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Comentario de Adolfo Pérez Esquivel sobre la cuestión de la minoridad y la seguridad, en Argentina.

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No quería hablar; pero no puedo callar.
Represión y minoridad, la hipocresía anda suelta.
Por Adolfo Pérez Esquivel

Pareciera que en el país, todo comienza con el doloroso asesinato del joven Axel Blumberg y del accionar de su padre en defensa de los derechos humanos y la vida, reclamando más seguridad y la elevación de las penas. Propone un decálogo de medidas punitivas y la mano dura contra los delincuentes, desconociendo todo lo actuado por los organismos de derechos humanos y otros organismos que vienen trabajando y proponiendo durante muchas décadas políticas sobre la infancia.

Hay que diferenciar en cuanto a la situación que vive el país y debemos ser solidarios con todos aquellos que sufren la dolorosa pérdida de un ser querido víctima de la violencia, ya sea por delincuentes, la represión policial o el terrorismo de Estado, que afecta la vida del pueblo.

Somos solidarios con el dolor del señor Blumberg por la pérdida de su hijo Axel, como de todos los otros no mencionados, ni publicitados por medios masivos de comunicación, igualmente víctimas de la violencia.

No se puede ignorar la lucha permanente de muchas familias y organizaciones nacidas del dolor por la pérdida de un ser querido que reclaman verdad y justicia, y que hasta el día de hoy no tienen respuesta. Es el caso de AVISE, CORREPI, las familias victimas de Santiago del Estero, Salta, entre otras.

La impunidad es uno de los grandes males que vive el país y es necesario enfrentarla. Basta recordar los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, los cometidos durante la dictadura militar, y muchos otros hechos no resueltos durante el período constitucional que vivimos. Necesitamos de una profunda reforma judicial, hay algunos indicios de esos cambios, como la renovación de la Corte Suprema de Justicia; aunque falta todavía un largo camino a recorrer para alcanzar un poder judicial independiente del poder político.

No quería hablar; pero no puedo callar, frente al manejo de aquellos que buscan bajar la edad de imputabilidad de los menores, de 18 años a 14 años y creer que con esas medidas el problema de la delincuencia estará resuelto. Es atacar los efectos y no las causas. Países que aplican la pena de muerte, no han reducido los índices de criminalidad.

Llama la atención el manejo de algunos medios de comunicación y de sectores sociales y políticos como Ruckauf y compañia y que se suman a la campaña de Blumberg por mayor seguridad y son quienes propiciaron la mano dura. Cabe preguntarse quienes están detrás de la campaña nacida detrás del Blumberg, quien ,en ningún momento, se acercó a los organismos de derechos humanos, quienes vienen trabajando y reclamando el derecho de verdad y de justicia.

Da pena ver a diputados y senadores que corren y corren acuciados por la movilización popular que reclama leyes más duras y mayor seguridad; que quiere elevar el número de los efectivos policiales para mayor control y represión. Y la hipocresía de aquellos que pretenden la participación de las fuerzas armadas en la seguridad interna.

No puedo callar que, de llevarse adelante esas medidas, sin medir las consecuencias sociales, el país avanza hacia el facismo.

Por miedo, hay sectores sociales que reclaman mayor seguridad policial y leyes más duras; sin darse cuenta que van perdiendo su libertad y derechos ciudadanos; terminado entrampados en su propia red.

Los hechos confirman que efectivos policiales están involucrados en los secuestros, asesinatos y asaltos en connivencia con los delincuentes. Pero prefieren aceptar la versión de que los jóvenes pobres, son los únicos que roban, y de este modo criminalizar la pobreza,

Las comisarías y cárceles están abarrotadas de presos y los institutos de menores son depósitos humanos y no centros de rehabilitación de los jóvenes. Los institutos penitenciarios, lejos de rehabilitar son “fábricas” de bandas y como instituciones reproducen el delito.

Es necesario definir y clarificar qué es seguridad. El país hoy tiene cerca de 23 millones de personas en situación de pobreza; 10 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza y se mueren niños de hambre y enfermedades evitables; el 60% de los menores de 18 años son pobres. Y reitero, se criminaliza la pobreza y la policía ve a los menores como delincuentes y no como victimas de una sociedad injusta.

Esos sectores que buscan aplicar medidas represivas contra los más desprotegidos y reclaman leyes más duras, hoy pretenden criminalizar a sectores sociales como los piqueteros y los cartoneros.

La sociedad debe preguntarse ¿ porqué hay piqueteros, porqué hay cartoneros?. Hoy esos sectores que reclaman mano dura, se sientes molestos por los cortes de rutas y por ver a personas buscando cartones y papeles para alimentar a sus familiar. ¿Quienes son los responsables de la inseguridad social, el alto índice de desempleo, de la crisis argentina y del saqueo de que fue objeto el país y por lo que no hay ni un solo preso?. Muchos de esos sectores, de la clase media, cuando se vieron afectado salieron a la calle a golpear las cacerolas. Debieran hoy salir a reclamar el derecho de la infancia a una vida justa y digna y no para ser criminalizada.

Ponen guardias en las villas miserias, pero no ponen guardias en los hoteles cinco estrellas o en las residencias de aquellos que saquearon el país y que son responsables de lanzar a las calles a miles de trabajadores desempleados transformados en piqueteros y cartoneros; quienes con todo derecho reclaman trabajo digno y seguridad social, que hoy se les niega.

No puedo callar y es necesario reclamar al gobierno nacional y a los legisladores no dejarse arrastrar a situaciones imprevisibles, con la aplicación de medidas represivas que solo agravarán la situación.

Es necesaria una profunda reforma de las fuerzas de seguridad, de la policía ,tanto de la Federal, como la Bonaerense y las Provinciales, la gendarmería y prefectura; modificar los planes de estudio y la participación social. Fuerzas que fueron constituidas como de prevención y seguridad social, fueron transformadas en fuerzas de represión.

Sin esos cambios no se logrará avanzar en la seguridad social y en la prevención y protección contra el delito. Deben investigarse las "agencias de seguridad privadas" y la connivencia de la policía con las mafias, las drogas, tráfico de armas y el delito organizado. A esto se suma la asociación de ciertos sectores del poder judicial por su inacción en las investigaciones.

Debemos rechazar el proyecto y las campañas hipócritas de aquellos que pretenden bajar la edad de imputabilidad a los menores a 14 años; que hiere las conciencias y provocará mayores males y no la solución de los problemas existentes. Los organismos que trabajamos con minoridad en riesgo social, venimos luchando desde hace tiempo para evitar que se apliquen medidas represivas contra los menores. Luchamos para que la sociedad atienda a las necesidades básicas de la infancia y darles un sentido de vida digno.

Son necesarias medidas de prevención y seguridad social. Generar ámbitos adecuados, la educación es la base de toda sociedad y hay que lograr espacios de contención y prevención; políticas sociales de participación para superar la crisis social que hoy vive el país.

Establecer la postergada ley de protección integral de los derechos del niño y del adolescente y convertir en Ley el Programa Nacional de Adolescencia e Integración Social.

Es necesaria la formación de Observatorios Sociales sobre la Infancia, en cada barrio a fin de que la sociedad participe y los jóvenes puedan disponer de espacios y ámbitos adecuados para su desarrollo integral como personas.

Buenos Aires, 28 de abril de 2004.

DDHH en Argentina

Este documento ha sido publicado el 01may04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights