21may03

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Organismos de derechos humanos presentan amparo contra la resolución de la Junta Electoral tucumana.

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Atilio Castagnaro, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH -Tucumán); Gabriel Pereira, por Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); Marta Rondoletto, por Familiares de Desaparecidos de Tucumán y Viviana Vicente, en representación de la Agrupación HIJOS, presentaron una acción de amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa solicitando que se declare la nulidad de la resolución de la Junta Electoral que rechazó las impugnaciones oportunamente presentadas contra la candidatura a intendente de San Miguel de Tucumán de Antonio D. Bussi".

En las mencionadas impugnaciones se alegó la falta de idoneidad moral de Bussi para desempeñarse como funcionario público, requisito establecido en el art. 16 de la Constitución Nacional. No obstante ello, el 16 del corriente, la Junta Electoral se pronunció sobre las presentaciones, resolviendo que la causal invocada en las mismas carecía "de previsión normativa". Así, la Junta Electoral desconoció manifiestamente nuestra Carta Magna.

En el amparo presentado en horas de la mañana contra esta resolución, los accionantes alegaron que la misma se postula manifiestamente arbitraria, ya que declara la inadmisibilidad de las impugnaciones, sin motivos ni fundamentación alguna, manifestando además un expreso desconocimiento de la normativa invocada -que no es otra que nuestra Constitución Nacional-. Asimismo, sostuvieron que la misma viola sus derechos fundamentales, en concreto sus derechos políticos electorales, y el derecho a un debido proceso, derechos ambos contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos constitucionalmente incorporados a nuestra legislación.

Con esta resolución, la Junta Electoral desconoce las recomendaciones emitidas en 1994 y 2001 por el Comité de Derechos Humanos de Naciones, según las cuales, el Estado argentino debe, por cualquier mecanismo legal, evitar que personas implicadas directamente en violaciones a los derechos humanos sucedidas en la última dictadura militar argentina. Por lo tanto, la Junta, expone a nuestro estado a incurrir en responsabilidad internacional.

Bussi, cuya candidatura a intendente fué repudiada por la Universidad Nacional de Tucumán en resolución emitida el martes 15 del corriente mes, es directamente responsable por la comisión de más 2000 desapariciones forzadas de personas (de las cuales solo 680 fueron denunciadas judicialmente), debido a los altos cargos militares que ejerció entre 1976 y 1983. De acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, estos delitos son crímenes de lesa humanidad. No obstante ello, goza hoy de la impunidad que le otorgó la ley de Punto Final que puso límite a la tramitación de los procesos judiciales pero que de ninguna manera extinguió la responsabilidad penal por los delitos cometidos. Por ello, en la actualidad se encuentra imputado en diferentes causas e incluso procesado y con pedido de captura internacional en un proceso que se le sigue en su contra en España por la comisión del delito de genocidio y terrorismo de Estado.

San Miguel de Tucumán, 21 de mayo de 2003

Este documento ha sido publicado el 23may03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights