LA IMPUNIDAD EN BOLIVIA
Los regímenes democráticos en Latinoamérica y la impunidad.
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Waldo Albarracín
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
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Indice
Antecedentes.
La impunidad y el caso boliviano.
El régimen de Luis García Meza.
Juicio de responsabilidades contra Luis García Meza.
Los delitos acusados.
Dificultades en el cumplimiento y ejecución de la sentencia.
La impunidad continúa.
La impunidad de los delitos cometidos en democracia.
Antecedentes.
Los antecedentes de los delitos de lesa humanidad suscitados en las últimas dedadas en
Latinoamérica y el Caribe, se remontan en la mayoría de los casos a las dictaduras militares, las que
al amparo del régimen imperante, sustentados ideológicamente por la Doctrina de la Seguridad
Nacional, implementaron el Terrorismo de Estado, concentrando sus ataques en el denominado
"enemigo interno", el cual era identificado en los sectores contestatarios, populares, universitarios.
La lucha contra las dictaduras en procura de la instauración de regímenes constitucionales, se
caracterizaba por la esperanza que se tenia en extinguir los mecanismos violatorios de los derechos
más elementales de las personas y lo que también era importante, dar fin con la impunidad de los
delitos de tesa humanidad, pues era obvio que mientras los autores de estos hechos estén en el poder,
no seria posible su juzgamiento y subsecuente sanción penal.
Sin embargo, una vez instalados los gobiernos democráticos, extinguidas las dictaduras, cuando el
pueblo esperaba una acción decidida de los gobernantes para hacer justicia y dar fin con la
impunidad, surgieron decretos de amnistía y otros instrumentos jurídicos que tenían la finalidad de
evitar el juzgamiento de los torturadores, asesinos, se crearon mecanismos modernos de impunidad
que permitan a ésta convivir con nuevas formas de violación a los derechos humanos, todo dentro
el escenario de los Estados de Derechos, matando así las ilusiones de miles de ciudadanos que
buscaban en la democracia reivindicar - a sus muertos y desaparecidos.
O sea que, los gobiernos constitucionales, jamás respondieron a la altura de los acontecimientos, no
asumieron a plenitud el rol que la historia les asignó y por el contrario permitieron y permiten que
estos mecanismos de impunidad continúen vigentes.
La impunidad de los delitos de tesa humanidad constituye la vergüenza de las democracia
latinoamericana; argumentos como "la necesidad de no dividir al país", "hay que enterrar el pasado
y mirar hacia el futuro", "Que el enjuiciamiento de los dictadores podía revertir lo hasta ahora
conquistado" y otras mentiras fueron la base de sustentación de la que se valieron los nuevos
administradores del Estado para no asumir su obligación moral y política de garantizar el castigo a
los autores materiales e intelectuales de innumerables atrocidades cometidas contra miles de
ciudadanos.
A tal extremo se materializó la impunidad en nuestro continente, que frente a la falta de voluntad
política para someter ante los organismos jurisdiccionales a los protagonistas de los abusadores del
poder, incluso frente a la inoperancia de los organismos internacionales para sancionar a los Estados
por estos hechos, fue necesario que tuviera que someterse ante el Tribunal Permanente de los
Pueblos, instancia ética internacional a todos los Estados que permitieron la comisión de delitos de
tesa humanidad, para por lo menos, sancionar moralmente estos atropellos. Es así que, en abril
de 1991, eminentes personalidades en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, sesionaron
en Bogotá, Colombia para desarrollar la etapa plenaria del juicio contra la impunidad, el cual se
había iniciado en 1989 con las sesiones de instrucción implementadas en cada uno de los países,
donde las distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos y populares plantearon sus
2denuncias sobre los hechos de tortura, asesinatos, genocidios, desapariciones forzadas y otros
delitos similares. A propósito, de estas sesiones, llama la atención el caso Boliviano, toda vez que
la sesión de instrucción no pudo efectivizarse porque el gobierno "democrático" del entonces Jaime
Paz Zamora, en su afán -de proteger al ex-dictador Hugo Bánzer, amenazó a los miembros del
Tribunal Permanente de los Pueblos con deportarlos si ingresaban al país, negándoles el ingreso a
territorio boliviano, impidiendo así la realización del juzgamiento en esta primera etapa.
Si bien es cierto que cada país vivió el problema de la violación a los derechos humanos y la
impunidad de éstas con sus propias peculiaridades, no es menos evidente que las causas de dicha
impunidad tienen un mismo origen y es de carácter eminentemente político.
La sentencia dictada por el Tribunal Permanente de los Pueblos constituye un antecedente importante
para el continente y la historia de la humanidad en general, sin embargo, dado el carácter meramente
moral y no coercitivo que tiene, aún nos deja insatisfechos a quienes mantenemos la convicción de
que la mejor manera de evitar que se repitan los delitos de tesa humanidad, es sancionado
penalmente a los autores, en un afán estricto de justicia y no de vendeta, independientemente del
mensaje ético que ello conlleva.
La impunidad y el caso boliviano.
La historia de Bolivia esta caracterizada por innumerables golpes militares perpetrados, no solo
contra los gobiernos legalmente constituidos, sino también de luchas internas en el seno de las
propias Fuerzas Armadas entre sectores de poder que pugnaban por llegar al gobierno para preservar
sus intereses de orden político y pecuniarios. A ello debe añadirse el hecho de que no sólo fueron
los militares los que protagonizaron hechos subversivos, sino que también éstos generalmente
estuvieron acompañados por civiles que acostumbrados a tocar las puertas de los cuarteles cuando
se afectaban sus intereses, no tenían ningún escrúpulo en promover Golpes de Estado.
El resultado de toda lucha por el poder, son los hechos de violencia cuyas consecuencias siempre
terminaba pagándolas el pueblo boliviano, masacres masivas, detenciones indebidas, confinamientos,
exilios y lo que es más grave la práctica de la tortura contra los detenidos, aplicando métodos
similares a los implementados por los nazis en la segunda guerra mundial y las desapariciones de
personas.
Sin entrar a la descripción de hechos históricos, basta señalar los regímenes de terror impuestos en
las décadas de los años 70 y 80, resaltan en ambas los gobiernos militares de Hugo Bánzer Suárez,
Alberto Natuch Busch y Luis García Meza, (los tres fueron inhabilitados moralmente por el Tribunal
Permanente de los Pueblos para participar nuevamente en instancias de gobierno de su país o de
cualquier país del mundo).
Pero los abusos perpetrados por estas dictaduras, siempre estuvieron acompañados por elementos
civiles, tal es así que el golpe militar de 1971 de Hugo Bánzer, sangriento desde el día de su
imposición hasta su retiro, tuvo como cómplices a dos partidos políticos, el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), actual partido de gobierno y la Falange Socialista Boliviana (FSB), estas
agrupaciones políticas cogobernaron con Bánzer, conformando el FRENTE POPULAR
NACIONALISTA. El resultado de la conducta de este régimen, centenares de muertos, genocidios,
obviamente desapariciones forzadas. El modelo banzerista propone la generalización del terror,
como un movimiento de destrucción ideológica, o sea que la función de lo represivo no se dirige a
la entidad verificable del que resiste sino a la reconstrucción del horizonte de referencias. El
movimiento laboral es reestructurado de una manera corporativa salarialista, el cancerbero sindical
lo constituye el coordinador y su perfil ideológico es de tinte eminentemente fascista.
Los atropellos cometidos durante la dictadura banzerista, jamás fueron sancionados, es decir que,
todos los delitos de Cesa humanidad cometidos, quedaron y aún quedan IMPUNES, no obstante que
en el año 1980 el Diputado Socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, inició un Juicio de
Responsabilidades en su contra ante el Parlamento Boliviano, este proceso no pudo concluir en razón
de que llegó el golpe militar de Luis García Meza que intervino el Congreso, impuso un régimen de
terror y evitó el juzgamiento de su camarada de fuerza Hugo Bánzer, posteriormente, restaurada la
democracia en Bolivia cuando se quiso continuar con el juicio prácticamente fue imposible, el
expediente había desaparecido con todas las pruebas, la Correlación de fuerzas existente en el
parlamento era desfavorable, pues la alianza de adenistas con movimientistas (actual partido de
gobierno) eran mayoría e impidieron todo intento de reiniciar ese proceso y, lo que es más grave, el
principal acusador de Bánzer, el Diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, FUE ASESINADO POR
PARAMILITARES DE GARCÍA MEZA. Poniendo fin a este capítulo y consolidando la impunidad
del dictador de la dedada del 70.
El régimen de Alberto Natuch Busch, militar de Ejército, si bien fue más corto, al extremo que duró
menos de un mes en el gobierno, sin embargo fue tan represivo y sangriento como el anterior, se lo
implantó un 1 de noviembre de 1979, interrumpiendo el incipiente proceso democrático que se
quería promover, defenestrando del poder al Presidente legalmente constituido Walter Guevara y
cuando el mismo día del golpe el pueblo salió a las calles no tanto para defender al Presidente
constitucional, sino al sistema democrático, se produjo lo que en la historia boliviana se conoce
como la MASACRE DE TODOS SANTOS, cerca a doscientos desaparecidos, aproximadamente
un centenar de muertos y más de doscientas personas heridas; los días posteriores se caracterizaron
por la imposición del terror, la clausura de medios, las cadenas radiales, todas conectadas a la
emisora oficial, censura de prensa y lógicamente muchos detenidos en los recintos carcelarios.
Hasta la fecha no se conoce un solo caso que haya merecido una investigación y subsecuente sanción
de los autores de estos hechos criminosos, siempre la protección sistemática y posterior de los
responsables se impuso frente al pedido de justicia de los familiares de las víctimas.
Como no podía ser de otra manera, este régimen militar también contó desde sus inicios con el apoyo
frontal de civiles, muchos de ellos militantes del actual partido de gobierno, hoy honorables
diputados, tal extremo que la anterior gestión legislativa tuvo como Presidente en la Cámara de
Diputados, precisamente a uno de los Ministros del gabinete de Alberto Natuch.
El régimen de Luis García Meza.
Después del alejamiento del poder del dictador antes mencionado, sobrevino un gobierno
constitucional de Lidia Gueiler, el cual fue despojado del gobierno por el golpe militar del General
de Ejército Luis García Meza, éste golpeó el 17 de julio de 1980, asaltando el Palacio de Gobierno,
tomando por la fuerza, detuvo a todos sus ocupantes, incluyendo la Presidente Constitucional.
Simultáneamente sus paramilitares tomaron por asalto la sede de la Central Obrera Boliviana,
deteniendo a los que se encontraban en su interior y asesinando al líder socialista Marcelo Quiroga
Santa Cruz, principal promotor del Juicio de Responsabilidades contra Hugo Bánzer.
Como no podía ser de otra manera, el gobierno de este militar fue la encarnación viva del Terrorismo
de Estado; más de medio millar de asesinatos y desapariciones forzadas, cerca a cuatro mil detenidos
y millares de exiliados, además de las detenciones indebidas cotidianas fueron la Característica
principal de este gobierno. Inspirados en la famosa Doctrina de la Seguridad Nacional, en la
necesidad de "extinguir todo despojo comunista", de imponer lo que ellos denominaban "el orden"
desplegaron una política de ostensible violación a los derechos humanos eliminando físicamente a
quienes se Oponían al régimen, un claro ejemplo de ello se refiere a la masacre del 15 de enero de
1981 perpetrado contra toda dirigencia nacional del entonces Movimiento de Izquierda Nacional,
en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz, sólo una persona quedó viva para poder transmitir
su testimonio a la historia sobre esta actitud inhumana. Las masacres en las minas, el cierre de las
universidades, la censura de la prensa, las "cadenas nacionales".
Pero no solo fue la sociedad civil la victima de los atropellos del régimen garciamecista, sino que
el propio Estado en su conjunto; pues los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito estuvieron
a la orden del día y algo que llamó la atención de la comunidad internacional, su vinculación directa
con las mafias internacionales del narcotráfico. Se descubrió que el golpe militar de García Meza,
tenia la finalidad de monopolizar la ilícita actividad del narcotráfico, lo que le valió la censura de
la comunidad internacional y el virtual desconocimiento del gobierno de los Estados Unidos.
Juicio de responsabilidades contra Luis García Meza.
Es evidente que un antecedente importante para todo el continente latinoamericano, es el hecho de
que en Bolivia y de manera extraordinaria, se haya sancionado y encarcelado a uno de los dictadores
de la región y quizás al único, no fue fácil, de trata de un juicio que duró cerca a una década, de un
trabajo incansable de las organizaciones populares, de permanente reclamo ante las instancias
legislativas para que dicten acusación, de enfrentamiento con los numerosos protectores del ex-dictador, encaramados en las dos cámaras del congreso y de denuncia permanente a los órganos
coercitivos del Estado como la policía y las Fuerzas Armadas por su sistemática protección, para
impedir que se lo detenga, además de constantes amenazas y amedrentamientos hacia los promotores
del juicio, por el atrevimiento de enjuiciar a "su general". Finalmente, el 21 de abril de 1993, la Corte
Suprema de Justicia distó la sentencia condenatoria contra Luis García Meza y sus colaboradores,
desde luego que el fallo fue condenatorio y el pueblo boliviano recibió con alborozo el fallo justo
que de una u otra manera rendía un homenaje a todas las victimas de los delitos de leña humanidad
perpetrados en Bolivia, quizás ratificando las palabras del fallecido escritor boliviano Franz Tamayo
cuando decía con sobrada razón NADIE ES IMPUNEMENTE PODEROSO.
Fueron varios los intentos de impedir el juicio y luego para evitar su conclusión la estrategia dilatoria
función por mucho tiempo a la perfección. En este tiempo de impedir el fallo estuvo también
involucrado el gobierno central, suspendiendo por casi un año a siete de los doce magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, restandole cuorum para sus actuaciones, no obstante ello, finalmente la
sentencia fue dictada.
El principio jurídico que el más Alto Tribunal de la Nación hizo prevalecer, se refiere a la
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD, bajo el cual se desestimó
todo argumento de defensa de los acusados basado en que el transcurso del tiempo inviabilizaba
cualquier posibilidad de enjuiciamio penal.
Los delitos acusados.
La cantidad de delitos cometidos por el dictador y todos sus colaboradores fueron agrupados en 8
grupos, resaltando los de asesinato, genocidio, las desapariciones forzadas, masacres y también los
innumerables hechos de Corrupción y enriquecimiento ilícito. Además, a ello debe añadirse el hecho
de que en plena realización del proceso, se descubrió que la desaparición de los diarios de los
guerrilleros Ernesto Che Guevara y Harry Combo Villegas que fueron incautadas durante el
movimiento guerrillero de 1967 en Bolivia, obedecían al robo o extracción ilegal que García Meza
había hecho de los mismos por cuanto se encontraban resguardados en las bóvedas del Baco Central
y las había vendido por sumas millonarias, lo que motivó un segundo juicio penal que luego fue
fusionado al principal para que se diste una sentencia única. -
Dificultades en el cumplimiento y ejecución de la sentencia.
Pese a la dictación del fallo, éste no pudo ejecutarse inmediatamente, pues antes de la conclusión del
juicio García Meza había huido del pais, protegido por los propios órganos coercitivos del Estado,
sólo fue detenido más de un ano después en el Brasil y el trámite de extradición mereció toda la
dilación posible por la diversidad de recursos interpuestos, sin embargo el ex-dictador fue trasladado
a Bolivia y guarda detención en la Cartel de Chonchocoro de La Paz, junto a varios de sus
colaboradores. A propósito de éstos, uno de ellos se encuentra en Chile por cuanto la Corte de ese
país negó la extradición.
La impunidad continúa.
No obstante el antecedente positivo de la sanción penal contra el ex-dictador, la impunidad en
Bolivia sigue siendo un caso de preocupación, pues con la sentencia a García Meza se pretende
distraer los delitos de tesa humanidad cometidos durante la dictadura de Banzer, cuyo régimen duró
más tiempo, 7 años, además se pretende poner un manto e olvido sobre todos los civiles que
participaron y apoyaron a ambos militares. El parlamento boliviano está plagado de ex-dictadores
quienes han generado los mecanismos de impunidad que evitaron y continuaran haciendolo para que
muchos políticos protagonistas de masacres, genocidios, torturas y otros delitos de tesa humanidad
continúen en la impunidad, pues García Meza jamás gobernó solo, lo hizo con el apoyo de civiles
que hoy son grandes estrellas democráticas y dueños del parlamento boliviano. Es mas, corremos
el riesgo de que en las próximas elecciones quien durante todo un septenio sometió al pueblo a un
régimen de terrorismo estatal, pueda encaramarse como Presidente del país, nada menos que en una
coyuntura democrática.
La impunidad de los delitos cometidos en democracia.
Los delitos de lesa humanidad no solo son patrimonio exclusivo de las dictaduras, el caso boliviano
es similar a la de muchos países latinoamericanos, la tortura, el asesinato, las ejecuciones sumarias
continuaron siendo hechos repudiables que en el marco de una completa impunidad se reiteraron.
Al respecto, la Asamblea permanente de Derechos Humanos, conjuntamente otras organizaciones
populares, denunció ante la Cámara de Diputados la práctica de estos hechos en contra de ciudadanos
acusados de presuntas acciones subversivas, pidiendo la investigación pertinente, frente a ello, la
referida cámara legislativa ordenó a su Comisión de Derechos Humanos efectuara la investigación
pertinente, el trabajo duró aproximadamente 8 meses, al cabo del cual dicha comisión luego de
recabar testimonios y todos los elementos sobre el caso, elaboró un informe en el cual se afirmaba
que evidentemente se hablan practicado hechos de tortura y tratos crueles y degradantes contra varios
ciudadanos, recomendando la implementación de acciones penales contra los responsables que eran
policías, fiscales y jueces que luego convalidaron estos hechos, sin embargo los políticos cuando
evaluaron la dimensión política del informe prefirieron no aprobarlo y dilatar su tratamiento,
situación en la que actualmente se encuentra.
Existe una sistemática protección a todos los actos de abuso en lo que incurre la Policía de parte de
todas las esferas de poder y todos los casos de abuso de autoridad generalmente se caracterizan por
la impunidad de los autores, hecho que no es circunstancial, sino que obedece a una decisión política
de los distintos gobiernos.
Sin embargo de este sistema de impunidad en que se actúa, subsiste la voluntad manifiesta de las
organizaciones populares bolivianas, particularmente de los defensores de derechos humanos, de
continuar promoviendo acciones que tiendan progresivamente a superar esta crítica situación y
mantenemos la esperanza de lograr nuestro objetivo.
Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1996.
