1976-2001: 25 años de impunidad.
El modelo de represión utilizado por el estado argentino fue complementado con un modelo de impunidad que desestructuró profundamente la sociedad civil.
Por Gregorio Dionis
Director del Equipo Nizkor.
La República Argentina estableció un modelo de represión durante toda la etapa de la última dictadura militar que allí existió, y me refiero concretamente al proceso que comenzó el entonces General Videla cuando se autoproclamó para dirigir el estado, período que duro hasta el final de la Guerra de las Malvinas que las Fuerzas Armadas argentinas perdieron ante los británicos.
Esta dictadura finalizó, no por el avance de las masas o la lucha de los partidos democráticos por restablecer la democracia, sino por el fin de la guerra de las Malvinas, la cual fue desatada por el régimen militar argentino para demostrar que era un poder hegemónico en el Sur del continente americano y en su "destino manifiesto" estaba el reemplazar a Gran Bretaña en el control del Atlantico Sur.
Este dato es muy importante históricamente, ya que la rendición incondicional de las fuerzas armadas argentinas abrió un proceso de transición a la democracia no solo forzado, sino sin líderes políticos conocidos. Carlos Menem era en aquel momento uno de los candidatos con menos posibilidades de hacerse con la herencia del General Perón; era despreciado públicamente por la viuda de Perón, que vivía en Madrid, en escenas dignas del mejor de los esperpentos. Raúl Alfonsín parecía tener la oportunidad histórica de reemplazar a las doctrinas elaboradas desde los estados mayores militares y plantear por primera vez desde los años 30 un gobierno de la sociedad civil que controlara realmente lo resortes del desarrollo argentino.
Hoy, en el comienzo del nuevo siglo XXI, el Estado argentino no ha logrado salir de la crisis y se encuentra en unas condiciones estructurales peores de las que tenía al final de la Guerra de las Malvinas. La deuda externa pasó de alrededor de 40 mil a 140 mil millones de dólares a finales del año 2000. Los militares han visto resquebrajarse su poder, pero éste no ha finalizado. Aún hoy las agencias de inteligencia (aproximadamente 12, organizadas por las fuerzas armadas, las fuerzas paramilitares, policiales y los propios servicios dependientes de la Presidencia) continúan estableciendo los parámetros de cualquier batalla mediática o de cualquier alternativa de poder en ese país. Han reemplazado la dictadura por el control político y social a través de estructuras difusas pero eficaces.
En realidad, lo que estamos viendo en un modelo de impunidad desarrollado para ocultar y difuminar las responsabilidades históricas del golpe de estado de 1976. Este modelo de impunidad aprobado por la clase dirigente argentina en forma previa al establecimiento del proceso democrático, ha creado una serie de paradigmas que han corrompido al resto de la sociedad y producido, en la práctica, un estado de disolución, cuyos síntomas más visibles son la emigración masiva de cientos de miles de personas, el aumento de la miseria y el hambre y la falta de legitimidad del propio sistema. Es una sociedad desvertebrada que se revuelve sin encontrar la forma de salir del atolladero histórico y social en que se encuentran encerrados.
Modelo de represión.
Una de las causas es que el proceso de 1976 fue la continuidad de procesos más profundos comenzados durante y después de la dictadura militar del general Onganía en 1969. No es posible comprender lo que ocurrió entre 1973 y 1976 y en los años posteriores si no se analiza profunda y seriamente lo ocurrido en aquellos años de poder omnímodo del sector más integrista (en el sentido religioso del término) y que contaba con el apoyo explícito de fuerzas como el Opus Dei, que integraba oficiosamente el gobierno militar de aquellos años.
Los militares argentinos tenían un corpus teórico que se explicitó largamente desde entonces. Habían recibido la influencia directa de miles de militares alemanes que se exiliaron en Argentina después del final de la II Guerra Mundial. Esta influencia tenía larga data y se puede decir, sin ningún género de dudas, que las fuerzas armadas argentinas fueron fundadas y organizadas por los prusianos primero, y luego, por los nazis exiliados. Así ocurrió con las fábricas militares, con la energía nuclear y con las estrategias de guerra.
Pero hubo un elemento que todavía sigue siendo poco conocido. Los servicios de inteligencia argentinos copiaron el funcionamiento de aquéllos que fueron creados durante la II Guerra Mundial de la mano del General alemán Reinhard Gehlen. Fue desde este modelo elaborado durante años desde donde los servicios militares de inteligencia establecieron el régimen militar de 1976. Habían llegado a la conclusión de que en Argentina se daban las circunstancias precisas para que existiera una revolución y decidieron aplicar los modelos represivos que los militares alemanes crearon para controlar las sociedades desde Checoslovaquia a Ukrania, pasando por Polonia y Hungría.
Este modelo se explicitó en las técnicas concretas de la represión que todavía no están analizadas metodológicamente en forma comparativa ya que, de la misma forma que un asesino tiene un "modus operandi" que normalmente es utilizado por la policía para su detención, los crímenes contra la humanidad también tienen su "modus operandi", y permite éste saber, no sólo cómo funcionaron las estructuras criminales, sino cuáles eran los objeivos perseguidos en la planificación criminal.
Los militares argentinos utilizaron varios mecanismos simutáneos que exigían una planificación operativa sólo posible por estados mayores altamente cualificados desde el punto de vista criminal.
Se estableció un primer escalón de inteligencia que comenzó a funcionar, según todos los indicios, desde mediados de 1973. Este trabajo consistió en el relevamiento de todas las organizaciones políticas, sociales y sindicales del país; para realizar su análisis metodológico se utilizaron técnicas sociológicas y de perfiles sociales.
Esta primera etapa finalizó hacia fínales de 1974 y en diciembre de ese año se establecieron los primeros controles militares para consensuar su actuación posterior. En mayo de 1975 ya se tuvieron las primeras advertencias de que existían listas definidas, y, en algunas zonas, como las de la Marina de Guerra en Bahía Blanca, fueron puestas en conocimiento de líderes políticos adictos y de altos funcionarios del Gobierno del General Lanusse.
A partir de las órdenes secretas que fueron acompañadas de leyes secretas, se establecieron los comandos operativos que reemplazaron a la Triple AAA. A partir de ese momento se desataron una serie de operaciones simultáneas que consistieron en crear una red de Centros de Detención Ilegales, de campos de concentración clandestinos y de centros de exterminio que siguieron el patrón establecido por las fuerzas alemanas de ocupación en la Europa Ocupada.
Pero también se desarrollaron complejas operaciones de contrainteligencia que tenían por finalidad controlar y diluir las organizaciones sociales de cualquier tipo. Es en esta etapa donde se pasa al control militar de los ayuntamientos, de los sindicatos y a la matanza sistemática de los cuadros sindicales que son reemplazados por colaboradores desembozados de los servicios de inteligencia, o bien por personas ideológicamente de ultraderecha y que coincidían en los métodos y en las fronteras ideológicas con el aparato militar.
Por increíble que parezca, alguna de esas operaciones fueron copiadas de operaciones realizadas por las SS en Polonia y Hungría. Dos son los casos en donde no cabe duda de esto. El primero fue la destrucción por infiltración de los movimientos rurales en el norte de Argentina y la infiltración y reemplazo de las estructuras de movilización en las villas miserias y en muchos sindicatos, pero también en los grupos terroristas y guerrilleros; y el segundo fue la desaparición sistemática de niños bajo una metodología que responde al patrón aplicado por los tribunales raciales establecidos por las SS alemanas.
Los campos de exterminio fueron realmente lugares donde se fabricó la muerte como método y cuya única finalidad no era otra que la eliminación física de una generación a la que se consideraba "insalvable" y que tenía entre 16 y 25 años. Analizando los datos existentes en poder de organismos de derechos humanos, no hay lugar a dudas de que ser joven en esa época en Argentina aumentaba más que proporcionalmente las posibilidades de ser exterminado por el estado en cualquiera de sus formas.
El modelo de impunidad.
Terminada la guerra de las Malvinas y, paralelamente, la actuación de los servicios de inteligencia argentinos en Centroamérica -cosa que no ocurrió hasta finales de 1986-, las clases dirigentes argentinas, y no exclusivamente los militares, cayeron en la cuenta de que su sueño de horror había terminado como lo que era: una inmenso progom en contra de una generación que era imposible de ocultar y, muchos menos aún, de justificar en términos de guerra civil o de enfrentamiento civil. No existía ninguna prueba que pudiera demostrar que había habido una guerra civil y, en cambio, sí que había pruebas de que el estado había procedido en forma ilegal y criminal.
A partir de este supuesto se elabora un modelo de impunidad basado en el juzgamiento de algunos de los responsables de los cuerpos militares de las tres fuerzas. Esto permitió que se bloqueara a largo plazo la posibilidad de la utilización de la figura de crímenes contra la humanidad o de violación del derecho internacional humanitario. Se juzgó y condenó a los miembros de algunas de las juntas militares, pero sólo por crímenes de derecho común, o dicho en otros términos, no se utilizaron en ningún momento ni el derecho internacional de los derechos humanos, ni el derecho internacional humanitario, ni las figuras derivadas de los juicios de Nuremberg o Tokio. En definitiva, se los trató como si fueran asesinos en serie o psicópatas capaces de matar en serie, pero no por el hecho de que hubieran constituido auténticas organizaciones criminales.
Posteriormente, se establecieron las leyes de obediencia debida y de punto final, que fueron coronadas con los indultos de los militares presos y que cumplían condenas, no en cárceles, sino en establecimientos especialmente adecuados para ellos (el del almirante Massera contaba incluso con piscina climatizada) y acordes con la cárceles de los narcos construidas en Colombia.
Los juicios en el extranjero.
La sentencia del Tribunal de Roma que condena al General Suárez Mason y al Gral Riveros, entre otros, es continuación de otra establecida por la justicia francesa en contra del Capitán Astiz, acusado del asesinato de dos monjas francesas producto de una de las infiltraciones realizadas por la marina de guerra argentina utilizando las técnicas de Ghelen. En este caso se infiltraron en el grupo incipiente de Madres de Plaza de Mayo que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz en Buenos Aires y procedieron después al asesinato puro y llano de sus integrantes. La rendición del Capitán Astiz ante las fuerzas británicas durante la guerra de las Malvinas hizo que éstas sacaran una foto del mismo, la cual circuló a través de la prensa internacional. Fue en ese momento cuando algunos sobrevivientes identificaron a aquel oficial naval como uno de los que iba a las reuniones simulando ser una víctima.
Suárez Masón y Riveros son las cabezas pensantes del tristemente célebre batallón 601 de inteligencia militar (el GII en jerga militar, del ejército argentino) y que no sólo actuó en territorio argentino, sino que también organizó a la contra nicaragüense, actuó en territorio de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Sólo en los juicios españoles se pudo aplicar la argumentación jurídica de crímenes contra la humanidad, desempolvar los documentos y las sentencias del Tribunal de Nuremberg y hablar, no de crímenes individuales, sino de crímenes contra la humanidad y de organización criminal aplicando la jurisdicción penal internacional.
Por primera vez se logró resquebrajar los modelos de impunidad y, a pesar del tiempo transcurrido, comenzaron a producirse avances en la deslegitimación de la política de militarización del Estado argentino y del modelo de impunidad post Malvinas que, hasta esa fecha, había sido respetado por toda la clase dirigente argentina.
Aunque todavía es pronto para saber cómo terminarán estos procedimientos, sí que podemos decir que han desatado la primera gran discusión en el seno de la sociedad argentina desde parámetros que no son los de criminalización de una generación que fue exterminada.
Y esto no sólo es una buena noticia, sino que ayuda a que otras sociedades, como la Colombiana, visualicen claramente que no es posible continuar por la vía del exterminio sistemático como forma de solucionar las crisis sociales y políticas. Por primera vez en América Latina se empieza a considerar la utilización del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internavcional humanitario para hacer frente a las clases dirigentes que, en un momento u otro, deciden crear organizaciones criminales para reemplazar al desarrollo social de pueblos democráticos que se niegan a vivir y soportar la miseria, el hambre y la marginalización como únicas expectativas a largo plazo.
La setencia del Juez Luna en México [en el caso Cavallo] permite que por primera vez en América Latina se empiece a consierar la utilización del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para hacer frente a las clases dirigentes que, en un momento u otro, decidieron crear organizaciones criminales para reemplazar al desarrollo social de pueblos democráticos que se niegan a vivir y soportar la miseria, el hambre y la marginalización como únicas expectativas a largo plazo.
[Editado en la revista "El vuelo de Icaro", Liga Española pro Drechos Humanos, Madrid, marzo 2001]
Este documento ha sido publicado el 14may01 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights