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Informe sobre la situación social en San Carlos de Bariloche frente a los casos de "gatillo fácil"

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Informe sobre la situación social en San Carlos de Bariloche frente a los casos de "gatillo fácil" de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en Junio de 2010.

Breve genealogía y contextualización.

Por Lic.Fabiana Ertola
San Carlos de Bariloche, 07 de Julio de 2010

San Carlos de Bariloche ha vivido en los últimos 15 años un estado progresivo de deterioro social que apenas ha sido atenuado espasmódicamente por una creciente reactivación del turismo -prácticamente único motor de desarrollo económico de la ciudad- desde cuyo producto no se genera ninguna política significativa de redistribución de ingresos.

Tal situación observable claramente en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo en una población que no deja de crecer contando hoy con casi 140.000 habitantes, apenas se dicen compensar con ínfimas políticas focalizadas de contención social.

Los detalles de un trabajo realizado por un centro de estudios regionales (CER) manifiestan que San Carlos de Bariloche tuvo durante 2007 un índice de crecimiento de su PBI mayor que el promedio nacional siendo el ingreso per cápita también superador del guarismo nacional.

Sin embargo, los contrastes económicos son inconmensurables: el 10 por ciento más rico de la población supera 32,1 veces a los recursos anuales del 10 por ciento más pobre de la ciudad. De tal modo -conforme a los parámetros del INDEC- el 31,2% de los residentes locales debía ser encuadrado en la categoría de 'pobres'.

Si bien el desempleo se redujo en algunos puntos respecto de las cifras de los años '90 es necesario tener en cuenta que esta reducción es también estacional llegando a 5,9% en las altas temporadas y a 7,1% en los momentos de declive "de acuerdo a sus ingresos mensuales, al 30 de abril de 2008, el 20,10% de los habitantes de la ciudad se encontraba entre la línea de pobreza (demarcada en $ 2.188,62) y la de indigencia ($ 1.017,96), mientras que 11,10% no llegaba a ésta última" sostiene el informe.

Queda más que claro por lo tanto cuáles son siempre las prioridades en la ciudad de la nieve y la postal.

La tensión social constituye una realidad a la que los barilochenses no enfrentamos cotidianamente de diversas maneras. En Rio negro la reconversión de un estado de semi-providencia en un estado de corte claramente neoliberal comenzó a organizarse sin retorno a partir de 1995 tras su colapso irreversible que desembocó en un modelo social excluyente cuya consecuencia fue la violación sistemática y profunda de los derechos más elementales.

En su lugar lo único que se "distribuyó" fueron planes sociales y asistencialismo alimentario a las poblaciones afectadas sobre la base de una extensa red de clientelismo político por un lado y por el otro el reforzamiento del sistema represivo institucional territorializado que tuvo y tiene como objetivo fundamental el control y disicplinamiento de las zonas y de la población más pobre de la ciudad: "el Alto".

La represión y criminalización tanto de la pobreza, como del conflicto social son las respuestas que el Estado provincial y el local organizan sistemáticamente frente a sus múltiples manifestaciones.

La criminalización constituye por lo tanto el mecanismo sobre el que se judicializa tanto al sedicioso-manifestante de una protesta social que bloquea una ruta u ocupa un edificio, como a aquel que comete un delito común -en general contra la propiedad o las personas físicas- que en relación al contexto social en el que nos hallamos liga el delito a la pobreza dando cuenta de la consolidación de una doctrina de la seguridad urbana cada vez más amplia pero consolidada cuya matriz se sostiene en un conjunto de dispositivos represivos que se dan tanto en la actuación de sus fuerzas directas como en la formalización de la reclusión de sus víctimas a través del crecimiento de la población carcelaria y el agravamiento de sus condiciones de vida en las unidades penitenciarias de la provincia.

En el contexto descripto de ampliación y polarización de las brechas sociales, durante el presente 2010 la violación de los derechos humanos ha encontrado en la localidad un nuevo punto de inflexión que se condice con el general que traduce la provincia.

Entre esos principales elementos nos interesaría destacar los siguientes datos crecientes y casos en una breve y puntual genealogía que traducen los niveles y los giros políticos alcanzados en la localidad -dentro del contexto provincial- hasta llegar a las muertes de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco el pasado 17 y 18 de junio del corriente año.

• En 1995 se crea el BORA: (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto) grupo especial de choque que fuera creado para hacer frente a la intensa movilización social, la ola de ocupaciones y tomas de edificios públicos en las distintas localidades de la provincia y que desataran los conflictos frente a los retrasos en los pagos de los salarios estatales y los inicios de las luchas contra los ajustes en el marco del segundo plan de reformas del gobierno menemista.

  Aún no se halla desmontado y por el contrario complementa el accionar policial de la provincia.

• En 1996 ya era de público conocimiento que la Alcaidía local poseía una población carcelaria que duplicaba el número que podía contener.|1|

• En 1997 se desarrollan cortes de ruta en defensa de los salarios y en contra de los ajustes estatales a partir de los gremios nucleados en CTA y de la participación particular de la comunidad educativa. Se inicia el procesamiento de una decena luchadores sociales, gremiales y comunales y se culmina con la condena en 2001 de Marina Schifrin por parte del juez federal Leónidas Moldes. El caso llega a la corte suprema de la Nación pero es dejado en prescripción.

• Hacia principios de 1998 un conjunto de grupos juveniles del "alto" comenzaron a ser estigmatizados y responsabilizados de "desbordes preocupantes" (Informe realizado por la Policía de la provincia de Rio Negro dirigido al Ministerio del Interior de la Nación -en ese momento Carlos Corach-). El pedido de liberación de uno de los miembros del grupo por parte de unos treinta jóvenes significó ya en ese momento el ataque a la Comisaría N° 28, situaciones que motivó la interposición del juez de turno, la asesora de menores, varios concejales y la intervención del BORA.|2| Esto da cuenta de lo que desde hace muchos años significa esa particular comisaría en esa zona concentrando el odio y la bronca particular de la población juvenil.

• En febrero de 2000 se produce el asesinato de Héctor "Titi" Almonacid, el primer caso de represión y abuso policial que se caratula socialmente y en los medios locales como "gatillo fácil". La intervención de la justicia dejó sin condena alguna tanto al sargento Miguel Angel Anticura acusado de realizar el disparo contra "Titi" tanto como a Elio Daniel Tapia acusado por la acción de "falsear" el acta de procedimiento policial llevado a cabo en el barrio 34 Hectáreas, por personal de la Comisaría 28. Asimismo en la causa había sido absolutamente comprobado que fue un policía quien mató a Almonacid a la vez descartada que la víctima y quienes lo acompañaban en ese momento hubieran disparado contra los uniformados.

• Un proceso de militarización y aumento de represión constante y creciente sobre los barrios altos de la ciudad se da en 2005 luego de la muerte del remisero Néstor Cid, en el que participaron conjuntamente fuerzas provinciales y federales organizando una verdadera línea de fortines en el control de ascenso y descenso de la población hacia el caso urbano. Ese mismo año se produce el caso de Jorge Pilquiman.

• Un balazo policial en 2006 le arranca un ojo a Blanca Grande, una joven madre del barrio 34 hectáreas cruzada por el fuego de las fuerzas de seguridad en el marco de un operativo "cerrojo" en ese mismo barrio y dentro del plan de acorralamiento y control desplegado desde el año anterior.

• El caso de Jairo Britez en 2007  sacado por la fuerza del boliche Babilonia  por policías que cumplían adicionales como patovicas y lo dejaron internado con lesiones en el cráneo, en el cuerpo y en estado de coma.

• En 2009 se realizan cortes de ruta en lucha por los salarios por el gremio Unter. Se procesa a Jorge Molina secretario general del gremio, si bien fue sobreseído el caso actualmente se encuentra apelado por el fiscal Bagur-Creta.

• Paralelamente observando las actuaciones de las planas gubernamentales, la provincia se constituye en un escándalo a inicios de 2010. Aparecen acumulados y expuestos públicamente ante los medios la realidad de que en la Justicia rionegrina se arrastran causas penales que involucran a más de 40 actuales o ex ministros, legisladores, titulares de organismos y hasta jueces con imputaciones penales. Hay una docena de procesados y el resto está imputado o investigado. Mayormente son acusaciones por defraudación al Estado y, en general, son de los gobiernos de Pablo Verani y de Miguel Saiz.

Junio-julio de 2010:

• El 17 y 18 de junio se producen los asesinatos de Diego Bonnefoi, de 15 años, Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29 en el Barrio Boris Furman. La represión policial frente a la furia del barrio que apedreó a la Comisaría N°28 deja un saldo de al menos 10 heridos y 20 detenidos.

• Se organiza una movilización convocada por organismos de DDHH y el Encuentro Nacional de mujeres que inmediatamente reclama por el esclarecimiento de los hechos, verdad y justicia, y se da forma a una Multisectorial contra la represión institucional y policial. Esta es conformada por un vasto conjunto de organizaciones sociales y algunos partidos políticos y sindicatos que comienzan a coordinar acciones a corto mediano y largo plazo en relación a las causas directas pero también las profundas que desencadenaron la tragedia.

• La Pastoral Social Región Patagonia-Comahue integrada por  las Diócesis de Viedma, Alto Valle, Neuquén, Comodoro Rivadavia,  Río Gallegos y la Prelatura de Esquel participa desde la multisectorial y emite un duro comunicado donde denuncia " la complicidad entre el gobierno y la policía   como responsables directos de estos hechos"  reclamando que "sea garantizada  la transparencia y honestidad de la investigación de los hechos y  que se supere una falsa polarización en las posturas a favor de unos  u otros, que nos impiden ver el problema de fondo", rechazando además "toda implementación de 'políticas de mano dura',  'limpieza', 'autoritarismo' y 'terror' que, disfrazadas de  justificación, sólo logran poner en riesgo a la democracia y  convierte en vulnerable a todo el pueblo" 

• La única presencia también momentánea en representación de la provincia se hace cuerpo en la Secretaria de DDHH Gladys Cofré. Del Cuerpo Deliberante, solo tres concejales Darío Duch, Arabella Carreras y Alfredo Martín se acercan a la Sala de prensa ocupada por las organizaciones sociales hasta obtener respuestas oficiales. De los tres solo el primero continuó ligado a las demandas de esclarecimiento y justicia y al trabajo con la multisectorial.

• Se producen dos manifestaciones a favor de la policía del 20 y 21 de junio con la presencia de miles de personas que aplaudían el accionar policial con la gravísima presencia de varios Concejales en la misma: Laura Alves, Claudio Otano y Hugo Cejas además de reconocidos empresarios y comerciantes de la localidad.

• Se realiza un paro provincial de CTA el 24 de junio que solicita la renuncia del Secretario de Seguridad Victor Cufré y la remoción del ministro de gobierno, Diego Larreguy, como uno de los máximos responsables de estos hechos. Se denuncian también allí 95 casos impunes de "gatillo fácil" en la provincia.

• Comienzan a producirse un conjunto de amenazas directas y diversas sobre quienes pueden resultar testimonios claves en el juicio contra el cabo Sergio Colombil o han alzado la voz en demanda de verdad y de justicia públicamente. Se hace nuevamente evidente la selectividad sobre un medio de radio popular: FM Gente de Radio y la abogada y militante social, Marina Schifrin

• La acción institucional de la Cámara Segunda del Crimen conformada por los camaristas César Eduardo Lanfranchi, Héctor Leguizamón Pondal y Miguel Angel Lara de efectivizar el apartamiento de la causa en manos del Juez Martín Lozada de consabida posición garantista. Es de destacarse además que los dos últimos se hallan altamente cuestionados por actuaciones escandalosas. En el caso de Leguizamón Pondal por su participación en insultos antisemitas y solicitud del apartamiento de la causa al camarista Carlos Rozanski por ser judío mientras se lo investigaba por corrupción. Miguel Lara ha sido duramente cuestionado por sus actuaciones frente a menores a los que ha nuevamente expuesto y revictimizado en audiencias judiciales. Tal cuestión motivó al mismo Rozanski a ser autor de la la Ley 25.852 que protege a los menores en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, prohibiendo su participación en una audiencia como víctima o testigo.

• A partir del apartamiento de la causa del Juez Lozada, el caso queda a cargo del juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi que cambia la carátula de la causa. Esto le permite quitar la prisión preventiva al cabo Sergio Colombil que había sido acusado por el juez Lozada de homicidio doblemente agravado debido a haber hecho uso del arma entre 2 y 3 metros del joven y por detrás del mismo.

• El Inadi se expresa de manera muy crítica al apartamiento del Juez Lozada donde se plantea que existe un cuestionamiento a su línea e ideología por parte de la corporación de jueces de la localidad.

• El gobernador no se hace presente en la localidad durante los 15 días que sucedieron a los violentos hechos. El silencio es adjetivado como estremecedor. La decisión de Miguel Saiz de no destituir de sus cargos ni al jefe de la Regional policial de Bariloche, Argentino Hermosa ni al Secretario de Seguridad y Justicia Víctor Cufré, ni el Ministro de Gobierno Diego Larreguy aduciendo la espera de la actuación judicial, genera una reacción de los familiares. Saiz anuncia inversiones en seguridad y asistencia social. Durante la conferencia de prensa la policía vuelve a actuar de manera violenta frente al periodismo.

• El CELS presenta su informe de DDHH anual en San Carlos de Bariloche y participa de una sesión de Concejo Deliberante donde proponen adherir al acuerdo de seguridad democrática impulsado por el Congreso del a Nación el año pasado criticando al gobierno provincial y a la mano dura. Al mismo tiempo manifiestan su profunda preocupación por el apartamiento de la causa del Juez Martín Lozada. El organismo adelantó que analizará la posibilidad de llevar el caso Bonefoi a instancias internacionales.

• La Defensoría del Pueblo a cargo de Ana Piccinini vuelve a denunciar en contexto los innumerables casos de apremios ilegales, balazos, golpes y muertes en los calabozos y la vía pública en manos de la policía rionegrina sin que ello ameritara ninguna actuación por parte del gobierno de Miguel Saiz. La presentación del informe se había realizado en abril de este año (Se adjunta articulo de diario que sintetiza el Informe de la funcionaria).

• En Dina Huapi el PPR (partido provincial rionegrino) solicita al intendente actúe frente al avance de los robos y la delincuencia mediante una carta pública y sumándose al pedido de "mano dura".

• El Juez Gaimaro Pozzi dictó sobreseimiento sobre Nilda Rodriguez de Runge y José Runge en el marco de la causa por "distribución facilitación y tenencia de pornografía infantil, suceso que representó un escándalo en la ciudad desde que se conoció el caso debido a que ambos habían sido conocidos docentes de ejercicio de años en la ciudad.

• La situación global descripta en relación al conjunto de instituciones y actores actuantes en la provincia de Rio Negro y San Carlos de Bariloche permiten observar con certeza no sólo el avance progresivo, peligroso y permanente de niveles de violencia y represión institucional a manos de la policía rionegrina y el grupo BORA -como brazos ejecutores de un Estado expulsor- sino también las actuaciones funcionales y complementarias de la Justicia provincial y federal cuya orientación convalida una larga tradición en Argentina: la de castigar a los desprotegidos criminalizando cualquiera de sus acciones, mientras deja libres o con penas atenuadas a los responsables directos del "gatillo fácil", la corrupción o el robo "de guante blanco" que liga a figuras prominentes de la sociedad o directamente a los funcionarios políticos que ocupan u ocuparon cargos en el Estado.

• La adhesión de la sociedad a las políticas de "mano dura" frente al tema de la "inseguridad" resulta preocupante cuestión que deberá ser afrontada mediante la agudización de la mirada sobre la fuerte influencia de los medios masivos de comunicación en la construcción del acontecimiento y el imaginario social. La generación ilusoria y fantasiosa de las soluciones rápidas y mágicas que ofrecen la violencia institucional y la reclusión carcelaria como única respuesta a los gravísimos problemas sociales que continúan padeciendo las bastas mayorías criminalizadas en su condición de pobreza y de protesta, hoy se convierten en un serio obstáculo para la construcción de una sociedad realmente democrática en todas sus dimensiones y respetuosa de los Derechos Humanos.

ANEXO

Evolución de la población carcelaria según un Informe de la jefatura de la provincia de Rio Negro para el proyecto de creación del escalafón penitenciario firmado por el CRIO. GRAL. (SR) ROGELIO C. LARDAPIDE JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA, septiembre de 2003.

CARCEL ENCAUSADOS	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
VIEDMA	19	44	43	45	60	82	85
GRAL.ROCA	242	297	335	337	404	390	408
SAN C.DE BARILOCHE	72	74	103	106	106	133	136
CHOELE CHOEL	3	6	3	3	7	16	17
TOTAL	336	421	484	491	577	621	646

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Página 12, 27 de junio de 2010

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE RIO NEGRO HACE LA HISTORIA DE LA POLICIA DE ESA PROVINCIA

"La mala fama les viene de lejos"

Muertes en calabozos, "innumerables" casos de apremios ilegales, golpes, balazos... la lista compilada por la defensora Ana Piccinini en apenas cuatro años muestra que los muertos de Bariloche son apenas el último abuso.

Por Carlos Rodríguez, desde San Carlos de Bariloche

Desde septiembre de 2006, cuando Ana Piccinini asumió el cargo, la Defensoría del Pueblo de Río Negro presentó cuatro informes en la Legislatura provincial denunciando "innumerables casos de apremios ilegales, muertes en los calabozos de las comisarías y otros abusos policiales, pero hasta ahora nunca hemos tenido ni la más mínima respuesta concreta ni hemos podido avanzar en las soluciones". Piccinini, en diálogo con Página/12, señaló como uno de los principales responsables de la situación al comisario Víctor Cufré, quien hasta hace 20 días fue jefe de la policía local y ahora "lo ascendieron al cargo de secretario de Seguridad y Justicia".

Después de los sucesos de Bariloche, la bancada peronista en la Legislatura rionegrina y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos reclaman la renuncia de Cufré por los asesinatos de Diego Bonnefoi, de 15 años, Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29. Hasta hoy, el gobernador radical Miguel Saiz "ni siquiera ha removido del cargo al jefe de la Regional (Bariloche), Argentino Hermosa, que ha mentido respecto de cómo fueron los sucesos y, además, está amedrentando a los testigos" (ver aparte), aseguró Piccinini.

"La mala fama de la Policía de Río Negro en su conjunto y no sólo del grupo (antimotines) BORA, viene de lejos. Por eso, en la primera reunión que tuvimos con la plana mayor, en 2006, les dijimos: 'No peguen'. Y le advertimos que no íbamos a tolerar abusos de ningún tipo de parte de la fuerza." Piccinini recordó que, en ese primer encuentro, "todo fue muy amable, muy respetuoso, pero al poco tiempo, la relación se empezó a descomponer". Poco después de llegar al cargo, la defensora del Pueblo comenzó a recibir "denuncias por apremios ilegales de hechos muy concretos sobre los cuales teníamos denuncias firmadas, probadas por testigos e incluso con fotografías que se tomaban a sí mismos, con celulares, chicos que eran llevados a distintas comisarías. Se abrieron causas judiciales donde fuimos querellantes, pero nunca tuvimos conocimiento de que se haya hecho un sumario administrativo interno en la fuerza".

"Nunca hemos tenido una sola respuesta concreta del ministro de Gobierno (Diego Larreguy, cuya renuncia también fue pedida por el PJ rionegrino). Siempre nos responde con evasivas, pero el personaje más siniestro que tenemos es el actual secretario Víctor Cufré." Piccinini y Cufré tienen diferencias públicas que han llegado a instancias judiciales. Mientras el funcionario pidió que se le inicie a la defensora un juicio político, ella ha planteado en los estrados judiciales una denuncia por "calumnias e injurias". Aunque sus críticas apuntan en forma directa a Cufré y a Larreguy, la defensora del Pueblo no se olvida del gobernador Miguel Saiz. "Entre los años 1985 y 1986, cuando yo era legisladora, hicimos un proyecto de reforma, convertido en ley, que señala que el jefe natural de la Policía de Río Negro, por encima de quien ejerce esa función, es el gobernador. Si bien delega esa responsabilidad en el ministro de Gobierno, de todos modos el gobernador tiene que asumir esa responsabilidad siempre. No sé si esto se ha expresado del mismo modo en otras provincias, pero sí ocurre en la de Río Negro", sostuvo Piccinini. Luego de los sucesos de Bariloche, que terminaron con tres muertes, Saiz fue criticado incluso por el intendente de esa ciudad, Marcelo Cascón, quien se quejó: "Ni siquiera me contesta los llamados". Por esa razón, Cascón se tuvo que trasladar hasta la sede del gobierno provincial para reunirse con el mandatario.

En el último informe de la Defensoría del Pueblo ante la Legislatura, presentado en abril -al que tuvo acceso Página/12-, se hicieron planteos, en algunos casos, por designaciones de funcionarios policiales cuestionados y en otros, por haber dado de baja a oficiales que venían desarrollando tareas con eficacia. En Cipolletti, "nombraron como titular de la Unidad Regional V (de esa ciudad) al comisario Yves Vallejos", muy cuestionado por la comunidad por su desempeño en la investigación del primer triple crimen ocurrido allí, el de las hermanas María Emilia y Paula González, y de su amiga Verónica Villar, en 1997, y en el homicidio de la joven Otoño Uriarte, en el año 2006.

Por razones opuestas, la Defensoría rechazó que se haya dejado cesante al subinspector Gabriel Ormeño, a quien Piccinini consideró "una víctima más del abuso del poder y la impunidad". Ormeño venía desempeñándose como asistente de la jueza de Choele Choel Marisa Bosco, en una causa por trata de personas. "El caso -dijo la defensora- tiene una gravedad inusitada, no sólo por la implicancia de jefes policiales a los que se estaba investigando en la trata de personas con fines de explotación sexual, sino por la obstrucción que ha importado la persecución del principal colaborador de la magistrada." A Ormeño, de buenas a primera, le comunicaron que debía trasladarse a Bariloche como su nuevo destino. Por estas razones, Piccinini ha denunciado que la policía rionegrina "tiene connivencia con la trata de personas".

En el informe se denunciaron varios casos de presuntos suicidios de presos, en calabozos policiales, "generalmente los días feriado".

• En febrero de 2007 dos jóvenes, minutos después de ser llevados a la comisaría del pequeño pueblo de Mainqué, murieron quemados. "Cuando se hizo la reconstrucción del hecho, quedó claro que era imposible que, dada la gravedad de las quemaduras, los guardias no oyeran los gritos de los detenidos, cuando la celda estaba a dos metros del lugar donde se encontraban los policías".

• En junio del mismo año, un joven apareció muerto en el Establecimiento de Ejecución Penal número uno de Viedma.

• En julio de 2007, un trabajador rural apareció muerto en la comisaría de Cervantes.

• En junio de 2008, un joven murió en la comisaría 21 de General Roca. Se dijo que se suicidó con el cinturón.

• En octubre de 2008, un interno murió asesinado a golpes por policías y penitenciarios en el Establecimiento de Ejecución Penal 2 de Roca.

• En octubre de 2008, un joven de 17 años murió en la comisaría tercera de Roca, en otro "aparente suicidio".

• Entre junio de 2009 y enero de 2010 se produjeron otros "aparentes suicidios" de una joven de 23 años en la comisaría tercera de Roca; un joven de 26 murió ahorcado en Lamarque; un hombre de 28 murió al recibir un "facazo" en la ex alcaidía de Roca, y finalmente un joven de 21 años murió ahorcado en la comisaría primera de Viedma.

"En los cuatro años que llevo en la Defensoría hubo advertencias por muertes en calabozos, por lesiones irreparables sufridas por chicos que sufrieron apremios ilegales y hasta tuvimos el caso de la violación de una joven de 14 años en la comisaría de Guerrico, a manos de dos uniformados", explicó Piccinini. "En la página de la Defensoría tenemos fotografías que certifican la existencia de los apremios. Uno de los chicos golpeados fue el hijo de Italo Vallarini, uno de los tres vocales que tiene el Tribunal Superior de Justicia de la provincia".

En el caso de la denuncia por violación, Cufré informó que los supuestos responsables "están apartados del servicio en Guerrico, pero están trabajando en Roca porque no hay ninguna medida de la Justicia" contra ellos. La Defensoría replicó en su informe a la Legislatura que por un caso menor, el robo de una cartera en un pool de Viedma, "dos policías fueron desafectados de la fuerza a través de sendas resoluciones" del anterior secretario de Seguridad provincial.

Uno de los casos de apremios más notorio fue el de Daiana Allapán, de 20 años, quien en junio de 2009 terminó internada en el Hospital Zatti de Viedma a causa de la brutal paliza que le dieron efectivos policiales a la salida de un boliche. "La joven perdió varias piezas dentales, y sufrió fractura de maxilar por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente, y le colocaron una prótesis". En otro caso, también en Viedma, en enero de este año, un joven de 18 años fue "literalmente acribillado a balazos por dos efectivos policiales, cuando el chico estaba en una esquina, con amigos. Su madre embarazada trató de salvarlo y recibió un culatazo en la cabeza. El chico sobrevivió de milagro". Piccinini concluyó que "en este marco, era previsible lo que sucedió en Bariloche".

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Notas finales

1. Rio Negro, 7-12-1996. Ver cuadro de evolución de la población carcelaria en la provincia periodo 1997-2003 al final [ Volver]

2. Clarín, 15-01-1998 p.32 [ Volver]

DDHH en Argentina

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