y torturada. Estas circunstancias fueron avaladas por Cristina Pedersen durante su testimonio y también declararon ante el tribunal Angélica Chimeno y Hugo Bauer, la suegra y el cuñado de la víctima. Las declaraciones de Perla Catalina Segui fue incorporada por lectura, y de todas esas declaraciones surgen las circunstancias desde el hecho de secuestro y desaparición de Cristina Elisa.
También dieron cuenta de las gestiones realizadas a partir de la noticia de que había sido fusilada. El esposo de Cristina Elisa Coussement, Rubén Bauer, continúa desaparecido hasta el día de hoy.
Roberto Adolfo Lorenzo por su parte, la otra víctima de este caso que va a ser tratado en forma conjunta, tal como se adelantó cuando se analizó el caso de Mercero y Sotuyo, Roberto Lorenzo fue secuestrado el 14 de agosto del 76 en el domicilio de San Lorenzo 740 de Bahía Blanca en un operativo realizado por el Equipo de Lucha contra la Subversión. Una vez que fue reducido fue llevado a La Escuelita, allí también torturado y sometido a interrogatorios. También Cristina Pedersen dio cuenta de su presencia en ese lugar y que eran interrogados por el suboficial del Destacamento de Inteligencia, el Tío Santiago Cruciani.
Durante el tiempo de detención de Roberto Lorenzo, el padre de la víctima realizó gestiones para saber su paradero, no logró saber nada de dónde estaba, de quién lo tenía. Y en el debate prestaron declaración Victoria Vilar y José Vilar Fontan, madre de la víctima y el tío de la víctima, quienes dieron cuenta del secuestro, desaparición y posterior fusilamiento y de la persecución que esa familia sufrió.
El fusilamiento de estas víctimas ocurrió, fue decidido que ocurra, el 17 de septiembre del 76 en horas de la tarde en la ruta 33 de acceso a Bahía Blanca, a diez kilómetros del centro de esta ciudad, en el paraje denominado La Vitícola. En el procedimiento en el que dieron víctimas a estas dos víctimas estuvo a cargo también del Equipo de Lucha contra la Subversión y se encuentra procesado por estos hechos Jorge Aníbal Masson, uno de los jefes de sección de ese grupo de tareas. La versión oficial que contó estos hechos, obviamente fue la constante que se trató de un enfrentamiento con personas que estaban libres antes y que no solo estaban libres sino que a la vez estaban armadas y que a la vez los atacaban o se resistían a ser detenidos o emprendían fugas incomprensibles ante las fuerzas del Equipo de Lucha contra la Subversión.
En este comunicado que publica La Nueva Provincia, es del 19 de septiembre del 76, y dice "identificóse a un sedicioso muerto, dos extremistas abatidos en Bahía Blanca". Hablan de que el comando del V Cuerpo de Ejército, de la Subzona de Defensa en su faz operativa, es decir, la subzona también contemplaba aparte de esta faz operativa la fase si se quiere formal que era el consejo de guerra que hemos desarrollado pero en su fase operativa, el comando de subzona, comunica que el 17 de septiembre fue abatida a tal hora mientras se remplazaba en un automóvil que pretendió eludir un control de vehículos a cargo de una patrulla militar, ubican el lugar, y hablan de que la mujer fue identificada como Cristina Elisa Coussement, aspirante de la organización declarada ilegal en segundo término cuya captura se procuraba desde tiempo atrás. Es decir, casualmente, el comunicado dice que se han encontrado con alguien a quien buscaban. Luego dicen que hay otro delincuente subversivo abatido y que se tratará de identificarlo. Se trata obviamente de un caso más de acción psicológica sobre la población.
La falta de identificación de la identidad de Lorenzo es la constante también en estos hechos fraguados donde primero se da la identidad de uno y a los pocos días la identidad del otro. El fallecimiento, la muerte de Lorenzo, fue conocida por la familia de este a partir de las gestiones de José Aloisi quien declaró ante el tribunal y quien dijo que en la sede de la Policía Federal Argentina de Bahía Blanca vio un libro con fotos de personas abatidas, de personas muertas y estaba entre otras fotos el cadáver de Lorenzo y a partir de ahí avisó a la familia. Luego hay una nueva publicación de La Nueva Provincia donde se habla del abatimiento de sediciosos donde es revelador que la publicación que hace La Nueva Provincia donde dice extremistas abatidos en Bahía Blanca, se identifican los antecedentes de Coussement que son idénticos a los de un informe de inteligencia de Prefectura. Es decir, la información de inteligencia tenía una vía de salida en las páginas de ese diario que reproducía de modo textual los antecedentes de inteligencia.
Por su parte el juzgado federal ante este hecho reprodujo el mismo trámite que en otros casos. Las víctimas eran formalmente imputadas de atentado o resistencia a la autoridad, unos días después, en este caso el 18 de octubre, el juez Madueño disponía la extinción de la acción penal y el sobreseimiento sin haber dispuesto previamente ninguna medida de investigación.
Este caso y a la vez la falsedad de la versión oficial se encuentran acreditados por las pruebas producidas en el debate que fueron citadas y con el expediente 600 del juzgado federal caratulado "Coussement y Lorenzo abatidos en procedimiento por atentado y resistencia a la autoridad"; el legajo Redefa 1392; el expte. 455 del 76; la presentación como particular damnificado de Adolfo Ángel Lorenzo y también las pericias realizadas por Mariano Castex a partir del informe del médico de la Policía Federal Silva de Murat, Castex ratificó íntegramente las actividades periciales hechas sobre ese material.
Por su parte la documentación de inteligencia de este caso comprende un memorando del 13 de agosto del 76 que da cuenta de operativos vinculados al secuestro de Elisa Coussement, que luego sería reproducido en La Nueva Provincia. Allí se habla de, la parte pertinente del informe que se mostró en el caso anterior y se informa nuevamente como fuente de la Prefectura Mar del Plata el desbaratamiento de una célula OPM Montoneros de Mar del Plata, y en sus partes pertinentes relativas a este caso dice que con los datos aportados, arrancados, al matrimonio Oliva, se establece que en la calle Tierra del Fuego, entre Belgrano y Moreno, funciona la secretaría de documentación de Montonero a cargo de cristina Coussement, quien fue detenida , secuestrada, mientras estaba en ese lugar.
Por su parte, de Rodolfo Lorenzo también hay una ficha de inteligencia que dice que es ingeniero electricista y que fue detenido en un operativo conjunto realizado por el V Cuerpo de Ejército y la unidad regional Quinta de Bahía Blanca en San Lorenzo 740. Hablan también del habeas corpus que evidentemente también era incorporado al circuito de inteligencia y de quién había denunciado el hecho. Es decir, ir a denunciar un hecho o presentar un habeas corpus en esos tiempos era también ingresado a la inteligencia militar.
En síntesis queda acreditado con la prueba producida que Cristina Elisa Coussement fue secuestrada el 6 de agosto de 1976 en Mar del Plata como consta en ese documento que integra este juicio. Fue secuestrada en Mar del Plata, trasladada luego al centro clandestino La Escuelita donde fue interrogada y sometida a torturas. Por su parte Roberto Adolfo Lorenzo fue secuestrado el 14 de agosto del 76 en San Lorenzo 740 de esta ciudad. Luego llevado al centro clandestino de detención La Escuelita donde fue interrogado y torturado. Ambas víctimas fueron sacadas de ese cautiverio para ultimarlos en fusilamientos realizados por el personal de la Agrupación Tropa o Equipo de Lucha contra la Subversión el 17 de septiembre de 1976 en el kilometro 10 de la ruta 33.
Sigo ahora con el caso de Carlos Roberto rivera. Estaba casado desde el 67 con Nélida Scagnetti, con quien tuvo dos hijos, Matías y Ramón. En 1976 cuando fue víctima de estos hechos vivía en Chiclana 656 departamento 3, tenía 30 años de edad y por entonces era profesor de Filosofía y Psicopedagogía en el Colegio La Asunción, conocido como Seminario, y había trabajado en la Universidad Nacional del Sur hasta ser cesanteado por la intervención de Remus Tetu.
Rivera fue objeto de persecución previo a su secuestro y fusilamiento, ya alguna de esta documentación ha sido referida, existen en la causa un seguimiento de izquierdistas del Juan XXIII a partir de la actividad de inteligencia desplegada sobre Bombara, donde se dice en 1972, que había un grupo dirigido por Carlos Rivera y también integrado por otras personas, y respecto de Rivera dice allí: "se sindica como cabecilla de un movimiento a Carlos Rivera". Esto es de noviembre del 72, es decir, desde allí ya estaba en la mira de los organismos de inteligencia.
Una vez que fue secuestrado el 1 de octubre del 76 en su domicilio alrededor de la 1:30 horas en un operativo dirigido por dos personas de traje y gran cantidad de personal armado, tal como lo declaró su esposa Nélida Scagnetti quien declaró en este juicio, a ella y a sus hijos los dejaron encerrados en el departamento y a partir de ese momento comienzan las gestiones tanto de Nélida Scagnetti como del padre de Carlos Rivera, quien era suboficial retirado de la marina, para trata de dar con el paradero de la víctima. Presentaron denuncias, habeas corpus, ninguna de ellas fue tramitada por lo cual no pudieron lograr nada por esas vías.
El cautiverio en La Escuelita fue acreditado por diferentes víctimas que vieron que él estaba allí. Permaneció más de dos meses en el centro clandestino. Rivera tenía la particularidad que tenía asma por lo cual quienes lo conocían lo identificaron plenamente y quienes no lo conocían lo identificaron a partir de las expresiones de esa afección. Fue interrogado constantemente, sometido a torturas y también se le negó, entre tantas negaciones, darle algún paliativo para su afección.
Las víctimas que dieron cuenta de este paso por el centro clandestino en estas condiciones fueron Juan Carlos Monje y María Eugenia Flores Riquelme, con quien tenía una profunda amistad según han declarado ante el tribunal. Y también Rubén Ruiz, Julio Ruiz y Pablo Bohoslavsky dieron cuenta de su presencia en el centro clandestino.
Juan Carlos Monje dio cuenta también del momento en que a Rivera le dicen que se tenía que bañar, que le iban a dar ropa y lo iban a llevar a la cárcel. Monje relató que escucharon cómo se lo llevaban a Carlos Rivera y que al día siguiente pudo escuchar en la radio de los guardias la noticia de que dos personas habían sido abatidas en un enfrentamiento con el Ejército. El nombre de una, no lo pudo recordar, lo dieron y, nuevamente, de la otra persona dijeron que estaba para ser identificado. Esta secuencia de hechos da por tierra cualquier versión que pueda llevar a pretender que se trató de un enfrentamiento o que Rivera previo a ser ultimado recuperó la libertad porque en todo momento estuvo en poder de las autoridades militares.
El homicidio fue perpetrado en las primeras horas del 6 de diciembre del 76 en la calle 17 de mayo al 1800 donde fue fusilado junto a Ricardo Gabriel del Río quien estaba secuestrado desde meses antes, en principio en el Batallón 181 luego también en La Escuelita. Las publicaciones periodísticas vuelven a difundir el hecho igual que en los otros casos y mientras continuaba la búsqueda de Rivera y los compañeros de cautiverio tenían pleno conocimiento de lo que había pasado con el hecho, el cadáver de Carlos Rivera fue inhumado como NN por disposición nuevamente del juez Guillermo Madueño en el expediente de su identificación y entrega de cadáveres. Conforme a su contribución constante al plan criminal el trámite de esa causa termina inmediatamente sin que se haya dispuesto una sola medida de investigación. Y ese cierre de actividad judicial, esa decisión en el marco del plan criminal, fue la decisión que por diez años tuvo por desaparecido para la familia a Carlos Rivera y consolidó también la estrategia de impunidad retrasando cualquier tipo de averiguación que pudieran hacer acerca de lo que había ocurrido.
El cadáver de Carlos Rivera fue exhumado en 1987 por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y se ordenaron pericias que determinaron que quien estaba inhumado en esa sepultura era Carlos rivera. Intervino para eso el Equipo de Antropología Forense quien cotejó las huellas dactilares que dieron la certeza de la identidad de que esa persona que estaba allí era Carlos Rivera. Patricia Bernardi ante el tribunal, integrante del EAA recordó esas tareas. Con esa identificación diez años después y a través de métodos científicos recién se pudo cerrar o rebatir el silencio judicial y militar sobre el caso. Entonces sus familiares, hijos, su mujer pudieron empezar a ensamblar las piezas que le permitieron conocer lo que había pasado con Carlos Rivera.
La hipótesis también de que haya podido haber un enfrentamiento fue descartada por el perito legista Mariano Castex, quien ratificó ante el tribunal todos los términos de sus peritajes anteriores. En cuanto a las gestiones y la respuesta estatal a las gestiones que hacía la mujer de Carlos Rivera, hizo ella todas las gestiones ante organismos nacionales, también internacionales para dar con su paradero. Llevó su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interpeló al estado argentino. Y la respuesta que el estado argentina, el estado que había secuestrado a través de sus fuerzas armadas, secuestrado, torturado y luego fusilado a Carlos rivera en un falso enfrentamiento, respondió que sin temor a equivoco alguno -dice la respuesta estatal- el causante se ha dado a la fuga para eludir su eventual sanción por parte de tribunales de la Nación y asimismo se demuestra con meridiana claridad que el falso y malicioso contenido de la denuncia efectuada ante esa comisión no persigue otra finalidad que lograr el desprestigio de la república y sus habitantes. Esa es una respuesta del estado argentino ante los reclamos de Nélida Scagnetti. Y lo peor es que es uno de las respuestas que ha tenido sus efectos hasta hoy día cuando es posible que un tribunal de la nación finalmente revierta la impunidad y revierta los efectos de esas crueles respuestas hacia ciudadanos que no hacen más que preguntar dónde están, en ese caso los restos de su marido.
Las pruebas del legajo se completa con el legajo Redefa 6671; las publicaciones periodísticas que dan cuenta de las versiones oficiales de los hechos; la causa 306 de la Cámara de Apelaciones; la 108 también de la Cámara de Apelaciones; el 8613 de la Cámara Federal de Apelaciones'; el informe pericial de Mariano Castex; el informe pericial antropológico; la pericia balística realizada por la policía Federal argentina; y la presentación como querellante de Nélida Scagnetti.
En cuanto al otro de los fusilados en ese hecho, Ricardo Gabriel del Río. Era oriundo de Tandil, se había recibido de ingeniero electricista en la UNS y vivía a partir de eso en Bahía Blanca. Era militante de la Juventud Peronista y a partir de allí fue perseguido por esa actividad social por lo menos desde el año 74 donde aparecen los primeros archivos con su fichaje.
Allí vemos que ya desde el 74 en un documento donde se repasan antecedentes de Diana Miriam Fernández que fue secuestrada luego por la Armada, a quien vinculaban con Máximo Carnelutti quien estuvo secuestrado en la ESMA y en centro clandestino de la Armada en Bahía Blanca, entre el asiento del año 74 y 75 se menciona que intervino en cortes de calle y entre las personas que se menciona ahí ya esta Ricardo Gabriel del Río a quien la inteligencia le asigna diferentes alias.
El secuestro de Ricardo del Río fue consumado el 11 de agosto del 76, según consta también en informes de inteligencia agregados a la causa. En este informe de inteligencia se repasa, se lo identifica como Enrique Ricardo del Río, estudiante de la Universidad del Sur. Pertenece a la Juventud Universitaria Peronista, en el 74 asistió al sepelio de los restos del obrero de la construcción Luis Jesús García, perteneciente al ERP. Y luego dice, el 11 de agosto del 76 fue detenido por la policía provincial en momentos en que seguía a un oficial de marina. Hay vemos en este documento que hasta la asistencia a un sepelio era observado y registrado por la inteligencia militar y también confirma la fecha del secuestro.
Estuvo luego cautivo en el Batallón de Comunicaciones 181, tal como lo declararon Braulio Raúl Laurencena y Jorge Ricardo Villalba, quienes compartieron cautiverio con él. Sufrió como todos los cautivos torturas. Fue trasladado a La Escuelita desde donde fue sacado junto a Carlos Rivera para luego ser llevado al lugar donde sería fusilado.
En cuanto a ese falso enfrentamiento. Ocurrió el 6 de diciembre del 76 en 17 de mayo al 1800. También se cuenta con la publicación del comunicado de acción psicológica emitido desde el Comando del V Cuerpo de Ejército. Hablan de la misma versión de siempre, de que las víctimas o se resistían o que hubo una agresión por parte de las víctimas que estaban en cautiverio que es repelida por los militares y luego se enumera un comunicado donde se repasan los antecedentes, alias, se atribuyen diferentes elementos y demás. Esta información salió publicada en numerosos diarios que están también incorporadas a la causa.
La versión obviamente es falaz y se encuentra probado que las víctimas estaban reducidas a cautiverio en el momento en que fueron fusilados. Esto también lo confirmó la pericia efectuada por Mariano Castex. Desechó la hipótesis del enfrentamiento armado y dictaminó que era irreal el enfrentamiento al ratificar todo ante este tribunal.
Ricardo Gabriel del Río tenía al momento de ser fusilado 27 años y su hermana, en una declaración muy sentida, relató el pesar de sus padres hasta el momento en que ellos murieron y también se lamentó que hayan muerto sin saber la verdad, que su hijo no había muerto en un enfrentamiento sino que había sido secuestrado antes, que había sido mantenido en cautiverio y que había sido ultimado en una acción psicológica del Estado.
La prueba documental es común a la de Carlos Rivera.
Sigo con el caso de María Angélica Ferrari y Elisabeth Frers. María Angélica Ferrari vivía en Ing. White con sus padres, tenía por entonces 25 años de edad, estudiaba Bioquímica en la Universidad del Sur y daba clases particulares en su domicilio. Era militante de la Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrada, según se acreditó en este juicio, el 26 de septiembre del 77 en Siches 3946 de Ing. White aproximadamente a las 23 horas por un grupo de personas armadas, vestidas de civil que irrumpieron en esa vivienda y se llevaron a la víctima Ferrari ante su madre y en presencia de Claudia Martelini. Desde allí fue llevada a La Escuelita donde fue torturada hasta que el 13 de abril del 77 fue trasladada a La Plata.
La otra víctima de este caso es Elisabeth Frers quien era oriunda de Esquel, vivía en calle Pedro Pico 465 de esta ciudad y militaba en la Juventud Peronista, integraba la comunidad scout La Pequeña Obra de esta ciudad y fue secuestrada el 5 de febrero, días antes que María Angélica, en su domicilio de Pedro Pico 465 con el mismo despliegue operativo y de inteligencia que se había iniciado el 3 de febrero en esa secuencia que relaté en ocasión de los casos Cereijo, Lofvall, Iannarelli e Ilacqua.
En ese domicilio de Pedro Pico 465 vivía junto a José Antonio Cortez quien horas antes de que ella haya sido secuestrada había sido ultimado por el Ejército. Elisabeth Frers fue llevada a La Escuelita donde fue torturada e interrogada. La familia de Elisabeth Frers vivía en Esquel y fue también víctima de operativos militares que implicaron el secuestro a la hermana de la víctima y ese despliegue también ejecutado en Esquel tenía como objetivo encontrarla a Elisabeth. Eso se acreditó con la declaración ante el tribunal de Cristina Graciela Frers.
El 13 de abril del 77 ella fue retirada del centro clandestino y trasladada a otra jurisdicción junto a Cereijo, Lofvall, Iannarelli e Ilacqua y Ferrari como ya fue relatado en otros casos.
María Angélica Ferrari y Elisabeth Frers fueron fusiladas entre el 21 y el 23 de abril de 1977 en La Plata. En las fechas del comunicado de la Zona I de Seguridad discrepan con las constancias con los certificados de defunción, por lo que se tiene por acreditado que el abatimiento ocurrió entre esos dos días. El hecho fue publicado como un enfrentamiento armado entre fuerzas del Ejército y combatientes libres que agredían a las fuerzas legales, como se hacían llamar, y luego esa misma noticia fue publicada en diarios locales. La nota del diario La Nueva Provincia es del 27 de abril del 77 y está titulada "Caen ocho extremistas" y reproduje ese comunicado oficial. La falsedad de ese comunicado o de los hechos que se relevan en ese comunicado están desmentidos todos por las diferentes declaraciones de las víctimas y es otro de los casos en que se recurre a la coartada de un enfrentamiento para encubrir los fusilamientos que forman parte de toda una secuencia criminal en sí que comienza con la persecución y termina con su fusilamiento a manos del Ejército.
Quedó probado que ambas estaban en cautiverio, que fueron trasladadas a otra jurisdicción y que en ningún momento recuperaron la libertad al igual que ocurre con otros abatidos en estos enfrentamientos. Ambas familias tomaron conocimiento de estos hechos por los diarios y a partir de allí comienza su calvario hasta dar con el cuerpo y conseguir que se los entreguen.
La prueba de estos hechos se integra con las testimoniales de Alicia Partnoy, Carlos Sanabria , Carlos Principi, Alicia Antich, Claudia Martelini, Miguel Ángel Pascual, Cristina Elisa Frers, Gustavo Frers y Jorge Senoff. Y por las declaraciones incorporadas por lectura de María Birlis, Caarlos Alberto Ferrari y Ángel Pascual. La documentación también se integra con el expte. 86/24 Subsecretaría de Derechos Humanos; el 208; el expte. 130 Ferrari María Angélica sobre recurso de habeas corpus; publicaciones del diario La Nueva Provincia, Clarín y La Prensa del 22 de abril del 77; y los legajos Redefa 128 y 1069.
Entre la documentación de inteligencia que da cuenta de estos casos se encuentra también la ficha de inteligencia de Carlos Principi donde se vincula a Elisabeth Frers con otras víctimas de esta causa como ha sido repasado. Y también un informe de inteligencia en el que se da cuenta de supuestas acciones de las que estas personas son acusadas en esa secuencia criminal que va del 3 al 5 de febrero de 1977. Ahí vemos cómo se identifica a una de las víctimas. Se habla de su participación en la Juventud Universitaria Peronista en el 73, que milita, que tiene 23 y 24 años y se la vincula con Nancy Cereijo.
Ha quedado probado entonces que Elisabeth Frers fue secuestrada el 5 de febrero del 77 en su domicilio y que fue luego trasladada al centro clandestino La Escuelita donde fue sujeta a torturas e interrogatorios. También que María Angélica Ferrari fue secuestrada el 23 de febrero del 77 en su domicilio y que compartió cautiverio con Elisabeth Frers, siendo también interrogada y torturada y quedó acreditado también que fueron trasladadas a La Plata donde continuaron en cautiverio y allí fueron fusiladas entre el 21 y el 23 de febrero de 1977. Allí tenemos la carta que ella consigue entregarle a su familia donde habla de que tiene una vida muy monótona, que está asechada por la persecución y que tiene que pensar en hacer otra vida. Luego le pide que le alcancen la Biblia de su biblioteca, de tapas azules.
Paso ahora al caso de Mónica Morán. Fue secuestra el viernes 11 de junio de 1976 en el lugar donde funcionaba el teatro La Ranchería. Esa noche Mónica se encontraba en la sala de teatro junto a Angélica Claro, María Rosa Escudero, Jorge Cesar Surkin y Dardo Aguirre. Un grupo de aproximadamente cinco personas armadas irrumpió en esa sala de Rondeau 220, obligó a quienes estaban allí a tirarse al suelo y comenzó a interrogar a las personas acerca de quién era Mónica Morán. Una vez que fue identificada, la redujeron y se la llevaron secuestrada, previo a apropiarse de dinero, documentos, bienes personales que había en el lugar.
Una vez que Mónica Morán fue ingresada al centro clandestino. La presencia de Mónica Morán en el centro clandestino fue acreditada por Gladys Sepúlveda, Dora Seguel, Pedro Maidana, Elida Sifuentes y Graciela Ana Kalenisko. En el caso de Sepúlveda dio cuenta además del modo en que Morán fue retirada en el centro clandestino para su fusilamiento. Sepúlveda dijo que al ser trasladada a la unidad 4 aproximadamente el 25 de junio, supo a través de la lectura de un periódico que Mónica Morán había sido muerta en un enfrentamiento, lo que descartó por ser absolutamente inadmisible, Morán estaba cautiva en el mismo centro clandestino que ella. Dora Seguel declaró que compartió cautiverio con Mónica Morán y que la escuchó hablan a la víctima con los guardias, quienes la llamaban por su nombre.
Pedro Maidana relató un episodio particular dentro del centro clandestino, durante un interrogatorio a cargo de Santiago Cruciani, este dispuso que trajeran a Mónica Morán para que Maidana la reconociera. Si bien estaba tabicado, distinguió la voz de Mónica Morán a quien conocía de la militancia política en Cutral co. Estas declaraciones dan cuenta de que estaba reducida en ese centro clandestino del Ejército.
El relato de los testigos también corroboró la inmediatez entre el momento en que Mónica Morán estaba cautiva y la fecha en que su cadáver es presentado públicamente como producto de un supuesto enfrentamiento el 24 de junio de 1976. Las referencias de los testigos son categóricas en este punto en el sentido en que estaba reducida al cautiverio en ese lugar y que fue retirada por las mismas fuerzas represivas que la habían secuestrado.
El falso enfrentamiento se produjo en la esquina de Santiago del Estero a la altura del 376 entre las 2 y las 3 horas. Allí se da cuenta de, como en el resto de los casos, una publicación donde se habla de cinco extremistas abatidos en Bahía Blanca. Luego en su declaración indagatoria Vilas explicará que la única abatida había sido Mónica Morán y que el resto de los que figuraban como víctimas de ese hecho se debía a una difusión propio de la actividad psicológica secreta ejecutada según los reglamentos de inteligencia.
El operativo de abatimiento estuvo a cargo de oficiales del V Cuerpo de Ejército y la… corroborando este accionar exclusivo de fuerzas militares y policiales, el médico de la policía de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Flores, en su declaración incorporada por lectura dijo haberse constituido en el inmueble de Santiago del Estero y Nicaragua donde revisó el cadáver de una persona fallecida por hemorragia interna. Agregó no haber percibido la existencia de otros cadáveres, con lo cual queda confirmado esta hipótesis de acción psicológica sobre la población a partir de un fusilamiento.
También dictámenes periciales dieron cuenta y corroboran que se trató de un homicidio y no de un hecho de otra naturaleza. Y también las declaraciones de los vecinos del lugar Salvador Ángel Milondo y Mario Hugo Casali incorporadas por lectura. Los testigos dijeron acerca de la versión difundida por La Nueva Provincia que les había llamado la atención porque ni durante la noche ni al otro día se encontraron huellas de un tiroteo entre presuntos oponentes y las fuerzas armadas. Más aun conociendo, como ellos conocían, que la casa estaba deshabitada. Por otra parte, esta circunstancia de la casa deshabitada la corroboraron Antonia Ángel Coria y Nélida Antonia Peralta. Asimismo en la exposición del caso Bombara se daba cuenta de que desde los primeros días de enero de 1976 que era un domicilio que las fuerzas armadas tenían en su mira a partir de diferentes sesiones de torturas donde habían dado que era un domicilio donde habían vivido militantes políticos. Estos elementos siguen corroborando cada una de las circunstancias del fusilamiento del que fue víctima Mónica Morán.
Los dictámenes periciales forenses sobre el cadáver de Mónica Morán incorporadas por lectura incluyen el informe del Equipo de Antropología Forense que concluye como muy poco probable la hipótesis que la víctima haya sido abatida en un enfrentamiento armado al tiempo que se afirmó que las observaciones obtenidas y estudiadas, eran coincidentes con una muerta por homicidio efectuada por disparos de arma de fuego efectuados a una distancia relativamente corta sobre una víctima inmóvil. Es decir, todas las características precisas de un fusilamiento. Alejandro Inchaurregui, por su parte, ante el tribunal recordó las diligencias periciales practicadas sobre el cadáver de Mónica Morán, las lesiones de proyectil de arma de fuego en la zona del tórax que habían encontrado al hacer la pericia, también provenientes de disparos provenientes de sentido antero posterior, así lo identificó. Lo que indicó como un elemento incompatible absolutamente con una hipótesis de enfrentamiento armado por parte de la víctima y su agresor. Dio también detalles de la conclusión de su colega Collins Snow quien determinó que por la dirección de los disparos y por la rosa de dispersión no cabía ninguna duda de que se trataba de un supuesto de ejecución de la víctima. Por su parte, Mariano Castex, quien también recordó las particularidades de esa pericia, ratificó el procedimiento que había realizado y la conclusión a la que arribó al hacer la pericia sobre los restos de Morán. Insistió y ratificó que Mónica Morán jamás pudo haber muerto en un enfrentamiento a partir de un estudio que él hizo del cuerpo.
En relación a la identidad del cadáver fue definitivamente acreditado que se trataba de Mónica Moran a través de una pericia papiloscopica realizada y ratificada en la causa en esta sede por Enrique Treffinger.
Con todo esto queda acreditado que es incompatible y debe ser descartada cualquier hipótesis de enfrentamiento y esto se integra también con la declaración de los testigos Minoldo y Casali quienes dieron cuenta de la dispersión de disparos de bala en el frente y en el interior del local donde fue el operativo militar. Con el cadáver de Mónica Morán también hay referencias de que fue llevado de ese lugar donde fue fusilada hacia instalaciones del Hospital de Evacuaciones 181, antes de ser trasladada a la morgue del hospital municipal. Esto se encuentra probado por las declaraciones de Jorge Bernardi, Alberto Taranto y José Alberto Morán.
Las declaraciones de Vilas en relación al hecho de Morán deben ser valoradas con algunos aspectos que voy a resaltar. En primer término en su indagatoria se puede leer un reconocimiento de la materialidad del hecho y el ensayo que efectúa Vilas de culpar a Morán de su propia muerte es una hipótesis más, un intento de coartada que no tiene ningún tipo de sustento en la prueba que fue producida ante el tribunal y que estaba incorporada ya a la causa.
Jamás ocurrió ningún hecho así en Bahía Blanca, un hecho donde la víctima puede soltarse de sus captores, estando en cautiverio, y ser víctima de una accionar de sus propios compañeros a pocas cuadras del Comando V Cuerpo de Ejército en pleno 1976 en un operativo que según está procesado, estuvo a cargo de nada menos que Enrique José Delpino, que fue uno de los jefes, luego de pasar por Tucumán y Bahía Blanca fue uno de los jefes del centro clandestino El Olimpo.
Cabe señalar por último que los testigos Aguirre y Surkin dieron detalles de las gestiones que realizaron una vez que ocurrió este hecho, en la seccional segunda de policía en el Comando Radioeléctrico. También de las gestiones del entorno de la familia de Mónica Morán, José Alberto Morán en concreto que declaró en este juicio, quien relató que un oficial de apellido Sipio que revistaba en el Comando V Cuerpo de Ejército le informó que la víctima se encontraba bajo jurisdicción de las autoridades del Ejército en estado de averiguación. Es decir, existió una confesión incluso, por parte de un oficial, de que ellos eran los captores de Mónica Morán. Más allá de eso, la familia no pudo hacerse de otras certezas y José Alberto Morán, luego de haber tomado conocimiento de la muerte de su hermana, se presentó en el V Cuerpo de Ejército y allí le informaron que su cuerpo había sido llevado al hospital militar. Al presentarse le exhibieron manchas de sangre en la entrada y le informaron que había sido llevado a la morgue del Hospital Municipal.
La prueba documental de este hecho está integrada por el expte. 109/7 de la Cámara Federal; el expte. 96 también de la Cámara Federal; el legajo Conadep 3304; y las publicaciones en diarios Crónica, La Nueva Provincia, Río Negro, La Nación, Opinión y Clarín publicando la acción psicológica de este hecho.
En cuanto a la documentación de inteligencia que da cuenta de la persecución previa de la que era víctima M'
Mónica Morán, podemos ver una ficha de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires del año 71 donde desde entonces ya estaba fichada Mónica Morán a partir de su integración a la Asociación Bahiense de Escritores. Por último también está incorporada a la causa la circulación por inteligencia de un supuesto hecho de privación ilegitima de la libertad y robo en Bahía Blanca donde se da parte de las denuncias hechas a partir de el caso Morán y se habla de que Morán se desempeña en el jardín de infantes de Lamadrid 73, tiene un hermano teniente de fragata y que se hallaría enemistado con la causante por la vinculación de esta a elementos izquierdistas. Es decir, ya estaba rotulada en esa inteligencia como una de las personas a perseguir como parte de su actividad política.
Se acreditó en síntesis que Mónica Morán fue secuestrada el 11 de junio del 76, trasladada y mantenida cautiva en el centro clandestino La Escuelita donde fue torturada por el personal militar que allí se desempeñaba y luego retirada por las mismas fuerzas del centro clandestino para ser fusilada el 24 de junio del 76.
Paso ahora al caso Darío José Rossi. Tenía 26 años cuando fue víctima de estos hechos, estaba casado con Esperanza Martínez con quien tuvo una hija que al momento del secuestro de ellos tenía 5 años. Era militante universitario, participaba en asambleas estudiantiles, colaboraba con la cooperadora universitaria de la Universidad Nacional del Sur. Y a partir del fusilamiento de David Cilleruelo en los pasillos de la Universidad del Sur, ante la intensificación del clima de persecución y terror en esta universidad, Rossi y Martínez decidieron trasladarse a Viedma.
El fue secuestrado el 29 de noviembre del 76 al mediodía. Lo sacaron de su propio domicilio en medio de un operativo de varias personas que irrumpieron en su casa, que rompieron una ventana para ingresar y de allí lo sacaron a golpes. Fue reducido en uno de los autos del operativo. Horas después cuando su hija y esposa regresaron de una actividad privada, encontraron la casa revuelta y no pudieron recuperar ninguna de las pertenencias que habían sido robadas en ese hecho. La persecución sobre esta familia tampoco cesó allí porque en esos días, a los dos o tres días, policías allanaron ilegalmente en Bahía Blanca la casa de los padres de Darío Rossi y la de su hermano en búsqueda de Esperanza Martínez, quien fue secuestrada días después en comodoro Rivadavia y trasladada a la unidad 4 de Villa Floresta.
Tanto Pablo Alcides Rossi como Esperanza Martínez dieron cuenta de las gestiones que hicieron para ubicar a Darío Rossi. Y mientras su familia procuraba saber de él, él fue divisado, fue percibido en el centro clandestino La escuelita por José Luis Gon, quien lo conocía de antes, Oscar Amílcar Bermúdez quien también lo conocía, Eduardo Felipe Madina Fresco y José Oscar Meilán. Cada uno de ellos dio cuenta de la presencia de Rossi en el centro clandestino.
El 2 de marzo del 77, a la una hora, sus compañeros de cautiverio pudieron escuchar de un supuesto enfrentamiento con fuerzas legales y que en ese enfrentamiento supuestamente bélico había sido ultimado Darío Rossi y que su cadáver estaba en la morgue del Hospital Municipal. Esto fue escuchado por las propias víctimas del centro clandestino quienes habían compartido cautiverio con él hasta que lo sacaron para ultimarlo. Esta inmediatez entre el cautiverio y su fusilamiento da cuenta de que no pudo haberse tratado de un enfrentamiento ni de ninguna hipótesis de legítima defensa por parte de ningún funcionario público.
El comunicado del V Cuerpo de Ejército dio obviamente otra versión, se monta a la coartada del falso enfrentamiento y elude las menciones a que Rossi estaba cautivo o que estaba en el centro clandestino. Simplemente se da un comunicado donde se habla de un abatimiento de un sedicioso en Bahía Blanca. El comunicado, la noticia publicada el 3 de marzo del 77, habla de que un extremista perteneciente al autodenominada Ejército Revolucionario del Pueblo fue abatido en la noche de ayer en esta ciudad, hablan de Salta y Panamá. Fuentes responsables señalaron que en su poder se halló un documento de identidad de apellido Rossi que se procura confirmar. Estaría entre la nómina de personas buscadas por las fuerzas de seguridad por su calificación de altamente peligrosa. Ninguna de esas circunstancias era desconocida por la inteligencia ni por los grupos operativos que eligieron ultimarlo.
En ese, al otro día, La Nueva Provincia con información que obviamente ya estaba en poder desde tiempo antes por parte del comando de zona 5, identifica como José Darío Rossi a la víctima de ese supuesto enfrentamiento. El cadáver de Rossi fue relevado por los médicos que solían actuar en ese tipo de hechos y luego, Mariano Castex, peritó también esa documentación y concluyó que es sumamente difícil hacer concordar el relato de la Policía Federal con la realidad que ofrece la necropsia. Es decir, no era compatible la hipótesis de que haya sostenido un enfrentamiento con las evidencias de su cuerpo, por el relato también de quien había hecho la autopsia, y esto corrobora también la versión de quienes lo vieron cautivo en el centro clandestino.
La prueba testimonial del caso se integra también con las declaraciones de Esperanza Martínez, José Luis Gon, Jorge Abel, Oscar Bermúdez, Patricia Chabat, Oscar Meilán, Pablo Rossi, Gustavo Rossi. Y las incorporadas por lectura de Omar Rossi, Elena Hegan y Pedro Kun. También las constancias documentales que integran los elementos probatorios de estos casos son el expte. 19 de la Cámara Federal de Apelaciones; el 144 de la Cámara; el 105; la presentación como querellante de Pablo Alcides Rossi y de Esperanza Martínez.
Respecto de Darío Rossi también existe documentación de inteligencia que habla de una ficha personal donde se lo ubica como antecedentes sociales, perteneciente al ERP y una ficha de la Mesa de DS, delincuentes subversivos.
En síntesis queda acreditado que Darío José Rossi fue secuestrado en su domicilio el 29 de noviembre de 1976, que estuvo por tres meses alojado y cautivo y sometido a torturas en el centro clandestino La Escuelita hasta que el 2 de marzo de 1977 fue sacado de allí para ser ultimado.
Pasaré a desarrollar ahora el caso conocido como la masacre de Pibe de Oro ejecutada en abril de 1977 en cercanías de la localidad de Gral. Daniel Cerri. Con esa denominación se conoce al hecho donde fueron abatidos, donde fueron fusilados Gustavo Marcelo Yotti, Zulma Araceli Izurieta, Cesar Antonio Giordano y María Elena Romero. Fueron los cuatro ultimados por los integrantes del Equipo de Lucha contra la Subversión del V Cuerpo de Ejército quienes los sacaron previamente del centro clandestino La Escuelita donde estaban cautivos.
En el caso de Gustavo Marcelo Yotti, tenía 18 años al momento de ser víctima de estos hechos. Su familia y sus amistades lo apodaban Benja, era alumno de la ENET 1, militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios y era novio de María Elena Romero, otra de las víctimas.
Fueron ambos secuestrados el 4 de febrero de 1977 del departamento donde vivían en Caronti 43 de Bahía Blanca en un operativo militar desde donde fueron llevados, reducidos ya y sometidos a tormentos al centro clandestino La Escuelita. La hermana de Gustavo Yotti viajó a Bahía Blanca y tomó conocimiento del secuestro de su hermano. Realizó gestiones y como casi todas las familias fue al V Cuerpo donde no tuvo respuesta hasta que en abril del 77 se enteraron del destino que sus captores habían decidido.
María Elena Romero, por su parte, militaba en la UES, estudiaba teatro. Fue también secuestrada junto a Gustavo Yotti en el domicilio de Caronti 43 el 4 de febrero del 77 y permaneció luego en cautiverio en L Escuelita donde sufrió interrogatorios, torturas, durante largo tiempo hasta su fusilamiento. En particular, tanto ella como Gustavo Yotti fueron objeto de abusos sexuales como fue declarado ante este tribunal y en el momento en que ella fue ingresada al centro clandestino también estaba allí cautiva su hermana Graciela Alicia Romero quien estaba embarazada. Y al día siguiente en que fue fusilada María Elena, tuvo a su hijo en cautiverio.
Zulma Araceli Izurieta, otra de las víctimas de este hecho, era maestra, militaba en la Juventud Universitaria Peronista, la apodaban la Vasca y tenía 24 años al momento de ser víctima de estos hechos. Ella en septiembre de 1976 vivía en Córdoba junto a su pareja Cesar Giordano y fue secuestrada en su lugar de trabajo, el banco de sangre de Córdoba, el 21 de diciembre de ese año, aproximadamente a las 19 horas, llevada al centro clandestino La Perla donde estuvo en cautiverio sometida a torturas. Luego fue trasladada a Bahía Blanca a fines de diciembre del 76 donde continuó en cautiverio en La Escuelita. El traslado desde La Perla a La Escuelita fue realizado por quien es mencionado con el alias Chiche en el centro clandestino La Escuelita.
César Giordano, otra de las víctimas, había estudiado en la ENET 1 de Bahía Blanca, que hemos visto el objeto de persecución por parte de la inteligencia, vivía en Córdoba y lo apodaban Braco. Fue secuestrado también el 21 de septiembre del 76 pero en su domicilio de Lavalleja 2064 de Córdoba, llevado al centro clandestino La Perla donde fue torturado al igual que el resto de las víctimas que pasaban por los centros clandestinos. Y tanto Giordano como Izurieta, compartieron en La Perla cautiverio con Héctor Ángel Teodoro Kunzmann quien declaró ante el tribunal y dio cuenta de estos cautiverios. A fines de 1976 fue trasladado en avión junto con Izurieta por el alias Chiche hacía Bahía Blanca. Su familia tomó conocimiento del secuestro a través de la madre de Izurieta. A partir de allí, la madre de Giordano, Mafalda Moro realizó gestiones que obviamente no dieron ningún resultado dado que la política de los captores y responsables era no brindar ninguna tipo de información sino por el contrario negarla o distorsionarla para desviar la actividad de búsqueda.
Las cuatro víctimas -Giordano, Izurieta, Romero y Yotti- fueron ultimados el 13 de abril del 77 en un operativo realizado por personal militar a cargo del Equipo de Lucha contra la Subversión. Hasta ese momento habían estado en La Escuelita todos ellos. Fueron sacados el 12 de abril del 77 previo haber sido adormecidos por la aplicación de una inyección. Fueron abatidos en cercanías del paraje denominado El Pibe de Oro en cercanías de Gral. Cerri.
La versión oficial de este hecho fue también la coartada de encubrir los fusilamientos presentándolos como un supuesto enfrentamiento con combatientes de algún ejército irregular. Ahí vemos la noticia del 14 de abril del 77, publicada nuevamente por La Nueva Provincia que dice "fueron abatidos cuatro sediciosos". El comando de Zona 5 dio a conocer un comunicado en el que se identifica a los delincuentes subversivos muertos esta madrugada en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en cercanías de Gral. Cerri. Y dice luego que el Comando de Zona 5 amplió la información y dio a conocer que los delincuentes abatidos pertenecían a la banda de delincuentes subversivos auto titulada Montoneros, de ideología marxista y leninista que desde hace varios meses se los estaba vigilando. Esa parte es cierta, hacía meses que los tenían en cautiverio sometidos a una estricta vigilancia y disciplinamiento dentro del centro clandestino. La nómina de muertos es la siguiente, continúa el comunicado, María Elena Romero, Gustavo Yotti, Zulema Araceli Izurieta y César Antonio Giordano.
Con las declaraciones de Martín Soto, Martín Moro, Alicia Partnoy, Carlos Sanabria, María del Carmen Moyano, Héctor Yotti, Julio Lede, Héctor Kunzmann, Sergio Voitzuk, Gustavo Darío López, las incorporadas por lectura de Graciela Geuna, Mafalda Moro y María del Carmen Moyano quedó probado que las víctimas por el contrario estaban recluidas en cautiverio en La Escuelita desde donde fueron sacadas para ser fusiladas. Por lo tanto se trata de un operativo absolutamente fraguado destinado a ejercer acción psicológica como ha sido la constante en todos estos hechos.
Además la hipótesis de la acusación que se trató de un fusilamiento fue corroborada por el perito Mariano Castex, que fueron explicadas y ratificadas ante el tribunal, y el perito concluyó que de conformidad con el informe de necropsia realizada en la época quedó descartada la posibilidad real de que hayan participado de un enfrentamiento. Y que las versiones sobre el hecho son incompatibles con las lesiones verificadas.
Por otra parte el también referido expediente González Chipont donde él admite haber participado en los abatimientos de estas víctimas junto con Mario Méndez y Norberto Condal, por ejemplo.
Estas personas, además de haber estado recluidas en cautiverio, eran perseguidas desde mucho antes. Obra en la causa la carta de Izurieta que ya fue leída ante el tribunal, donde se habla de que ella ya tenía conocimiento de que su pareja había sido ultimada y de que habían sido perseguidas desde tiempo antes. En esa carta que fue leída ante el tribunal, hay un párrafo en particular que es de interés, que dice "díganle a Zulma que se cuide mucho, no quiero que tenga que sufrir todo lo que yo he pasado, ellos saben que está en Córdoba y con Braco porque esa casa estaba en la última carta que me escribió". Es decir, la persecución y su captura eran inminentes. Por último, Graciela Izurieta le dice que ya van a tener noticias mías y cariños a Zulma. Esta carta es del 1 de diciembre del 76, es decir, veinte días antes de que el Ejército los encontrara para luego matarlos.
Obra también integrando la documental de esta causa, la causa 94 de la Cámara Federal,; los legajos Redefa 1075, 191 y 171; y las publicaciones periodísticas del comunicado oficial del V Cuerpo de Ejército donde dan cuenta de ese fusilamiento. También obra la ficha personal de César Giordano del año 75 ante la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, concretamente del 23 de septiembre de 1975 donde la ficha también archivada en la mesa DS dice como antecedentes sociales que es montonero. Y en el informe sobre procedimientos en Bahía Blanca se habla que averiguaciones permitieron determinar que en el ámbito de la ENET 1 Cesar Cipoletti actúa un grupo identificado en la línea de Montoneros y allí, dice, que han creado últimamente problemas a la dirección de ese establecimiento. Y allí menciona entre otros a Cesar Giordano junto a Sergio Voitzuk. Esto es de agosto del 75 y ha quedado corroborado que integró luego la mesa de trabajo de la comunidad informativa.
Luego hay otra documentación del 15 de abril del 77 en la cual se repasan los antecedentes de las cuatro víctimas de esta masacre en la cual al final dice este informe de inteligencia que como dato ilustrativo es de hacer notar que las nombradas precedentemente sustentaban la ideología marxista leninista de la que eran importantes propagandistas. Esto es del 15 de abril de 1977.
También están incluidos ellos, particularmente Zulma Izurieta, en un esquema de integrantes de Montoneros que había armado la inteligencia militar. Quedó entonces probado que Gustavo Marcelo Yotti y María Elena Romero fueron secuestrados el 4 de febrero de 1977 en su domicilio de Bahía Blanca, luego recluidos en La Escuelita donde fueron interrogados y torturados, que César Antonio Giordano y Zulma Araceli Izurieta fueron secuestrados en Córdoba, recluidos y torturados en el centro clandestinos La Perla desde donde fueron trasladados al centro clandestino La Escuelita, y desde ese centro clandestino fueron sacados para ser fusilados el 13 de abril del 77 por miembros del Equipo de Lucha contra la Subversión en cercanías del paraje conocido como Pibe de Oro sin haber nunca recuperado la libertad.
Allí tenemos las imágenes últimas de cada una de estas víctimas. Con lo cual quedan concluidos los alegatos de estos casos de falsos enfrentamientos.
Respecto de las interpretaciones o los intentos de explicar porqué estos acusados consumaban estos tipos de hechos. En algunos casos desapariciones y en otros casos hacían aparecer los cadáveres. Estos hechos propios del Terrorismo de Estado dan cuenta de que la muerte era uno de los instrumentos a los que echaban mano producto de una concepción retrógrada, obviamente, que entre todas las acciones posibles que ellos podían elegir para quienes consideraban sus enemigos, elegían la muerte. Y forman parte esas muertes de la concreción de las amenazas que públicamente hacían, en la cual se sustenta el Terrorismo de Estado y que necesita, no solo de la desaparición, que es uno de los dispositivos que obviamente infundía terror, sino de la muerte tangible. Es decir, estas muertes fueron producidas como parte de un dispositivo de terror, no solo como parte final de un hecho sino como dispositivos tangibles de que la muerte era una posibilidad para cualquiera de las personas de esta ciudad y, sobre todo, para los militantes jóvenes que vinculados a cualquiera de esas víctimas o a cualquier actividad política. Se tratan estos hechos en definitiva, de los fastos del Terrorismo de Estado.
Por último, voy a hacer hincapié en que hay una parte de los hechos que quedará sin probar. Un tormento absolutamente, que queda en la imaginación cuya hondura abisma de solo pensarlo que es, no vamos a poder probar nunca que sucede con el tormento de una persona que está yendo hacia su propia muerte, con la certeza de que va a ser fusilada.
Tenemos testimonios de innumerables víctimas que dan cuenta de los tormentos de lo que es escuchar la tortura de otras personas. Ver la inminencia de ser sometidos a esas sesiones pero nunca se podrá recabar el horror que ha de implicar la certeza de que se están recorriendo los últimos momentos de una vida y también de ver el operativo enfrente y cómo se va a ejecutar y donde ya no hay ninguna salida. De eso, obviamente, no queda ninguna prueba, porque la conclusión de las conductas de estos acusados es la muerte y de allí, solo quedan las imágenes de estas personas que no han pasado en ningún caso los veinte años.
Con estos hechos quedan cerrados los alegatos y la continuidad es con las responsabilidades de los acusados, lo cual va a llevar en cualquiera de los casos bastante tiempo.
Juez Jorge Ferro: Para mantener la uniformidad y el orden en los alegatos vamos a pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 horas y usted comienza con la responsabilidad que acaba de mencionar.

Juicios en Bahía Blanca
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