(Septiembre, 2000)
IV Comisión de las Naciones Unidas sobre la descolonización del Sáhara Occidental
Por Francisco José Alonso Rodríguez.
Presidente Nacional de la Liga Española Pro-Derechos Humanos
Señor Presidente, Señores/as Delegados, quisiera manifestarles en primer lugar mi agradecimiento, en nombre de la Liga Española Pro-Derechos Humanos, por darme la oportunidad de intervenir en esta tribuna sobre uno de los conflictos más interesadamente oscurecidos, y por tanto más vergonzosos, del actual panorama político internacional.
Resulta intolerable que cerca de 200.000 saharauis permanezcan refugiados en los Campamentos en Tinduf (Argelia), en una de las regiones más inhóspitas del planeta, a merced exclusivamente de la ayuda internacional humanitaria. Por otra parte, sus hermanos que no pudieron escapar del Sáhara Occidental tras la Marcha Verde de 1975, no se encuentran en mejores condiciones. El alcance de la represión por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes en los territorios ocupados del Sáhara Occidental es de tal magnitud que, según AFAPREDESA (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis), prácticamente todas las familias tienen un pariente muerto, desaparecido o torturado. Entre estas prácticas represoras, podemos destacar las ejecuciones extrajudiciales o sumarias, las desapariciones forzosas, la práctica de la tortura, los procesos judiciales injustos, las detenciones arbitrarias, el estado de sitio, el bloqueo de informaciones,... así como una política de implantación de colonos para desnaturalizar la composición demográfica del territorio. Es digno de señalar que dichas violaciones de los Derechos Humanos se llevan a cabo por un aparato represivo de más de 250.000 agentes marroquíes, agrupados en los siguientes cuerpos: el Ejército, la Dirección de Vigilancia del Territorio, la Policía Judicial, la Gendarmería Real y las Compañías Móviles de Intervención.
A pesar del oscurecimiento promovido por la actitud del Reino marroquí, existen cifras y datos que denotan la gravedad de la represión cometida. Con respecto a los desaparecidos saharauis, se calcula que más de 500 saharauis permanecen todavía desaparecidos, al margen de los 310 liberados en 1991. Se han descubierto varios centros de detención secretos donde multitud de saharauis, junto a otros muchos opositores al régimen marroquí, han sido detenidos. Ninguno de estos centros han sido reconocidos por las autoridades marroquíes, excepto cuando algún detenido era liberado. Todavía existen centros de detención clandestinos que siguen funcionando, y algunas secciones de las fuerzas de seguridad siguen teniendo licencia para practicar detenciones secretas.
Con respecto a la tortura, práctica violatoria tan grave que su prohibición forma parte básica de la legislación internacional de Derechos Humanos, podemos decir que ningún funcionario ha sido condenado en un juicio por torturar a detenidos. Nunca se han realizado investigaciones sobre casos cuyas circunstancias no estaban aclaradas. Los permisos solicitados por las ONGs para realizar investigaciones han sido siempre denegados. Generalmente las denuncias por torturas son rechazadas por los tribunales marroquíes; y cuando son admitidas, se sobreseen inmediatamente, aunque las víctimas presenten como prueba las marcas y hematomas, aún no curados, que las torturas les produjeron.
El factor común de todas estas violaciones de los Derechos Humanos no es otro que la impunidad. La pasividad de la Comunidad Internacional, sólo justificada retóricamente con tímidos intentos de presión ante Marruecos, permite que cientos de miles de saharauis vean diariamente violados sus Derechos Humanos.
Somos conscientes, sin embargo, de que, aún cuando existen mecanismos internacionales suficientes para frenar estas violaciones de los Derechos Humanos, estos nunca estarán completamente protegidos hasta que se otorgue el Derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, mediante un Referéndum de Autodeterminación libre, transparente y justo.
Como ustedes conocen, se establece en el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambos de obligado cumplimiento para el Reino de Marruecos), que todos los pueblos poseen el derecho de libre determinación. En este sentido, resultan ofensivas las palabras del rey marroquí Mohamed VI, con motivo del primer aniversario de la toma de posesión de su trono, en donde se refirió a la cuestión de la descolonización del Sáhara Occidental como una "querella artificial".
El actual bloqueo del Plan de Paz de Naciones Unidas y de la OUA (Organización de la Unidad Africana), propiciado por el número de apelaciones presentadas por Marruecos al censo de votantes establecido por la MINURSO, sólo tiene una solución: aplicar correcta y estrictamente las "Directrices operacionales para la aplicación del procedimiento de apelación" (documento S/1999/483, addenda 1, de 13 de mayo de 1999), especialmente los artículos 20 y 21, en su apartado "d" e "i", y rechazar, por tanto, las apelaciones presentadas por ciudadanos marroquíes, ya que estos no presentaron pruebas nuevas en el momento de la apelación; único momento (según el artículo 20 de dichas Directrices) en el que se podía añadir información nueva que apoyase la inclusión del solicitante en el censo de votantes. Rogamos por tanto a las Naciones Unidas que revise dicho proceso y explique, de manera transparente, las razones de dicha decisión, debido a la gravedad e importancia que este tema posee para la celebración del (siempre pospuesto) Referéndum de Autodeterminación del pueblo saharaui. Este planteamiento sobre la irregularidad en la tramitación de las apelaciones al censo de votantes ha sido ya expuesto en nuestra comunicación escrita presentada al 56º Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado este mismo año, y entregada por mí, en nombre de la Liga Española Pro-Derechos Humanos, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Sra. Mary Robinson.
No resulta novedoso señalar que todas las fases del proceso de paz se han visto retrasadas por Marruecos, quien persiste en su actitud de no colaborar con la misión de las Naciones Unidas, confirmando así su desinterés en resolver el conflicto saharaui. Pero más preocupante resulta, aún, la ineficacia e inoperancia de la Comunidad Internacional para hacer respetar la legalidad internacional y la protección de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Especialmente sangrante y bochornosa resulta la actitud de los distintos Gobiernos Españoles, que lejos que realizar una presión diplomática, real y efectiva, hacia el Reino de Marruecos (emulando a Portugal con respecto a su ex colonia de Timor Oriental, y asumiendo, así, sus responsabilidades históricas y morales), se han instalado en una aparente neutralidad, firmando acuerdos pesqueros con dicho país en aguas saharauis y llevando a cabo un proceso de venta de armas, que únicamente en el primer semestre del año pasado supuso un desembolso de cerca de mil millones de pesetas (según un informe de la Cátedra UNESCO sobre la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona).
Actualmente, tras el último aplazamiento del Referéndum de Autodeterminación, se están diseñando escenarios alternativos que se salen fuera del marco del Plan de Paz, como por ejemplo, la llamada "tercera vía". Esta propuesta, que viene apadrinada por EE.UU., Francia y España, supondría convertir el Sáhara Occidental en una provincia marroquí con una "cierta autonomía". La argumentación en la que se fundamenta esta propuesta no es otra que considerar que esta tercera vía podría evitar la posibilidad de una nueva guerra en el Sáhara Occidental. Lo que ocultan, sin embargo, estos países es que los recientes indicios de una nueva escalada bélica han sido causados por las maniobras obstruccionistas de Marruecos y por el consentimiento de la Comunidad Internacional a tales maniobras. Desde la Liga Española Pro-Derechos Humanos consideramos que la única resolución legítima del conflicto saharaui debe provenir de un Referéndum de Autodeterminación. De esta manera, rechazamos plenamente la tercera vía, ya que niega el Derecho a la Autodeterminación aceptado en la "Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales", de 14 de diciembre de 1960, y en la Carta constitutiva de la Organización de la Unidad Africana, que proclama y defiende, en su artículo II, la erradicación de cualquier forma de colonialismo en África.
Con respecto a la posibilidad de una nueva escalada bélica, debemos señalar que recientemente ha salido a la luz pública un informe del Gobierno de Canarias (la Comunidad española más cercana geográficamente al Sáhara Occidental), en donde se advierte que el peligro de una ruptura del alto el fuego por parte del Frente Polisario tiene cada vez más posibilidades de producirse. Desde la Liga Española Pro-Derechos Humanos, y según las informaciones de que disponemos, avalamos dicho informe.
Desde esta Tribuna, pedimos a la Comunidad Internacional, y en especial a las Naciones Unidas (cuya credibilidad está implicada en dicho conflicto) que realicen las presiones diplomáticas necesarias para que las violaciones de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental sean reconocidas y reparadas, así como el Referéndum de Autodeterminación se produzca -de una vez por todas- en el menor plazo de tiempo posible.
En un mundo, como el actual, en donde tantos muros han caído, todavía permanece en pie -más fortalecido que nunca- el muro del Sáhara occidental. La Comunidad Internacional no debe (no puede) permitir tanto sufrimiento y tanto dolor de un pueblo, como el saharaui, a todas luces inocente.
Muchas gracias.
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