Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
El 18 de diciembre de 1975 nació la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hace veinte años la Argentina se debatía en los umbrales de uno de los períodos más negros y conflictivos de su difícil historia. Casi inmediatamente, el golpe militar aumentó la crisis cuando el país fue sometido al dominio del terrorismo de Estado y al imperio de la arbitrariedad, el dolor y la represión, con sus métodos de exilio, prisión, tortura y muerte que dejaron como secuela profundas heridas en la sociedad.
La primera prioridad de la Asamblea fue luchar por la vida y la libertad, derechos esenciales que fueron sistemáticamente violados durante la dictadura militar. El restablecimiento de la democracia en 1983 abrió otra etapa en la que la APDH empeñó su esfuerzo tras las banderas de verdad y justicia, en una firme lucha contra la impunidad, convencida como estaba de que el conocimiento del pasado y las sanciones a los responsables de las violaciones a los derechos humanos se convertirían en garantías indispensables para lograr la estabilidad democrática.
Así en estos veinte años la tarea de la APDH fue amplia y, sostenida en los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, procuró cubrir todos los terrenos en la promoción, impulso y defensa de estos derechos, denunciando sus violaciones, proponiendo nuez vas normas protectivas y educando en su respeto.
La APDH acampanó solidariamente a las víctimas de la dictadura militar. Luego apoyó la excelente labor de la CONADEP y expresó su satisfacción por el desarrollo del juicio a los principales responsables de los crímenes denunciados. Precisamente ahora, al cumplirse diez años de la histórica sentencia que condenó a los excomandantes, la APDH valora la firmeza y convicción cívica de aquellos jueces, cuya acción enalteció al cumplimiento del derecho y fortaleció la credibilidad en la reconstrucción de la justicia.
Con la misma fuerza, la APDH luchó contra el diotado de las medidas posteriores que concluyeron por frustrar el reclamo social de sanción a quienes habían violado los derechos humanos y restablecieron la impunidad en la Argentina. La APDH compromete hoy su esfuerzo para lograr la adecuación de la legislación interna a los Convenios y Pactos internacionales sobre derechos humanos, suscriptos por la Nación Argentina e incorporados a la Constitución Nacional en su reciente reforma.
Cerrados los juicios por aplicación de las medidas que hemos rechazado y clausurada la búsqueda de responsables con los indultos que procuraron consolidar la máxima impunidad posible, quedaron pendientes, sin embargo, otras cuestiones vinculadas a la exigencia de los familiares de los desaparecidos y de los organismos defensores de los derechos humanos: estas no son sino la investigación sobre la suerte individual de las personas. El Estado tiene una gran responsabilidad en agotar al máximo sus caminos informativos para cumplir con este reclamo que la APDH acompaña y hace suyo, al mismo tiempo que lamenta profundamente decisiones judiciales que procuran cerrar las causas sin facilitar esa información.
Las declaraciones de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad producidas durante 1995, relatando episodios represivos y describiendo las violaciones a los derechos humanos, no sólo significaron ratificar lo conocido en los juicios o en las investigaciones de la CONADEP, al tiempo que mantener viva la memoria. Demostraron también que era posible reconstruir informaciones y reabrieron el debate y la esperanza.
Es que, concluida la época de la violación masiva de los derechos humanos, la democracia restaurada trajo nuevos y aún más complejos desafíos: luchar por erradicar los fantasmas del pasado, eliminar las amenazas a la democracia y lograr la vigencia plena de la justicia sin impunidad, resultaron pasos dirigidos a garantizar un futuro de paz y estabilidad institucional, tan significativos como hacer frente a las violaciones individuales a los derechos humanos en el presente, educar en su conocimiento y en la necesidad de su vigencia, asegurar el respeto por los derechos sociales, la calidad de vida o los principios de autodeterminación.
Todas y cada una de estas cuestiones fueron y son, cada una a su tiempo y en su condición, centro de interés y actividad de la APDH. La tarea esforzada de las comisiones de trabajo, integradas por militantes muchas veces anónimos y siempre decididos, las declaraciones públicas y las resoluciones de los sucesivos Consejos de Presidencia reflejaron acabadamente la evaluación, la preocupación y la propuesta que la APDH expuso ante cada problema. El hecho gratificante de que la APDH haya sido incorporada como Organismo No Gubernamental, con status consultivo, por parte de las Naciones Unidas, representa un reconocimiento significativo a la tarea que esta institución desempeña en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos. El hilo conductor entre las circunstancias cambiantes de cada tiempo histórico, que tuvieron presente a la APDH como un protagonista más, file el ser capaces de practicar un constante aprendizaje que dejó importantes enseñanzas y permitió avances notorios.
Es una responsabilidad que asume este Consejo de Presidencia el efectuar una amplia evaluación respecto de la situación actual del país en relación con la vigencia y respeto por los derechos humanos, así como señalar los problemas que se plantean.
Desde el fin del gobierno militar han transcurrido doce años, uno de los más extensos períodos de estabilidad democrática sin interrupciones que registra la historia argentina. Sin embargo, junto a los logros indiscutibles en el restablecimiento del estado de derecho, los avances en materia de derechos humanos y la nueva disposición que se advirtió desde 1983 en el pueblo argentino para defender la libertad y la democracia cuando se las sintió en peligro, otros datos señalan las complejidades y dificultades que debieron enfrentarse.
La llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional", que dio sustento ideológico a la violación abierta y masiva de los derechos humanos en el pasado, recibió -ya en 1983- el repudio jurídico, político y moral de los argentinos. El propio decreto del Poder Ejecutivo que ordenó la acusación a los ex miembros de las Juntas militares condenó a esa doctrina militar y a su instrumento, el terrorismo de Estado. Pero pasaron cuatro años hasta que, en 1987, se logró aprobar una nueva Ley de Defensa que la excluyó expresamente como doctrina militar. Otros cuatro, hasta que recién en 1991 se logró dotar una Ley de Seguridad Interior con control parlamentario sobre los organismos de inteligencia estatales. Y otros tantos hasta llegar, finalmente, a la autocrítica pública sobre los gobiernos militares que, en 1995, expresara el jefe del Estado Mayor del Ejército.
En el ínterin hubo notorios intentos de reivindicación de los crímenes cometidos por la dictadura, ascensos de oficiales comprometidos en las violaciones de los derechos humanos, cuatro levantamientos militares protagonizados por los llamados "carapintadas" (Semana Santa en 1987, Monte Caseros y Villa Martelli durante 1988 y el último en diciembre de 1990). Investigaciones judiciales fuera de toda sospecha descubrieron la subsistencia de grupos de ultraderecha, formados por oficiales y suboficiales en actividad y en retiro que vendían explosivos de alto poder. Fabricaciones Militares comerció armas a países en conflicto bélico, violando normas internacionales que lo prohibían, en operaciones cuestionadas como actos de corrupción. Tráfico además que estuvo dirigido a la ex-Yugoeslavia, zona en la cual no sólo hay fuerzas argentinas integrando la misión de las Naciones Unidas, sino que también es un área donde se registran gravísimas denuncias acerca de la existencia de crímenes contra la humanidad que promovieron alarma y condena en la comunidad internacional.
La APDH cuestiona la transferencia de equipo militar y el comercio de armas cuando, como en este caso, violan pactos internacionales o normas de bloqueo dispuestas por las Naciones Unidas y que, además, se efectúan en abierta violación del derecho interno.
Son visibles en la Argentina de hoy, tanto a nivel nacional como en las provincias, numerosos problemas que afectan la vigencia plena de los derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Muchas veces se registra un comportamiento autoritario y agresivo en las fuerzas policiales y de seguridad en el cumplimiento de su función. A ello se agregó, en los últimos tiempos, una difícil situación en el interior del país, caracterizada por una creciente tensión y fuertes conflictos sociales.
De hecho, esta situación -que ya puede calificarse de crisis permanente, provocada por la presión de políticas de ajuste que disminuyen el salario, eliminan derechos sociales, producen recesión y crean desocupación- se agrava por la carencia de soluciones y la insistencia gubernamental en continuar por el mismo rumbo inalterable. El resultado más directo es el crecimiento de las tensiones, la alteración de la paz social y la existencia de fuertes reacciones por parte de los sectores afectados, momentos en los que, a veces, no está ausente la violencia. La respuesta queda en manos exclusivas de las fuerzas de seguridad y policiales. Muchas veces es la propia policía provincial o la Policía Federal la encargada de la represión para disolver los reclamos Otras veces el gobierno nacional envía al lugar, cuando es en el interior del país, fuerzas policiales o de gendarmería.
Finalmente el resultado es obvio: el amplio despliegue de las fuerzas es seguido por el uso de bastones, gases lacrimógenos, disparos de balas de goma y también de armas de fuego, todo contra quienes manifiestan públicamente en defensa de su salario, jubilación o empleo. Todas las semanas se producen incidentes de este tipo en diversos lugares del país, mientras la televisión muestra la fuerza utilizada en la represión, con el riesgo notorio que esto tiene para la seguridad y condición física de las personas y la secuela de heridos de diverso tipo que deja.
En un incidente de estas características, en la provincia de Tierra del Fuego, se produjo un muerto: un trabajador que manifestaba cayó en medio de una carga policial. A pesar del tiempo transcurrido desde ese episodio no se registró sanción alguna, ni se conocen los resultados de la investigación realizada. Para esto hubo impunidad, como la hay para quienes golpean alevosamente con bastones o disparan sobre la gente, tal como exhibe claramente la televisión.
Los problemas planteados por la violencia policial en los grandes centros urbanos y más particularmente en el Gran Buenos Aires se vieron incrementados en los últimos tiempos, dato que se verifica en cuanto se comprueba el incremento en las vidas humanas perdidas. Mucha gente denomina a esta fuerza de seguridad como la "policía del gatillo fácil", una definición que indica cuál es la valoración ciudadana respecto de su accionar.
Numerosas comisarías del cono urbano bonaerense son consideradas "tierra de nadie": allí suele imperar el maltrato, a veces consentido por algunos jueces provinciales que no se atreven a limitar la acción policial. También muchas veces los delitos contra la libertad, seguridad y vida de las personas, cometidos por fuerzas policiales son protegidos por colegas o superiores de los imputados, entorpecidas las investigaciones e impedidas las victimas de llevar adelante sus reclamos, todo lo cual pretende crear un manto de impunidad sobre quienes así actúan cubiertos por la función que desempeñan y por la falta de decisión institucional para impedir que estos hechos ocurran. Varios casos de desaparición de personas, en los que se descubrió la responsabilidad directa de funcionarios policiales, demostraron esta situación.
Asimismo la crónica diaria trae las noticias de grupos de miembros de las fuerzas de seguridad que aprovechan su condición de tañes para la comisión de diversos delitos. La reiteración de tales hechos constituye un motivo de seria preocupación y reclama la adopción de medidas urgentes de depuración, así como la afirmación de una política efectiva en tal sentido.
En la Capital Federal se registran a diario reclamos contra la Policía Federal Por el no cumplimiento de leyes que protegen los derechos de las personas, o por la existencia de procedimientos de allanamiento masivo y control, absolutamente contrarios al estado de derecho. Diversos testimonios documentaron serias situaciones creadas en torno a desalojos, en las que predominaron los malos tratos, abusos en comisarías y otros hechos. La política de seguridad urbana practicada en términos generales en la ciudad de Buenos Aires es cuestionada permanentemente por ser más represiva que preventiva y por sus características discriminatorias, ya que presume a las zonas más pobres de extranjeros o más hacinadas de la ciudad como nidos de delincuentes y actúa en consecuencia, con sus efectos sobre las personas.
Pero aún más grave resulta que un funcionario administrativo -el jefe de la Policía Federal, responsable de la dirección de uno de los aparatos de coerción de los que dispone el Estado- continúe utilizando arbitrariamente la facultad legal de restringir o limitar el derecho a la libertad ambulatoria de las personas, aplicando las penas previstas en los edictos contravencionales. Es una situación inexcusable que, en el mismo país donde una reforma constitucional incorporó los textos más avanzados en materia de Pactos Internacionales de Derechos Humanos, subsista esta facultad tan cuestionada que permite al jefe de la Policía dictar penas privativas de la libertad sin ejercicio del derecho a su defensa por parte del imputado.
La cuestión del trato dado a los niños, adolescentes y jóvenes, así como el respeto por sus derechos por parte de la policía, adquiere una singular relevancia. Son numerosas las denuncias recibidas por la APDH señalando el abuso en el maltrato en comisarías o en la calle, la arbitrariedad en procedimientos y la reiteración de actitudes discriminatorias, entre las que se incluyen las detenciones masivas sin motivo o la aplicación de sanciones sin derecho a la defensa y sin causa real. Muchas de estas denuncias se publicaron en importantes medios de difusión y, las más, fueron puestas en conocimiento de autoridades sin que se observe una mayor voluntad en la efectividad de la acción de gobierno y jueces, en especial para cumplir las normas constitucionales y los pactos internacionales suscriptos por la Argentina.
En los últimos doce años, a partir de la reinstalación democrática, no ha avanzado en materia de mejoras en la situación carcelaria en el país. Esta, que mereció diversos y circunstanciados informes, en los que se subrayaron las falencias que el sistema presentaba, es una crisis permanente, un escenario potencial y real de los peores conflictos. Así, a pesar de normas legales, dictadas de apuro y presionadas por la inminencia o directamente la presencia de motines, los problemas no sólo subsisten, sino que se agravan.
Ahora no sólo hay superpoblación carcelaria, edificios notoriamente obsoletos, comportamiento violento de los guardias penitenciarios, trato discriminatorio a familiares y visitantes o lentitud en los procedimientos judiciales, sino que se suma la disminución del presupuesto por razones de la política de ajuste, lo cual se traduce en imposibilidad del minimo mantenimiento edilicio, falta de medicamentos en los hospitales, eliminación de programas de prevención -como en el dramático caso del SIDA- y otros efectos desfavorables.
La situación que señalamos, referida a las cárceles federales, es muchísimo más seria en los establecimientos dependientes de las provincias en los que, muchas veces, además de los factores señalados, las condiciones de habitabilidad no responden a ninguna regla objetiva y el control de los jueces resulta inexistente.
Los establecimientos dedicados a la internación de menores se encuentran en situación similar. En ellos se registraron recientemente, en particular en la provincia de Buenos Aires, varios motines, producidos por las malas condiciones. En lugares de detención de menores de edad en otros lugares del país éstos han padecido un trato brutal que produjo muertes entre los detenidos. Difícilmente, en el interior del pais, los jueces investigan a fondo estos hechos o aparecen sancionados los responsables.
Precisamente las cuestiones referidas a la justicia y a la seguridad jurídica merecen un párrafo especial, por su importancia en la vigencia y protección de los derechos humanos. Una rápida encuesta demostraría, sin lugar a dudas, que hoy se registra una pronunciada baja en la credibilidad pública sobre el rol eficaz de la Justicia para dirimir conflictos, evitar la impunidad y proteger los derechos y garantías de las personas. En otras palabras, que la falta de acción o la inmovilidad de la justicia se deben, en la mayor parte de los casos, a compromisos de los jueces con el poder político fruto, a su vez, del manipuleo en las designaciones, de la falta de independencia puesta de manifiesto por varios magistrados frente al gobierno o de la firme convicción que reina en éste acerca de que la Justicia, como tal, es -simplemente- una rama del Poder Ejecutivo.
Esta percepción de la opinión pública se vio reforzada con polémicos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de jueces de tribunales inferiores; con actitudes adoptadas por la cabeza del Ministerio Público, disminuyendo la investigación en casos de corrupción notorios, con la falta de acceso de numerosas personas en el interior del país al derecho a la justicia; con la negación de justicia a jubilados, imposibilitados de litigar contra el Estado en defensa de sus intereses, o a trabajadores, cuyas audiencias son fijadas para no menos de dos años más tarde y aún mas, convirtiendo su derecho al reclamo judicial en nada.
Debemos señalar, como hechos que prueban esta total falta de independencia del Poder Judicial, que hace cinco años -al inicio del actual gobierno- el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue aumentado de cinco a nueve. Luego, jueces federales que investigaban casos de corrupción que afectaban a miembros del gobierno fueron ascendidos a tribunales superiores y sus cargos cubiertos por nuevos jueces, algunos de los cuales se habían desempeñados hasta unos días atrás como colegas de personas sometidas a investigación.
Este año, tres días antes de que venciera el plazo fijado en la reforma constitucional de 1994 para cambiar el modo de designación de jueces, el gobierno impulsó -y el Senado con mayoría oficialista convalidó- la designación de veintiséis nuevos jueces, varios de los cuales ni siquiera tenían juzgado asignado o cubrían alguna vacante. Finalmente, dos días antes que se modificara la composición del Senado -lo cual implicaba que el gobierno dejaba de tener asegurados los dos tercios de sus miembros- se forzó la designación de un nuevo magistrado integrante de la Corte Suprema de Justicia, violándose para ello el reglamento de la Cámara de Senadores y la Constitución Nacional. El juez designado proclamó, a los cuatro vientos, su vinculación amistosa con el Presidente de la Nación y su apoyo a la política que desarrolla.
La APDH expresa su más profunda preocupación atente a la situación en la que se encuentra el Poder Judicial de la Argentina. La falta de independencia, expresada a través de las estrechas vinculaciones entre muchos de sus miembros y el Poder Ejecutivo, el criterio partidista o familiar en las designaciones, la subordinación a la necesidad coyuntural del gobierno en decisiones importantes y también en las meramente circunstanciales, la pasividad frente a temas significativos, son sólo algunos ejemplos que subrayan una situación de extrema gravedad en la Justicia.
No muy diferente es la descripción que puede hacerse respecto de la situación de la justicia en las provincias. Jueces designados por su vinculación con los gobernadores; Tribunales Superiores obligados a las decisiones políticas de esos gobernadores; denuncias de la gente, que ve afectado su derecho a la justicia; jueces que no investigan causas que pueden afectar al gobierno que los designó; violaciones a los derechos humanos que quedan impunes.
Si se toman en cuenta algunos de los datos contenidos en este informe respecto de las fuerzas de seguridad, unificándolos con los provenientes del Poder Judicial se tendrá a la vista un panorama desalentador en el cuaL mientras aumenta la conflictividad, producto del plan de ajuste, también se avanza hacia la concreción de un estado autoritario con fuerte control social, hecho que hace peligrar a la democracia.
El Estado de Derecho es un marco formal de existencia indispensable para asegurar y proteger la vigencia plena de los derechos humanos y garantizar su defensa. La presencia de un Poder Judicial independiente es una condición del Estado de Derecho y un pilar sobre el cual se asienta el sistema democrático. La independencia de la Justicia asegura que el derecho individual se verá garantizado y que las presiones del poder o de intereses deben inclinarse ante su rol. La Justicia debe ejercer un control sobre el poder político que es fundamental para asegurar el equilibrio de los poderes y la vigencia de la Constitución. Cuando -como ocurre ahora en la Argentina- la Justicia no es independiente y es manipulada, la seguridad jurídica no existe y los derechos humanos corren riesgo.
En la defensa y promoción de los derechos humanos, el ejercicio del control ciudadano sobre el poder es esencial para combatir la arbitrariedad y evitar la concentración de la capacidad de decisión, dos serias enemigas de la democracia. A nuestra preocupación por la situación del Poder Judicial, debe sumarse la alarma que numerosos sectores han manifestado reiteradamente ante las presiones y ataques recibidos por periodistas y medios de prensa. La lista, que incluye agresiones físicas, presiones económicas y decisiones judiciales contra trabajadores de prensa por denuncias que hicieran en diversos medios contra funcionarios oficiales, es suficientemente amplia como para concluir que, en numerosas oportunidades la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión se han visto en riesgo en los últimos tiempos en la Argentina.
La APDH no emite juicio de valor sobre políticas concretas en materia económica o social. Sin embargo, en cumplimiento de su responsabilidad de promover y defender los derechos contenidos en la Carta Universal de los Derechos humanos y los Pactos y Convenciones que de ella emergen y que hoy tienen categoría constitucional en la Argentina, la APDH debe expresar su opinión.
La Carta, tal como fuera aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por la Argentina e incorporada a la Constitución Nacional, no agotó su preocupación por la exclusiva vigencia de los derechos civiles y políticos. Muy por el contrario, la Carta Universal subrayó la preocupación que debe existir respecto de la necesaria actividad del Estado como el garante de los derechos básicos que hacen a la dignidad e integridad de la persona. Por consiguiente, ninguna evaluación sobre la vigencia de los derechos humanos podría excluir a los denominados derechos sociales: el derecho a la educación, a la salud, a la educación y al trabajo, entre otros.
El evidente deterioro que se advierte en la educación pública y la falta de voluntad manifiesta que evidencia el Estado para preservarla son hechos que imposibilitan, decisivamente, el ejercicio del derecho de todas las personas a recibir una educación similar y a la igualdad de oportunidades.
Bajísimos salarios a los docentes, escaso presupuesto para la educación, ausencia de elementos educativos imprescindibles, deserción escolar provocada -entre otros factores- por la situación económica y la ausencia de una política educativa global, son algunos ejemplos de los problemas que se confrontan en la enseñanza preescolar, en la primaria y en la secundaria. En los establecimientos terciarios la situación es igualmente conflictiva. En las universidades nacionales, sometidas a las presiones políticas y económicas del gobierno, los problemas se tornan más graves y muchísimos alumnos quedan en la calle. La investigación y las tareas de ciencia y técnica fueron virtualmente desarticuladas en los últimos años, los presupuestos disminuidos al minino, los programas, suspendidos.
En cualquier sociedad este cuadro sería calificado como de extrema gravedad. En la Argentina, cuya excelencia en materia de educación pública -en cualesquiera de sus diversos niveles- fue paradigmática en América Latina, es realmente un dramático y perjudicial retroceso. Los problemas aumentaron en los últimos tiempos con el ajuste que provocó eliminación de partidas presupuestarias, congelamiento de salarios o, en algunos casos su disminución y despidos de personal docente o no cobertura de vacantes.
La APDH expresa su preocupación y alarma por la gravísima situación que se observa en el derecho a la salud. La prestación de los servicios de salud pública padece un constante deterioro. La política de ajuste se hizo sentir particularmente en este sector, que ya tenía serias dificultades. A la carencia casi total de elementos se le suma hoy una disminución presupuestaria absolutamente incompatible con la posibilidad de cumplir sus funciones. El traspaso de hospitales de la Nación a las provincias y de éstas a las municipalidades, sin los consiguientes refuerzos de partidas, significó empujar a la salud pública hacia la destrucción.
El panorama se agravó seriamente con las masivas cesantías de personal médico, de enfermeras y maestranza en hospitales de la provincia de Buenos Aires y otros lugares del país. El precio de los medicamentos, ya inalcanzables para un vasto sector de la población y la crisis de las obras sociales, junto con la ausencia de programas masivos de prevención sanitaria y educación para la salud, ha creado un complicado panorama que se expresa en la reaparición de enfermedades que ya habían sido controladas en el pasado. El virtual colapso de la salud pública es un producto directo de políticas que ponen el centro en el ajuste económico, en la privatización del sistema y no en la protección y el derecho de los habitantes a gozar de un adecuado nivel de salud.
En materia del derecho a una vivienda digna, la situación no es menos seria. Las migraciones internas sostienen la proliferación, en los principales centros urbanos del país, de villas de emergencia en donde la vida de las personas se desenvuelve en condiciones infrahumanas. Los planes de viviendas populares fueron directamente suprimidos y los reiterados anuncios de proyectos de construcción de las mismas que se formularon en los últimos años jamás se cumplieron. De hecho, millones de personas se ven hoy impedidas en la Argentina de acceder al goce de este legitimo derecho, critica que no podemos silenciar.
Pero es, sobre todo, en el derecho al trabajo donde se advierte en toda su magnitud e intensidad, con sus dramáticos efectos, el efecto de esta crisis y de las políticas de ajuste puestas en práctica en los últimos tiempos. No discutimos leyes ni políticas concretas, pero ello no nos impide señalar que la actual tasa de desempleo y subempleo no tiene precedentes en la historia argentina. En los últimos cuatro años se dictó toda una nueva legislación en materia de relaciones del trabajo que, con el hipotético fin de mejorar la situación, sólo contribuyó a empeorarla al eliminar casi por completo derechos de los trabajadores y dejar sin protección a vastos sectores.
Debemos reiterar hoy lo que expresáramos en el anterior Consejo de Presidencia de la APDH, sobre los problemas derivados de la falta de protección del derecho al trabajo y del efecto de políticas que comprometen su vigencia. Dijimos entonces que "el país advierte ahora la existencia de una nueva categoría, los desaparecidos sociales, victimas propiciatorias de políticas que no deciden, seres humanos convertidos en números de las metas de ajuste pactadas con organismos financieros internacionales, al margen del interés general y del bienestar."
Salarios y aguinaldos diferidos en su pago; reducciones arbitrarias en sus montos; sustitución de la moneda por bonos sin valor en numerosas provincias; despidos masivos, efectuados generalmente en el peor momento y de la peor forma; cierre de establecimientos, con puestos de trabajo que desaparecen, extensas colas de personas que piden por un empleo, generalmente mal pago; aprovechamiento de esta situación por parte de empleadores que aumentan las horas de trabajo y disminuyen los sueldos: inexistencia de vigilancia por parte de las autoridades encargadas del área. Todo esto, y aún más, enmarca la más grosera violación a los principios éticos sobre los que asienta su vida la moderna civilización.
El sistema de seguridad social y sus principios ineludibles de solidaridad han sido destruidos. Las jubilaciones permanecen congeladas desde hace varios anos en montos irrisorios, su pago se difiere y nunca el día es el mismo de un mes a otro. El régimen de protección a la salud a los jubilados -el PAMI- está virtualmente en colapso, lo cual no impide grandes ganancias por contratos millonarios, mientras la gente no puede gozar de sus beneficios.
Esta situación que describimos tan brevemente no sólo es grave por que estos derechos se han convertido en letra muerta, en texto de discursos que mencionan una realidad que no existe, sino también por sus efectos. En la Argentina crecieron exponencialmente la marginalidad y la pobreza. El porcentaje de población con sus necesidades básicas insatisfechas es cada vez mayor, con sus resultados de desintegración social y familiar, con el incremento de las enfermedades que podrían resolverse y la disminución de los niveles educacionales. En estos aspectos podemos decir que la Argentina retrocedió, quienes están desempleados o deambulan por empleos transitorios se sienten agredidos y muchas veces inhumanamente humillados, la paz social se ve alterada y los conflictos estallan constantemente en diversos lugares del país con su cuota de violencia
La APDH continuará exigiendo que el Estado implemente redes de protección social para cubrir las necesidades de los expulsados impiadosamente del sistema, de los desempleados que pasan a la categoría de extrema pobreza, de los marginados del goce de la riqueza social. La APDH reitera que el Estado no puede desentenderse de la sociedad en su conjunto, ni del destino individual de cada una de las personas que habitan el país. Debe ser un actor pasivo y protectivo, para no violar los derechos civiles y políticos y, al mismo tiempo, un agente activo para promover los derechos económicos, sociales y culturales. Esta es una responsabilidad de la que el Estado no puede desertar; ni tampoco convertirse en un agente insensible frente a la violación de estos derechos.
La situación de los pueblos indígenas en la Argentina fue mejorando en los últimos veinticinco años, especialmente a partir de las iniciativas llevadas a cabo por los propios indígenas del país que han luchado por el reconocimiento y la salvaguarda de sus derechos, los que fueron parcialmente reconocidos, primero por la ley 23.302 ("Sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes") que tardó cuatro años en ser reglamentada y poder iniciarse su aplicación y luego en la Constitución Nacional reformada en 1994.
No obstante estos pasos favorables, no se ha cumplido aun con las disposiciones de la ley sobre el desarrollo de las comunidades indígenas, la salud, la educación, la vivienda o la jubilación. Muchas comunidades indígenas son discriminadas en materia de trabajo y salario, o bien se ejerce violencia contra ellas cuando formulan reclamos de tierras. Sobre otras se ejecutan actos de intimidación sin que la justicia provincial reaccione debidamente.
El Estado, en esta materia, se encuentra en notoria falta, al no impulsar la puesta en marcha de los organismos previstos por la ley, no llevar adelante una adecuada campaña informativa sobre los derechos ahora reconocidos de las comunidades y actuar con extrema lentitud en los casos de reclamos legales de tierras.
La discriminación por causa del sexo continúa siendo un problema en la Argentina. La descripción sobre los modos y efectos de la violación del derecho al trabajo tienen en este aspecto su particular expresión. No sólo existe una discriminación sutil sobrela mujer en el acceso a determinados puestos, sino que, globalmente, en el mercado laboral se registra generalmente un menor salario para igual trabajo o se promueve su ingreso a los sectores donde las remuneraciones son más bajas.
En los últimos anos, el problema de la violencia doméstica en la Argentina trascendió el ámbito privado para ser considerado de incumbencia social. En este sentido, coincidentemente con la posición sustentada por las Naciones Unidas, la APDH sostiene la necesidad de que el gobierno nacional y, muy especialmente, los gobiernos provinciales, presten la debida atención a la violencia contra la mujer y provean servicios para la asistencia de las mujeres golpeadas y sus hijos, aumentando los ya existentes en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.
La discriminación por causas raciales o religiosas es otro tema en el que se lograron importantísimos avances, entre los que se destacan la ley antidiscriminatoria y los aspectos vinculados a ello en la reciente reforma de la Constitución Nacional. Sin embargo, subsisten en la Constitución cláusulas discriminatorias.
La cuestión del antisemitismo continúa preocupando a la APDH Los hechos que rodearon las investigaciones por los gravísimos atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, aún pendientes de esclarecimiento, han subrayado la persistencia en la Argentina de grupos de ultraderecha, de simpatías nazis, enquistados en los más profundo de las fuerzas de seguridad y en algunos núcleos militares. La reiteración, cada cierto tiempo, de atentados contra escuelas judías, sinagogas o cementerios, señala que no bastan las investigaciones judiciales, sino que también se hace necesaria, como sucedió en el caso del militar nazi Erick Priebke, una firme actitud por parte del Poder Ejecutivo Nacional y de los gobiernos provinciales para depurar las filas de estos elementos y así facilitar las investigaciones y los juzgamientos tal como determina la ley.
La discriminación social hacia los trabajadores inmigrantes es un hecho nuevo en un país de raíz migratoria Pero, derivada de los problemas creados por el fuerte incremento de la desocupación, se registró durante 1994, y con menor intensidad en 1995, una fuerte campana pública contra la presencia de trabajadores extranjeros en la construcción y otros sectores. La APDH considera grave que esa campaña discriminatoria haya sido encabezadu por dirigentes sindicales de máximo nivel de la CGT y que el gobierno nacional haya permanecido pasivo frente a este hecho.
Los derechos a la defensa de la mejor calidad de vida y del medio ambiente son, igualmente, una parte importante de las preocupaciones de la APDH en la lucha en defensa de los derechos humanos. No ha disminuido la alarma en la comunidad por la reiterada intención de instalar un basurero nuclear en la localidad de Gastre, en la provincia del Chubut. Persiste la indiscriminada e incontrolada contaminación de los ríos, en las cercanías de los centros urbanos, por parte de empresas industriales. Cada cierto tiempo se intenta ingresar al país, a pesar de la nueva legislación en tal sentido, desechos tóxicos provenientes de países industrializados. En las ciudades con alta densidad los riesgos de contaminación tóxica, con graves efectos sobre la salud de las personas, son dramáticas realidades que cobran, periódicamente, vidas humanas o dejan marcas indelebles ante la carencia casi absoluta de controles y sanciones a los responsables.
L a nueva legislación y las cláusulas de la reforma constitucional que reconocieron derechos para el amparo y permiten la acción de las organizaciones sociales son pasos positivos, pero en sí mismos, solos, no alcanzan para resolver estos graves problemas. La APDH denuncia la absoluta inactividad del Estado en el control y defensa del medio ambiente, reclamando la remoción de las trabas burocráticas que subsisten, así como el control y sanción a los intereses económicos que actúan indiscriminadamente en perjuicio de la salud pública y degradando el medio ambiente.
La APDH ejerce su función alertando a la sociedad sobre cada una de estas cuestiones. Cumple también su rol cuando rescata la memoria del pasado, en defensa de los derechos humanos de cara al futuro, en el convencimiento que la memoria es una pieza insustituible en la barrera que haga imposible que esos dramas vuelvan a instalarse en la Argentina.
Hoy, hay quienes aceptan la compleja realidad del país como inalterable y se preparan a aceptar la injusticia y la violación de los derechos humanos como un hecho natural y permanente. Pero esto no es así, y j más la humanidad aceptó que lo fuera
Por eso mismo, la APDH cumple una función constante en el análisis, la evaluación, la denuncia y la propuesta frente a los problemas que plantea la realidad. Cada uno de ellos es un nuevo desafío a la voluntad ética y a la conciencia crítica de la defensa de los derechos humanos. Un desafío al que la APDH hace frente con energías siempre renovadas, con la mente abierta a nuevas ideas y con disposición al diálogo creativo, sostenida por esos principios éticos que le dieron nacimiento hace veinte años: una escala de valores en la que priman la libertad, la defensa de la dignidad humana, la verdad y la justicia, el respeto por el pluralismo y la diversidad.
Allí donde los derechos sean violados, allí donde el poder abuse, allí donde la ley no se cumpla, allí es donde la APDH ha estado, donde está y donde estará.
Este es el compromiso renovado de la APDH.
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