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13may15
Casación Penal cerró de manera definitiva la denuncia de Nisman
La Sala I del tribunal avaló la clausura del expediente por inexistencia de delito, en referencia a un supuesto plan para encubrir el atentado a la AMIA. Así, confirmó el dictamen de De Luca y los fallos adversos de primera y segunda instancia.
La denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman acerca de un supuesto plan de encubrimiento del gobierno argentino para favorecer a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA finalizó su fallido derrotero judicial y fue cerrada oficialmente por la Cámara Federal de Casación Penal. En una resolución previsible, tras el dictamen donde el fiscal Javier De Luca desistió de sostener la apelación, y luego de dos fallos adversos en primera y en segunda instancia, la Sala I -integrada por los jueces Luis María Cabral, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa- resolvió tomar los argumentos esgrimidos por la fiscalía y devolver las actuaciones, lo que ratifica el fallo de la Cámara Federal que avaló el cierre del expediente por inexistencia de delito.
En una jornada de hiperactividad de la Sala I del máximo tribunal penal del país, los jueces adoptaron la única solución posible luego del dictamen del 20 de abril de 2015, en el que De Luca se pronunció por no sostener la apelación ante Casación, intentada por el fiscal de Cámara, Germán Moldes.
Junto a Gerardo Pollicita fueron los únicos dos funcionarios judiciales que se inclinaron por impulsar la investigación del fallecido titular de la UFI AMIA donde se denunciaba un presunto "plan criminal" orquestado por la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y otros dirigentes oficialistas, supuestamente materializado a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Casación puso el cierre definitivo a la denuncia interpuesta en medio de la feria judicial de enero, que ocasionó un impacto político y mediático solo superado por el hallazgo del cuerpo sin vida de Nisman, ocurrido cuatro días después de acusar al gobierno, y solo horas antes de que tuviera que defender su presentación ante la comisión de legislación penal de la Cámara de Diputados.
La investigación en torno a ese episodio está en etapa de definición y motivó una serie de pericias en las que el patrimonio del fiscal quedó bajo la lupa por la posible comisión del delito lavado de dinero a través de una cuenta en el exterior sin declarar.
Los camaristas sostuvieron que el artículo 443 del Código Procesal Penal de la Nación establece que el fiscal "podrá desistir, fundadamente, de sus recursos, inclusive si los hubiere interpuesto un representante de grado inferior". "En mérito a la votación que antecede, el Tribunal resuelve: tomar razón del desistimiento formulado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara y devolver las actuaciones, a sus efectos, sin costas", indicaron, como un mero formalismo ante el revés definitivo para la denuncia, que significó la opinión de De Luca.
Las desventuras del extenso escrito presentado por Nisman fueron inmediatas. La jueza María Servini de Cubría rechazó habilitar la feria judicial para investigar la denuncia, que implicaba una acusación de singular gravedad institucional por los hechos que planteaba y por los personajes involucrados. Nisman expuso una hipótesis delictiva apoyada en dos tramos: la caída de las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los iraníes acusados y la creación de una Comisión de la Verdad, en el texto del acuerdo, que garantizaría la impunidad de los sindicados como autores intelectuales de la voladura.
El ex fiscal apuntó además contra el diputado kirchnerista Andrés "Cuervo" Larroque, el dirigente de Miles Luis D'Elía, el líder de "Quebracho" Fernando Esteche, el ex fiscal y ex juez Héctor Yrimia, el dirigente comunitario iraní Jorge "Yussuf" Khalil y el presunto espía Ramón Allan Bogado, como supuestos negociadores de ese plan. Al retomar su actividad de manera anticipada, el juez federal Ariel Lijo --ante quien había sido presentada la denuncia por ser quien investigó todas las causas vinculadas con el encubrimiento del atentado a la AMIA- resolvió aguardar al primer día hábil de febrero para enviarla a sorteo y desprenderse de ella.
Su par Daniel Rafecas fue quien le asestó el primer revés, luego de que Pollicita ordenara medio centenar de medidas y decidiera el impulso en base a la hipótesis que Nisman había planteado. El magistrado indicó la inexistencia de delito e hizo un pormenorizado análisis de los motivos por los que la presentación carecía de sustento jurídico para siquiera presentar "indicios" de la comisión de un delito. Solo argumentó a favor de extraer elementos para una causa contra Bogado por supuesto tráfico de influencias que ya estaba en trámite. Pollicita apeló esa decisión de desestimar la denuncia, lo que fue apuntalado por su superior, Moldes, en medio de un clima de presión para que se ordenara la apertura del expediente. La Sala I de la Cámara Federal, por los votos de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, fue aun más dura con la denuncia de Nisman, a la que consideró contradictoria, inconsistente y hasta deslizó la posibilidad de que las escuchas telefónicas transcriptas hubieran sido manipuladas para apuntalar la hipótesis.
"El Memorándum fue, a los ojos de esta Alzada, inconstitucional, mas no la canalización de un acto criminal", opinaron, al despanzurrar los ejes principales del escrito. Destacaron los "términos poco contundentes" de los indicios tomados como prueba, la ausencia de prueba nueva y que en las escuchas "nada allí aludía a las notificaciones rojas" que debían caer para que se consumara el ilícito.
Juristas de renombre como Leon Arslanian, Julio Maier, Eugenio Zaffaroni y Benius Schmukler habían descartado el sustento jurídico de la denuncia por encubrimiento y apuntaron que nada de lo descripto a lo largo de 300 carillas tenía vinculación con la concreción de un delito.
El único juez que apostó por la continuidad de la denuncia de Nisman fue Eduardo Farah, que consideró que el expediente debía abrirse con el objetivo de corroborar o no la hipótesis detallada. En base a ello, Moldes intentó acelerar los tiempos para evitar que De Luca tuviera que sostener su recurso en Casación, a partir de las fechas en que la apelación escalaría a la máxima instancia.
[Fuente: Por Gabriel A. Morini, Tiempo Argentino, Bs As, 13may15]
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