 | Este documento ha sido publicado el 23feb04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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06feb04
La Democracia en Honduras Amenazada a Muerte.
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), a la opinión pública informa:
Entre el mes de Agosto de 2003 y Enero de 2004, las muertes violentas de jóvenes menores de 25 años triplicaron los casos de asociación ilícita elevados a los jueces de sentencias en el Poder Judicial, sin que el Estado investigue ni explique lo que está pasando.
En los últimos dos meses, un periodista -German Antonio Rivas-- fue asesinado en forma premeditada, sin que conozcamos los resultados de las investigaciones oficiales.
Otros cuatro periodistas: Maribel Sánchez, Rossana Guevara, Rodrigo Wong Arévalo y Renato Álvarez, enfrentan persecución penal impulsada por ex funcionarios públicos que utilizan los tribunales para intimidar a los periodistas y a los dueños de los Medios de Comunicación.
En el caso de la periodista Sánchez, que enfrenta querella de la ex contralora Vera Rubí, su expediente es movido de oficio por los jueces para evitar sobreseimiento por vencimiento de plazos.
La situación de la Directora de TN5 está enfrentada al anonimato de un ex diputado del Parlamento Centroamericano, que es prófugo de la justicia, pero que no obstante impulsa el proceso sin inhabilitación penal… desde la clandestinidad.
La experiencia del Director de Abriendo Brecha es ante el ex Presidente Rafael Callejas y actual funcionario público en el fútbol, quien le impuso silencio en el presente y en el futuro, utilizando el Poder Judicial que controla su Partido en el poder.
El triple expediente penal contra Renato hace visibles a dos cuestionados ex oficiales de policía, un potentado abogado y un político nacionalista olanchano que utilizan las querellas para "blanquear" sus honores en perjuicio de la libertad de expresión y el derecho colectivo a la información.
Mientras, en el Congreso Nacional, tras el arresto en el exterior de quebradores de bancos y financieras que han testificado contra altos funcionarios públicos del Estado hondureño, se aprueban cerrojos a la información pública a través de la garantía de Habeas Data, que amenaza convertirse en una nueva Ley de Desacato para penalizar a quienes denuncien actos delictivos de funcionarios públicos.
El COFADEH considera necesario solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, medidas cautelares a favor de los periodistas encausados, para que no sean envestidos sus derechos individuales.
Hoy nuestra voz también es de condena al proceder de los partidos tradicionales en la "negociación" del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto, pues los grupos de forajidos que controlarán la elección final en el Congreso sólo buscan cubrir sus delitos pasados y futuros.
Nominar al Ministerio Público a los abogados patrimoniales de ex presidentes corruptos o a los defensores de narcotraficantes, blanqueadores y asesinos, será razón suficiente para la desobediencia civil.
Actualmente, el Gobierno del Presidente Maduro ejerce asfixia económica a las diferentes dependencias de la Fiscalía General, para mejorar su control del proceso de nominación, selección y elección de las nuevas autoridades, así como lo hizo para repartir con sus socios la actual Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y como lo hará con el nuevo Tribunal Supremo Electoral.
Este reparto de la institucionalidad entre sectas políticas con voracidad económica, sin participación independiente y creíble de la Sociedad Civil, es la antesala de la entrega total del Estado de Honduras a los carteles del narcotráfico. A las bandas del crimen organizado. A las maras de cuello blanco.
De los Hechos y los Hechores
¡Ni Olvido, Ni Perdón!
COFADEHTegucigalpa, MDC., 06 de febrero de 2004
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